El Tribunal Constitucional informó el 1 de abril que el trámite del hábeas corpus interpuesto a favor de Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre, seguirá su curso normal. Esto se decidió tras determinar que no hubo irregularidades en su tramitación.

Mediante un comunicado, el pleno del TC precisó que la investigación interna evidenció que “no hubo irregularidad en su tramitación, ya que existen distintas prácticas de coordinación entre los despachos y las comisiones”.

El máximo intérprete de la Constitución indicó que el expediente “seguirá su curso normal una vez agendado en el Pleno dentro de la lista de causas expeditas para su respectivo debate y votación”.

El 11 de marzo se realizó la audiencia de la demanda hábeas corpus, la cual solicita dejar sin efecto la prisión preventiva de 24 meses impuesta a Cerrón Rojas. La medida se dictó en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Días después de la audiencia, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, había suspendido la votación hasta que concluyeran las investigaciones internas sobre presuntas irregularidades, las cuales ahora han sido desestimadas.

Actualmente, el candidato presidencial permanece en la clandestinidad, debido a la medida restrictiva interpuesta en su contra.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el pasado viernes 27 de marzo.

Durante el encuentro, Tello Gilardi reiteró la necesidad de cumplir con el cuarto tramo de la escala remunerativa para el personal bajo el régimen laboral 728. Esta medida beneficiaría a 17,865 servidores y servidoras judiciales.

La exigencia se basa en la Ley 32509, publicada el 28 de noviembre de 2025, que autoriza dicha escala remunerativa. La presidenta del PJ ha señalado que su cumplimiento es un compromiso pendiente del Estado con su sistema de justicia.

El martes 31 de marzo, la titular del Poder Judicial también participó en la “Santa Misa por la Paz” en la capilla «Señor de la Justicia» del Palacio de Justicia, con motivo de Semana Santa.

La Comisión de Ética Parlamentaria realizará hoy lunes, 30 de marzo, la audiencia del expediente contra la congresista Kira Alcarraz. La sesión se llevará a cabo a las 16:00 horas en la Sala 4 “Martha Hildebrandt” del Edificio Víctor Raúl Haya De la Torre del Parlamento, con transmisión simultánea por Microsoft Teams.

El proceso contra Alcarraz, correspondiente al Expediente N.º 247-2025-2026/CEP-CR, se inició por sus expresiones hacia una periodista del programa televisivo Contracorriente. El informe de calificación de la denuncia se aprobó por unanimidad el 13 de febrero.

Adicionalmente, el grupo de trabajo presidido por el legislador Elvis Vergara revisará el informe de calificación recaído en el Expediente N.º 245-2025-2026/CEP-CR, correspondiente a una denuncia contra la congresista Elizabeth Medina. También se someterá a nueva votación el informe de calificación del Expediente N.º 242-2025-2026/CEP-CR, en la denuncia contra el legislador Miguel Ángel Ciccia por supuesto despido arbitrario de un trabajador.

La segunda fase del debate presidencial se realizará el lunes 30 y martes 31 de marzo, y el miércoles 1 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en la Av. Arqueología con Av. del Comercio. Este espacio fue designado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los temas a tratar en esta fase incluirán Empleo, Desarrollo y Emprendimiento, así como Educación, Innovación y Tecnología.

Los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio fueron designados como moderadores y serán los encargados de llevar adelante el debate en sus tres fechas.

El lunes 30 de marzo participarán: Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Carlos Espá (Partido SíCreo), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País Para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).

El martes 31 de marzo debatirán: Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente), Mario Vizcarra (Partido Político Primero Perú), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre), Francisco Diez-Canseco (Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Finalmente, el miércoles 1 de abril estarán presentes: Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Masse (Partido Democrático Federal), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social).

La dinámica del debate se dividirá en cuatro bloques. El primer bloque abordará Empleo, desarrollo y emprendimiento con un minuto de exposición y dos minutos y medio para comentarios. El segundo bloque incluirá preguntas ciudadanas con 1 minuto y 30 segundos de respuesta. El tercer bloque se enfocará en Educación, innovación y tecnología con la misma duración del primer bloque. El cuarto bloque será un mensaje final de un minuto para cada participante.

La Comisión de Ética Parlamentaria realizará mañana, lunes 30 de marzo, la audiencia del expediente N.º 247-2025-2026/CEP-CR contra la congresista Kira Alcarraz. La sesión se llevará a cabo a las 16:00 horas en la Sala 4 “Martha Hildebrandt” del Edificio Víctor Raúl Haya De la Torre del Parlamento y también se transmitirá vía Microsoft Teams.

El proceso se inició por presunta infracción ética debido a sus expresiones hacia una periodista del programa televisivo Contracorriente. El informe de calificación de la denuncia se aprobó por unanimidad el 13 de febrero último, dando inicio a la investigación.

Además, el grupo de trabajo que preside el legislador Elvis Vergara revisará el informe de calificación del Expediente N.º 245-2025-2026/CEP-CR, correspondiente a la denuncia contra la congresista Elizabeth Medina.

La agenda de la Comisión de Ética también incluye una nueva votación del informe de calificación del Expediente N.º 242-2025-2026/CEP-CR, en la denuncia contra el legislador Miguel Ángel Ciccia.

En Lima, el 27 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar, asistió a la juramentación del doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos para el periodo 2026–2029.

La ceremonia se desarrolló en la sede del Ministerio Público y contó con la participación de autoridades estatales. Su elección fue acordada por la Junta de Fiscales Supremos en sesión extraordinaria el pasado lunes 23.

Antes de asumir este cargo titular, Tomás Aladino Gálvez Villegas se venía desempeñando como Fiscal de la Nación interino desde setiembre del año pasado.

El candidato a diputado por Lima del partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue asesinado la noche del martes 24 de marzo en el distrito de Chorrillos. El hecho fue confirmado el 25 de marzo por Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de la misma agrupación.

Paz de la Barra indicó que Infante fue atacado con ladrillos hasta dejarlo gravemente herido, calificando el suceso como un «asesinato perpetrado con extrema violencia». El aspirante al Parlamento postulaba con el número 25.

Información preliminar sugiere que Infante había recibido amenazas en las semanas previas. Su compañero de partido señaló que habría sido víctima de seguimiento por criminales, quienes aprovecharon que se encontraba solo, coincidiendo con el debate presidencial de la noche anterior, para cometer el ataque.

El candidato presidencial denunció que Infante no recibió atención oportuna tras ser trasladado inicialmente a un establecimiento de salud. Posteriormente fue llevado al hospital Casimiro Ulloa, donde sufrió un ataque cardíaco que derivó en su fallecimiento. Su cuerpo se encuentra en la morgue de Lima.

Paz de la Barra afirmó que al menos ocho o nueve integrantes de su equipo, varios exmilitares, también han recibido amenazas. Advirtió sobre una posible intensificación de la violencia política si las autoridades no actúan.

Pese a estos «momentos dramáticos y dolorosos», la agrupación política continuará en la contienda electoral, asegurando que «esto no nos va a doblegar».

La Municipalidad Metropolitana de Lima, por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, ejecutó un operativo de orden y fiscalización en las primeras cuadras de la avenida Aviación, específicamente cerca de Gamarra, la madrugada del miércoles 25 de marzo. La acción inició a las 00:00 horas.

El despliegue, que contó con el apoyo de la Municipalidad de La Victoria, se realizó después de que grupos de vendedores informales intentaran ocupar parte de esta importante vía el día anterior. Un contingente conjunto de serenos y fiscalizadores de ambas comunas se encargó de mantener despejados los espacios.

El alcalde Reggiardo coordinó directamente con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el ministro del Interior, José Zapata, para asegurar el refuerzo policial necesario. Durante el operativo se incautaron armas blancas, como cuchillos, y armas de fuego que habrían sido portadas por personas infiltradas entre los informales.

Posteriormente, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, limpieza y mejoramiento urbano en la zona, incluyendo recapeo asfáltico, señalización, ornato y gestión de residuos.

En cuanto a la reubicación, Reggiardo informó que se han iniciado gestiones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La propuesta es que los comerciantes informales que cumplan los requisitos municipales ocupen la parte inferior de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima.

Durante el seminario Perú Debate 2026, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en Lima el 24 de marzo, se reveló que la corrupción en el país afecta al 67% de la población. Esto genera pérdidas anuales de 24,268 millones de soles, cifra equivalente al 13% del gasto público ejecutado.

Jorge Morel, director general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), enfatizó que el costo de la corrupción impacta directamente en la experiencia ciudadana y contribuye a altos niveles de desconfianza debido a la ineficiencia estatal. Subrayó la importancia de diferenciar entre ineficiencia y corrupción para diseñar políticas públicas más efectivas.

En este contexto, Morel presentó un documento que propone priorizar la integridad digital para combatir el problema. La iniciativa plantea el uso de digitalización, analítica de datos e interoperabilidad para reducir la discrecionalidad y prevenir irregularidades. Se iniciará con un piloto en el sector salud.

La antropóloga Andrea Mejía detalló que el documento recomienda al Gobierno central integrar este enfoque en políticas de inteligencia artificial, Gobierno Digital y Gobierno Abierto, con estándares verificables. A nivel regional, se sugieren pilotos en dos o tres regiones, transparentando información sobre atención, medicamentos y denuncias con datos desagregados. A nivel local, se busca garantizar canales presenciales y alternativos para poblaciones con brechas digitales.

La hoja de ruta para esta implementación incluye acciones concretas: en 100 días, definir estándares y crear un núcleo de datos; en un año, implementar el piloto y publicar un primer balance; y en cinco años, ampliar el modelo a otros sectores y fortalecer la vigilancia ciudadana.

La Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029. La decisión se tomó en sesión extraordinaria el 23 de marzo.

Gálvez Villegas ya se desempeñaba como titular interino del Ministerio Público desde septiembre del año pasado, tras la destitución de Delia Espinoza.

Su trayectoria profesional incluye roles como fiscal supremo titular desde diciembre de 2015 y fiscal adjunto supremo titular desde marzo de 2003 hasta diciembre de 2015. Previamente fue vocal superior titular entre abril de 2002 y marzo de 2003.

También ejerció como fiscal provincial penal de julio de 1997 a abril de 2002, fiscal adjunto superior de febrero de 1997 a julio del mismo año, y fiscal adjunto provincial de enero de 1993 a febrero de 1997.

En su formación académica, Gálvez Villegas posee un Doctorado en Políticas Públicas y una Maestría en Administración y Gestión Pública del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Además, cuenta con un Doctorado en Derecho y Ciencia Política, una Maestría en Derecho Civil y el título de abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, respectivamente.

Las candidaturas de Napoleón Becerra García, postulante presidencial y al Senado por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú, fueron dejadas sin efecto tras su fallecimiento el 15 de marzo en un accidente de tránsito en Ayacucho.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, mediante Resolución N.° 02146-2026-JEE-LC1/JNE, declaró sin efecto toda la fórmula presidencial del PTE-Perú. La muerte del candidato presidencial invalida la inscripción completa, incluyendo a los aspirantes a las vicepresidencias.

Asimismo, el JEE declaró improcedente la solicitud de sucesión presentada por la organización política, ya que la normativa electoral no permite reemplazar al candidato presidencial ni reconfigurar la fórmula. Los votos emitidos a favor de esta fórmula no serán considerados válidos en el cómputo.

Por su parte, el JEE de Lima Centro 2, con Resolución N.° 00929-2026-JEE-LIC2/JNE, dejó sin efecto únicamente la candidatura de Napoleón Becerra al Senado, donde postulaba en primer lugar de la lista nacional.

A diferencia del caso presidencial, el organismo precisó que la lista al Senado mantiene su validez, por lo que los demás candidatos continúan en carrera. Los votos preferenciales a favor del candidato fallecido no contarán individualmente, pero sí se sumarán al total del partido político.

Ambas decisiones se sustentan en la normativa electoral vigente, que establece criterios distintos para fórmulas presidenciales y listas parlamentarias, buscando garantizar la transparencia del proceso electoral y brindar claridad a los electores.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial del Perú condenó a 20 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. La sentencia, emitida el 20 de marzo, lo encontró culpable del delito de homicidio calificado en agravio de la periodista Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León.

El tribunal también halló a Montesinos responsable de homicidio calificado en grado de tentativa contra Alejandro Augusto Zúñiga Paz, Ricardo Alexis Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes. Durante la audiencia, el colegiado rechazó un pedido de prescripción presentado por la defensa del exasesor.

En cuanto a la reparación civil, la sentencia establece que Montesinos, junto con el Ministerio de Defensa del Perú como tercero civil responsable, deben pagar solidariamente S/ 500,000 por cada víctima de homicidio calificado (Alfaro y Ruiz). Adicionalmente, se fijó S/ 200,000 a favor de Zúñiga Paz (tentativa de homicidio) y S/ 50,000 para Colmenares y Arroyo Reyes (tentativa de homicidio).

El fallo absolvió a Víctor Peñas Sandoval como autor material, decisión que fue impugnada por el Ministerio Público y la parte civil. La sala también ordenó medidas de reparación integral para las víctimas o sus herederos legales. Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuvo presente en la sesión judicial.

Según la acusación fiscal, los ‘sobres bomba’ fueron una política del gobierno de turno para «combatir el terrorismo», dirigida a eliminar a quienes consideraban defensores de derechos humanos o con supuestos vínculos terroristas. A Montesinos Torres se le imputa haber ordenado el envío de estos artefactos explosivos.

La periodista Ruth Melissa Alfaro Méndez fue asesinada el 10 de octubre de 1991, y Víctor Hugo Ruiz León el 21 de junio de 1991, ambos por explosiones de sobres. Zúñiga Paz resultó herido en un brazo el 15 de marzo de 1991 por un explosivo similar. Ricardo Alexis Colmenares recibió un ‘sobre bomba’ el 16 de octubre de 1991 en su oficina del Congreso.

Víctor Peñas Sandoval, oficial del Ejército, habría elaborado los ‘sobres bomba’ y ejecutado las acciones contra las víctimas, según la acusación. Alfaro Méndez y Arroyo Reyes trabajaban en el semanario Cambio, que el gobierno de entonces acusó de ser vocero del MRTA, aunque sus trabajadores fueron absueltos por la justicia años después.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó por unanimidad no ratificar a José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, correspondiente al Distrito Judicial de Lima.

La decisión fue adoptada por el pleno de la institución el 19 de marzo, en el marco de la Convocatoria n.° 002-2024-Ratificación/JNJ. Se comunicará al Fiscal de la Nación.

La JNJ evaluó el desempeño funcional del magistrado. Tras esta evaluación, el pleno determinó que no se alcanzó la convicción positiva necesaria para renovar su continuidad en el cargo, disponiéndose así su no ratificación.

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró infundado, por mayoría, el recurso de reconsideración presentado por Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. La decisión ratifica la no permanencia de Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo.

La reconsideración impugnaba la Resolución n.º 018-2026-PLENO-JNJ, emitida el 26 de enero. Dicha resolución estableció la no ratificación del magistrado tras una evaluación integral de su idoneidad y conducta. La determinación de la JNJ se produjo luego de analizar la ponencia n.º 05-2026-MTCV/JNJ, enmarcada en el procedimiento de evaluación y ratificación del artículo 154 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, el colegiado desestimó el argumento de Sánchez Velarde sobre una presunta vulneración del principio «ne bis in idem«, al concluir que los elementos presentados no justificaban la afectación de este principio. Con esta resolución, la JNJ declara agotada la vía administrativa y ordena el archivo del caso, dejando firme la decisión inicial.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional (DC) 595 contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior José Santiváñez.

La decisión se tomó con 8 votos a favor y 1 en contra, sin abstenciones, durante una sesión extraordinaria realizada el 18 de marzo. Este documento será remitido a la Comisión Permanente del Congreso para la continuación del procedimiento parlamentario.

La DC 595 fue interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela, entonces Fiscal de la Nación, por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal.

La acusación señala que Boluarte habría utilizado el vehículo oficial presidencial en febrero de 2024 en circunstancias vinculadas a un operativo para ubicar al exgobernador regional Vladimir Cerrón, lo que habría podido favorecer su evasión de la justicia.

En el caso de Santiváñez, la imputación se relaciona con una presunta omisión de comunicar a la autoridad competente información sobre dichos hechos, a pesar de haberlos conocido en el ejercicio de su cargo.

Según el procedimiento legislativo, si la Comisión Permanente aprueba el informe, otorgará un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice la investigación y elabore un informe final. Posteriormente, este informe se elevará al Pleno del Congreso para su debate y eventual decisión.

Luis Enrique Arroyo Sánchez juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros el 17 de marzo de 2026 en una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno. El presidente José María Balcázar lideró la toma de juramento.

Arroyo Sánchez se desempeñaba como titular de Defensa desde el 24 de febrero, cargo que ocupó previo a su actual designación.

Anteriormente, ejerció como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desde el 5 de noviembre de 2025 hasta el 24 de febrero. Es general de división (r) del Ejército del Perú, perteneciente a la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”.

Su trayectoria militar incluye el comando de la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos. También cumplió funciones en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y fue director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE).

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) invocó al Congreso de la República a otorgar el voto de confianza al Gabinete ministerial presidido por Denisse Miralles.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se presentará el miércoles 18 de marzo ante el Parlamento para exponer sus planes de gestión hasta el 28 de julio de 2026 y solicitar dicho voto.

El gremio empresarial enfatizó que el país atraviesa un clima de inestabilidad que afecta la democracia, la institucionalidad y la confianza para atraer inversiones. Además, resaltó las graves consecuencias económicas y sociales del fenómeno «Niño Costero».

En 27 días, los peruanos elegirán una nueva plancha presidencial, senadores y diputados, por lo que Confiep instó a un clima de paz y transparencia que solo se logrará con la aprobación del Gabinete.

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, falleció el 15 de marzo en un accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en la zona de Rumichaca, mientras se dirigía a Ayacucho para actividades de campaña electoral.

La información fue confirmada por Emely Silva, candidata a diputada por Lima del PTE-Perú. Silva declaró a RPP que fueron notificados por militantes que acompañaban a Becerra García en su recorrido.

Becerra García viajaba en un vehículo particular como parte de su agenda de campaña cuando ocurrió el accidente. Algunas personas de la comitiva que iba con el candidato presidencial resultaron heridas.

El partido solicitó al Gobierno apoyo para la evacuación y atención médica de los heridos, así como para el traslado del cuerpo del candidato. Los primeros reportes recibidos por miembros del partido indican que el accidente se registró en una zona de carretera complicada.

Los agremiados del Colegio de Abogados de Lima (CAL) participan hoy, sábado 14 de marzo, en la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo decano de la institución. La jornada se desarrolla en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde Delia Espinoza (lista 3) y Humberto Abanto (lista 11) compiten por el cargo. La votación se realiza desde las 8:00 hasta las 16:00 horas.

Ambos candidatos llegaron a esta etapa al no alcanzar el 50% más uno de los votos en la primera vuelta, celebrada el 28 de febrero. En esa ocasión, Espinoza obtuvo 18,899 votos, mientras que Abanto alcanzó 12,604, de un total de más de 48 mil agremiados.

Para facilitar el acceso, se habilitaron los ingresos peatonales por la puerta 1 de la avenida Venezuela y la puerta 2 de la avenida Universitaria, manteniendo las mismas mesas de sufragio. El proceso electoral también incluye la elección de miembros de la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia y delegados ante la Asamblea General para el período comprendido entre el 1 de abril del 2026 y el 31 de marzo del 2028.

Actualmente, el decanato del gremio es ejercido por Raúl Canelo Rabanal, cuya gestión corresponde al período 2024-2025. Los resultados podrán visualizarse en la página oficial del Colegio de Abogados de Lima.

Fernando Rospigliosi Capurro, presidente (e) del Congreso de la República, expresó su preocupación por la violencia y extorsión que afecta al sector transportes. Invocó al Poder Ejecutivo a tomar medidas urgentes contra la criminalidad en el país.

Rospigliosi destacó la persistencia de las extorsiones y el asesinato de transportistas, instando al Gobierno a reaccionar. Señaló la importancia de conocer el plan de seguridad ciudadana anunciado por el Ejecutivo, esperando detalles durante la investidura ministerial del miércoles 18.

El titular del Parlamento consideró que la inestabilidad política y los constantes cambios en el Ejecutivo afectan la continuidad de las políticas de seguridad. Mencionó el reciente cambio de ministros del Interior como ejemplo de esta situación.

Previamente, Rospigliosi se reunió con una delegación de transportistas, liderada por Martín Ojeda, y con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo, quien expuso las acciones policiales contra la delincuencia organizada.

El congresista criticó la liberación de delincuentes extraditados, citando el caso de Miguel Ángel Marín, alias «Negro Marín», quien fue puesto en libertad por el Poder Judicial al día siguiente de su extradición.

El presidente José María Balcázar se reunió el 12 de marzo en Palacio de Gobierno con representantes de las rondas campesinas de Cajamarca. El encuentro tuvo como objetivo escuchar y canalizar sus principales demandas.

Durante el diálogo, se acordó priorizar el impulso de obras de infraestructura para beneficiar a Cajamarca y fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana en zonas rurales.

En otra reunión, el primer mandatario recibió al alcalde provincial de Casma (Áncash), Julio Meléndez. Esta cita se centró en articular medidas para reactivar obras paralizadas en beneficio de la población de la provincia.

En el encuentro con el alcalde de Casma, participó también la congresista Nilza Chacón. Adicionalmente, se coordinaron acciones conjuntas para mitigar los impactos de las fuertes lluvias en la región Áncash.

El Pleno del Congreso no logró inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras no alcanzar los votos necesarios el 12 de marzo. El proyecto de resolución legislativa fue enviado al archivo.

La propuesta de sanción obtuvo 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, lejos de los 68 votos (dos tercios del Parlamento) requeridos para sancionar a un fiscal supremo.

La solicitud de inhabilitación se basó en el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, que atribuían a Espinoza presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política, así como posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto.

El origen de estas denuncias fue la Denuncia Constitucional 549 formulada por la exfiscal contra 11 legisladores, por votar a favor del dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR, que reguló la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El congresista Jorge Montoya sustentó el informe, argumentando que Espinoza habría vulnerado la garantía de inviolabilidad parlamentaria (artículo 93 de la Carta Magna), que establece que los congresistas no responden por sus votos u opiniones.

La defensa de Espinoza, a cargo del abogado Rodolfo Pérez, rechazó los argumentos, señalando que la exfiscal actuó en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Afirmó que “La fiscal de la Nación es la única autoridad independiente que puede presentar denuncias constitucionales contra congresistas. Hacerlo no solo es legal, sino parte esencial del principio de separación de poderes”.

A pesar del archivo de la propuesta, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración de la votación, lo que permitiría una nueva evaluación del caso.

El Congreso de la República aprobó la reforma constitucional que restablece la bicameralidad, volviendo a este sistema después de 36 años. El próximo Parlamento, que se instalará el 28 de julio de 2026, contará con 130 diputados y 60 senadores, sumando un total de 190 miembros.

Los senadores y diputados ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años, a tiempo completo e irrenunciable. La reelección inmediata en el mismo cargo está permitida, según la Ley 31988. La conducción del Congreso será alterna entre los presidentes de ambas cámaras.

Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores sesionará en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. Los 60 senadores serán elegidos, asegurando al menos uno por cada una de las 27 circunscripciones electorales (Lima, Callao, Lima Provincias, peruanos en el exterior y 23 regiones). Los restantes se elegirán por distrito único nacional.

Para ser senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años de edad al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado, y gozar del derecho de sufragio.

Sus principales atribuciones incluyen aprobar, modificar o rechazar propuestas legislativas de la Cámara de Diputados, y remitir la autógrafa al Presidente. También autorizar la salida del Presidente del país, el ingreso de tropas extranjeras, aprobar tratados y revisar decretos de urgencia.

Asimismo, corresponde al Senado suspender, inhabilitar hasta por 10 años o destituir a funcionarios públicos, con base en la acusación formulada por la Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados

Para ser diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. La Cámara de Diputados sesionará en el hemiciclo de sesiones actual del Palacio Legislativo.

La Cámara de Diputados tiene la función de aprobar leyes en primera instancia, velar por la Constitución, autorizar empréstitos, ejercer amnistía y aprobar leyes de demarcación.

Dentro de los 30 días de asumir funciones, recibirá al Presidente del Consejo y ministros para debatir la política general del Gobierno, sin requerir voto de confianza de esta cámara.

También interpelará a ministros y hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o ministros por separado, mediante voto de censura o rechazo de cuestión de confianza.

Acusará ante el Senado al Presidente de la República, senadores, diputados, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor general por infracción constitucional y delitos en función, hasta cinco años después de cesar.

Podrá conformar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público.

Disolución de la Cámara de Diputados

A diferencia de la Cámara de Senadores, que no podrá ser disuelta, el Presidente de la República podrá disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros. En tal caso, el decreto de disolución debe convocar a elecciones para una nueva Cámara de Diputados en un plazo de cuatro meses, sin alterar el sistema electoral.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, inició este martes 10 de marzo la ronda de conversaciones con las bancadas del Congreso, paso previo a la solicitud del voto de confianza.

La primera reunión, programada para las 19:00 horas, fue con la bancada de Acción Popular. Miralles indicó que las conversaciones continuarán durante la semana con el resto de los grupos parlamentarios y legisladores no agrupados, buscando cerrar el proceso en los próximos días.

La jefa de Gabinete expresó su confianza en que el Congreso otorgue el voto, enfatizando la necesidad de estabilidad para el país. Estas declaraciones se dieron en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el presidente José María Balcázar y otros ministros.

En otro punto, Miralles informó que el Gobierno atiende las emergencias por la rotura del ducto de gas de Camisea y las intensas lluvias. Detalló que el 52% de los distritos del país, aproximadamente mil, han sido declarados en emergencia por el Fenómeno El Niño. Se lanzará un observatorio para orientar a la población y autoridades.

Asimismo, anunció la instalación de una Mesa Técnica en Megantoni, Cusco, el 26 de marzo para abordar las necesidades de la población. Aclaró que no se ha registrado impacto en la salud de la comunidad por la avería del ducto en el KP 43, ubicado a 17 kilómetros de la comunidad más cercana, con intervención del Ministerio de Salud.

Finalmente, la premier confirmó que el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, presentó su carta de renuncia, la cual está en evaluación. Descartó la existencia de más renuncias ministeriales.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, solicitó no negar el voto de confianza al Gabinete ministerial sin antes escuchar los detalles del plan de trabajo que presentarán ante el Congreso.

Miralles afirmó: “No debería negar una confianza si ni siquiera ha escuchado el planteamiento nuestro, si ni siquiera han visto a detalles el plan y las acciones que está realizando el Ejecutivo”.

El Ejecutivo ha solicitado reuniones con partidos políticos del Congreso para una ronda de diálogo previo a la presentación del Gabinete. La mayoría de ellos ya confirmaron su asistencia.

La jefa del Gabinete enfatizó que tienen “los argumentos” y que las acciones en curso buscan “la estabilidad que necesita el país y la atención que necesitan los ciudadanos”.

Estas declaraciones fueron hechas durante una conferencia de prensa en el COEN, donde anunció la creación de un observatorio ciudadano para monitorear la situación de emergencias por lluvias y el apoyo gubernamental.

El Gabinete liderado por Denisse Miralles se presentará ante el pleno del Congreso el próximo 18 de marzo para exponer la política general de gobierno y solicitar formalmente el voto de confianza.

El 8 de marzo, el candidato presidencial de la Alianza Venceremos, Ronald Atencio, visitó Puno. Desde un mitin masivo, tras recorrer el centro poblado de Jatucachi y navegar el Lago Titicaca, se pronunció sobre la crisis energética nacional y la contaminación del lago.

Atencio criticó que Transportadora de Gas del Perú (TGP) no asuma las consecuencias ni las pérdidas económicas derivadas del desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV). Este problema ha provocado la subida de precios de combustibles, afectando a miles de transportistas y familias peruanas.

El candidato exigió una pronta solución a TGP y prometió que, bajo un gobierno de la Alianza Venceremos, se fiscalizará a estas empresas para que reconozcan las pérdidas ocasionadas a los ciudadanos por fallas operativas.

También denunció la grave contaminación del Lago Titicaca, símbolo natural y destino turístico principal de Puno. Criticó que la inversión para su recuperación se postergue año tras año, vinculándolo a un «pacto mafioso».

Frente a este abandono, Atencio se comprometió a impulsar el desarrollo turístico e industrial de la región y del país, buscando combatir la creciente criminalidad. Para ello, planteó la formación de un equipo de élite. Aseguró que esta fuerza tendrá como objetivo «aniquilar el crimen, la delincuencia, el sicariato», prometiendo «tranquilidad» a los ciudadanos.

En el proceso de elecciones generales 2026, 15 candidatos presidenciales registran 16 expedientes abiertos por presuntas omisiones o inconsistencias en su declaración jurada de hoja de vida. Las sanciones podrían derivar en multas de hasta 55,000 soles, equivalente a 10 UIT.

La ley electoral establece que la ocultación de una sentencia penal firme por delito doloso conlleva la exclusión inmediata del proceso. En casos de falsedad en información patrimonial o empresarial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplica multas de S/ 5,500 hasta S/ 55,000, la corrección de la hoja de vida y la remisión del caso al Ministerio Público.

Los candidatos con expedientes abiertos y sus problemas son:

1. Renovación Popular: Candidato: Rafael López Aliaga. Problema: No declaró ser socio fundador con 1 acción en Perú Desarrollos Inmobiliarios S.A. – Pedein S.A. Estado: Informe de fiscalización.

2. Partido Patriótico del Perú: Candidato: Herbert Caller Gutiérrez. Problema: No declaró ser socio fundador y tener acciones en 4 empresas que figuran en estado activo. Estado: Informe de fiscalización.

3. Primero la Gente: Candidato: María Soledad Pérez Tello. Problema: No declaró una sentencia laboral firme en su contra que le ordena pagar una deuda de S/ 746.23 a una AFP (Profuturo). Estado: Inicio del procedimiento sancionador.

4. Partido País para Todos: Candidato: Carlos Álvarez Loayza. Problema: Declaró como suyo un vehículo valorizado en S/ 102,000, pero el registro indica que pertenece a la empresa Alda Producciones & Eventos S.A.C., donde figura como socio y que no fue consignada. Estado: Inicio del procedimiento sancionador.

5. Partido Político PRIN: Candidato: Walter Chirinos Purizaga. Problema: No declaró ser socio fundador con 4,000 acciones en la empresa ARM ALL SERVICE S.A.C. Estado: Inicio del procedimiento sancionador.

6. Partido Patriótico del Perú: Candidato: Herbert Caller Gutiérrez. Problema: No declaró una sentencia civil firme en su contra que le ordena pagar una deuda de S/ 84,000. Estado: Descargos presentados.

7. Ahora Nación: Candidato: Alfonso López Chau. Problema: No declaró participación como socio fundador con 100 acciones en Centro Médico Gestión & Salud S.A.C. Estado: Descargos presentados.

8. Fe en el Perú: Candidato: Álvaro Paz de la Barra. Problema: No declaró ser socio fundador y tener miles de acciones en otras 7 empresas registradas como activas. Estado: Descargos presentados.

9. Partido Aprista Peruano: Candidato: Enrique Valderrama. Problema: No declaró ser socio fundador con 1,000 acciones en la empresa CECASI S.A.C. Estado: Descargos presentados.

10. Partido del Buen Gobierno: Candidato: Jorge Nieto Montesinos. Problema: No declaró ser socio y poseer 2,700 acciones en el Instituto Internacional para la Cultura Democrática S.A.C. Estado: Descargos presentados.

11. Partido Demócrata Unido Perú: Candidato: Charlie Carrasco Salazar. Problema: No declaró ser socio fundador con 5,000 acciones en la empresa Grupo CJR S.A.C. Estado: Descargos presentados.

12. Partido Democrático Federal: Candidato: Armando Masse Fernández. Problema: Declaró tener acciones en la empresa DISVENSA, pero los registros públicos indican que no figura como accionista, sino como gerente de dicha empresa desde el 2011. Estado: Descargos presentados.

13. Partido Político Perú Primero: Candidato: Mario Vizcarra Cornejo. Problema: Declaró tener acciones en la empresa VIZCARRA S.A.C., cuando el nombre oficial y correcto registrado es C Y M VIZCARRA S.A.C. Estado: Descargos presentados.

Loreto. La Contraloría General de la República envió una comisión de auditores al distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, para investigar denuncias de dirigentes indígenas sobre la gestión municipal.

La delegación, liderada por el gerente regional de control San Martín, Joan Ramírez, intentó ingresar a la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, pero encontró las instalaciones cerradas el 7 de marzo.

Posteriormente, los auditores supervisaron la Institución Educativa Inicial N° 62432 “Buenos Aires”, donde comprobaron el deterioro de techos y paredes.

Los representantes de Contraloría se reunieron con Apus de Balsapuerto, quienes habían exigido la intervención del Sistema Nacional de Control por malos manejos de la autoridad edil y obras públicas inconclusas, incluyendo colegios y losas deportivas, además de expedientes técnicos deficientes.

Asimismo, se recibieron denuncias sobre la ejecución del Programa del Vaso de Leche y la falta de rendición de cuentas de la municipalidad ante la población. Esta acción de Contraloría se da en cumplimiento de acuerdos previos con los Apus, quienes visitaron la sede central en Lima la semana anterior.

El congresista Wilson Soto Palacios, de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para permitir la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por un periodo adicional.

La iniciativa, Proyecto de Ley N°14153-CR, busca modificar el artículo 201 de la Constitución Política del Perú. Actualmente, los magistrados del TC son elegidos por un periodo de cinco años y no pueden ser reelegidos inmediatamente. La propuesta plantea que puedan «ser reelegidos hasta por un periodo», extendiendo su permanencia a un máximo de diez años.

Según el documento, la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones del Tribunal Constitucional. También se argumenta que permitiría al Perú acercarse a estándares internacionales, mencionando casos como Colombia, Chile, Alemania y España, donde los magistrados constitucionales suelen tener periodos de permanencia mayores.

Los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso mediante un concurso público de méritos, organizado por una Comisión Especial. La designación final corresponde al Pleno del Congreso, donde cada candidato debe obtener el voto favorable de dos tercios del número legal de congresistas.

El Tribunal Constitucional está integrado por siete magistrados: Francisco Humberto Morales Saravia, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Augusto Ochoa Cardich y Pedro Alfredo Hernández Chávez. Seis de estos magistrados fueron elegidos en mayo de 2022, con mandato hasta mayo de 2027, mientras que Pedro Alfredo Hernández Chávez, elegido en diciembre de 2023, culminará su periodo en diciembre de 2028.

Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo, formalizó el 5 de marzo su renuncia a la primera vicepresidencia de la república por el partido Un Camino Diferente ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo.

Fernández alegó una sentencia en su contra como argumento para ser excluido de la contienda electoral, además de cuestionar el manejo actual de la agrupación política.

“El día de ayer presenté mi renuncia al partido político que fundé, Un Camino Diferente, porque no quería estar chantajeado, ni secuestrado (por quienes) están manejando el partido y que se aprovechan de mi buena fe y confianza”, informó en sus redes sociales. Asimismo, dijo sentirse traicionado y pidió que ya no se use su nombre e imagen como parte de la campaña política de la agrupación.

Por su parte, la candidata presidencial Rosario Fernández, hermana de Arturo, indicó que jamás quiso opacar su imagen. Aseguró no haberse quedado con dinero del partido y afirmó que continuará con la campaña electoral.

El Congreso de la República incorporó formalmente a Raúl Espíritu Cavero como congresista, quien juramentó al cargo en reemplazo de la fallecida legisladora Lucinda Vásquez Vela. La ceremonia se realizó esta mañana, 5 de marzo de 2026, en Lima.

El presidente del Congreso (e), Fernando Rospigliosi, dio lectura a la credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones que acredita a Espíritu Cavero. Él representa a la bancada de Perú Libre y asume el puesto tras el deceso de Vásquez Vela el 21 de febrero.

Durante la misma sesión plenaria, el Pleno aprobó con 56 votos a favor la moción para invitar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi. El objetivo es que explique las causas, impacto y medidas tras el siniestro ocurrido en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El incidente tuvo lugar en el distrito de Megantoni, Cusco. La invitación fue extendida para el mismo 5 de marzo, a las 16:00 horas.

La Comisión de Ética del Congreso aprobó por cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, iniciar una investigación preliminar contra la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), denunciada por presunta exposición pública de menores de edad en situación vulnerable.

Sin embargo, la congresista Janet Rivas (Perú Libre) presentó un pedido de reconsideración a dicha votación, el cual será evaluado en la próxima sesión.

Previamente, Jáuregui de Aguayo compareció ante la Comisión, indicando que fundó el Centro de Acogida Residencial (CAR) «La Casa del Padre» hace trece años, donde se produjo la presunta exposición. Aclaró que dejó de ser directora del centro hace cinco años y que actualmente solo es voluntaria, sin oportunidad de dirigir u opinar sobre el hogar. Añadió que el albergue ha recibido visitas de diferentes ministras de la Mujer y ha sido declarado hogar modelo.

En su tercera sesión extraordinaria, la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), también evaluó otros informes de calificación.

Aprobó por mayoría el Informe de Calificación recaído en el Expediente 248-2025-2026/CEP-CR, en la denuncia contra la congresista Kira Alcarraz (No agrupada), por la presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Igualmente, con siete votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se aprobó el Informe final recaído en los expedientes acumulados 220-2024-2025/CEP-CR y 221-2024-2025/CEP-CR, en la denuncia contra el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), presentada por su colega Esdras Medina.

La denuncia contra Montalvo señala que, como presidente de la Comisión de Educación, permitió la emisión de audios que insinuaban sobornos hacia los congresistas titulares de dicho grupo de trabajo por parte de un exdocente universitario. El informe recomienda al Pleno del Congreso la suspensión de sus actividades parlamentarias por 60 días y el respectivo descuento de sus haberes.

La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar su informe final sobre las denuncias 533, 589 y 598 contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra.

Las acusaciones imputan a Boluarte la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal.

El plazo fue aprobado por unanimidad (20 votos), conforme al inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Ruth Luque Ibarra, Margot Palacios Huamán, Carlos Zeballos Madariaga y la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela.

El sustento fáctico de las denuncias radica en que la expresidenta habría sido sometida a una serie de operaciones quirúrgicas en junio de 2023, impidiéndole, presuntamente, ejercer su cargo hasta el 10 de julio del mismo año.

Previamente, Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuso la acumulación de las denuncias por conexidad de hechos, materia y partes. Un extremo de la denuncia constitucional fue declarado improcedente y archivado.

El exministro del Interior Daniel Urresti fue liberado del Establecimiento Penitenciario Virgen de la Merced (COEDE) en Chorrillos, Lima, el 3 de marzo. Su excarcelación se produjo luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nula la sentencia en su contra por el caso Bustíos y ordenara su inmediata libertad.

El TC, mediante el Expediente N.° 02939-2025-PHC/TC, determinó que la acción penal por los hechos ocurridos en 1988 había prescrito y que no correspondía calificarlos como delitos de lesa humanidad.

El colegiado concluyó que se vulneró el principio de legalidad penal, ya que los hechos sucedieron antes de la entrada en vigencia en Perú del Estatuto de Roma, el 1 de julio de 2002. Asimismo, recordó que la Constitución prohíbe condenar por un acto que, al momento de cometerse, no estaba previsto como delito en la legislación penal vigente.

El tribunal señaló que la prescripción extingue la potestad punitiva del Estado. Cuestionó la aplicación de la figura de imprescriptibilidad bajo la calificación de crimen de lesa humanidad, categoría no contemplada en el Código Penal de 1924, vigente en 1988.

Urresti había sido condenado a 12 años de prisión efectiva como autor del asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos y tentativa de asesinato contra Eduardo Rojas. Los hechos ocurrieron en 1988 en Huanta, Ayacucho, cuando Urresti era oficial del Ejército, conocido como “capitán Arturo”. La sentencia fue ratificada en noviembre de 2024 por la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho.

El congresista por Ica, José Luis Elías Ávalos, habría utilizado bienes y recursos de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) para actividades vinculadas a su campaña al Senado 2026. La presunta utilización incluye unidades vehiculares y logística institucional en desplazamientos donde realizó proselitismo político en la región.

Las evidencias difundidas muestran que activos registrados a nombre de la universidad fueron empleados en actividades de carácter electoral, pues se trataría del uso de patrimonio educativo con fines políticos personales. Elías es fundador y accionista de dicha casa superior de estudios, con sedes en Ica, Chincha y Lima.

Elías usa camioneta de la UPSJB para su uso personal proselitista

Uno de los casos documentados ocurrió el 27 de febrero a las 11:00 a.m., cuando el parlamentario salió de un canal local tras participar en un debate televisivo. Tras un intercambio con el periodista Ulises Gallegos, abordó una camioneta Ford Expedition azul, placa CEG-655, que según Sunarp pertenece a la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.

En las imágenes se observa al congresista vistiendo indumentaria con su nombre y el cargo de “Senador”, en un contexto claramente proselitista. El uso de esta unidad sería solo uno de varios recursos institucionales empleados, incluyendo presuntamente personal y otros vehículos, hechos que deberán ser materia de verificación por las autoridades competentes.

Elías incurriría en faltas graves a las normas por usar recursos de la universidad

La Ley de Organizaciones Políticas, Ley Nº 28094 modificada por la Ley Nº 32058, prohíbe que personas jurídicas con fines de lucro realicen aportes a campañas, incluso en especie. El uso de bienes institucionales podría ser considerado un aporte prohibido, sujeto a evaluación por los organismos electorales.

Asimismo, la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, dispone que los activos universitarios deben destinarse exclusivamente a fines educativos. De confirmarse el desvío de recursos hacia actividades electorales, la universidad podría enfrentar sanciones administrativas y el candidato observaciones en el ámbito electoral.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se reunió hoy, 2 de marzo, en Lima con el titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El objetivo fue definir la fecha de presentación del Gabinete Ministerial ante el pleno para solicitar el voto de confianza.

Esta reunión marca el inicio de una ronda de diálogo con líderes de partidos políticos y bancadas, según informó Miralles en América TV. La Premier planea convocar a todos los grupos parlamentarios de forma paulatina para exponer la política general de gobierno.

Miralles expresó confianza en obtener el voto de confianza, destacando que el gobierno prioriza la atención inmediata a las emergencias nacionales. La fecha exacta de la presentación del Gabinete aún no está definida y se espera su confirmación para el final de la semana, tras las coordinaciones con Rospigliosi.

La jefa del Gabinete aclaró que no se enfoca en el conteo de votos, sino en presentar el plan del Ejecutivo y subrayar la necesidad de estabilidad para el país.

En cuanto a las emergencias, Miralles detalló que el presidente José María Balcázar instruyó una respuesta inmediata a las fuertes lluvias. El equipo ministerial visitó Arequipa, Lambayeque y Cajamarca, logrando acciones como la asignación de un helicóptero a Lambayeque, coordinado con el Ministerio de Defensa, para evacuaciones de personas aisladas.

Además, el gobierno redujo a 7 días el plazo para declarar estado de emergencia en zonas afectadas, atendiendo una solicitud de los alcaldes. Esta medida busca agilizar la entrega de recursos, ya que antes el trámite podía demorar hasta tres meses.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció una reunión con el titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, para definir la fecha de presentación del Gabinete Ministerial ante el pleno y solicitar el voto de confianza.

Esta reunión, programada para el 2 de marzo, marca el inicio de una ronda de diálogo con los líderes de los partidos políticos y las bancadas, previo a la exposición de la política general de gobierno.

Miralles, en declaraciones a Cuarto Poder, expresó su confianza en obtener el voto de confianza. Subrayó la importancia de que el Congreso evalúe el plan de gobierno y las acciones inmediatas frente a la emergencia nacional.

La fecha exacta para la presentación del Gabinete aún no está definida, y será uno de los puntos a tratar con Rospigliosi. Se espera que la estrategia y la fecha se consoliden y confirmen a finales de esta semana.

La premier afirmó que el respaldo de las bancadas se buscará presentando el plan del Ejecutivo y destacando la necesidad de estabilidad para el país, en lugar de un conteo previo de votos.

Respecto a la atención de emergencias, la premier indicó que el presidente José María Balcázar instruyó una respuesta inmediata ante las fuertes lluvias. Mencionó acciones en Arequipa, Lambayeque y Cajamarca con resultados tangibles.

Entre las medidas implementadas, se asignó un helicóptero al Ministerio de Defensa para evacuaciones en Lambayeque, a pedido de la región. Además, se redujo a siete días el tiempo para declarar el estado de emergencia en zonas afectadas, agilizando el acceso a recursos que antes tardaba meses.

Miralles enfatizó que esta reducción burocrática busca ofrecer ayuda inmediata a las poblaciones afectadas.

El presidente José María Balcázar arribó a Chiclayo, Lambayeque, el 28 de febrero de 2026, para evaluar la respuesta ante los desastres provocados por las fuertes lluvias.

Durante su visita de trabajo, el jefe de Estado es acompañado por la titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; el ministro del Interior, Hugo Begazo; y el ministro de Defensa, Luis Arroyo.

La región Lambayeque es una de las zonas del norte del país severamente afectadas por las precipitaciones pluviales, consecuencia del fenómeno de El Niño Costero.

El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días calendario. La disposición, oficializada el 28 de febrero de 2026 mediante Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, busca hacer frente a la criminalidad y situaciones de violencia en ambas jurisdicciones.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) asume el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención, basándose en inteligencia, indicadores y mapas del delito.

La medida implica la restricción o suspensión de derechos constitucionales clave, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.

Para la realización de actividades masivas y públicas, ya sean religiosas, culturales, deportivas o de otra índole, se requerirá la solicitud de un permiso previo ante las autoridades competentes. Las actividades de carácter no masivo podrán llevarse a cabo sin necesidad de dicha autorización.

La intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas se efectuará en estricto apego a lo dispuesto en los decretos legislativos que regulan el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones en el territorio nacional, así como su reglamento y demás normativa vigente.

Adicionalmente, se declara en sesión permanente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana, al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) del Callao y al Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), por la duración del estado de emergencia.

El decreto supremo cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar, la presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles, y los ministros de Defensa Luis Arroyo, Interior Hugo Begazo, Economía y Finanzas Gerardo López, Justicia y Derechos Humanos Luis Jiménez, y Transportes y Comunicaciones Aldo Prieto.

El Poder Ejecutivo dejó sin efecto la disposición que obligaba a las entidades a utilizar la frase “¡El Perú a toda máquina!” en su publicidad institucional. Esta decisión se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 056-2026-PCM.

La nueva norma anula la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, la cual había establecido el uso obligatorio del logo y la mencionada frase en toda la publicidad informativa de las entidades del Poder Ejecutivo. La medida se adopta a propuesta de la Secretaría de Comunicación Social.

La decisión responde a la inminente instalación de un nuevo gobierno. Esto ocurrirá una vez que la actual jefa del Gabinete, Denisse Miralles, presente el voto de investidura ante el Congreso y este sea aprobado.

El lema “¡El Perú a toda máquina!”, según la norma derogada, buscaba reflejar una gestión orientada a un accionar constante frente a problemáticas como la delincuencia.

El alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Erik Ureta Campos, falleció el jueves 26 de febrero de 2026 en el Callao, luego de ser trasladado de emergencia por vía aérea desde Junín tras recibir impactos de bala.

Ureta Campos había recibido dos impactos de bala en el tórax, presentando un pronóstico reservado y una condición de salud extremadamente crítica. Fue atendido inicialmente en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, en Junín.

El vuelo humanitario partió desde Mazamari con el apoyo de las Fuerzas Armadas, arribando al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, minutos antes de las 4:00 p. m. de ese mismo día.

Mientras era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, y pese a los protocolos de reanimación, el burgomaestre perdió la vida a las 4:10 p. m. Su destino final era el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Lima.

El congresista y candidato al Senado José Luis Elías Ávalos admitió ser el parlamentario con más inasistencias mientras impulsa su campaña con Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña.

Aunque registra faltas en legislaturas pasadas, donde no intervenía ni debatía temas clave, Elías sostiene que ahora sigue las sesiones desde su oficina mirando los debates por television y baja de su oficina solo para votar.

“Cierto, pero ahí está mi producción. Si voy a sentarme a escuchar y no hacer nada; yo estoy en mi oficina del tercer piso, o sea sí estoy en el Congreso pero no estoy ahí sentado escuchando lo que veo en mi oficina y bajo a votar, eso no significa que falte”, expresó, defendiendo que sigue el debate desde su despacho en el Congreso de la República del Perú.

Elías, fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista, acumula cuestionamientos por su asistencia legislativa y su participación en temas de educación superior. Sus declaraciones se dan en plena campaña, donde figura como postulante al Senado.

De Pepe Luna a César Acuña: aliados del negocio educativo

Su trayectoria política ha estado vinculada a otros empresarios del sector. En su anterior partido, su aliado era José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú y fundador de la Universidad Privada Telesup, institución que perdió el licenciamiento.

Alías, Acuña y Gálvez, ambos han impulsado iniciativas sobre regulación universitaria mientras mantienen intereses en el sector educativo privado. Las críticas señalan que el Congreso ha aprobado normas que impactan directamente en ese negocio.

El entorno político de Elías lo mantiene en la discusión por la relación entre actividad empresarial y función legislativa, especialmente en proyectos sobre educación superior y supervisión universitaria. Sus ausencias al pleno se suman a ese cuestionamiento.

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, deberá afrontar 24 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Esta decisión fue adoptada el 25 de febrero por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes. El magistrado Derby Quezada Blanco declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público.

El fiscal Manuel Apolo Casariego había solicitado 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, el juzgado redujo el plazo y lo aplicó solo contra la máxima autoridad regional.

Los investigados Zoila Rosa Cuellar Garay, Luis Antonio Peña Alburquerque y Carmen Inés Guerrero Jaime, afrontarán el proceso en libertad. Deberán cumplir estrictas reglas de conducta y el pago de cauciones económicas.

Según la Fiscalía, Cruces Ordinola sería el presunto cabecilla de una red delictiva enquistada en el Gobierno Regional de Tumbes. Se habrían cobrado coimas a cambio de la adjudicación de obras y servicios públicos, fondos destinados a un presunto enriquecimiento ilícito.

La defensa técnica del gobernador apelará la decisión. Mientras tanto, será trasladado al establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro, donde permanecerá internado durante las investigaciones preparatorias.

El presidente José María Balcázar y la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, junto a ministros de Estado, partieron hoy, 25 de febrero de 2026, desde Lima hacia Arequipa.

El viaje responde a la situación de emergencia generada por las intensas lluvias en dicha región. La jefa del Gabinete, quien juramentó al cargo recientemente, había anunciado esta comitiva para atender las zonas más afectadas.

Además, el Consejo de Ministros declaró en emergencia 707 distritos en diversas regiones del país debido a las fuertes precipitaciones pluviales. Asimismo, se declaró la emergencia del servicio de transporte terrestre en tramos de rutas nacionales en Arequipa, Ica, Piura y Tumbes, por la afectación a la infraestructura vial.

El economista Hernando de Soto ha sido designado como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar. Su juramentación está prevista para el martes 24 de febrero.

La Presidencia de la República informó que Balcázar sostuvo una reunión de trabajo para definir las primeras acciones de su gestión transitoria.

De Soto es presidente del Instituto Libertad y Democracia. En 2021, fue candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza País.

Previamente a su designación, el presidente Balcázar recibió a De Soto en Palacio de Gobierno para dialogar sobre las funciones y alcances del cargo de presidente del Consejo de Ministros.

El presidente de la república, José María Balcázar, designó a José Luis Torrico Huerta como secretario general del Despacho Presidencial.

La designación se oficializó mediante una resolución suprema de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicada el 22 de febrero en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Este nombramiento se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Roberto Villanueva Haro al mismo cargo, oficializada en una resolución suprema previa en la misma edición del boletín.

Ambos dispositivos llevan la firma del presidente Balcázar, con el refrendo de Ernesto Álvarez Miranda, titular de la PCM.

Villanueva Haro había ejercido sus funciones desde el 16 de octubre de 2025, fecha en que fue nombrado mediante Resolución Suprema 251-2025-PCM.

La congresista Lucinda Vásquez Vela, representante de San Martín, falleció el 21 de febrero de 2026 a la edad de 67 años.

La legisladora era miembro de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial.

La congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años el 21 de febrero, según informó el Congreso de la República.

La parlamentaria representaba a San Martín y formaba parte del grupo Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial.

Docente de profesión, con licenciatura en Educación Primaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vásquez Vela comenzó su trayectoria política en el Frente Regional Sanmartiniense (2005-2011) y posteriormente en el Partido Nacionalista Peruano hasta 2019.

En las elecciones generales de 2021, fue elegida por Perú Libre en San Martín. En mayo de 2022, se desvinculó de esa bancada para constituir el Bloque Magisterial.

Presidió la Comisión de la Mujer y Familia durante el período 2022-2023.

En su carrera, Vásquez Vela enfrentó cuestionamientos éticos y judiciales, incluyendo un proceso de la Comisión de Ética en 2025.

La presidente del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, solicitó el 20 de febrero que la sentencia de dicho colegiado, que declaró nula la condena contra Daniel Urresti y ordenó su inmediata libertad, no se utilice como instrumento político en el actual contexto electoral.

Pacheco Zerga precisó que el fallo del TC no busca favorecer a ningún partido político. Explicó que la decisión, recaída en el Expediente N.° 02939-2025-PHC/TC, determinó que la acción penal por los hechos ocurridos en 1988 había prescrito. Además, los hechos no podían ser calificados como delitos de lesa humanidad porque esa figura no estaba vigente en ese momento.

El TC determinó que se vulneró el principio de legalidad penal. La presidenta destacó que, en este caso, por el asesinato de Hugo Bustíos, ya se había condenado a dos personas sin invocar el delito de lesa humanidad. Sin embargo, al acusar al señor Urresti, la Corte Penal aplicó una homologación para usar una causal del código de 1991 a hechos ocurridos bajo el código de 1921.

Señaló que en el Derecho Penal no cabe la analogía y que el delito debe estar tipificado. La acusación inicial contra Urresti fue por homicidio calificado, pero la sentencia mencionó alevosía, lo cual no estaba previsto durante la defensa. Este hecho configura una vulneración al debido proceso y al principio de legalidad. El caso, además, había prescrito en el año 2018, mientras que la condena se emitió en 2023.

Finalmente, Luz Pacheco manifestó que la decisión en mayoría del colegiado no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Daniel Urresti. La sentencia solo determinó que la actuación de la Sala Suprema no fue correcta. Remarcó la importancia de que la ciudadanía comprenda que no se puede cargar en las personas la ineficiencia de autoridades estatales, mencionando que han pasado 40 años.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la sentencia contra Daniel Urresti por el caso Bustíos y ordenó su inmediata libertad este 20 de febrero. La decisión se basa en que la acción penal por los hechos ocurridos en 1988 había prescrito y que no podían ser calificados como delitos de lesa humanidad, ya que esa figura no estaba vigente en ese momento.

El máximo intérprete de la Constitución determinó que se vulneró el principio de legalidad penal al calificar los hechos como delitos de lesa humanidad. Esto se debe a que el Estatuto de Roma, que tipifica estos crímenes, entró en vigor para el Estado peruano el 1 de julio de 2002, por lo que no puede aplicarse de manera retroactiva a sucesos anteriores.

El tribunal también analizó la prescripción de la acción penal, señalando que extingue la potestad punitiva del Estado. La sentencia cuestionó que los órganos judiciales consideraran los hechos como crímenes de lesa humanidad para sustentar su imprescriptibilidad, cuando dicha calificación no estaba prevista en el Código Penal de 1924, vigente al momento de los hechos de 1988.

El proceso penal había culminado con una sentencia de abril de 2023 que condenó a Urresti a 12 años de prisión efectiva. Fue hallado culpable del delito de asesinato con alevosía en agravio del periodista Hugo Bustíos y por tentativa de asesinato en perjuicio de Eduardo Yeni Rojas Arce.

Daniel Belizario Urresti Elera es un general del Ejército en retiro y figura política. Ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo el de ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y congresista en el periodo 2020-2021.

Agentes de la Policía y grupos de manifestantes se enfrentaron en Buenos Aires el jueves 19 de febrero, durante una movilización convocada por sindicatos y partidos de izquierda. Los incidentes, inicialmente pacíficos, escalaron cuando se lanzaron botellas y piedras contra el cordón policial cerca del Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Estos enfrentamientos ocurrieron en el marco de una huelga general nacional contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Simultáneamente, la Cámara de Diputados debatía el proyecto de desregulación laboral, el cual ya había sido aprobado en el Senado. Decenas de manifestantes y policías permanecieron en un tenso cara a cara tras los incidentes.

La huelga, convocada por la central obrera CGT, registró un «importantísimo» acatamiento, según Jorge Sola, cotitular de la organización. Sola evaluó la adhesión, crucialmente con el transporte, en un 90%, siendo la mayor de las cuatro huelgas realizadas durante el gobierno de Milei.

La reforma laboral propuesta incluye recortes en las indemnizaciones, una extensión de la jornada laboral a 12 horas y restricciones al derecho a huelga, entre otros puntos controvertidos.

Una manifestación similar la semana anterior también derivó en enfrentamientos, con mayor violencia, que resultaron en la detención de unas treinta personas.

El contralor general, César Aguilar, informó el 19 de febrero que su institución ya ha puesto en marcha acciones de control por denuncias que involucran al expresidente José Jerí.

Aguilar precisó que en unos 10 días emitirán un informe preliminar sobre las reuniones no registradas del exmandatario con empresarios chinos y los casos de contrataciones de presuntas allegadas a Jerí Oré. El jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Palacio de Gobierno se acreditó hace semanas para recopilar información en el Despacho Presidencial y entidades donde fueron designadas las jóvenes involucradas.

En otro momento, el contralor anunció que se reunirá con el actual presidente de la república, José María Balcázar. El objetivo es coordinar y determinar cómo la Contraloría puede aportar al gobierno, enfatizando que la institución actuará públicamente si encuentra irregularidades, «sea presidente o sea un funcionario público de un nivel mínimo».

La Contraloría también ha fiscalizado la transferencia de S/1.137 millones al Ministerio de Defensa (Mindef) para la compra de 24 aviones caza, ofreciendo una opinión, aunque sin detalles por motivos de seguridad. Además, continúan los servicios de control en el megapuerto de Chancay, otras concesiones y ministerios.

Finalmente, Aguilar lideró la inauguración de la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción en Lima, con la participación de 34 delegaciones extranjeras. El evento, que se desarrolla el 19 y 20 de febrero en la Escuela Nacional de Control, busca intercambiar experiencias y estrategias contra la corrupción con ponentes de países como El Salvador y Rumanía.

El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó la suspensión por 30 días de la alcaldesa Janet Cubas Carranza. La decisión fue unánime y se tomó en sesión extraordinaria el 18 de febrero, en segunda citación, con el voto de siete regidores. La medida responde a presuntas irregularidades en el decorado del parque principal durante las Fiestas Navideñas 2025, incluyendo el controversial «árbol de la vergüenza».

Según Jorge Arévalo Chilón, teniente alcalde, la convocatoria se realizó conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente los artículos 13, 75 y 78 del reglamento interno. Un notario, Carlos Caballero, certificó el desarrollo del procedimiento.

El acta será enviada al secretario general municipal para notificar formalmente a la alcaldesa, quien podrá ejercer su derecho de defensa. Posteriormente, el expediente se elevará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su evaluación y decisión final.

Arévalo indicó que, de no haber objeciones del JNE, él asumiría temporalmente la conducción del municipio durante la suspensión. La alcaldesa no asistió a la sesión ni envió representación legal, calificando públicamente la sesión de ilegal, aunque el concejo insiste en su apego a la ley.

Por su parte, la municipalidad emitió un comunicado oficial señalando que el regidor Arévalo Chilón carece de habilitación para convocar a la sesión extraordinaria. El pronunciamiento detalla que la alcaldesa sí había convocado el 22 de diciembre de 2025 a una sesión con agenda única sobre la suspensión, cumpliendo el artículo 13° de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que no existió omisión que justifique una nueva convocatoria.

El documento municipal sostiene que la citación de los siete regidores fue ilegal, ya que el Reglamento Interno de Concejo exige la presencia de la mitad más uno de los 16 integrantes (nueve miembros) para el quórum reglamentario.

Al asistir solo siete, no se alcanzó la mayoría necesaria para acuerdos válidos. También se cuestiona que se haya invocado la Ley General de Sociedades, una norma aplicable a entidades privadas y no a gobiernos locales. La municipalidad advirtió que todas las actuaciones derivadas de esa sesión carecen de legalidad, y serán remitidas al Ministerio Público y al JNE para revisión.

El Congreso de la República del Perú eligió a José María Balcázar Zelada como presidente del Parlamento con 64 votos a favor, resultado que lo coloca automáticamente al frente del Ejecutivo tras la censura de José Jerí. La votación registró 46 apoyos para María del Carmen Alva, tres votos viciados y ninguno en blanco.

Balcázar representa a la región Lambayeque y fue elegido congresista en las elecciones generales de 2021 por Perú Libre, encabezando la lista parlamentaria con 6,641 votos válidos. Actualmente integra la bancada Perú Bicentenario, desde donde consolidó apoyos para la Mesa Directiva.

Perfil de José María Balcázar

El nuevo mandatario interino es abogado y cuenta con estudios de posgrado. Su trayectoria profesional incluye más de cuatro décadas de docencia en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y labores en el Poder Judicial del Perú, instituciones donde desarrolló su carrera entre 1977 y 2021.

Nacido el 16 de enero de 1943, Balcázar asume su primer cargo de elección popular y su primer periodo parlamentario. De acuerdo con registros oficiales, no presenta sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales, un aspecto resaltado por sus aliados durante la elección.

La designación se produjo en medio de negociaciones entre bancadas y un escenario de fragmentación legislativa. La presidencia del Congreso definía también la jefatura del Estado, conforme al mecanismo de sucesión vigente ante la vacancia del cargo presidencial.

La Presidencia de la República de Perú se encuentra nuevamente vacante tras la censura de José Jerí, quien ocupaba el cargo de titular del Congreso y, por sucesión constitucional, el Poder Ejecutivo.

En los últimos diez años, siete mandatarios han pasado por el máximo cargo de la nación, reflejando una profunda inestabilidad política.

Pedro Pablo Kuczynski fue elegido en 2016 y renunció en 2018, tras un año y 236 días en el poder. Enfrentó investigaciones por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht y mociones de destitución.

Tras su renuncia, Martín Vizcarra asumió la presidencia desde 2018 hasta 2020, permaneciendo 2 años y 231 días. Durante su gestión, cerró el Congreso y fue vacado por presuntos actos de corrupción.

Manuel Merino lo sucedió en 2020, permaneciendo solo cinco días. Su renuncia se produjo por fuertes protestas en Lima, que resultaron en la muerte de dos jóvenes.

Posteriormente, Francisco Sagasti fue elegido, ejerciendo el cargo desde 2020 hasta 2021 por 252 días, hasta el cambio de gobierno tras las elecciones generales.

Pedro Castillo fue elegido en 2021 y permaneció en el poder un año y 132 días hasta 2022. Enfrentó siete mociones de vacancia y el 7 de diciembre de 2022 intentó un golpe de Estado fallido, siendo detenido.

Dina Boluarte asumió después del intento de golpe, ejerciendo la presidencia desde 2022 hasta 2025 por 2 años y 306 días. Fue vacada por el Congreso tras una serie de acusaciones.

Finalmente, José Jerí asumió la sucesión constitucional tras la salida de Boluarte. Permaneció 131 días en el cargo, siendo censurado por reuniones con empresarios fuera de sede de gobierno y visitas irregulares a Palacio.

La sesión plenaria para la elección se realizará el 18 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión del Parlamento. La convocatoria fue cursada por Fernando Rospigliosi, presidente encargado de la Mesa Directiva del Congreso.

Cuatro congresistas se inscribieron como candidatos, representando a sus bancadas parlamentarias, en apego al artículo 12 del reglamento del Parlamento.

Los postulantes son:

• Segundo Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia)
• María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular)
• Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Popular Democrático)
• José María Balcázar Zelada (Perú Libre)

El procedimiento iniciará con la lectura de las listas de candidatos propuestas y la designación de dos congresistas escrutadores para supervisar la votación. Tras la firma de las cédulas, la sesión se suspenderá brevemente y luego se reanudará para el sufragio.

La votación procederá con los miembros de la Mesa Directiva, los escrutadores y los demás legisladores en orden alfabético. Se proclamará ganador al candidato de la lista que obtenga un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

En caso de que ninguna lista alcance la mayoría simple, se realizará una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, resultando ganadora la que obtenga la mayor votación.

El congresista que resulte electo en esta jornada asumirá la presidencia de la República, debido a la vacancia del cargo.

Al vencer el plazo límite a las 18:00 horas del 17 de febrero, cuatro parlamentarios presentaron sus candidaturas para presidir la Mesa Directiva del Congreso. La elección de las listas se realizará hoy, 18 de febrero.

Los congresistas postulantes son: Segundo Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre).

La sesión electoral está convocada para el miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas. El proceso de votación será presencial y se efectuará mediante cédulas, descartando la opción de la plataforma virtual.

El nuevo presidente del Legislativo completará el Período Anual de Sesiones 2025-2026 y asumirá la Presidencia de la República. Esta elección se realiza tras la censura del anterior presidente del Congreso, José Jerí.

La presentación de estas listas se enmarca en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso.

El Congreso de la República elegirá este miércoles 18 de febrero al nuevo presidente que ocupará la Presidencia de la República. La sesión plenaria se realizará a las 18:00 horas en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión del Parlamento.

La elección ocurre tras la vacancia del cargo al aprobarse las mociones de censura contra José Jerí, quien previamente ocupaba la presidencia del Poder Legislativo. La moción de censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, lo que derivó en la vacancia de la Presidencia de la República.

Cuatro candidatos se han inscrito para esta elección, cumpliendo el artículo 12 del reglamento del Parlamento. Los postulantes son: Segundo Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Popular Democrático) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre).

La convocatoria a los legisladores fue cursada por encargo de Fernando Rospigliosi, presidente encargado de la Mesa Directiva del Congreso, quien precisó que las propuestas de candidaturas deben ir acompañadas del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios.

El pleno del Congreso elegirá al nuevo presidente del Poder Legislativo el miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas. La convocatoria fue realizada por Fernando Rospigliosi, titular encargado de la Mesa Directiva del Congreso.

La Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República, y en consecuencia, del cargo de presidente de la República del Perú. Esta decisión se tomó tras la aprobación de las mociones de censura contra José Jerí.

Rospigliosi emplazó a los congresistas a presentar las propuestas de candidatos para el cargo ante la Oficialía Mayor. El plazo para dicha presentación vence hoy, martes 17 de febrero, a las 18:00 horas.

Las propuestas de candidatos deben ir acompañadas del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, conforme al reglamento del Congreso.

La moción de censura contra José Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

En Lima, el 17 de febrero, el Pleno extraordinario del Congreso aprobó la censura contra José Jerí, quien consecuentemente deja la Presidencia de la República.

La moción fue admitida con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Tras la votación, Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, declaró formalmente la vacancia del cargo.

Se ha convocado una sesión para el 18 de febrero a las 18:00 horas con el fin de elegir al nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá el cargo de mandatario. El plazo para presentar las propuestas de candidatos finaliza el 17 de febrero a las 18:00 horas.

Previamente, el Congreso había admitido a debate siete mociones de censura contra Jerí. Durante la sesión, la congresista Ana Zegarra de Somos Perú planteó una cuestión de orden para definir si correspondía aplicar vacancia o censura, considerando que los motivos acusaban a Jerí por sus actos como presidente de la República, pero se planteaba su censura como presidente del Congreso. Este pedido fue rechazado con 71 votos en contra, 34 a favor y 1 abstención, permitiendo que la votación por la censura procediera.

El Congreso de la República aprobó la censura contra José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que determinó su salida inmediata de la Presidencia. La decisión se adoptó en sesión extraordinaria tras el debate de siete mociones que cuestionaban su permanencia en el cargo.

Las mociones fueron impulsadas por parlamentarios de distintas bancadas luego de revelarse reuniones no registradas con empresarios chinos y visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que derivaron en contrataciones. Los promotores señalaron presuntas faltas de transparencia y capacidad para ejercer el máximo cargo del Estado.

debate intenso en el Congreso

Durante el debate, la congresista Sigrid Bazán criticó los intentos de frenar la discusión y sostuvo que el Parlamento no podía eludir su responsabilidad política. En la misma línea, Susel Paredes afirmó que la permanencia del mandatario resultaba insostenible en un contexto de inseguridad creciente.

Desde otra bancada, Norma Yarrow planteó una cuestión previa para omitir el debate y proceder directamente a la votación, argumentando que la situación requería una definición inmediata. La propuesta fue discutida antes de continuar con las intervenciones programadas.

Con la censura aprobada, Jerí deja el cargo sin posibilidad de revertir la decisión parlamentaria. El proceso se ajusta al mecanismo constitucional que faculta al Legislativo a retirar la confianza política al presidente en funciones mediante votación calificada.

El congresista Fernando Rospigliosi informó que este miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde se realizará un nuevo Pleno para elegir al próximo presidente de la República. El plazo para presentar candidaturas vence el martes 17, en medio de negociaciones entre bancadas para definir al sucesor.

El Congreso realiza hoy, martes 17 de febrero, un pleno extraordinario para debatir siete mociones de censura presentadas contra José Jerí. La sesión fue convocada para las 10:00 horas en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión, con la participación de los congresistas hábiles.

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, aclaró que la aprobación de la censura no implicaría un nuevo presidente de inmediato. Explicó que el procedimiento para elegir un titular del Congreso requiere tiempo para convocar candidaturas, su publicación y un plazo para la votación. Rospigliosi también precisó que no está considerado para asumir como reemplazo de Jerí.

En caso de que alguna moción alcance la mayoría simple de congresistas hábiles, se deberá convocar a la elección de un nuevo titular del Parlamento. Este asumiría automáticamente la Presidencia de la República, conforme al marco constitucional. El gabinete ministerial deberá continuar en funciones hasta la designación de uno nuevo.

Si la censura no prospera, la moción de vacancia presentada contra José Jerí se abordará a partir del 1 de marzo, con el inicio de la legislatura ordinaria. Este será el primer tema en el pleno.

La sesión de hoy se realizó con restricciones de acceso por limitaciones. La prensa siguió el desarrollo desde una sala de ingreso habilitada con transmisión oficial.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, instó al Congreso a la prudencia en el debate de la moción de censura contra el presidente José Jerí, advirtiendo que su aprobación dejaría al gobierno acéfalo.

Álvarez Miranda explicó que, de prosperar la censura, el país se quedaría sin jefe de Estado, sin jefe de gobierno y sin presidente del Congreso. Según la Constitución, no se podría elegir un nuevo mandatario de inmediato, ya que la convocatoria actual tiene un único punto en agenda.

Para la elección de un nuevo representante, se necesitaría un nuevo pedido de sesión extraordinaria y la recolección de 78 firmas mínimas. El titular de la PCM enfatizó que no se ha observado la comisión de delito o infracción alguna por parte del presidente Jerí.

El debate se basa en «elucubraciones» y «manipulación», según Álvarez, quien criticó la «ficción jurídica» actual donde el presidente del Congreso es también presidente del Perú, considerándolo una violación al principio de separación de poderes.

Aunque el voto de censura no es inconstitucional, Álvarez consideró que su aplicación sería «muy mal» y sentaría un precedente negativo, «juridificando la política» y desviando los conflictos políticos a la esfera judicial, un problema recurrente desde 2016.

La figura de vacancia por incapacidad moral, señaló, aplica a delitos graves o sospechas fundadas, no a «elucubraciones» que sumen al país en crisis constante.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó en un mitin en Ica que “extranjero que no esté regularizado se va del país el 28 de julio”. La declaración fue realizada durante su intervención ante simpatizantes, donde vinculó la migración irregular con el aumento de la extorsión y el sicariato en la región.

“El 28 de julio, personaje de Venezuela especialmente, que no esté regularizado en el Perú, se va de vuelta”, expresó ante el público. Sostuvo que su eventual gobierno aplicará medidas inmediatas contra quienes permanezcan en situación migratoria irregular y que reforzará el control en coordinación con la Policía.

Jueces sin rostro y fiscales militares

En materia de seguridad, propuso restablecer el sistema de “juez sin rostro, juez militar y fiscal sin rostro” para enfrentar delitos como extorsión y sicariato. Indicó que la Policía cumple con capturas, pero que el problema radica en el sistema judicial y la liberación de detenidos.

“La policía captura, pero necesitamos jueces sin rostro para que el delincuente no tenga beneficios”, señaló. Añadió que se implementará interceptación telefónica para casos de amenazas y cobros extorsivos, con respaldo de un área especializada de inteligencia.

López Aliaga también planteó que extorsionadores, violadores y funcionarios corruptos sean enviados a penales en la selva. “De ahí a la selva peruana, donde no hay internet ni comunicación”, manifestó, como parte de una estrategia de aislamiento para delitos graves.

Durante su discurso abordó además propuestas sobre agua para Ica, ampliación de carreteras, impulso a la agroexportación y creación de hospitales solidarios. El evento reunió a dirigentes y candidatos de su agrupación política en la región.

Carla García, candidata al Senado por el APRA, lanzó una dura arremetida contra el presidente José Jerí, a quien acusó de haber delinquido en poco tiempo y dañar gravemente la confianza ciudadana. Las declaraciones se dieron anoche en el local de la calle Bolívar, en el centro de Ica, durante su visita política a la región.

En el acto, García llegó a Ica para respaldar y presentar a Belén García como candidata a diputada por Ica, en el inicio de actividades proselitistas del partido. Ante militantes y simpatizantes, la dirigente aprista centró su discurso en la crisis política nacional y el deterioro del Estado, alejándose de mensajes protocolares.

Carla García sobre José Jerí «Ser presidente es un honor, que ese tipo nunca más va a volver a tener»

Durante la entrevista, Carla García expresó textualmente: “A mí me ha roto el corazón porque pensé que su juventud y su manera de comunicar podían ser buenas para el país, pero no pensé que pudiera delinquir tan rápido frente a la oportunidad maravillosa que le dio el Perú de ser presidente”, en clara alusión directa a José Jerí.

La candidata continuó con una crítica aún más severa al desempeño presidencial y sus consecuencias políticas. “Ser presidente de la República es un honor que ese tipo nunca más va a volver a tener, y lo estropeó. En el camino estropeó las elecciones, la confianza ciudadana y destruyó un poco más al país”, afirmó ante la prensa local.

En materia de seguridad, García sostuvo que el Estado ha perdido la batalla contra la criminalidad, señalando que se desmontó el sistema de inteligencia construido en gobiernos anteriores. Recalcó la necesidad de fortalecer la inteligencia, ampliar los plazos de investigación criminal y permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, respetando derechos ciudadanos.

Finalmente, Carla García anunció que desde el Congreso impulsará una reforma política profunda para recuperar la confianza ciudadana, incluyendo cambios en el régimen de sueldos parlamentarios. “Mi oferta es estar mejor y recuperar la confianza en la política. Así como las mujeres terminamos quemadas por culpa de ese monstruo llamado Dina Boluarte, los jóvenes no deben terminar quemados por culpa del baboso llamado José Jerí.”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación presentada contra la plancha presidencial de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga, y confirmó su permanencia en el proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La decisión del Pleno del JNE ratifica el fallo del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que previamente declaró improcedentes las tachas interpuestas por ciudadanos que cuestionaron el proceso de elecciones internas del partido.

Los tachantes alegaron que Renovación Popular habría incumplido su estatuto, al realizar elecciones internas solo con afiliados. Durante la audiencia, el abogado Javier Susanibar Espinoza sostuvo que se vulneró el principio de legalidad y cuestionó la actuación de la ONPE.

Por su parte, el abogado José Castro Rivas afirmó que el partido no respetó su normativa interna y señaló que el estatuto habría sido modificado en junio de 2025 con miras al proceso electoral.

La defensa de Renovación Popular, a cargo de Carlos Salazar Salazar, sostuvo que el proceso se realizó conforme a la ley electoral vigente y a las disposiciones de la ONPE, bajo la modalidad de voto de afiliados, precisando que ningún militante presentó reclamos.

Tras evaluar los argumentos, el Pleno del JNE concluyó que no se acreditaron irregularidades y declaró infundada la apelación, dejando firme la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga para los comicios de 2026.

Con el inicio formal del camino hacia las Elecciones Generales 2026, la región Ica tiene un escenario repetido: los mismos congresistas que hoy la representan buscan mantenerse en el poder, ahora amparados en el retorno del sistema bicameral que reabre la puerta a la reelección parlamentaria.

José Luis Elías Ávalos, Jorge Marticorena Mendoza y Raúl Huamán Coronado ya confirmaron su postulación para el nuevo Congreso, dos de ellos apuntando al Senado y uno a la Cámara de Diputados. El común denominador es claro: ninguno plantea un balance concreto de impacto regional que respalde su continuidad.

Elías y Marticorena postulan por Alianza para el Progreso, pese a haber llegado al Congreso con otras banderas políticas. Ambos migraron de bancada en medio del periodo parlamentario y hoy buscan refugio electoral en el partido de César Acuña, una estrategia que evidencia transfuguismo político antes que coherencia ideológica.

En tanto, Raúl Huamán Coronado, de Fuerza Popular, apuesta por una reelección como diputado con una campaña más partidaria porque es rechazado en las calles. Aunque mantiene discurso popular, su producción legislativa ha sido mayoritariamente declarativa, sin efectos frente a problemas estructurales como inseguridad, agua o empleo.

El único que queda fuera es Raúl Doroteo Carbajo, no por decisión propia, sino por la exclusión de Acción Popular del proceso electoral. Su salida ocurre además bajo el peso de denuncias por mochasueldos y su vinculación al caso “Los Niños”, lo que lo convierte en el rostro caído del bloque iqueño.

El panorama deja una foto incómoda: una oferta electoral reciclada por cambios de camiseta, ausencia de resultados tangibles y la intención de prolongar privilegios en el nuevo Congreso bicameral, mientras Ica sigue con sus eternos problemas.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha presentada contra Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero, debido a que el ciudadano recurrente no cumplió con adjuntar el comprobante de pago de la tasa electoral exigida por la normativa vigente.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 08856-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida el 29 de diciembre, en el marco del cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026. El órgano electoral precisó que la omisión detectada constituye un defecto subsanable.

Según el pronunciamiento, si bien la tacha fue presentada dentro del plazo legal, incumplió uno de los requisitos formales indispensables, lo que impide que el JEE evalúe el fondo del cuestionamiento en esta etapa del proceso.

Ante ello, el JEE otorgó un plazo máximo de un día hábil al ciudadano Luis Miguel Caya Salazar para regularizar el pago correspondiente, bajo apercibimiento de que la tacha sea declarada improcedente si no se subsana la omisión.

La resolución se sustenta en el artículo 38 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos, que establece que toda tacha debe ir acompañada del pago de una tasa equivalente a 1 UIT (S/ 5.350).

Cabe recordar que ya son tres las tachas presentadas contra Mario Vizcarra ante el JEE de Lima Centro 1, todas vinculadas a su sentencia por peculado, las cuales buscan impedir su participación en la contienda electoral de 2026.

La condena de 14 años de prisión efectiva contra Martín Vizcarra ha reforzado la campaña presidencial de su hermano, Mario Vizcarra, cuyo mensaje gira alrededor de la reconciliación y la posibilidad de indultos para exmandatarios procesados o condenados.

A inicios de noviembre, Mario Vizcarra declaró que indultaría a todos los expresidentes presos, frase que fue interpretada como un eventual beneficio para su hermano y para otros exmandatarios como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Días después, el precandidato admitió que su declaración fue un error y dijo que los indultos no serían automáticos, pero se evaluarían mediante una comisión. Pese a esa aclaración, la idea inicial quedó instalada en el debate público.

Tras la sentencia contra Martín Vizcarra, Mario no descartó la medida y afirmó que firmaría un indulto si se considera justo, manteniendo abierta la posibilidad de beneficiar a expresidentes que se encuentren en prisión.

«Si recomiendan el indulto, evidentemente sí. Como a cualquier otro presidente, para mi el trato a Martín Vizcarra, mi hermano, será exactamente igual que los demás presidentes. Estoy convencido (de su inocencia), pero me voy a subjetar a lo que diga la comisión evaluadora» dijo ayer en una entrevista a RPP.

La mención a Pedro Castillo se sostiene en declaraciones previas del propio Martín Vizcarra. En febrero de 2025 afirmó que Castillo estaba “injustamente en la cárcel” y cuestionó la forma en que fue vacado, dejando abierta la posibilidad de una gracia presidencial si regresaba al poder.

Estas declaraciones, sumadas a la reciente condena, han colocado a Mario Vizcarra en el centro de una narrativa que vincula su candidatura con la revisión de procesos y la opción de indultos para su hermano y para políticos como Pedro Castillo.

El Gobierno de José Jerí publicó un decreto que duplica los sueldos de todos los diplomáticos peruanos, justo cuando el país atraviesa una crisis diplomática con México por el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez. La medida se da también en medio de los cuestionamientos al proceso de ascensos en Torre Tagle y pese al reciente anuncio de una “política de austeridad” hecha por el propio Jerí.

El Decreto Supremo N° 250-2025-EF, firmado por Jerí, la ministra de Economía Denisse Miralles y el canciller Hugo de Zela, eleva la remuneración del personal del Servicio Diplomático. Así, el sueldo de un embajador pasa de S/10.600 a S/20.000, mientras que un ministro gana ahora S/18.000 y un ministro consejero S/16.000. En promedio, el aumento bordea el 90% de incremento salarial y será efectivo desde el 15 de diciembre de este año.

El decreto establece que la medida se financia con el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin demanda adicional al Tesoro Público, y deroga la escala salarial vigente desde 2015. De esta forma, Torre Tagle obtiene una mejora remunerativa sustancial justo cuando su papel es clave en la decisión sobre el salvoconducto de Betssy Chávez, aún en suspenso.

Fuentes diplomáticas señalan que el decreto se interpretó dentro del sector como un gesto político del presidente Jerí hacia el cuerpo diplomático, con el que busca cohesionar posiciones frente al caso Chávez. Según analistas, el Gobierno estaría reforzando respaldo interno en Cancillería para sostener una postura firme de rechazo al salvoconducto que permitiría a la exministra viajar a México.

El Ejecutivo ha cuestionado públicamente la Convención de Caracas de 1954, base legal del derecho de asilo en la región, alegando que se ha “desnaturalizado” su propósito. En línea con esa posición, Jerí anunció que el Perú planteará cambios ante la OEA para limitar el otorgamiento de asilos a personas procesadas por delitos comunes, como el caso de Chávez, investigada por presunta rebelión y conspiración en el intento de golpe de Estado de 2022.

El aumento a los diplomáticos, aprobado mientras el conflicto con México escala, genera críticas por el contraste con la política de austeridad anunciada por Palacio y la tensión que su decisión introduce en la política exterior. En medio de una crisis internacional y cuestionamientos internos, Jerí parece haber optado por premiar al cuerpo diplomático que deberá ejecutar la decisión más sensible de su gobierno: negar o conceder el salvoconducto a Betssy Chávez.

Perú Primero oficializó la inscripción de su fórmula presidencial para los comicios de 2026. La plancha está encabezada por Mario Vizcarra, hermano del expresidente, como precandidato a la presidencia, mientras que Martín Vizcarra fue registrado como precandidato a la primera vicepresidencia. Judith Mendoza Díaz completa la fórmula como segunda vicepresidenta.

La inscripción fue presentada por Brigge Pozo Machado, secretaria nacional de juventudes del partido, y aceptada de manera provisional el 24 de octubre. La participación de Martín Vizcarra depende de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resuelva la medida cautelar que busca suspender sus tres inhabilitaciones vigentes. La estrategia del expresidente es mantenerse en la política activa a través de la vicepresidencia, con la posibilidad de asumir la presidencia si su hermano renuncia o no puede continuar en la campaña.

Las sanciones que enfrenta Vizcarra fueron impuestas por el Congreso: 10 años por vacunarse en secreto durante la pandemia, 5 años por presuntos vínculos con empresas privadas y otros 10 años por la disolución del Congreso en 2019. Actualmente, el expresidente no puede ejercer función pública hasta que se pronuncie la CIDH.

La defensa de Vizcarra sostiene que las sanciones carecen de un fin legítimo y se producen en un contexto de crisis democrática. Su abogado, Guido Croxatto, afirma que permitir su participación sería “lo más sano para la democracia peruana”, ya que las resoluciones del Sistema Interamericano son vinculantes.

Perú Primero también inscribió a sus suplentes: Jorge Meléndez Celis como candidato presidencial suplente, Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente suplente y Grethel Callo Paye como tercera vicepresidenta. Esto asegura que la plancha presidencial pueda mantenerse en caso de cualquier obstáculo legal.

Encuestas recientes de Ipsos muestran a Mario Vizcarra con 8% de respaldo, detrás de Rafael López Aliaga (10%) y por delante de Keiko Fujimori (6%). La agrupación confía en que, si la CIDH falla a favor de Martín Vizcarra, podrá participar plenamente en las elecciones primarias y generales de 2026, consolidando su regreso a la política peruana.

El programa Cuarto Poder reveló fotografías que comprometen a la congresista Lucinda Vásquez Vela, del Bloque Magisterial – Juntos por el Perú. En las imágenes se observa a sus asesores personales realizando labores domésticas durante el horario laboral y dentro de instalaciones oficiales del Congreso, pese a cobrar sueldos del Estado.

Una de las fotografías muestra al asesor Edwar Rengifo Pezo, sobrino nieto de la legisladora, arrodillado cortándole las uñas de los pies a Vásquez en su despacho congresal mientras ella habla por teléfono. El trabajador porta su carné institucional, lo que confirma que la escena ocurrió en jornada de trabajo. Al ser consultada, la congresista respondió: “No obligo a nadie, tampoco es voluntario”, sin ofrecer mayores explicaciones.

Sueldo de asesores del Congreso

Otra imagen difundida por el dominical muestra al asesor Willer Sajami Collantes, economista, preparándole el desayuno a la parlamentaria en su vivienda personal el 19 de enero de 2023, también durante el horario laboral. Un tercer registro muestra al asesor Luis Ángel Llaguento Heredia cocinando y lavando utensilios en la propia cocina del despacho congresal. Los tres trabajadores perciben sueldos que oscilan entre S/ 3 000 y S/ 7 000 mensuales.

Cuarto Poder también recordó que en mayo pasado la congresista fue denunciada por contratar a varios familiares en su oficina con salarios similares. Entre ellos figuran Jimmy Pinchi Pezo, Kenyi Castro Rivas y el propio Rengifo Pezo. Exasesores como Walter Tello denunciaron que Vásquez les exigía entregar parte de sus sueldos mediante transferencias a cuentas de allegados bajo el pretexto de “préstamos” que nunca fueron devueltos.

Los comprobantes bancarios exhibidos por el programa vinculan las transferencias a Hugo Pinchi Vásquez y Elva Rengifo Pezo, ambos del entorno cercano de la parlamentaria. Según especialistas, estos hechos podrían configurar peculado y abuso de autoridad, delitos que implican el uso indebido de recursos públicos. La Comisión de Ética Parlamentaria evalúa abrir una investigación de oficio, mientras la Fiscalía analiza iniciar diligencias preliminares.

En redes sociales, la escena del asesor cortando las uñas de la congresista se viralizó y generó rechazo generalizado. Vásquez no ha pedido disculpas ni ha emitido pronunciamiento oficial. Su caso es uno más de otros escándalos por nepotismo y recorte de sueldos que mantienen al Congreso.

El presidente interino José Jerí llegó este domingo a la provincia de Pisco, en la región Ica, donde inició su jornada en el distrito de San Andrés, compartiendo un almuerzo con el alcalde provincial Pedro Fuentes Hernández, el congresista Raúl Doroteo Carbajo y otros burgomaestres distritales. La reunión se realizó en un restaurante que cerró una calle completa para el evento.

Entre los asistentes estuvieron los alcaldes de Paracas, Omar Bohórquez, y de Túpac Amaru Inca, quienes afirmaron que aprovecharon el encuentro para tratar temas de seguridad ciudadana y solicitar una posible declaratoria de emergencia provincial. Sin embargo, no se anunciaron medidas concretas ni compromisos presupuestales.

Tras el almuerzo, Jerí se dirigió a la plazuela Belén, donde participó en la tradicional procesión del Señor de la Agonía, una de las festividades religiosas más importantes del sur del país. Allí fue recibido con aplausos por los vecinos, aunque su presencia también despertó críticas por el evidente tono político de su recorrido.

Soy hijo de una pisqueña, dijo José Jerí

«Gracias por permitirme estar acá y cargar el anda. Como hijo de pisqueña, para mi es un honor estar acá con ustedes y compartir la devoción, nuestras creencias, más aún en momentos en que necesitamos que alguien nos guie y nos de la fortaleza para seguir adelante» manifestó.

Diversos ciudadanos y medios de la provincia cuestionaron que el mandatario llegara “con las manos vacías”, sin anuncios frente a la ola de asesinatos y extorsiones que afectan a Pisco. “Mientras los pisqueños vivimos preocupados por los crímenes, los alcaldes sonríen para la foto”, se lee en publicaciones locales.

El viaje tuvo además un matiz partidario. Jerí se dejó fotografiar con simpatizantes de Somos Perú, entre ellos Juan Mendoza “Juanito”, aspirante al Gobierno Regional de Ica, y Jesús Echegaray Nieto, posible candidato a la alcaldía de Pisco, quienes difundieron imágenes junto al presidente con mensajes de respaldo político.

La aparición del mandatario ocurre en medio de un intento por acercarse a la población con gestos simbólicos. Esta semana también fue objeto de críticas en redes sociales tras posar cargando la anda del Señor de los Milagros en Lima, acto que muchos calificaron como un gesto de “simpatía forzada” en medio del descontento por la inseguridad y la falta de resultados en su gobierno.

La última visita de un presidente a Pisco fue en 2015, cuando Ollanta Humala llegó para entregar obras de asfalto, fibra óptica y el aeropuerto. Diez años después, Jerí retorna sin anuncios concretos, pero con un claro mensaje de exposición pública y acercamiento político.

Anoche, Keiko Fujimori apareció en Ica para dirigir la clausura de su denominada Escuela Naranja, el programa con el que el fujimorismo busca formar nuevos cuadros políticos. En un evento cerrado al público, la lideresa de Fuerza Popular graduó a más de 150 participantes, entre militantes y simpatizantes del partido.

La cita se realizó apenas días después de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar el Caso Cócteles, proceso en el que se le acusaba de lavado de dinero por los aportes a sus campañas del 2011 y 2016. El fallo le permitió reactivar su presencia política sin responder preguntas de la prensa, que no fue admitida en el evento.

Entre los graduados destacó Emma Mejía, exalcaldesa de Ica, quien reaparece en la escena local tras su polémico perdón público a su esposo denunciado por agresión. También participó Carlos Zegarra Sánchez, asesor del Gobierno Regional, señalado como uno de los posibles candidatos de Fuerza Popular al Congreso en 2026.

La ceremonia, descrita como “formativa” por el entorno fujimorista, sirvió como vitrina de reclutamiento político en una región donde el apellido Fujimori mantiene fuerte arraigo. “Formación, liderazgo y compromiso” fueron las palabras más repetidas durante el acto, en el que también se evocó la figura de Alberto Fujimori, presente en discursos y consignas.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Varios usuarios calificaron el evento como una “lavada de cerebro naranja” y cuestionaron que se use la imagen del exmandatario para fortalecer el adoctrinamiento de nuevos simpatizantes.

La aparición de Keiko en Ica, sin cámaras ni entrevistas, marca su retorno al ruedo político. Lo hizo con la cautela de quien mide cada paso, pero con la confianza de saberse libre de su caso más pesado. El fujimorismo vuelve a moverse, y esta vez, lo hace bajo el lema de la “renovación naranja”.

Claro, adoptar perritos lo hace admirable a José Jerí, porque si lo sacan de la presidencia, nosotros seremos los malos, porque dejaríamos a los perritos sin Palacio de Gobierno.

Claramente, José Jerí ha tomado de facto la presidencia de la república con ganas de figurar políticamente, venderse como el mesías salvador de nuestra crisis, y vaya que lo está intentando. Pero lástima que es un actor, simple imitador del presidente Nayib Bukele. La gente está diciendo que no importa que se copie de Nayib, con tal que trabaje. Pero ¿De un tipo sin personalidad? claramente es una pantomima: todo está perramente mal calculado y armado para Jerí. ¿Adoptando perritos? ¿Cargando al Señor de Los Milagros?

Lamentablemente podría vaticinar su fracaso (funenme después si me equivoco), pero es claro que alguien que no tiene personalidad no tiene futuro. Un presidente no solo es quien se hace el bonito, sino quien realmente debe ser bueno. A estas alturas cualquier cojudo puede ser presidente. Ese cargo tan respetable, de alto nivel, máximo nivel del país, ya no vale nada. Es tan irrespetable este señor, que hasta yo me tomo la libertad de insultarlo.

Viene este payaso con su asesor de imagen a vendernos que es el mesías, armando videos de TikTok, armando las fotos, carajeando a los fotógrafos para que salga bien “el presidente acusado de violación”. El mismo que, como congresista, defendía leyes a favor de los criminales. Y ahora viene con el cuento de que le declara la guerra a los delincuentes.

Me voy a adelantar en decir que va a ser un fracaso este gobierno corto de Jerí, y será su sepultura política. Ya desde el 2011 o 2012 los presidentes han intentado declarar emergencia a Lima y Callao para luchar contra la delincuencia, incluso con militares limitados a mostrar sus pistolas para las fotos. Pero no ha dado resultado. Si algo no funciona, no funciona. ¿Por qué lo haría diferente un tipo sin personalidad? ¿Solo porque tiene el poder?

El presidente tiene el poder de hacer muchas cosas, incluso de pedir que le lleven un dinosaurio frente a Palacio. Eso no lo hace admirable, lo hace tonto. El punto es que debería haber alguien que le diga al presidente que, en realidad, no es presidente.

Para ser presidente, tienes que ser elegido como presidente, por una mayoría, incluso mínima, por la ciudadanía. El pueblo elige al presidente, aunque nos pongan en bandeja a desgraciados. Es respetable ver a un presidente por la calle y saludarlo porque ganó una elección con mérito. Pero no podría saludar a un NN con indicios de cojudo que, por suerte, le cayó el cargo de presidente en las manos.

Por último, el tipo ni siquiera ha sido elegido ni como congresista. Fue accesitario de Martín Vizcarra. Sacaron a Vizcarra y entró él, de la nada. Jamás pensó en ser congresista, ni en sueños. Luego lo convirtieron en presidente del Congreso, y ahora, presidente de facto. O sea, un imbécil cualquiera con mucha suerte.

Entonces, por favor, alguien dígale a Jerí que no es presidente. Al entrar al poder, su gobierno debió limitarse inteligentemente a consolidar la transición y defender a capa y espada el proceso electoral que se dará en abril de 2026. Falta poco. O en caso quisiera caer bien; buscar derogar las leyes pro crimen que él mismo apoyó. Su gobierno casual tenía esa tarea.

Pero no, el tipo empezó su gestión como si hubiera sido elegido en una elección. No es lo mismo ser presidente interino que presidente electo constitucionalmente. El sujeto quiere solucionar los problemas del país sin experiencia, sin garantías, sin respaldo social, sin voto de confianza a su gabinete.

Su supuesta intención no está mal. Quizá, si ganara una elección, sería distinto. Pero recuérdenle al presunto violín que no es presidente.

El expresidente Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, afirmó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que anuló el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, respalda los argumentos que su defensa ha sostenido desde hace casi dos décadas. Desde el penal de Barbadillo, donde cumple su condena, señaló que esta resolución “confirma que los aportes de campaña no constituyen delito” y que el mismo razonamiento debería aplicarse a su caso.

Humala fue sentenciado por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. El Ministerio Público lo acusó de liderar una organización que canalizó aportes irregulares a través de intermediarios y cuentas partidarias. Sin embargo, el exmandatario sostiene que la Fiscalía construyó un caso “sin pruebas directas” y que se le aplicaron normas creadas después de los hechos, del mismo modo que ocurrió con Fujimori.

“Hoy el TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años: un presunto aporte de campaña no es delito. Vamos a pelear por nuestra libertad”, escribió en su cuenta de X. En otro mensaje, cuestionó al sistema judicial por mantenerlo encarcelado mientras se archiva el proceso de Fuerza Popular. “No hay voluntad de hacer justicia con nosotros. Lo contrario solo demostraría ensañamiento”, publicó.

La sentencia contra Humala se emitió en 2022 y fue ratificada en segunda instancia. Además de la pena de 15 años, el tribunal ordenó el decomiso de bienes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Su esposa, Nadine Heredia, fue condenada en el mismo expediente, aunque no cumple prisión en el país: obtuvo asilo político en Brasil, donde reside junto a su hijo menor.

Caso Ollanta Humala, similitudes con Keiko Fujimori

El caso de Humala comparte varios puntos con el proceso de Keiko Fujimori: ambos fueron investigados por presunto lavado de activos a partir de aportes de campaña anteriores a 2016, cuando el delito de “receptación patrimonial” aún no existía en el Código Penal. El TC determinó que aplicar retroactivamente esa figura vulnera el principio de legalidad, anulando todas las resoluciones y actuaciones fiscales. Este precedente podría abrir la puerta a revisiones similares.

Los abogados del exmandatario evalúan presentar un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, invocando el mismo criterio que permitió el archivo del caso Cócteles. Si prospera, Humala podría solicitar la nulidad total de su condena. Por ahora, su defensa se centra en demostrar que la acusación carece de sustento jurídico y que el proceso penal fue utilizado como una herramienta política para desacreditarlo desde su salida del poder.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó archivar de manera definitiva la investigación conocida como caso Cócteles, que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros implicados por presunto lavado de activos en la financiación de sus campañas políticas de 2011 y 2016.

La decisión, adoptada por mayoría de cinco magistrados del TC, declara fundado el hábeas corpus presentado por la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, quien había solicitado anular las investigaciones fiscales y judiciales que se mantenían abiertas desde 2017.

En su resolución, el Tribunal declara nulas y sin efecto las resoluciones emitidas por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en 2022, que habían rechazado los pedidos de excepción de naturaleza de acción por los delitos de lavado de activos y organización criminal. Asimismo, dispone dejar sin efecto todos los actos procesales derivados del caso, incluyendo la acusación fiscal presentada el 2 de julio de 2025.

El Tribunal Constitucional ha declarado fundado nuestro habeas corpus en favor de Keiko Fujimori. Se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito, vulnerando el principio de legalidad. La justicia constitucional nos dio la razón pic.twitter.com/DbPpVcWY6H

— Giulliana Loza (@GiullianaLoza) October 20, 2025

El documento oficial del TC también ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolver “dentro del más breve término” la situación jurídica de Keiko Fujimori, teniendo en cuenta los fundamentos señalados en la sentencia.

La defensa legal de la lideresa fujimorista había planteado el hábeas corpus en febrero de 2024, alegando que los hechos atribuidos a su patrocinada no constituían delito en el momento en que ocurrieron, y que la figura del lavado de activos fue incorporada con posterioridad en la legislación peruana.

“El Tribunal Constitucional ha declarado fundado nuestro habeas corpus en favor de Keiko Fujimori. Se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito, vulnerando el principio de legalidad. La justicia constitucional nos dio la razón» señaló Giulliana Loza tras conocerse la resolución.

Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución anula toda la investigación fiscal que dirigía el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, y que involucraba a Fujimori y a varios exdirigentes de Fuerza Popular por presunta captación irregular de fondos para sus campañas.

El fallo del TC marca un nuevo giro en el largo proceso judicial de la lideresa de Fuerza Popular, y deja sin efecto una de las investigaciones más emblemáticas del caso Lava Jato en el Perú.

Si aún no lo ve en su feed, es probable que pronto lo haga. Carlos Espá se está convirtiendo en el favorito del algoritmo rápido de TikTok, que parece haber encontrado en su rostro y discurso una fórmula para la viralidad. De pronto, este abogado y exconductor de televisión está en todas partes, ofreciendo una imagen de orden y seriedad muy distinta a la gritería política usual. Es el «candidato bonito» que promete una derecha civilizada, decir la derecha NO bruta y NO achorada. Es esa derecha que sí baja un rato al pueblo de manera genuina.

Alfonso Carlos Espá Garcés-Alvear tiene credenciales de sobra. Además de su reconocida trayectoria como conductor de Cuarto Poder hace más de 20 años, Espá exhibe estudios en el extranjero, incluyendo una maestría en Ciencias Políticas en American University y formación en la Universidad Católica. Este perfil altamente calificado, aunque demuestra su preparación, es la primera señal de que viene de una vida acomodada, algo que la gente ya percibe y que será un arma de doble filo en la campaña.

Fundó su propio partido «Sí Creo» a la velocidad de la luz en 2024. Su mensaje es claro: acabar con la burocracia corrupta, darle mal trato a los delincuentes con cárceles de máxima seguridad y abrirle la puerta a la inversión. Pero es aquí donde su defensa del empresariado levanta las primeras alertas. La frecuencia con la que los medios de la derecha lo entrevistan para hablar de estos temas no ha pasado desapercibida. A su vez los «viejitos conservadores opinólogos» han empezado a delatar su postura diciendo que es un «Excelente candadito». Como era de esperarse, el efecto inmediato es que las redes sociales ya lo han etiquetado.

Esta exposición ha generado la etiqueta conspiranoica de que es «el candidato de BlackRock». Para el ciudadano, esta es la manifestación de que Espá es la ficha de los grandes poderes económicos. BlackRock, la gestora de inversiones más grande del planeta, simboliza el capital global más agresivo. Para el peruano, que un político prometa limpiar el camino para que fondos como este ingresen sin fricciones, confirma que él es la póliza de seguro del empresariado ante el populismo o la izquierda. Había un tiempo en que Fernando Cillóniz ocupaba exactamente ese espacio.

Ahora, si de imagen hablamos, Espá ya tiene un problema de ADN político. La gente ya lo percibe como alguien de élite, y eso es un riesgo constante. Existe una delicadísima línea que los candidatos «serios» no pueden cruzar, y una estupidez simbólica puede arruinar su carrera. Por ejemplo, su comentario que dice: «Hago un esfuerzo cada vez que puedo subirme a los mototaxis» es un error fatal. Esto lo puede condenar, sino pregúntele a Alfredo Barnechea, pobre rechazó un chicharrón en el mercado y hoy se comería 20 platos para conseguir el perdón social. La frase a Espá lo podría alejar para siempre del votante de a pie, demostrando que es un tecnócrata sin «calle». Así es, el elector peruano puede ser romántico y tóxico.

En la esfera política, la gran amenaza a su credibilidad no es un escándalo de corrupción personal, sino una foto: Fue captado en un desayuno con el Almirante Jorge Montoya, figura visible de Renovación Popular. Si bien la foto no es un delito, le juega seriamente en contra porque lo asocia al «pacto mafioso» que mantiene el statu quo actual del país. Porque ¿Qué haces desayunando con un ultraconservador anticuado como Montoya que terruquea a todos y que sería capaz de tomar un arma a salir a fusilar a todos?

Hablamos de Montoya del bloque de partidos que ha sostenido a Dina Boluarte, ha implementado la bicameralidad contra la voluntad de todos y ha puesto en la línea de sucesión presidencial a José Jerí (Presidente del Congreso). Si Espá no se desliga de manera inmediata y contundente de este tipo de reuniones, su candidatura será vista como un mero reciclaje de la derecha tradicional. La foto existe, y si no la explica, el electorado asumirá que es un peón más del pacto: Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, entre otros.

La lección para el votante es clara: hay que mirarlo con desconfianza. La ciudadanía debe ir más allá de su buena pinta y su buen hablar. La pregunta que debe hacerse en cada una de sus apariciones no es sobre sus propuestas, sino sobre su integridad: ¿A qué intereses sirve Carlos Espá? Su silencio sobre el Almirante Montoya y la etiqueta conspiranoica de BlackRock son las respuestas que lo definen.

El Congreso evalúa un proyecto de ley que permitiría deducir del impuesto a la renta los pagos realizados a extorsionadores. La iniciativa fue presentada por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Somos Perú, el mismo partido del presidente José Jerí.

El texto plantea modificar el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta para que las víctimas puedan declarar los pagos de cupos como “pérdidas extraordinarias”. En la práctica, una empresa o persona podría informar a la SUNAT que pagó una extorsión y usar esa pérdida para pagar menos impuestos.

El proyecto exige una declaración jurada con huella digital, firma legalizada y medios probatorios, pero no explica cómo se comprobará que el delito ocurrió ni qué entidad verificará la información. Según la propuesta, la SUNAT podrá fiscalizar los casos y denunciar si detecta datos falsos.

Cordero Jon Tay justifica su propuesta señalando que busca “garantizar la transparencia” y evitar que las víctimas tributen sobre utilidades que no existen. Sin embargo, abogados y economistas advierten que el Estado estaría reconociendo el pago a delincuentes como un gasto legítimo y que la medida abriría espacio para fraudes y lavado de dinero.

El economista Jorge González Izquierdo calificó la iniciativa como “una barbaridad fiscal que legitima la extorsión”. Dijo que, de aprobarse, los empresarios podrían preferir deducir el pago antes que denunciar el delito, debilitando la lucha contra el crimen organizado.

Aunque el proyecto aún no se debate en comisión, ya ha provocado rechazo público. Especialistas y organizaciones advierten que normalizar el pago de cupos solo profundizaría la crisis de seguridad y la desconfianza en las instituciones.

En su primera aparición pública con tono de campaña presidencial, Rafael López Aliaga llegó a Ica para presentar los ejes de su propuesta de gobierno y rendir homenaje al joven Eduardo Ruiz Sáenz, fallecido durante las recientes protestas en Lima.

El líder de Renovación Popular inició su discurso pidiendo un minuto de silencio y calificó el hecho como “una tragedia que evidencia la falta de transparencia del actual gobierno”.

Durante su intervención, pidió la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y del comandante general de la Policía, al señalar que “no puede ser que una persona de inteligencia no se entere de lo que pasa en seis horas”. López Aliaga sostuvo que “se debe decir la verdad siempre, aunque duela, porque solo así se podrá reformar la Policía”.

“Ica será prioridad nacional”, promete obras y represas

El alcalde de Lima con licencia aprovechó el acto partidario para anunciar oficialmente su precandidatura presidencial, adelantando que su eventual plan de gobierno tendría como primera medida la reducción del Estado. “Vamos a fusionar ministerios, recortar consultorías inútiles y usar ese dinero en seguridad ciudadana”, afirmó, asegurando que la ineficiencia burocrática es el principal obstáculo para ejecutar obras públicas.

En el plano económico, propuso redirigir los fondos que actualmente se destinan a Petroperú hacia la lucha contra la inseguridad. “Cada seis meses se pierden mil millones de dólares que deberían ir a proteger a los peruanos”, expresó. Añadió que pedirá al Congreso un presupuesto basado en resultados, con 50% de gasto corriente y 50% destinado a inversión.

En su discurso, López Aliaga enfatizó que Ica será “una prioridad nacional” dentro de su plan de infraestructura. Mencionó proyectos como las represas de Tiraksi, Villacurí y Los Loros, que, según dijo, “podrían construirse mediante obras por impuestos”. También reclamó que “Ica no puede seguir sin agua potable ni defensas ribereñas”, e insistió en que su partido cuenta con “un equipo técnico capaz de ejecutar esas obras en plazos cortos”.

Asimismo, el líder de Renovación Popular se refirió a la inseguridad en la región y criticó que “no haya un número telefónico al que las víctimas de extorsión o sicariato puedan llamar”. En esa línea, aseguró que pedirá cooperación internacional para fortalecer la inteligencia policial contra el crimen organizado y bandas extranjeras como el Tren de Aragua.

Entre sus anuncios, también adelantó la instalación de hospitales solidarios en las provincias de Ica, con convenios ya firmados, según dijo, para atender la crisis del sistema de salud. “El Minsa y Essalud son un desastre. Se compran equipos que se malogran a la semana porque hay mafias detrás. Vamos a romper ese sistema con gestión técnica”, señaló.

Finalmente, López Aliaga cerró su intervención con un mensaje político y personal: “He decidido continuar en la política por la falta de gente que pueda hacer las cosas bien. No cobro un sol, lo hago por vocación de servicio”, afirmó ante sus militantes, antes de despedirse con un “¡Viva Ica!” que marcó el inicio formal de su campaña electoral.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, inició su campaña presidencial en Ica con un minuto de silencio en memoria de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz de 32 años, conocido como “Truko”, el músico y rapero que murió durante las protestas registradas en Lima tras su renuncia a la alcaldía.

“Quiero pedir un minuto de silencio para Eduardo Ruiz Sáenz, asesinado en la ciudad de Lima por las fuerzas del orden”, expresó López Aliaga desde el estrado, acompañado por la excongresista Norma Yarrow y dirigentes regionales de su partido.

Luego del homenaje, el líder político exigió la renuncia inmediata del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. “A nombre del partido Renovación Popular, le pedimos la renuncia al ministro Tiburcio porque realmente no puede ser una persona de inteligencia que esté en la luna. No puede tener seis horas o más sin enterarse de la verdad. El general Arriola también debería poner su cargo a disposición, porque lo primero acá es la transparencia para todos”, declaró.

López Aliaga cuestionó que la propia Policía Nacional haya ocultado la identidad del agente responsable del disparo. “Gracias a las cámaras de la Municipalidad de Lima hemos sabido la verdad. Yo estuve preguntando quién fue la persona que disparó. Si era un terna, hay que decir la verdad siempre, no ocultarla. No se puede ocultar la verdad porque eso lleva a la reforma de la Policía. Pero ¿cómo vas a reformar la Policía si la misma Policía no se entera de qué pasa adentro? Eso no es normal”, afirmó.

El exalcalde de Lima calificó el hecho como “una tragedia que no debió ocurrir”. “No era necesario disparar a nadie. Eran once y pico de la noche, ya no había mayor incidente. Mi condolencia para la familia de este muchacho de treinta y un años que no tenía por qué morir”, señaló, antes de continuar con la presentación de su plan de gobierno.

“Estamos empezando mal. Esto es un crimen de Estado. Aquí no se trata de encubrir a nadie, sino de decir la verdad y asumir responsabilidades”, remarcó López Aliaga, quien anunció que su propuesta presidencial priorizará la seguridad ciudadana, la reducción del Estado y la inversión en obras públicas.

El Congreso dio ayer su primer paso para aprobar la creación del Banco Nacional de Perfiles Genéticos, una base de datos que estará bajo control de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida fue aprobada en la Comisión de Constitución, dominada por el fujimorismo, con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

Según el dictamen, la Policía podrá tomar y conservar muestras de ADN de toda persona involucrada en una investigación penal, sin distinguir entre sospechosos, testigos o víctimas.

El proyecto, impulsado por el congresista Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) y respaldado por Juan Carlos Lizarzaburu (APP), se presenta como una herramienta moderna para combatir la criminalidad.

Sin embargo, el texto aprobado otorga a la Policía el manejo total de la información genética, sin límites ni mecanismos claros de fiscalización civil o judicial. La norma además excluye expresamente al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal, las únicas entidades con experiencia forense en el país.

Desde el Congreso, la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) alertó que la propuesta abre la puerta a un registro masivo y arbitrario de ADN de ciudadanos peruanos. “Este dictamen entrega información genética sin garantías de protección de datos ni control institucional. Es un riesgo enorme para los derechos fundamentales”, advirtió.

Banco de ADN en manos del gobierno: abusos y riesgo de exposición

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en privacidad genética ya han señalado que, sin controles, una base de ADN bajo dominio policial puede derivar en abusos, filtraciones o vigilancia política. Experiencias internacionales respaldan esta preocupación: en el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a borrar millones de perfiles genéticos que se almacenaban indefinidamente, incluso de personas absueltas.

En países como China e India, donde bancos genéticos similares no cuentan con supervisión civil, la información ha sido usada para fines políticos y control poblacional, según informes de la ONU y Amnistía Internacional. En el caso peruano, el riesgo es mayor, considerando las constantes filtraciones de datos policiales: apenas esta semana, un grupo de hackers accedió a bases de la Dirandro, exponiendo información de agentes, operativos y carpetas reservadas.

Pese a las advertencias, el dictamen avanza hacia el Pleno del Congreso. Si se aprueba sin modificaciones, la Policía Nacional concentrará una de las bases genéticas más sensibles del país, sin contrapesos institucionales ni garantías de protección. La excusa es la lucha contra el crimen; el riesgo, entregar el ADN de todos los peruanos a un sistema sin control.

El presidente José Jerí Oré ya se encuentra bajo una moción de censura en su contra tras la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, ocurrida durante las protestas de ayer 15 de octubre en Lima. El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) promueve el pedido junto a otros parlamentarios para retirar del cargo al mandatario y a toda la Mesa Directiva del Congreso.

El documento, presentado hoy 16 de octubre, señala que la actual dirección del Parlamento representa “un riesgo para la estabilidad democrática del país” y cuestiona el incumplimiento del compromiso de Fuerza Popular de no presidir el Congreso. También se mencionan las investigaciones fiscales contra Waldemar Cerrón e Ilich López, integrantes de la Mesa Directiva, como motivos para su destitución.

Según el texto, la censura busca conformar una nueva Mesa Directiva con “calidades morales, éticas y democráticas” para conducir el proceso político en curso y garantizar elecciones generales limpias en 2026. De aprobarse, Jerí perdería tanto la presidencia del Congreso como la Presidencia de la República, que asumió por sucesión constitucional.

Jerí llegó al Congreso la mañana de este jueves. Ingresó sin declaraciones y participó en la sesión del Pleno mientras se discutía la moción. Afuera, manifestantes exigían justicia por la muerte de Ruiz y responsabilizaban al Gobierno por el uso de la fuerza durante las protestas.

Un informe de la División de Investigación de Homicidios (DININCRI) confirmó que Ruiz murió por impacto de proyectil de arma de fuego. El joven, de 32 años, fue herido durante la movilización en el Centro de Lima y trasladado al Hospital Loayza, donde llegó sin signos vitales.

Hasta el cierre de esta nota, más de 30 congresistas habían firmado la moción. Se necesitan 66 votos para su aprobación en el Pleno.

José Jerí juramentó este martes a Ernesto Álvarez Miranda como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno que puso fin a varios días de expectativa.

La demora en conformar el gabinete ministerial había generado críticas y bloqueos al inicio del mandato. Durante este periodo, ningún decreto de peso pudo entrar en vigencia debido a que, conforme al artículo 120 de la Constitución, toda decisión presidencial requiere refrendo ministerial.

El gabinete anunciado hasta el momento está conformado por Álvarez como primer ministro, mientras que las carteras más visibles ya asignadas son: César Díaz Peche al Ministerio de Defensa, Denisse Miralles al MEF y Vicente Tiburcio al Ministerio del Interior. A ellos se suman otros nombres como Walter Martínez Laura en Justicia, Hugo de Zela en Relaciones Exteriores, Jorge Figueroa Guzmán en Educación y Luis Quiroz Avilés en Salud.

Álvarez es abogado y constitucionalista, con historial como magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, además de asumir cargo académico como decano en la USMP. Al aceptar su rol, solicitó licencia al PPC, partido al que estaba afiliado. El presidente Jerí ha enfatizado que su gabinete no incluirá a congresistas ni ministros del gobierno anterior, y que priorizará experiencia técnica y capacidad de diálogo.

Nuevos ministros de José Jerí con Ernesto Álvarez como premier

Esta es la lista completa de los ministros que conforman el gabinete ministerial del gobierno de transición de José Jerí:

1. Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): Ernesto Álvarez Miranda
2. Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI): Vladimir Cuno Salcedo
3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Teresa Mera Gómez
4. Ministerio de Defensa (MINDEF): César Díaz Peche
5. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Denisse Miralles
6. Ministerio de Educación (MINEDU): Jorge Figueroa Guzmán
7. Ministerio de Energía y Minas (MINEM): Luis Enrique Bravo de la Cruz
8. Ministerio del Interior (MININTER): Vicente Tiburcio
9. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS): Walter Martínez Laura
10. Ministerio de la Producción (PRODUCE): César Quispe Luján
11. Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE): Hugo de Zela
12. Ministerio de Salud (MINSA): Luis Quiroz Avilés
13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE): Oscar Fernández Cáceres
14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Aldo Pietro Barrera
15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS): Wilder Sifuentes Quilcate
16. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Sandra Gutiérrez Cuba
17. Ministerio del Ambiente (MINAM): Miguel Ángel Espichán
18. Ministerio de Cultura (MINCUL): Alfredo Luna Briceño
19. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS): Lesly Shica Seguil

¿Quién es Ernesto Ávarez, el nuevo premier del gobierno de Jerí?

Ernesto Álvarez Miranda, abogado constitucionalista y ex presidente del Tribunal Constitucional, fue juramentado como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José Jerí. Con 64 años, Álvarez asume el cargo en medio de un contexto político tenso y con la promesa de encaminar una transición ordenada hacia las próximas elecciones generales. Su designación llega tras varios intentos fallidos del mandatario por completar el gabinete, y marca el regreso a la primera línea de una figura con larga trayectoria jurídica y vínculos políticos de amplio espectro.

Afiliado al Partido Popular Cristiano (PPC) desde 1984 —aunque actualmente con licencia—, Álvarez ha tenido acercamientos con agrupaciones como Fuerza Popular y el APRA, donde participó en el plan de gobierno de Alan García en 2016. Además, fue presidente del Tribunal Constitucional entre 2012 y 2013, y actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, donde dicta cursos de Derecho Constitucional. Su historial no ha estado exento de controversias: registra denuncias por presuntos delitos que fueron archivados, y ha sido señalado por sectores críticos debido a su cercanía con el fujimorismo. Desde su juramentación, ha señalado que su prioridad será garantizar la estabilidad institucional y el respeto al marco democrático durante el breve mandato de transición.

Cuando un mal hombre, mal marido, golpea a su pareja, ella por fin decide dejarlo y denunciarlo. Él dice arrepentirse, promete que no volverá a tocarla y que va a cambiar. Comienza a hacerle cosas bonitas, regalos, detalles. Pero ojo: el cucu sigue en casa, no va a cambiar. Va a volver a suceder y eso mismo está pasando ahora en la política.

A diferencia de elecciones anteriores, este proceso se da después de que el Poder Ejecutivo del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso hayan intentado meter la mano, hasta donde pudieron, en el sistema electoral. El objetivo del bloque de derecha —que agrupa a los sectores tradicionales del poder desde que Keiko Fujimori volvió a perder en 2021— fue claro: tomar el control del Jurado Nacional de Elecciones, del Tribunal Constitucional y de todo organismo clave. La estrategia era simple: cambiar las reglas del juego a su favor para ganar las elecciones, así tuvieran que enfrentar e a un panetón Tottus. Y vaya que han avanzado mucho.

El Congreso, con todo su poder y el pacto diabólico con la vacada Dina Boluarte, logró aprobar la reelección de congresistas con carta libre a hacer campaña usado los recursos del estado sin ser obligados a renunciar, esto para el nuevo Parlamento bicameral. Antes no se podía. Ahora sí. Y desde que esa reforma entró en vigencia, el Congreso se ha lanzado a una campaña abierta, buscando ganarse a la gente con leyes populares y anuncios diseñados para el aplauso fácil.

Un ejemplo de muchas, solo una, es la creación de más de 20 universidades públicas a nivel nacional. La Oficina de Comunicaciones del Congreso trabaja día y noche en modo proselitista, vendiendo la idea de que “el Congreso está del lado del pueblo”. La semana pasada mientras se debatía la cabeza de Dina, cada corte comercial del canal del Congreso era proselitismo.

Pero eso no fue todo. Otra parte del plan era romper el pacto con Dina Boluarte, y vaya que el costo fue alto: su cabeza. Porque, claro, ¿Cómo iba a servirles, en plena campaña, una presidenta con apenas 3 % de aprobación? una presidenta odiada, repudiada, asesina. Había que sacrificarla. Y así fue: Dina ya no es presidenta, la vacaron justo cuando arranca con fuerza la campaña electoral. Los viejos dicen que en política, nada es casualidad.

Si el atentado contra Agua Marina no fue planificado, fue algo que da miedo. El Congreso se ha adueñado del poder y aprovechará todo lo que ocurra en el país para capitalizarlo políticamente.
Desde hoy, cualquier acto, tragedia, suceso o evento que pase en el Perú tendrá al Congreso presente, anunciando logros, apoyo moral, “reconciliación” y unión nacional. El enamoramiento ha empezado. El engatusamiento.

El plan era claro: sacar a Dina Boluarte y encima poner a un congresista como presidente del Perú. Ese papel ahora lo cumple José Jerí, pieza clave del nuevo episodio del plan maquiavélico. De hecho, Jerí acaba de anunciar lo que llama un “Gabinete de la Reconciliación”. Vaya, vaya. Calza perfecto para el relato: ya sacamos al “monstruo” de Dina Boluarte, tenemos nuevo presidente, y ahora —dicen— es momento de abrazarnos, unirnos y trabajar por el pueblo.

Todo suena bonito, pero recordemos: el marido golpeador siempre vuelve. Desde hoy, todo vale. Todo suma. Te van a enamorar, te van a convencer. Avisados.

La Fiscalía Anticorrupción advirtió que la expresidenta Dina Boluarte Zegarra podría fugar a Estados Unidos, donde actualmente vive su hijo David Gómez Boluarte, diplomático asignado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El fiscal provincial Ángel Astocóndor sustentó este argumento en el requerimiento de 36 meses de impedimento de salida del país presentado ante el Poder Judicial por el presunto delito de lavado de activos.

El documento fiscal sostiene que la exmandataria mantiene vínculos familiares y económicos que facilitarían una eventual huida. Se precisa que Gómez Boluarte fue designado Tercer Secretario del Servicio Diplomático del Perú mediante una resolución emitida el 27 de noviembre de 2024, durante el gobierno de su madre. Esa cercanía —indica la Fiscalía— “facilitaría una posible fuga al país de Estados Unidos de América”.

Además, el fiscal Astocóndor advierte que Boluarte cuenta con recursos suficientes para evadir a la justicia. Según el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, del 4 de julio de 2025, la entonces presidenta percibía un sueldo de S/ 35,568 mensuales, y tras su vacancia puede acceder a una pensión equivalente a la de un congresista, conforme a la Ley N.º 26519.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también reportó depósitos sospechosos en sus cuentas. Entre abril de 2016 y agosto de 2022, Boluarte registró 665 depósitos en efectivo por un total de S/ 1 millón 97 mil y USD 2,200, según el Reporte UIF N.º 00008-2024. Para la Fiscalía, esta información evidencia capacidad económica suficiente para costear una fuga y eludir la investigación.

El requerimiento fiscal también menciona la falta de arraigo laboral de la exmandataria, tras haber sido vacada por el Congreso la madrugada del 10 de octubre de 2025. “Al no tener obligaciones laborales en el país, se podría propiciar una posible fuga”, señala el escrito.

Boluarte enfrenta una investigación por presunto lavado de activos a raíz de los depósitos en una cuenta mancomunada que habría sido usada para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que no asistirá a la audiencia del 15 de octubre, donde se evaluará el pedido de impedimento de salida.

Portugal calificó la vacancia como “arbitraria e irrazonable”, asegurando que el Congreso notificó a su clienta con apenas 40 minutos de anticipación antes de la votación. “No nos preocupa el pedido de impedimento. Es una medida habitual tras la destitución de un presidente”, declaró el letrado, quien comparó el caso con los de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski.

Si el Poder Judicial acoge el pedido fiscal, Dina Boluarte no podrá salir del país durante tres años, mientras continúan las investigaciones sobre el presunto origen ilícito de sus fondos y los posibles vínculos con aportes irregulares durante su gestión.

La Fiscalía de la Nación presentó esta madrugada dos pedidos de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, horas después de que el Congreso aprobara su vacancia por incapacidad moral permanente.

El primero, formulado por el fiscal Ángel Astocóndor, del equipo especial de lavado de activos, solicita 36 meses de restricción en el marco del caso Los Dinámicos del Centro. El segundo, presentado por la Fiscalía de la Nación, pide 18 meses adicionales por el presunto delito de negociación incompatible, relacionado con designaciones irregulares en EsSalud y pagos de beneficios a allegados de un médico que le practicó cirugías estéticas.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó anoche en declaraciones a Latina que “en el curso de la amanecida se presentará el requerimiento”, subrayando que los procesos fiscales “seguirán su curso” ahora que Boluarte perdió su inmunidad.

La medida, de ser admitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, impediría que la expresidenta abandone el país mientras avanzan las investigaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito.

? #LoÚltimo | Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para Dina Ercilia Boluarte Zegarra por 18 y 36 meses, en investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos, en agravio del Estado. pic.twitter.com/8vaAlsgrZ5

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2025

Una madrugada de incertidumbre

Alrededor de la 1:00 a.m. de este viernes 10 de octubre, Dina Boluarte fue vista saliendo de Palacio de Gobierno por última vez. Desde entonces, no se ha confirmado su ubicación exacta.

Medios y reporteros permanecen apostados frente a su vivienda en Surquillo, pero ninguna cámara registró su llegada. Pese a ello, su abogado Juan Carlos Portugal aseguró que la exmandataria “no ha huido ni pedido asilo”, y que permanece en su domicilio.

“Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, afirmó Portugal a través de la red X, intentando calmar la ola de versiones sobre una posible fuga o pedido de asilo político.

El abogado también pidió “terminar con el delirio” mediático y apeló a un “periodismo veraz y responsable”, mientras en redes sociales crecían las teorías sobre un posible intento de refugio en embajadas extranjeras.

Siete investigaciones y un futuro judicial abierto

Tras su destitución, Boluarte pierde toda inmunidad presidencial y deberá enfrentar al menos siete procesos abiertos en el Ministerio Público. Entre ellos figuran los casos Rolex, El Cofre y las muertes durante las protestas de 2022 y 2023.

Otros expedientes en curso la vinculan con abuso de autoridad, encubrimiento, enriquecimiento ilícito y presunta colusión por contratos irregulares durante su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Con la caída de su gobierno, la exmandataria más impopular del Perú —con 93% de desaprobación— pasa de Palacio a los tribunales, mientras la Fiscalía acelera los casos que quedaron suspendidos por decisiones del Tribunal Constitucional.

Contexto político

La salida de Boluarte cierra un ciclo de dos años y diez meses marcado por la represión, la ruptura con sus aliados y una gestión debilitada por las denuncias y la soledad política. Su vacancia fue aprobada con 124 votos a favor, un consenso inédito entre bancadas que hasta hace poco la sostenían en el poder.

Mientras tanto, José Jerí asumió la presidencia interina, prometiendo “reconstruir la confianza” y convocar a un nuevo gabinete “de emergencia nacional”.

En una jornada histórica y tensa, el Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte Zegarra con 124 votos a favor, por su “incapacidad moral permanente” para enfrentar el avance del crimen organizado en el país. La decisión, tomada pasada la medianoche del jueves 10 de octubre, pone fin a un gobierno de dos años y diez meses iniciado el 7 de diciembre de 2022.

El pleno del Congreso debatió hasta altas horas de la noche cuatro mociones de destitución impulsadas por diversas bancadas que acusaron a Boluarte de haber sido incapaz de frenar la ola de sicariato, extorsiones y violencia criminal que golpea a regiones del norte y sur del país. La presidenta fue convocada a ejercer su defensa ante el Parlamento, pero no acudió ni envió representante.

El proceso fue promovido por bloques que hasta hace pocos meses respaldaban su permanencia, entre ellos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú. La votación superó ampliamente los 87 votos requeridos por ley, marcando un quiebre definitivo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas que sostenían al régimen.

En el texto de la moción se argumenta que Boluarte no adoptó medidas eficaces ni políticas públicas claras para frenar la criminalidad, lo que habría configurado una conducta “omisiva” y “desaprobada por la población”. “La situación de extorsión, sicariato y criminalidad ha alcanzado niveles alarmantes”, señala el documento aprobado en el hemiciclo.

Según el portal Ojo Público, de las siete mociones de vacancia presentadas entre enero de 2023 y abril de 2024, las principales bancadas conservadoras habían votado en contra o se abstuvieron, incluso frente a las investigaciones fiscales por los casos Rolex, cirugías estéticas y las muertes en protestas. Esta vez, sin embargo, la correlación política cambió por completo.

Con esta decisión, el Parlamento abre una nueva etapa de transición política. El titular del Congreso, José Jerí, asumirá interinamente la Presidencia de la República conforme al artículo 115 de la Constitución, mientras se define el cronograma para la sucesión y eventual convocatoria a elecciones generales anticipadas.

La moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte ya cuenta con 36 firmas, tres más del mínimo requerido para ser presentada ante la Mesa de Partes del Congreso. El documento fue impulsado por legisladores de Juntos por el Perú, Bancada Socialista, Podemos Perú, Avanza País y el Bloque Democrático, quienes acusan a la mandataria de “incapacidad moral permanente”.

El parlamentario Elías Varas confirmó que el texto será ingresado oficialmente en las próximas horas. “Hay los suficientes votos para abrir el debate y discutir la destitución”, afirmó. El nuevo impulso político llega tras el atentado armado contra los integrantes de la orquesta Agua Marina, hecho que detonó reclamos nacionales contra la gestión de Boluarte por su respuesta ante la inseguridad.

Fuerza Popular cambia su postura y respalda la vacancia

En un viraje político, Fuerza Popular anunció que votará a favor de la destitución. En un comunicado, la bancada fujimorista afirmó que “el país vive una crisis de inseguridad y falta de liderazgo” y que la vacancia “es necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza”. El vocero César Revilla aseguró que su bancada no buscará presidir el Congreso ni ningún gobierno de transición.

Horas antes, los fujimoristas solo habían planteado interpelar al ministro del Interior. Sin embargo, tras el pronunciamiento, su adhesión inclina la balanza en el Parlamento y acelera el trámite de la moción, que ahora entra en cuenta regresiva.

Renovación Popular y otras bancadas se suman

La bancada de Renovación Popular también confirmó que presentará su propia moción, calificando a Boluarte como una “mujer incapaz” que “no tiene ganas de gobernar”. Su vocera Norma Yarrow argumentó que la crisis de inseguridad ha superado al Ejecutivo. El congresista Diego Bazán criticó la recomendación presidencial de no responder llamadas de extorsión: “Si no contestas, te matan”.

Desde la oposición más moderada, Susel Paredes anunció que firmará toda moción de vacancia que se presente, aunque cuestionó el interés electoral de algunos grupos. Recordó que su pedido original de abril no prosperó por falta de firmas.

El escenario en el Congreso favorece la vacancia

Según el análisis del periodista Martín Hidalgo, la actual correlación de fuerzas en el Parlamento deja a la presidenta en una posición frágil. El cálculo preliminar estima 98 votos posibles a favor de la destitución, cifra que supera ampliamente los 87 necesarios para que la vacancia sea aprobada.

Los 77 votos declarados provienen de Fuerza Popular (21), Podemos Perú (13), Juntos por el Perú (11), Perú Libre (11), Renovación Popular (11), Bancada Socialista (5) y Bloque Democrático (5). A ellos se sumarían 21 votos adicionales proyectados de grupos como Acción Popular (10), Avanza País (6) y congresistas no agrupados. De confirmarse estos apoyos, la moción sería admitida con holgura (52 votos requeridos) y aprobada en el Pleno.

Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte ha evitado referirse al tema. Durante una ceremonia en Lima, habló sobre proyectos viales y educación, pero no mencionó el atentado a Agua Marina ni la crisis política. Ratificó que permanecerá en el cargo hasta el 28 de julio de 2026, pese al creciente consenso parlamentario que empuja su salida.

La bancada de Renovación Popular anunció este jueves la presentación de una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, a raíz del atentado armado ocurrido durante un concierto de Agua Marina en Lima. Los congresistas Norma Yarrow y Diego Bazán responsabilizaron directamente al Ejecutivo por el desborde de la delincuencia y la creciente sensación de inseguridad que afecta al país.

En su intervención ante el Pleno, Yarrow sostuvo que los peruanos “viven en pánico permanente” y calificó a Boluarte como una “mujer incapaz que no tiene ganas de gobernar”. La legisladora agregó que la situación ya es “insostenible” y que la ciudadanía necesita “un liderazgo real que priorice la vida y la seguridad”. La congresista aseguró que su bancada busca reunir los 87 votos necesarios para destituir a la mandataria.

📌Tenemos una presidenta incapaz moralmente de gobernar.
Renovación Popular presentará hoy la MOCIÓN DE VACANCIA.
Esperamos los 87 votos de congresistas que representen a TODOS LOS PERUANOS que hoy viven con miedo:
transportistas extorsionados, empresarios, artistas y… pic.twitter.com/IMgWhdc81k

— Norma Yarrow (@NormaYarrowL) October 9, 2025

Por su parte, Diego Bazán afirmó que el Gobierno ha perdido toda legitimidad. “Hoy empezaremos a recolectar las 33 firmas para presentar la moción. Todos en el Perú se sienten indefensos. Dina Boluarte debe venir al Parlamento, responder y dejar el cargo”, declaró. También criticó las recientes declaraciones de la presidenta, quien pidió “no contestar llamadas de extorsionadores”, calificándolas como una muestra de desconexión con la realidad del país.

Desde Renovación Popular anunciamos la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Su permanencia en el cargo, marcada por la indiferencia hacia las necesidades de la población y la falta de acción frente a la creciente crisis de criminalidad e…

— Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) October 9, 2025

Moción de vacancia se da tras atentado contra Agua Marina

El pedido de vacancia surge en medio de una ola de extorsiones y asesinatos, que ha dejado más de 80 conductores asesinados en lo que va del año. El atentado contra la agrupación Agua Marina, donde cuatro músicos resultaron heridos, fue el detonante político y social que terminó de fracturar el apoyo que Boluarte mantenía en sectores de la derecha parlamentaria.

Sin embargo, no todas las bancadas respaldan el pedido. Legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular han mostrado su rechazo a la iniciativa. El congresista Fernando Rospigliosi descartó apoyar la vacancia, mientras otros como Susel Paredes recordaron que ya habían advertido la crisis de gobernabilidad desde hace meses. “La oposición bamba ahora intenta desligarse de Boluarte porque piensa en las próximas elecciones”, cuestionó.

En respuesta, Yarrow defendió la decisión de su bancada: “La vacancia no puede usarse como show político. Hoy la planteamos por una razón clara: el país está sin rumbo y cada día mueren peruanos a manos de delincuentes”. Mientras tanto, desde el oficialismo no se ha emitido pronunciamiento sobre la nueva moción, aunque fuentes del Ejecutivo reconocen preocupación por el impacto político que podría tener tras el paro nacional convocado para el 15 de octubre.

La tesis doctoral con la que Patricia Benavides obtuvo su grado en la Universidad Alas Peruanas apareció tras años de ocultamiento. El portal La Encerrona accedió al documento y verificó que el texto presenta un plagio de más del 85%, según el sistema Turnitin. El trabajo fue revisado en 2023 por el exasesor Jaime Villanueva, quien ya había advertido coincidencias extremas.

El análisis revela copias literales de diversos autores. En el capítulo IV, siete páginas son tomadas del libro Derecho Procesal Penal, Tomo II del jurista Jorge Vázquez Rossi, y otras seis proceden de una tesis del abogado colombiano Sebastián Betancourt Restrepo. Las modificaciones son mínimas, limitadas a cambios de formato o puntuación.

En el capítulo V, el plagio es total. Benavides copió y pegó íntegramente el artículo “El nuevo Código Procesal Penal: la necesidad del cambio en el sistema procesal peruano”, de la abogada Giovanna Vélez Fernández, desde la introducción hasta las conclusiones. Son 29 páginas idénticas, sin una sola cita ni referencia.

El informe técnico que confirmó el plagio fue emitido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de su Vicerrectorado de Investigación, y firmado por José Segundo Niño Montero. Pese a ello, Benavides nunca reconoció el resultado ni presentó públicamente su tesis. Durante su gestión como fiscal de la Nación, evitó cualquier requerimiento sobre el documento.

La tesis fue determinante para su ascenso a fiscal suprema, según la fiscal adjunta Alejandra Cárdenas, quien indicó que ese trabajo le otorgó el puntaje decisivo en su nombramiento. Hoy el Ministerio Público investiga la validez del grado académico, mientras la Universidad Alas Peruanas asegura no hallar los archivos originales.

Con la tesis expuesta, el contenido confirma el plagio y desmonta años de silencio. Con esto también se demuestra el uso irregular de credenciales académicas dentro del sistema judicial y compromete la legitimidad de los ascensos obtenidos por Patricia Benavides.

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene una nueva denuncia en su contra, esta vez presentada por una de sus colegas dentro del propio Ministerio Público. La fiscal de Familia de Ica, Miluska Monzón Cárdenas, la acusa de acoso, abuso de poder y hostigamiento, hechos que —según sostiene— se habrían extendido durante más de dos décadas y tendrían un trasfondo personal.

De acuerdo con el documento presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Monzón afirma haber sido víctima de una persecución constante promovida por Espinoza, presuntamente motivada por su relación sentimental con Osmar Albújar De La Roca, exesposo de la hoy suspendida fiscal de la Nación.

“Las amenazas han sido verbales. En una ocasión me dijo que se encargaría de destruirme y de enviar a la cárcel a mi conviviente, aunque sea lo último que haga en su vida”, señala la denuncia.

Según la fiscal iqueña, las presiones no se limitaron al plano personal. Afirma que Espinoza habría utilizado su influencia dentro del sistema fiscal para frenar sus ascensos, interponer tachas reiteradas e impugnar resoluciones que la favorecían, con el objetivo de bloquear su carrera profesional.

La denuncia también involucra al entorno cercano de la magistrada. Monzón sostiene que Osmar Albújar, su actual pareja, enfrenta un proceso disciplinario “acelerado de manera irregular” bajo la conducción del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, a quien vincula con Espinoza. En menos de un año, Albújar fue separado de su cargo y actualmente afronta un pedido de destitución ante la JNJ.

“Durante años soporté en silencio esta situación por temor y por mis hijos, pero llegó un punto en que ya no podía seguir callando”, declaró Monzón al formalizar su denuncia. La fiscal pidió protección institucional, alegando miedo a represalias tras hacer pública su acusación.

El líder etnocacerista Antauro Humala reapareció en Ica con un mensaje directo hacia las fuerzas progresistas del país. Confirmó que participará en las elecciones de 2026 desde el Senado de la República, si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene la anulación de la inscripción de su partido, y aprovechó para lanzar un llamado a la izquierda: “Si seguimos divididos, volveremos a fracasar como siempre”.

Antauro Humala llama a la izquierda a unirse para enfrentar a la derecha

Durante su visita, Humala sostuvo que la izquierda y el nacionalismo deben presentarse unidos bajo una sola bandera para enfrentar a la derecha tradicional. “Tanto el nacionalismo como la izquierda siempre han competido por separado y han fracasado por separado. Con Ollanta fuimos traicionados y con Castillo hubo ineptitud. Esta vez tenemos que actuar con coherencia: juntos para no fracasar y juntos para triunfar”, afirmó ante periodistas locales.

El fundador del movimiento Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO) denunció nuevamente que su inscripción partidaria fue “secuestrada” por el sistema electoral. “El Jurado Nacional de Elecciones acató una sentencia judicial en nuestra contra, pero a otros partidos les permite competir. Es un fraude que estamos resistiendo”, dijo, acusando al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, de “someterse al poder judicial cuando le conviene”.

Antauro asegura que su movimiento participará en alianza con la izquierda

Humala aseguró que, pese a las trabas legales, su movimiento participará como invitado en una alianza de izquierda. “Tenemos conversaciones avanzadas con Juntos por el Perú y con Perú Federal. Hay ofertas y estamos seguros de que el nacionalismo estará presente, aunque sea en las listas senatoriales”, señaló.

El exmilitar insistió en que su propuesta política sigue centrada en convocar una Asamblea Constituyente. “No hay ningún partido de izquierda que esté en contra de eso. Todos los de derecha lo rechazan, pero nosotros coincidimos con las plataformas izquierdistas porque es una necesidad nacional para salir de esta crisis eterna”, expresó.

Antes de cerrar su intervención, Humala reafirmó que luchará hasta el final por recuperar la inscripción de su partido, aunque admitió que probablemente lo hará después de las elecciones. “Nos la van a devolver y seguramente nos pedirán disculpas, pero ya nos hicieron la emboscada. Aun así, el nacionalismo va a estar presente y va a disputar espacios en el Congreso y el Senado”, concluyó.

NOTA: Durante su exposición, Humala también habló de una supuesta intervención extranjera. “Sabemos que la exembajadora norteamericana Lisa Kenna visitó el JNE y la ONPE antes de dejar el país. No fue una cortesía diplomática, fue una injerencia. Estados Unidos tiene interés en controlar el proceso electoral peruano”, señaló.

Anoche la Red de Medios Regionales del Perú organizó una mesa de diálogo sobre la crisis política y las protestas de la generación Z, que ya se encaminan a su tercera semana consecutiva de movilizaciones. Entre los participantes estuvo Jorge Calmet, creador de contenidos informativos y figura de opinión en TikTok, quien se ha sumado de manera activa a las marchas y ha respaldado el reclamo juvenil en las calles.

Fue presentado como voz de la GenZ y, en un tono frontal y crítico, habló visiblemente afectado al recordar que su abuelo fue chofer de microbuses durante casi cuatro décadas y esto lo conecta con el drama que hoy golpea a los transportistas. En este nuevo ciclo de protestas, la bandera pirata de One Piece se ha convertido en símbolo de resistencia, y Calmet puso palabras al hartazgo de una generación que ya no confía en las autoridades.

Calmet señaló que las protestas no son un capricho sino una reacción frente a un sistema político colapsado. Aseguró que tanto Dina Boluarte como el Congreso favorecen a mafias y grandes empresas, mientras la ciudadanía sigue desprotegida. “Lo que tiene el Perú es una mafiocracia. El Estado se ha puesto al servicio de intereses corruptos y no de la gente”, afirmó.

Uno de los pasajes más fuertes de su intervención fue su crítica al abandono de los transportistas frente a la inseguridad. “Literalmente se han cag*do en los transportistas… Se siguen muriendo todos los días y no pasa nada”, dijo con indignación. Para él, el gobierno prefiere viajes, lujos, joyas y blindarse con el Congreso antes que responder al drama de los ciudadanos asesinados o extorsionados a diario.

Calmet también cuestionó el desmantelamiento de unidades policiales clave y la colocación de mandos “incompetentes y corruptos” en la institución. Según explicó, la estrategia de Boluarte habría sido destruir cuadros efectivos de investigación e inteligencia policial con el fin de blindarse a sí misma y a congresistas involucrados en corrupción. “La policía hoy protege más a extorsionadores y sicarios que a los ciudadanos”, denunció.

En ese contexto, defendió las marchas y la vacancia presidencial como mecanismos legítimos de presión. “La vacancia es un proceso constitucional. No tenemos por qué morirnos en las calles como perros. El pueblo tiene derecho a exigir la salida de un gobernante incompetente, corrupto e inútil”, subrayó. A su juicio, la única salida es un congresista independiente que asuma temporalmente el poder para depurar la Policía Nacional y enfrentar a las mafias.

Finalmente, Calmet hizo un llamado a no resignarse frente al deterioro del país: “El poder es del pueblo, no de los gobiernos. Nosotros somos los únicos capaces de salvar este país y salvarnos a nosotros mismos”. Enfatizó que la indignación de los jóvenes no es pasajera, sino un clamor generacional por seguridad, dignidad y un Estado que funcione para todos, no solo para las élites políticas y criminales.

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento hoy a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), concluyendo así la brevísima y polémica gestión de Juan José Santiváñez, quien permaneció en el cargo solo 39 días (del 23 de agosto al 1 de octubre de 2025). La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno a pocas horas de que Santiváñez formalizara su dimisión.

La salida del exministro se produjo de manera intempestiva, adelantándose al debate y votación de una moción de censura en el Congreso. Santiváñez confirmó en su carta su intención de postular al Senado en las Elecciones 2026, presuntamente por el partido Alianza para el Progreso (APP), una jugada política que le permite eludir la sanción congresal.

La polémica en torno a su gestión se centró en sus doce carpetas fiscales por delitos como lavado de activos, tráfico de influencias agravado y su reincorporación al Gabinete a pesar de un impedimento de salida del país y de haber sido censurado previamente como ministro del Interior.

Se va en medio de audios revelados donde se le vinculaba con el uso del cargo para influir en el Tribunal Constitucional a favor de un cliente, así como ser acusado de haber intentado encubrir la fuga de Vladimir Cerrón, un caso conocido como el «Cofre Presidencial». También hostigamiento a periodistas. Todo esto se sumó e iba ser censurado por el Congreso.

Pese a la brevedad del cargo, la gestión de Santiváñez tenia una alta confrontación institucional del Minjus y una agenda de alto impacto vinculada a sus propios intereses y la de Dina Boluarte. Entrar y salir del la gestión de la presidenta parece no ser un problema para él.

1. Ataque a Jueces: Anunció que presentaría denuncias contra los jueces que se negaran a aplicar la controvertida Ley de Amnistía, que libera de a policías y militares procesados por violación de derechos humanos, una ley promovida por el actual gobierno.
2. Conflicto con la Corte IDH: Calificó las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como «absolutamente irrelevantes» y fue señalado como la figura clave de Boluarte para preparar el posible retiro del Perú de dicho sistema.
3. Remociones: Removió a Silvana Carrión de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato.

El sucesor, Juan Manuel Cavero Solano, es un abogado con amplia experiencia técnica y directiva en gestión pública, habiendo ocupado puestos clave en instituciones como la Sunat, ATU y SUTRAN, lo que sugiere una orientación más administrativa y menos política en el Minjusdh.

La presidenta Dina Boluarte se pronunció de manera directa sobre las protestas de la Generación Z que han derivado en enfrentamientos con la Policía y derribo de vallas frente al Congreso. En su mensaje afirmó: “Hay algunos líderes por allí que dicen justicia social y hay que salir a las calles a reclamar y a protestar. Pero, ¿qué ponen en su plataforma de lucha? Cierren el Congreso, renuncia a Dina Boluarte y no sé qué de cosas más. Esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no lo puedo resolver”.

Boluarte dejó claro que no renunciará ante la presión de quienes buscan generar caos: “Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia y por eso no voy a renunciar porque algunas voces que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden, en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos. La gran mayoría de peruanos abrazamos ese abrazo solidario de hermanos”.

La mandataria defendió su gobierno que asumió desde diciembre de 2022 “Nuestro compromiso es trabajar por nuestros compatriotas y nuestra meta es llegar, es dejar un país distinto al que hemos nosotros recibido, un país confiable para las inversiones, un país con esperanza que podemos seguir creciendo en ese desarrollo que nosotros estamos mirando”.

Sobre los efectos de la violencia y los disturbios, Boluarte fue contundente: “Si aquellos pequeños líderes que creen que generando disturbios, violencia, odio, querer generar un mundo anárquico, van a cambiar la historia del Perú. Estamos viendo otros países que han generado lo mismo y son gestiones de gobierno fracasadas. ¿Y quiénes pagan el pato, como decimos criollamente? Los ciudadanos, las niñas, los niños, los adolescentes, mujeres, padres, no encuentran trabajo, no encuentran qué comprar en el mercado. Por último, ni tienen el dinero para ir a comprar y Perú ya vivió aquello”.

La presidenta vinculó la estabilidad política con la proyección internacional del país: “El Perú ahora está ubicado en una vitrina y todos los países del mundo quieren venir a invertir a nuestro país… Seguimos construyendo la historia de nuestra querida patria. Por eso que el próximo año, queridos compatriotas, miremos a quién le damos la confianza a través de nuestro voto. No demos un salto al vacío, demos un salto para el progreso, para seguir creciendo, para abrazarnos como compatriotas”.

Finalmente, Boluarte lanzó un mensaje directo a los jóvenes manifestantes: “Ahora que hemos aprendido a que en democracia, en una paz, en un diálogo sincero y en ese abrazo entre hermanos, el Perú crece… Los peruanos merecemos avanzar, no retroceder, y esa es la dirección que seguiremos”.

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, alcanzó un 7 % de intención de voto e igualó a Keiko Fujimori en la más reciente encuesta de Ipsos, difundida este último domingo por Cuarto Poder en América TV. En el mismo estudio, el alcalde de Lima Rafael López Aliaga encabeza con un 10 % de preferencias rumbo a las elecciones generales de 2026.

La medición compara dos rondas en septiembre: en la primera, Fujimori marcaba 8 % y Mario Vizcarra apenas 5 %. En la segunda, ambos quedaron en 7 %, en un claro ascenso del hermano del exmandatario. Ipsos recuerda que parte de su posicionamiento proviene de la confusión con Martín Vizcarra, pues el 71% de los encuestados que mencionaban a “Vizcarra” se referían en realidad al expresidente.

Otros resultados de Ipsos: Carlos Álvarez (4 %), Phillip Butters (3 %) y César Acuña (2 %). A la vez, la encuesta indica que el 62 % de la población aún podría modificar su voto y un 11 % no precisa su preferencia.

Mario Vizcarra milita en Perú Primero, partido fundado por su hermano Martín, quien está inhabilitado por el Congreso y afronta un juicio por presuntos sobornos en Moquegua. A inicios de septiembre, la justicia revocó su prisión preventiva, tras pasar semanas recluido en el penal de Barbadillo junto a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

En paralelo, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) también incluyó a Martín Vizcarra en sus mediciones, pese a la inhabilitación. Allí, el exmandatario aparece como el político con mayor respaldo (9,8 %), por encima de López Aliaga (8,5 %) y Fujimori (5,9 %). El mismo estudio revela que el 62,7 % de peruanos aún no tiene candidato definido, con altos niveles de voto en blanco, nulo o indecisión.

De esta forma, mientras Ipsos reporta el ascenso de Mario Vizcarra y su coincidencia con Keiko Fujimori, el IEP confirma que Martín Vizcarra continúa siendo el personaje más mencionado por los electores, a pesar de no poder participar en 2026.

Durante la 37ª Convención Minera Perumín, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, afirmó que la política hídrica del gobierno prioriza los proyectos mineros por sobre la agricultura. Según explicó, en momentos de escasez de agua, el Estado debe garantizar el flujo hacia la minería, que genera mayores ingresos fiscales, argumentando que estos recursos se usarían para financiar infraestructura y proyectos destinados al sector agrícola.

Manero declaró textualmente: “La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera”. Añadió que, si se tuviera que elegir entre abastecer agua a la agricultura o a la minería, la elección debe inclinarse hacia la minería, por ser la actividad que mayor flujo de caja aporta al país.

El ministro justificó esta postura cuando el presupuesto público se considera recesivo para 2026, señalando que priorizar las actividades que generan ingresos es necesario para garantizar la sostenibilidad fiscal del país. También aseguró que, a pesar de esta priorización, no existe riesgo de desabastecimiento hídrico, pues los reservorios se encuentran entre 70 % y 80 % de su capacidad, lo que permitiría un buen año para la agricultura familiar.

Estas declaraciones han generado polémica porque es un enfoque en el que la seguridad hídrica de la agricultura podría ceder frente a los intereses mineros, incluso en un país donde el sector agrícola es estratégico para la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias.

Perumín, donde se realizaron estas declaraciones, es la Convención Minera más importante de América Latina, organizada en Arequipa. Este evento reúne a autoridades del gobierno, empresas mineras nacionales e internacionales, y especialistas del sector para discutir inversiones, políticas, tecnologías y desafíos de la minería en el Perú. La edición de este año se centra en proyectos estratégicos, sostenibilidad ambiental y el impacto económico de la minería en distintas regiones del país.

Piden la renuncia del ministro de agricultura Ángel Manero

La declaración del ministro Ángel Manero generó una fuerte reacción de gremios agrarios, profesionales y comunidades rurales. Organizaciones como Conveagro señalaron que priorizar la minería sobre la agricultura pone en riesgo la seguridad alimentaria de más de 33 millones de peruanos y afecta a más de cuatro millones de trabajadores del sector agrícola, mientras que la minería emplea a menos de 250 mil personas. Se exigió una rectificación inmediata o la renuncia del ministro, advirtiendo que su permanencia amenaza los medios de vida de millones de familias rurales.

El Colegio de Ingenieros del Perú y juntas de regantes coincidieron en que el agua es un derecho humano y un recurso estratégico para la producción de alimentos, antes que para la minería. Consideraron que la gestión del MIDAGRI desconoce el marco legal y técnico vigente y alertaron que la apuesta por proyectos mineros frente al agro podría generar conflictos sociales, afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población rural.

Keiko Fujimori apareció sorpresivamente en Puno en medio de un recorrido turístico y político, presentándose como cercana a las comunidades y resaltando el potencial cultural de la región. Sin embargo, su visita genera controversia: el fujimorismo fue uno de los principales aliados en blindar a la presidenta Dina Boluarte frente a las denuncias constitucionales por las decenas de muertes registradas durante las protestas en 2022 y 2023.

Tan solo en septiembre de este año, el Congreso —con votos clave de Fuerza Popular— archivó la denuncia constitucional contra Boluarte por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves en el contexto de las manifestaciones. Este blindaje es una más en la serie de decisiones legislativas que han protegido a la mandataria de eventuales responsabilidades políticas y penales.

Además, el vicepresidente del Congreso y congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, llegó a comparar a los menores de edad asesinados en Puno con “sicarios”, en una polémica declaración que fue duramente cuestionada por periodistas y defensores de derechos humanos. Al ser confrontado sobre que algunos niños fallecidos ni siquiera estaban protestando, respondió: “¿Qué, pasan por ahí? Por favor. ¿No has visto que hay sicarios menores de edad? ¿Crees que menores no pueden agarrar una piedra y matar a un policía?”.

Keiko Fujimori «Puno es clave»

Hoy, pese a esas posturas, Keiko Fujimori afirma que “Puno es clave” para su movimiento político, mientras busca votos en una región que sigue reclamando justicia por los más de 60 muertos en las protestas y que recuerda el rol del fujimorismo en el blindaje a Boluarte.

Durante su visita, Keiko Fujimori recorrió comunidades en las islas flotantes de los Uros, donde se puso vestimentas tradicionales, cocinó junto a pobladores en una guateada, probó trucha local y hasta se animó a hacer ciclismo a casi 4,000 metros de altura. También recibió un retrato de un artista plástico de la zona, en el que fue pintada con trajes típicos, y participó en actividades turísticas que forman parte de asociaciones locales que buscan reactivar la economía tras la caída del turismo en la pandemia.

Quien también apareció en Puno fue el congresista fujimorista Miki Torres, que grabó un video exaltando la identidad cultural de la región. En su mensaje recordó la polémica frase de Dina Boluarte cuando dijo que “Puno no es el Perú” y sostuvo que “Puno, Juliaca y todo el sur sí son el Perú”. Sin embargo, el discurso contrasta con el rol de su bancada, que blindó a Boluarte en el Congreso pese a los reclamos de justicia de los deudos por los 21 fallecidos en esa región durante las protestas.

La visita de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos, entre el 21 y 24 de septiembre, terminó convertida en una seguidilla de traspiés. Lo que se supone que debía ser una agenda de alto nivel en la ONU, con reuniones multilaterales y cenas diplomáticas, se le convirtió todo en improvisación, desbordes verbales y escenas incómodas que ya circulan en redes y medios internacionales.

Boluarte partió de Lima el domingo 21 junto a su comitiva y se instaló en la residencia del representante permanente del Perú ante la ONU. La primera jornada estuvo dedicada a coordinaciones internas. Desde ese momento se notó que el objetivo central era defender su legitimidad política y justificar decisiones cuestionadas de su gestión.

Le apagaron el micrófono tras romper el protocolo

Dina Boluarte rompió el protocolo al hablar fuera del tiempo asignado y continuar su discurso incluso cuando el personal de la organización intentaba detenerla. Su micrófono fue apagado mientras ella seguía hablando, dejando incomprensible gran parte de su mensaje para las delegaciones internacionales que dependían de la traducción simultánea.

El incidente fue señalado por varios medios internacionales y locales como una muestra de improvisación en su presentación. Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General, tuvo que intervenir en dos ocasiones con frases como “Gracias, presidenta” y “Señora presidenta”, intentando indicar que su intervención debía finalizar. Sin embargo, Boluarte continuó hablando sin percatarse de que ya no estaba siendo escuchada oficialmente, lo que generó incomodidad tanto en el equipo técnico como entre los asistentes.

Dijo se le acusó de “exterminar la raza andina”

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, la presidenta Dina Boluarte afirmó: “Se me acusó de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina. Yo vengo de esa raza. Soy del sur del Perú. Mis padres eran agricultores. Estudié en una escuela fiscal. ¿Cómo podría pretender tal cosa? Esa es la narrativa falsa que crean quienes generan violencia”

Con esta declaración, Boluarte se presentó como víctima de acusaciones infundadas, vinculando su origen andino y su trayectoria personal como evidencia de su identidad y compromiso con su natal Abancay. La frase fue una respuesta a propósito de las críticas por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022-2023, en las que más de 60 personas perdieron la vida.

Defendió la Ley de amnistía que liberó de culpa a policías y militares que eran procesados por violación a los derechos humanos

La mandataria defendió la ley de amnistía promulgada por su gobierno, afirmando que se ha intentado imponer una “mentira flagrante” al acusar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú de violaciones de derechos humanos, mientras que los terroristas son tratados como víctimas.

Esta ley, aprobada por el Congreso peruano, concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La presidenta Boluarte calificó la ley como un acto de honor hacia los «defensores de la patria», rechazando la intervención de organismos internacionales que han expresado su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos.

Dijo que su gobiernos es la más estable de los últimos años

Durante su intervención, Dina Boluarte afirmó que su Gobierno es “el más estable de los últimos años”, pese a que las encuestas muestran una alta desaprobación ciudadana. Esta declaración es tomada como burla por parecer desconectada de la realidad. Por si fuera poco atacó a sus antecesores presidenciales.

En el mismo discurso, Boluarte atacó a sus antecesores, señalando que los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo estuvieron marcados por corrupción, crisis institucional y un “golpe de Estado fallido”. Estas críticas ocuparon un lugar central en su intervención, desviando la atención de los temas internacionales que se esperaban en un foro de la ONU.

Reconoció que la pobreza es alta en el Perú

Reconoció que la pobreza en el Perú es alta, señalando que uno de los principales pilares de su gobierno es la educación. En ese sentido, mencionó que se están entregando colegios denominados «bicentenarios», equipados con alta tecnología, y que los estudiantes de quinto de secundaria recibirán un certificado de emprendedores para facilitar su inserción laboral.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que, bajo su gobierno, la pobreza afectó a 9,4 millones de personas en 2024, lo que representa el 27,6% de la población nacional. Este dato muestra la magnitud del desafío económico y social que enfrenta el Perú, y mas cuando la mandataria tiene alta desaprobación hacia su gestión.

Dina Boluarte llamó «narcotraficantes» a quienes protestan en su contra

Al aprecer quiso sorprender a propósito de la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Estados Unidos. Ella señaló que las protestas en su contra en Perú eran impulsadas por «narcotraficantes» y «mafias» que buscan su renuncia. Con ese discurso buscó deslegitimar las movilizaciones sociales y desviar la atención de las demandas ciudadanas.

Además, la presidenta Boluarte ha calificado las protestas de «terrorismo» y ha anunciado una lucha frontal contra el «narcoterrorismo» en el país. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de un lenguaje bélico y estigmatizante que podría agravar la polarización social y dificultar el diálogo entre el gobierno y la ciudadanía.

«Decir la verdad en estos tiempos a veces nos cuesta decirlo, porque afuera (protestas afueras de la ONU) pueden estar lo que en el Perú se impone, la mentira. A pesar que las calles se movían financiadas por la minería ilegal, el narcotráfico y las mafias corruptas que en mi país todavía existen, ellos financiaron aquellas movilizaciones violentas» manifestó.