La jueza estadounidense Laurel Beeler ha suspendido temporalmente la extradición del ex presidente peruano Alejandro Toledo, aprobada por el Departamento de Estado de EE.UU. La medida se ha tomado mientras se espera la resolución en segunda instancia de un habeas corpus presentado por la defensa de Toledo para anular el proceso en curso.
La jueza ha denegado la solicitud de Toledo para suspender la extradición. Sin embargo ha aprobado su pedido secundario de suspensión por siete días o hasta que el Noveno Circuito se pronuncie sobre el habeas corpus. (El Noveno Circuito de los Estados Unidos es una de las trece cortes de apelaciones federales en los Estados Unidos).
Toledo tiene hasta el 27 de febrero para presentar su requerimiento de suspensión en el Noveno Circuito. El proceso de extradición ha sido complicado. Aún más después de que un juez de San Francisco revocara el acuerdo de fianza que garantizaba el arresto domiciliario de Toledo.
Los fiscales estadounidenses han argumentado que el riesgo de fuga de Toledo ha aumentado. Esto sobre todo en las condiciones actuales y han pedido la revocación del acuerdo de fianza.
El proceso de extradición de Toledo se ha enfrentado a numerosos obstáculos. Los abogados de Toleado han argumentado que la crisis social y política en Perú impide su extradición. Sin embargo, el abogado Julio Rodríguez ha señalado que la magistrada «ya tiene definida la posición que tiene la justicia norteamericana que tiene un proceso de extradición cumplido» y que el debido proceso del sistema norteamericano «se respeta rigurosamente». Rodríguez ha asegurado que el resultado final será negativo para Toledo, ya que este es el caso más emblemático de corrupción.
A pesar de las complicaciones, el proceso de extradición sigue adelante, y los fiscales estadounidenses han pedido que Toledo sea presentado ante las autoridades. La situación sigue siendo incierta, pero es evidente que el proceso de extradición de Toledo ha encontrado varios obstáculos en el camino.
Por qué la justicia peruana requiere al expreisdente Alejandro Toledo en el país
El exmandatario deberá cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva en el Perú, donde se le acusa de recibir una coima de más de US$ 32 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la megaobra carretera Interoceánica Sur. Toledo ya tiene dos acusaciones fiscales en su contra: una de 20 años y 6 meses de prisión y otra de 16 años y 08 meses de cárcel, por los casos Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3, además del caso ‘Ecoteva‘.
Toledo y su esposa Eliane Karp enfrentan también una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Ecoteva desde diciembre del 2019. El cuadernillo de extradición por Ecoteva se aprobó en el 2021 por el Consejo de Ministros, pero las autoridades norteamericanas todavía no se pronuncian al respecto, por lo que se deberá seguir un proceso.
