La periodista de Panamericana, Rosana Cueva se pronunció sobre la carta notarial que recibió por parte del presidente Pedro Castillo en relación a un reportaje emitido en su programa Panorama, que lo vincula con el empresario Roberto Aguilar Quispe. En ese sentido, la periodista manifestó que sería “una amenaza abierta a la libertad de expresión” más que una solicitud contra el contenido del informe.
Cueva Mejía señaló que los párrafos de la carta son preocupantes, ya que “establece los parámetros en los que se debe trabajar el periodismo de investigación” o “desde su puesto dice que bajo su Gobierno no se van a permitir abusos” de libertad de expresión e información.
El pasado domingo 10 de abril, el dominical Panorama emitió el reportaje “Pichanga delatora: foto revela supuesta conexión con Castillo”, en el que se mostraron fotografías de un partido del futsal que datan de diciembre de 2021. En las instantáneas aparecen el presidente de la República, Pedro Castillo, y supuestamente Roberto Aguilar, un empresario de 27 años que ganó licitaciones con el Estado y que afirma no tener ningún tipo de relación con el mandatario o personas allegadas a su entorno.
Cabe resaltar que en el reportaje periodístico se incorporó una serie de conclusiones de dos peritos que afirmaron que existirían altas probabilidades de que la persona que aparece en dicha imagen sea el empresario de 27 años.
Castillo Terrones envió una carta notarial a la periodista que dirige el programa dominical Panorama, Rosana Cueva, y al director del portal web Vigilante, José Beteta, donde solicitaba la rectificación de “las imputaciones maliciosamente atribuidas” hacia su persona.
En el documento, el mandatario negó conocer a Aguilar Quispe y aseguró que no sería la persona que participó en la actividad deportiva mencionada en el reportaje “como falsamente se señala en la información noticiosa difundida por ustedes”.
En ese sentido, el presidente expresó que si los periodistas no rectificaban la información, se vería “en el deber de ejercer las acciones civiles y penales que le confiere la ley por el delito de difamación agravada”. Asimismo, aseveró que no permitiría que “el ejercicio abusivo de las libertades de expresión y de información, cuyo único objetivo es desestabilizar al Gobierno”, atenten contra su autoridad y la confianza del pueblo.
