Con el fin de combatir la elusión y evasión tributaria, las entidades financieras están obligadas en brindar información de manera detallada a la Sunat sobre las cuentas de depósito de sus clientes que tengan montos iguales o mayores a S/ 10,000.

Al respecto, Renzo Grández, tributarista de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, sostuvo que con esta norma nadie “podrá escapar de la recaudación tributaria este año”.

Puso como ejemplo que si una persona tiene ingresos por alquileres y nunca declaró, la Sunat, al recibir información del banco, se preguntará, ¿por qué esta persona recibe mes a mes S/ 3,000? Entonces, el ente recaudador exigirá una justificación.

“Si digo que me donaron esa plata o me gané en un sorteo, eso sería un incremento de patrimonio no justificado y se grava con una tasa del 30%. Lo que me conviene es decir la verdad, que genero rentas de primera categoría y tendré que regularizar pagando el 5%”, mencionó.

El abogado tributarista comentó que esa norma exige, de alguna manera, que las actividades económicas cumplan con la formalidad.

“Si alguien me presta US$ 5,000 voy a tener que ir a la notaria a legalizar, porque si la Sunat me pregunta y no tengo contrato, entonces eso es potencialmente un incremento de patrimonio no justificado”, manifestó Grández.

Sin embargo, señaló que al levantarse el secreto bancario se corre el riesgo de que la información privada pueda trascender a terceros. “No hay certeza que sus plataformas sean 100% seguras. Entiendo que la Sunat tiene una certificación importante que le permitiría manejar esta información, pero hablamos de una gran cantidad mes a mes”, acotó.

Por su parte, Arturo Tuesta, socio de Tributación y Legal de PwC Perú, señaló que la Sunat debería tener los programas y software que le permitan establecer criterios y variantes estadísticos que sean productivos para el fisco porque van a combatir la elusión.

“Si la Sunat hará lo mismo de siempre en llamar a una persona y le dice que documente cada movimiento que hay en su cuenta, entonces es un engaño”, aseveró.

Añadió que algunas personas que estaban bancarizándose se saldrán del sistema financiero por temor a ser fiscalizados.

“Como estamos en un país informal, algunas personas empezarán a salirse de los bancos para mover efectivo con todos los riesgos que eso implica”, puntualizó.

INFORMACIÓN ENTRE PAÍSES

Con respecto al convenio que Perú firmó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que le permite intercambiar información automática con 110 países sobre los saldos de cuentas bancarias, Tuesta indicó que, con esta medida, la Sunat podrá fiscalizar rigurosamente a los contribuyentes.

“Los resultados dependerán de la capacidad de la Sunat para usar la información de manera eficaz”, puntualizó.

Señaló que sería interesante que el ente recaudador pueda dar una nueva amnistía tributaria para que los peruanos que tienen cuentas fuera del país puedan declarar sus tributos, tal como se hizo en 2017, pero no lo ve factible.

“Ahora que el secreto bancario va a desaparecer y tenemos todos el intercambio de información, sería atractivo que se haga eso, pero políticamente no creo que sea el mejor momento por la inestabilidad en el Perú”, declaró Tuesta.

Otro punto que destacó es que la Sunat debe brindar seguridad al contribuyente. “Por ejemplo, si uno da el dinero, la información, luego no tienen que ponerle un impuesto confiscatorio o quitarle sus ahorros. ¿Perú da esa seguridad a alguien? Ese pilar es importante”, indicó.

Ha pasado dos semanas del paro agrario en Ica y el norte del país, el Congreso de la República afina detalles de la propuesta para crear un nuevo régimen laboral y tributario para el sector agroexportador y agroindustrial, el cual será debatido este sábado en el Pleno.

Al respecto, la propuesta preliminar planteada por la Comisión Multisectorial incluye un régimen laboral diferenciado: según el tamaño de la empresa será la mejora salarial.

Así, de aprobarse el proyecto, la gran empresa –aquella con más de 1.000 trabajadores o ingresos mayores a los US$ 50 millones– daría como remuneración mínima S/ 1.543. Mientras que el pago de la CTS y la gratificación se harán de acuerdo al régimen laboral general.

No obstante, sobre este punto, el laboralista Javier Mujica advierte que serán pocas las empresas que otorguen dicho sueldo, dado que la valla que se pone para calificarlas como gran empresa es alta.

En tanto, las medianas empresas del sector –entre 200 y 999 trabajadores– pagarán una remuneración básica mínima de S/ 1.234,40 (hoy es de S/ 930). Mientras que el monto de la CTS y gratificaciones, que se pagarán aparte, tendrán un castigo del 20%.

Finalmente, en el caso de la pequeña empresa –entre 20 a 199 personas y que concentraría al 94% del total de empresas agrarias– pasarían a un sueldo básico de S/ 1.033 al mes. Y la CTS y gratificación tendrán un castigo del 33%.

De acuerdo a Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, en el caso de los sueldos en las medianas y pequeñas empresas se incrementará en S/ 31, “pero la propuesta deja al aire las empresas con menos de 19 personas”, señaló.

Asimismo, advirtió a la comisión que la redacción “es confusa y podría generar malas interpretaciones”. En ese sentido, señaló que, de forma concisa, los trabajadores pasen al régimen laboral de la Ley 728, pero con las escalas salariales que se está proponiendo.

Modalidades de contrato

Otro punto analizado por Cuadros es que el proyecto no fomenta la sindicalización, “clave si se quiere identificar a las empresas que incumplan la ley o mejorar los beneficios laborales de forma dialogada”. En esa línea, opinó que deberían existir los contratos indeterminados e indefinidos descontinuos.

Por su parte, en un comunicado, la Asociación de Agroexportadores se mostró a favor de garantizar mejores condiciones de trabajo a los trabajadores, en el plano del transporte, salud, alimentación, entre otros.

Régimen tributario

El gremio también ha pedido aumentar gradualmente el pago del impuesto a la renta, del 15% en el 2021 al 29,5% para el 2029. Asimismo, ha planteado un incentivo tributario para aquellas que cumplan con el reparto de utilidades, entre otros.

Al cierre de esta edición, la Comisión Multisectorial del Congreso aún debatía las modificaciones a su propuesta.

Impuestos iguales antes del 2025

Expertos mostraron su descontento con la propuesta del MEF sobre el tema tributario en la nueva ley agraria, en donde planteaban que la eliminación de los beneficios se den de manera gradual hasta el 2028.

Para Epifanio Baca, coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana, las grandes empresas del sector agroexportador deberían pagar los mismos impuestos que cualquier compañía en el plazo más breve y no esperar recién el 2028.

En tanto, el economista Luis Alberto Arias Minaya dijo que estos beneficios deberían ser eliminados antes del 2025, así como restituir el aporte del 9% a EsSalud.

“El tema de la depreciación acelerada debe ser sustituido de inmediato por un beneficio focalizado para empresa nueva por tres años a partir del inicio de operaciones”, dijo en el Webinar “Promoción del agro y privilegios tributarios”, organizado por el Grupo de Justicia Fiscal.

Con marcado éxito se desarrolló la campaña interna “Usa y Gana con tu App Caja Ica”, la cual permitió lograr un considerable incremento del 532% el número de operaciones a través de nuestra App Móvil, cuyo lanzamiento se realizó en el mes de julio del presente año.

“Nos encontramos muy satisfechos con el impacto alcanzado con nuestra campaña interna denominada Usa y Gana con tu App Caja Ica, la cual nos ha permitido aumentar significativamente el número de operaciones efectuadas por nuestros clientes y colaboradores, quienes gracias a nuestra App Caja Ica puede realizar sus operaciones y trámites de manera virtual.

Asimismo, resaltar el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre Directores, Gerentes y colaboradores que hacen posible que Caja Ica continúe su transformación digital en los plazos establecidos y ofreciendo mayor accesibilidad y beneficios a nuestros trabajadores y clientes”, informaron autoridades de la microfinanciera iqueña.

Es preciso indicar que la App Caja Ica permite realizar las siguientes operaciones:

• Transferencias interbancarias
• Transferencias entre cuentas propias
• Pago de servicios
• Solicitudes de créditos
• Pago de créditos
• Consulta de saldos y movimientos
• Consulta de ubicación de agencias
• Operaciones frecuentes
• Entre otros servicios.

Puedes descargar la app móvil a través de la Play Store y para mayor información sobre la App Caja Ica, puedes visualizar el siguiente video instructivo.

Las regiones donde se registró el mayor incremento interanual de la morosidad en julio son Amazonas, Ica y Lima, según el primer Informe de Morosidad 2020, elaborado por Equifax y el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP).

De acuerdo con las cifras recogidas en julio, tras el levantamiento de la cuarentena, la deuda morosa en Amazonas, Ica y Lima aumentó en 36%, 21% y 18%, respectivamente, frente al mismo mes del año anterior.

Sergio Soto, gerente de Marketing de Equifax, sostuvo que “Amazonas tiene la mayor variación de su deuda morosa a julio 2020, frente al mismo mes del año anterior (36%) y un incremento de 10% en el número de morosos. Asimismo, Lima incrementó su deuda morosa en 18% anual, con solo un crecimiento de 1% en su cantidad de morosos. En general, el ticket promedio de los morosos ha incrementado con respecto al año anterior”.

Por su parte, Javier Salinas, director de Emprende UP, indicó que “Cajamarca (S/ 655 millones) y Tacna (S/ 423 millones) completan el top 5 de regiones que aceleraron más rápido su nivel de morosidad, con incrementos de deuda morosa (pagos atrasados por más de 30 días) de 15% y 11%, respectivamente”.

Sin embargo, las regiones con mayor deuda total morosa son Lima (S/ 15,784 millones), Arequipa (S/ 2,470 millones) y Lambayeque (S/ 1,542 millones). En tanto, las regiones con mayor número de personas morosas son Lima (2.9 millones de morosos), Piura (517 mil morosos) y La Libertad (513 mil morosos).

Asimismo, con respecto a los departamentos con mayor mora sobre el número de habitantes, Arequipa encabeza este listado, con S/ 2,220 por persona morosa, lo que evidencia un ligero incremento de 0.4% anual. Lima ocupa el segundo lugar en este indicador, pero tiene un incremento del 13.4% con respecto al año anterior.

A nivel nacional

A julio del 2020, luego del primer mes de cuarentena focalizada, la deuda morosa se mantuvo en S/ 32,506 millones, un monto similar al del periodo previo de confinamiento del COVID-19. Esto se debe principalmente a la aplicación de reprogramaciones facultadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para el sector financiero.

Equifax engloba la data que el sistema financiero reporta a la SBS, los protestos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), deudas con SUNAT, créditos impagos a microfinancieras no reguladas y la deuda comercial reportada a Infocorp.

El Informe de Morosidad se publicará con una frecuencia trimestral y en cada entrega ahondará en diferentes variables y se actualizará el impacto del COVID-19 en la morosidad.

Gestión

El Congreso de la República aprobó esta noche por amplía mayoría un proyecto de ley que facilitaría el pago de deudas a los clientes del sistema financiero golpeados por la pandemia de la COVID-19.

El proyecto de congelamiento y reprogramación de deudas con el sistema financiero fue consensuado durante toda la tarde del viernes con la Ministra de Economía, María Antonieta Alva y aprobado por mayoría en el pleno con 115 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Con este documento la reprogramación de créditos tendría una garantía del Estado para aquellos clientes con calificación de riesgo normal o con problemas potenciales en estos casos:

• Créditos de consumo
• Créditos personales
• Créditos hipotecarios
• Créditos vehiculares
• Créditos MYPES

Este aval estatal, que se entregará a través del programa de garantías COVID-19, tendría un monto de hasta S/5, 500 millones y cubrirá las deudas en la moneda de origen del préstamo.

¿Cómo se aplicaría?

El proyecto señala que la garantía aplica si las entidades financieras reducen el costo del crédito en entre 15% y 25% Para ello los bancos deben establecer una reducción de las tasas de interés y/o establecer la condonación de una o varias cuotas de pago.

Las entidades financieras también podrán establecer un congelamiento de las deudas por 90 días, independientemente del programa de garantías, para aquellos clientes que no hayan podido pagar por los últimos tres meses antes de la publicación de la ley.  

El plazo mínimo de crédito de reprogramación es de 6 meses para créditos de consumo, préstamo personal, vehicular y MYPE. Para crédito hipotecario el plazo mínimo es de 9 meses.
El plazo de las reprogramaciones no puede exceder de 36 meses incluido el periodo de gracia.

El límite de la garantía es de entre 40% y 80% de las deudas de mypes, préstamos vehiculares, consumo y personales. Mientras que para hipotecas se cubriría el 50% de la deuda pendiente.
Está se dará cuando transcurran 90 días de atraso de los créditos reprogramados. Se aplicaría al saldo no pagado de la deuda dependiendo de cómo el cliente realice sus pagos (ver cuadros):

¿Quiénes serán beneficiados?

El documento señala que a este programa de garantías podrán acceder las personas y mypes que cumplan estos requisitos:

• En el caso de créditos de consumo se aplicará a quienes tengan deudas no mayores a S/10,000.
• Para créditos hipotecarios el monto de la deuda debe ser no mayor a S/250,000 y solo si se trata de su primera vivienda.
• Las MYPES podrán acceder al programa si su crédito total es no mayor a S/20,000.
• En el caso de créditos vehiculares el monto de origen del crédito debe ser no mayor a S/50,000.

De acuerdo con el congresista José Luna Morales, el proyecto beneficiaría a 7.5 millones de familias en el Perú.

¿Quiénes serán excluidos?

Se excluye del programa a quienes hayan accedido a Reactiva Peru, FAE-MYPE, FAE-AGRO, FAE-TURISMO, al Programa Mivivienda u otros similares.

En el caso de las MYPES se excluye también a aquellas que tengan deudas tributarias pendientes con la Sunat, mayores a 1 UIT, equivalentes S/4,300.
Asimismo, se indica que las personas naturales y MYPES solo pueden acceder a uno de los beneficios, es decir, una personas no puede acceder a programa de garantías para un crédito hipotecario y para otro préstamo personal.

Tampoco podrán acceder quienes estén investigados por casos de corrupción, inhabilitados por el Tribunal de Contrataciones de Estado, o que tengan los siguientes cargos públicos indicados en esta lista:

La norma fue exonerada de segunda votación con 117 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, por lo que ahora será enviado al Ejecutivo para su promulgación.

Para mayor detalle sobre el proyecto de ley aprobado este viernes, puede revisar en aquí:

Continuando con su plan de expansión y consolidación de marca, Caja Ica se encuentra ubicada entre las 200 empresas más grandes del país, según estudio realizado por Perú Content Lab, lo cual refleja el trabajo serio y eficiente realizado por la plana directiva y colaboradores de la microfinanciera iqueña.

“Este logro obtenido por Caja Ica es fruto del esfuerzo diario que venimos desarrollando los miembros del Directorio, Gerencia Mancomunada y colaboradores, quienes vienen demostrando compromiso e identificación con la institución en sus actividades que realizan diariamente. Asimismo, el haber obtenido la presente distinción nos llena de enorme satisfacción y nos compromete a seguir esforzándonos para ofrecer una mejor atención, mejores productos y servicios a nuestros clientes y usuarios”, así lo dieron a conocer los funcionarios de la institución.

“El presente logró alcanzado es resultado del trabajo en conjunto realizado por la plana directiva y colaboradores de la institución. El ranking elaborado por Perú Content Lab está basado en la facturación obtenida durante el ejercicio 2019, en el cual, Caja Ica obtuvo destacados indicadores en comparación con el año 2018, como por ejemplo, incremento del 13.4% del ratio de ventas, aumento del 16.2% de la utilidad neta, un patrimonio neto de 214.2 millones de soles, un activo total de 1,381 millones de soles, una rentabilidad sobre capital invertido (ROE) del 12% y una rentabilidad sobre activos (ROA) del 2%. Dichos indicadores nos permiten ser la 161° empresa más grande del Perú y nos exige a continuar mejorando cada día por nuestros clientes, usuarios y trabajadores”, finalizaron las autoridades de la microfinanciera iqueña.

Al cierre de julio, Caja Ica obtuvo una utilidad de S/ 9 millones y un ROE de 9,16%. Estas cifras están por encima de lo que la financiera esperaba obtener debido a la pandemia. Así mismo, Caja Ica viene promoviendo la campaña navideña denominada “Buena normalidad, Buena Navidad” en la que espera desembolsar S/ 258 millones con tasas bajas y el beneficio exclusivo de periodo de gracia entre uno y seis meses.

Es preciso indicar que en el año 2018, Caja Ica se ubicó en el puesto 431 de las mejores empresas del Perú, según ranking elaborado por la revista internacional América Economía.