La Municipalidad Provincial de Pisco y su alcalde Pedro Fuentes Hernández, están siendo objeto de fuertes denuncias por parte de grupos animalistas. Los acusan de desaparecer perros callejeros de la Plaza de Armas de la ciudad. El operativo municipal con personal de serenazgo ha levantado sospechas sobre el destino de estos animales, en posible violación de la ley de protección animal.

El conflicto se intensificó cuando representantes de las organizaciones animalistas en Pisco reclamaron el acceso a los videos de seguridad del día 12 de abril. Esa fecha los serenos fueron a capturar a los perros. Tras exigir las imágenes, la Municipalidad los citó para el lunes 15 a las 8:00 a.m. sin embargo los hicieron esperar hasta las 2:00 p.m. El Gerente Municipal, Wilfredo Yataco De la Cruz, no pudo dar una respuesta clara sobre el paradero de los perros. Esto generó un enfrentamiento con los activistas.

Según el colectivo Huellitas Arriba Pisco, seis perros callejeros conocidos en la Plaza de Armas han desaparecido repentinamente, sin que se conozca su destino ni el proceso de reubicación. Estos animales son conocidos por nombres como «El Gordo», «La Gorda», «Negrita», «Cabezón», «Caramelo» y «La Ojitos». Los animalistas exigen respuestas concretas de la administración municipal, que hasta ahora no ha dado explicaciones satisfactorias.

Piden detalles sobre la intervención de los animales de la plaza de armas de Pisco

La Federación Nacional de Organizaciones y Activistas Animalistas y Ambientalistas (FENOAAA) ha intervenido en el caso. Vienen solicitando a la Municipalidad el protocolo utilizado para la captura y custodia de los animales, así como información sobre su estado y ubicación actual. También solicitaron las denuncias escritas de ciudadanos que hayan sido supuestamente víctimas de mordeduras.

Se presume que los perros podrían haber sido sometidos a eutanasia de manera irregular o en el peor de los casos «envenenados». Pero una «Eutanasia» como tal debe seguir procedimientos legales establecidos por la Ley 2759 de Protección Animal (Régimen Jurídico de Canes). La Municipalidad debía contar con el aval de un veterinario siempre y cuando al animal se le diagnostique «rabia». Además se debe tener un plazo de 30 días de cuarentena, en caso de no tener rabia se le debe vacunar, esterilizar y devolverlo a la comunidad o en todo caso ponerlo en un programa de adopción.

En respuesta a las acusaciones, la Municipalidad de Pisco publicó un video, presuntamente tendencioso, argumentando que los perros estaban a salvo y disponibles para adopción, pero se utilizaron imágenes de otros animales en el material difundido. Esta respuesta viene generando indignación ya que los animales no serían agresivos como lo describen y que habrían mordido a transeuntes.

Posible marcha animalista

Mientras tanto, la falta de transparencia y respuestas claras de las autoridades municipales ha llevado a los activistas a considerar movilizaciones para exigir justicia para los animales callejeros. La falta de información concreta sobre el paradero de los perros y su situación actual ha alimentado las críticas y movilizado a los defensores de los derechos de los animales.

En marzo se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/384,000 destinada a diversos gobiernos locales con el fin de respaldar la implementación de programas de esterilización y manejo poblacional humanitario de perros. La autorización de esta transferencia de partidas, especificada en el Decreto Supremo Nº 030-2024-EF y publicada en el diario oficial El Peruano, estableció que los recursos provendrán del presupuesto del Ministerio de Salud para el año fiscal 2024.

Esta noche un grupo de delincuentes ejecutaron un nuevo asalto a un agente bancario en pleno centro de la ciudad de Ica. El hecho se registró alrededor de las 4:40 pm. de este martes 16 de abril. Lamentablemente los negocios tuvieron que cerrar ante el temor frente al hecho.

Se trata de la galería que se encuentra en la esquina de las intersecciones de las calles Huánuco y Bolívar. Está ubicado una cuadra de la plaza de armas de Ica, frente al anfiteatro de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Las cámaras de videoseguridad registraron el hecho.

Los videos fueron enviados a la prensa en la cual se ve cómo un sujeto vestido de capucha amarilla, ingresa con el rostro totalmente descubierto. Se le ve portando un arma de fuego con el que apunta a las dos señoritas que estaban a cargo de la atención. El sujeto aprovecha que también hay un cliente a quien también le «bolsiqueó» para quitarle sus cosas.

En las imágenes también se ve cómo las dos mujeres al ver que eran encañonadas con el arma, entregan toda la caja con fuerte suma de dinero del negocio. Al salir, el sujeto se dirige hacia la misma esquina de las calles Bolívar y Huánuco, donde su cómplice lo espera en una moto lineal, con el que ambos se dan a la fuga.

El Partido Somos Perú se encuentra en medio de una tormenta política tras fuertes denuncias de corrupción formuladas por sus propios militantes. Las acusaciones apuntan directamente a Juan Mendoza Uribe, conocido como «Juanito Mendoza», ex candidato al Gobierno Regional de Ica con Alianza Para el Progreso, ahora en las filas de Somos Perú, a quien se le señala como el cabecilla de un esquema de venta de candidaturas a cambio de sumas económicas sustanciales.

José Miguel Matías Rojas, ex precandidato por Chincha, acaba de renunciar como coordinador regional a Somos Perú. También presenta pruebas contundentes contra Juan Mendoza Uribe, acusándolo de deslealtad en el proceso electoral y revelando una serie de exigencias financieras para los futuros candidatos del partido. Matías Rojas ha mostrado un cuaderno con escritos de Mendoza detallando pagos que debían realizar los candidatos para las campañas de 2024, 2025 y 2026.

En una declaración pública, Matías Rojas lamentó el respaldo de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, hacia Mendoza. Advirtió sobre las repercusiones de su posible ascenso al gobierno regional. Según Matías Rojas, Mendoza exigía a los candidatos sumas significativas, incluidos 100,000 soles anuales para las alcaldías provinciales y 50,000 soles para los candidatos al Congreso.

El ex precandidato también reveló un pago de 3,500 soles a cada candidato distrital para una campaña de fumigación contra el dengue. Señaó irregularidades en estos gastos. Además, anticipó una renuncia masiva de militantes candidatos de Somos Perú bajo su secretaría regional, cuestionando la integridad del partido y exponiendo las prácticas poco éticas de Mendoza Uribe.

«El señor Juan Medoza, como candidato nos imponía un costo económico de 100 mil soles anuales, en mi caso como candidato a la alcaldía provincial de Chincha, tenía que depositar a las cuentas señaladas en este libro que está en mis manos. El mismo señor Juan Mendoza hace el cuadro de distribución de costos para el año 2024 y 2025, solicitando 100 mil soles para ‘ayuda social’. 100 mil soles al candidato al candidato congresista por Chincha, 100 mil soles para el candidato alcalde de Chincha y 40 mil soles a la consejería regional. Y para el año 2026, hasta el mes de julio, nos solicitaba a los candidatos de alcaldía distrital 50 mil soles, candidato congresista 50 mil soles y 25 mil soles a los candidatos a la consejería regional» denunció José Miguel Matías.

La falsa imagen de Somos Perú a nivel nacional

Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, vendría promoviendo un imagen falsa del partido al afirmar que no se cobraba dinero alguno a los candidatos. Sin embargo, las revelaciones de Matías Rojas sugieren lo contrario. Indica que el partido se ha convertido en un negocio millonario en Ica bajo el liderazgo de Mendoza.

Estas denuncias han cuestionado la credibilidad de Juan Mendoza, quien durante la crisis del dengue en la región lideró campañas de fumigación y pruebas de descarte, aparentemente financiadas por los precandidatos locales. Sin embargo, ahora se revela que estos eventos eran sufragados con los fondos obtenidos de las candidaturas en venta.

Las acusaciones de Matías Rojas también han puesto en tela de juicio la transparencia financiera de Somos Perú. Todo indicaria que los recursos del partido podrían estar siendo desviados para beneficio personal y no para el financiamiento legítimo de actividades políticas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró desbaratar la peligrosa banda denominada «Los Pepes de Ica», presuntos asaltantes de la tienda de Promart en marzo 2024. La detención sucedió tras un mes de fuerte investigación de los efectivos de Inteligencias de la División Criminalística (DIVINCRI).

En la exitosa operación policial se dio ayer 12 de abril desde las 4:00 p.m. Se logró detener a los sujetos Vladimir Albino Aroni Llana(27) (a)”albino”, José Mitchel Garriazo Espino(24) (a)”michel”, Álvaro Enrique Kuroiwa Orellana(33) (a)”quique” y Bill Teodoro Garriazo Yupanqui(21)(a)”bill”, éste último sería el cabecilla de la banda criminal autodenominada “Los Pepes de Ica”.

Para la búsqueda, intervención y captura, se hizo un tabajo de seguimiento e inteligencia operativa. Asimismo mediante una resolución judicial de allanamiento y descerraje con detención preliminar. Los efectivos y detectives de la unidad policial, en un espectacular operativo lograron detener a 4 presuntos temibles sujetos integrantes de la banda delictiva.

El Frente Policial, informó que los autodenominados «Los Pepes de Ica”, está presuntamente incursos en robos agravados en banda, sicariato, extorsión, marcaje y otros. Sobretodo compromete a Bill Teodoro Garriazo Yupanqui, alias Bill de 21 años, quien sería el cabecilla. El Sujeto estuvo recluido en Maranguita cuando era menor de edad. Asimismo tiene fuertes antecedentes como uso de armas de fuego, incluso homicidio. Se trataría de un sicario.

Conforme al informe Policial y resolución judicial, estos sujetos el día 21 de marzo de 2024 a horas 9:30 p.m., habrían perpetrado un asalto y robo a mano armada en agravio de la empresa “Promart S.A.C”. Como se ve en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Se dieron con las prendas en los allanamientos de viviendas en Ica

Se realizó diligencia de allanamiento y registro domiciliario. Una vivienda en vista alegre Lt 14, Parcona- Ica, de Vladimir Albino Aroni Llana(27)(a)”albino”. También en la calle San Carlos Mz t, L10-b- Ica, vivienda de Bill Teodoro Garriazo Yupanqui(21)(a)”bill”. Se hallaron prendas de vestir, zapatillas y otros indicios y evidencias, lo cual guarda relación con el delito investigado.

También se hallaron registros fílmicos, indicios, evidencias, se realizó las pruebas antropométricas, morfológicas y otras, de todas sus estructuras físicas, fisonomía, movimientos de los presuntos hampones, los vehículos motorizados usados, lo cual a conllevado a existir graves y fundados elementos de convicción de su participación, autoría de los hechos materia de investigación, motivando al juez a emitir una resolución judicial de detención preliminar, así como la orden judicial.

Informaron que durante la detención preliminar de 72 horas, la policía y fiscalía continuarán concatenando, engranando, más elementos de convicción en el presente caso; mientras los detenidos son investigados por la comisión del presunto delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado en banda y otros.

En Ica, un escándalo de corrupción involcra al juez Darcy Vivanco Ballón quien realizaba favores judiciales a la abogada Marleni Ysabel Huallanca Peña, a cambio de un empleo para su novia en una institución pública. Este caso se conoció en medio de una audiencia de prisión preventiva para la red conocida como “Los negociantes del sur”, donde están implicados funcionarios y abogados.

El fiscal anticorrupción Alexander Pérez López reveló durante la audiencia que encontró conversaciones comprometedoras entre Huallanca Peña y el juez Vivanco Ballón. Estas conversaciones indicaban un intercambio de favores donde la abogada Huallanca Peña gestionó un empleo para Brigit, pareja sentimental del magistrado, en la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI).

Según las investigaciones, en octubre de 2021, Brigit fue contratada como personal administrativo bajo la modalidad de Locación de Servicios, con promesas de una contratación (CAS) para que esté más estable en el futuro. Este arreglo estaba destinado a influir en decisiones judiciales favorables en los casos que Huallanca Peña llevaba ante el juez Vivanco Ballón.

El caso particular que encendió las alarmas fue una disputa de alimentos contra César Rolando Centeno Orellana, donde el juez Vivanco presuntamente favoreció a Huallanca Peña siguiendo el acuerdo subrepticio.

«Por haber ofrecido a favor de Darcy Vivanco Ballón, en su condición de juez titular del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Ica, un beneficio laboral considerado como una ventaja a favor de su pareja sentimental «Brigit» para tal efecto aprovechó del cargo que ostentaba en el interior de la Dirección Regional de Ica, logrando en el mes de octubre del 2021, sea contratada como personal administrativo bajo la modalidad de Locación de Servicios con la promesa de ser contratada posteriormente como CAS con la única finalidad de incluir y sacar ventaja en los procesos judiciales que patrocinaba y estos estaban a cargo del citado magistrado» expuso el fiscal Alexander Pérez Lopez.

El caso de Marleni Huallanca como miembro de la presunta organización criminal «Los Negociantes del Sur»

La abogada exasesora la DREI, Marleni Huallanca Peña ahora es investigada por intentar sobornar a otra fiscal anticorrupción por la suma de 30 mil soles iniciales para archivar un caso contra varios miembros de la organización criminal.

Los esfuerzos de Huallanca para alcanzar a la fiscal anticorrupción involucraron a Noris Elva Ricse Cisneros, con quien tenía una amistad y quien se desempeñaba en el mismo entorno judicial que Vivanco Ballón. La red de corrupción parece extenderse más allá de un simple intercambio de favores judiciales, tocando puntos de influencia política y administrativa.

La organización criminal según la fiscalía

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público detuvieron recientemente a cuatro individuos. Se trata de Carlos Alberto Palomino Salazar, Carlos Alberto Palomino Salazar, Arco Quinto Rodríguez Aburto y la abogada Marleni Huallanca Peña, bajo cargos de intento de soborno a funcionarios públicos.

En el desarrollo de este caso, la audiencia de prisión preventiva continúa, sujeta a múltiples suspensiones y retrasos. El caso está siendo tratado en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo del juez Elmer Florencio Rojas Apaza, y se centra en el delito de cohecho activo específico.

María Morales Gutiérrez, exasesora del congresista por Ica, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, ha denunciado un despido que considera arbitrario, tras haber acusado al parlamentario de recortarle su salario a la mitad. Según Morales, quien dio a luz hace menos de un mes, su cese se notificó a través de una carta notarial que ignoró su período de descanso médico vigente.

Tenía licencia por embarazo del 5 al 10 de abril

La afectada había informado a un medio nacional que desde el día 5 de abril se encontraba de baja médica, pero recibió una carta indicando su cese por inasistencias los días 4, 5, 8 y 9 de abril. Morales relató que tras acusar a Doroteo de la práctica conocida como «mochasueldo«, cesó toda comunicación con ella, complicando sus solicitudes laborales y personales.

Anteriormente, Morales había expuesto en el programa «Beto a Saber» de Willax Televisión que Doroteo le exigía entregar hasta el 50% de su sueldo. En respuesta a su situación actual, Morales ha solicitado la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para investigar su caso.

El Procurador General del Estado (e), Javier Alfonso Pacheco Palacios, ha instado al Ministerio Público a comenzar investigaciones preliminares contra Doroteo por posibles delitos contra el Estado.