Finalmente el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, ha asumido el expediente del hábeas corpus en apoyo al exdictador Alberto Fujimori, remitido por el Tribunal Constitucional después de rechazar solicitudes de aclaración por parte de las partes involucradas.
Aunque la decisión del Tribunal Constitucional no hace mención de la ejecución de la sentencia de 2022, el presidente de esta entidad, el juez Francisco Morales Saravia, sostiene que el juez de primera instancia está obligado a liberar al exdictador, a pesar de la anulación del indulto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), medida que invalidó la restauración del indulto por la anterior configuración del TC.
Morales Saravia argumenta que las sentencias del TC tienen prioridad sobre las decisiones de la Corte IDH. Fernández Tapia, por su parte, enfrenta la encrucijada de liberar a Alberto Fujimori o llevar a cabo un control difuso de convencionalidad, respetando así la determinación de la Corte IDH de abstenerse de aplicar el perdón presidencial, cuestionado por haber sido otorgado como resultado de un supuesto soborno para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de una moción de vacancia.
El historial de Vicente Fernández Tapia, juez que verá el caso de Alberto Fujimori
En cuanto al historial de Fernández Tapia, este magistrado ha sido objeto de sanciones disciplinarias en la Oficina de Control de la Magistratura (ahora Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial). Una de estas sanciones se relaciona con la liberación indebida de un presunto miembro de «La Sagrada Casta de Ica», una organización criminal bajo investigación por diversos delitos, incluyendo homicidio, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, extracción ilegal de especies acuáticas y tráfico de drogas.
Se le acusó a Fernández Tapia de declarar procedente la cesación de la prisión preventiva para uno de los imputados. Juez valoró únicamente las declaraciones que favorecían al acusado, sin tener en cuenta las declaraciones de testigos protegidos de la Fiscalía que afirmaban su afiliación a «La Sagrada Casta de Ica».
La Oficina de Control de la Magistratura solicitó la destitución del magistrado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Caso terminó con su suspensión preventiva durante el proceso de investigación. La JNJ confirmó la falta grave de Fernández Tapia, señalando que había vulnerado el deber de impartir justicia y respetar el debido proceso.
Sin embargo, los consejeros de la JNJ concluyeron que, aunque el magistrado había omitido explicar el proceso mental detrás de la contradicción de los testimonios de los testigos protegidos, también consideró otros elementos de prueba, atenuando su grado de culpabilidad. Por lo tanto, sugirieron que la sanción sería por fallo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANCPJ), ex OCMA.
CIDH intervino hoy
Hoy, 30 de noviembre, la Corte IDH ha solicitado al Estado peruano un informe. Exactamente sobre el cumplimiento de la resolución del 7 de abril que prohíbe la liberación de Alberto Fujimori. Esto reafirma la vigencia de la decisión de 2022. La corte recuerda al Estado peruano su obligación de abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto otorgado por razones humanitarias a Fujimori en 2017.
