De acuerdo a una recopilación de datos realizada por el Diario La República a propósito de las Elecciones Municipales y Regionales 2022, a nivel del país hay 89 personas entre candidatos para vicegobernador y gobernador que cuentan con antecedentes judiciales por temas de corrupción, entre ellos el candidato de Alianza Para el Progreso (APP) en Ica, Juan Mendoza Uribe.
Se ha analizado a 488 candidatos. Mendoza Uribe está incluido entre los 62 de los 89 postulantes que ya ocuparon cargos como alcaldes o regidores, en este caso el candidato de APP al Gobierno Regional de Ica, «Juanito» fue alcalde de la provincia de Pisco en dos oportunidades. Para los expertos, los datos revelan el deterioro de la política electoral.
Percy Medina, jefe de misión de IDEA Internacional en Perú, asegura que el deterioro de la oferta política en el país pone en riesgo la elección. “Muchas de las personas envueltas en actos ilícitos en sus gestiones pasadas están retornando”, agrega.
De acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción, casi todas las regiones presentan aspirantes al sillón gubernamental con acusaciones, incluso hay quienes tienen más de 10 procesos.
Para Karin Guevara, abogada experta en materia electoral, los empresarios o exfuncionarios públicos acumularon dinero en sus gestiones y eso les permite tener dinero para candidaturas. Es decir, prima el valor económico antes que un proyecto político.
En esa línea, Medina asegura que los delitos cometidos por exalcaldes o exgobernadores responden al desconocimiento de la función pública. Por ese motivo, los actos de colusión, peculado y contra la administración pública son los más recurrentes.
Alianza Para el Progreso con más candidatos procesados
La República informó que Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y Somos Perú incluyen a un mayor número de aspirantes con antecedentes. Ante ello, Luis Valdez, secretario general de APP, enfatiza que no hay sentencias condenatorias contra los candidatos de su partido, además de que existe la presunción de inocencia.
No obstante, señala que las elecciones primarias hubieran permitido que sea la ciudadanía quien elija a los candidatos, no los militantes, como ocurrió en las internas. “Nosotros no optamos ni consideramos candidatos. (…) Nos impusieron las internas. Esa elección escapa de la dirigencia”, acota.
A inicios de este año, la Defensoría del Pueblo reveló a través de un reporte que, entre 2017 y 2020, las entidades agravadas con mayor incidencia de corrupción en trámite son las municipalidades distritales (30%), seguidas por los gobiernos regionales (13%) y las municipalidades provinciales (13%).
Sobre aquellas cifras, la institución destacó que los gobiernos regionales más perjudicados fueron Junín y Lima. Esos son a su vez los que cuentan con mayor número de candidaturas con procesos, junto con Arequipa y Tacna.
