En una preocupante repetición de eventos delictivos, una mujer fue víctima de un robo en el Boulevard de la Calle Piura en pleno centro de Ica. Es otro otro capítulo en una serie de actos delictivos en la ciudad y especialmente en esta zona, que parece carecer de presencia policial y de serenos de seguridad durante las horas nocturnas.

El robo tuvo lugar aproximadamente a las 10 de la noche del martes, cuando la mujer transitaba por el concurrido Boulevard de la Calle Piura. En este lamentable incidente, un delincuente con polo blanco le arrancó el equipo celular de la víctima antes de escapar rápidamente de la escena. La mujer sufrió ataque físicamente y quedó profundamente afectada por el incidente.

Este incidente es el último de una serie de robos y actos delictivos en Ica durante las últimas semanas, lo que ha dejado a la población preocupados por su seguridad. Vecinos de la zona han expresado su frustración y temor, señalando la falta de presencia policial y serenos de seguridad en el área, especialmente durante las horas nocturnas.

Alcalde de Ica pide al gobierno la declaratoria de Emergencia ante ola de crímenes de extranjeros

El alcalde de Ica, Carlos Reyes Roque, ha solicitado con urgencia al Ministro del Interior del Perú, Juan Pérez, la declaración de Estado de Emergencia en la provincia de Ica debido a la creciente ola de crímenes que amenaza la seguridad ciudadana en la región, destacando la participación de ciudadanos extranjeros en actividades delictivas como prostitución, proxenetismo y sicariato.

La preocupación del alcalde se centra en el aumento de la oferta laboral en el sector de agroexportación, que ha atraído a un gran número de extranjeros a Ica, y este fenómeno ha coincidido con un alarmante aumento en la delincuencia, incluyendo homicidios relacionados con el sicariato, donde líderes de estas bandas son principalmente extranjeros, con un trágico evento reciente el 22 de septiembre en el que Ericka Elizabeth Hernández Olivares, de 28 años, fue asesinada con un disparo en la cabeza cerca del exfundo Arrabales de Subtanjalla.

En una dramática jornada judicial, las presuntas coautoras del asesinato de Ericka Elizabeth Hernández Olivares, una enfermera de 28 años, fueron internadas en el establecimiento penal de Ica bajo estrictas medidas de seguridad. El caso, que ha conmocionado a Ica, ha llevado al juez penal del juzgado de investigación preparatoria de la ciudad a dictar seis meses de prisión preventiva para las acusadas.

Las acusadas son Braysmary Michelle Lugo Martínez (19) y Eidelyn del Valle Berrío Gonzales (19). Ambas de nacionalidad extranjera, están siendo investigadas por su presunta participación en el asesinato de Ericka Elizabeth Hernández Olivares, quien perdió la vida a causa de un disparo de proyectil de arma de fuego en la cabeza en Los Arrabales del distrito de Subtanjalla, Ica, el pasado 22 de septiembre.

El caso tomó un giro adicional cuando se reveló que una menor de edad, identificada con las iniciales I.Y B.R. (16) y de nacionalidad venezolana, también estuvo involucrada en el crimen. El Tercer Juzgado de Familia de Ica dictaminó, el pasado lunes, un internamiento preventivo en el penal de menores Santa Margarita en Lima por un periodo de cuatro meses para la menor.

La captura de las presuntas autoras y las investigaciones subsiguientes estuvieron a cargo del personal policial de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) del Frente Policial Ica, quienes trabajaron en conjunto con un fiscal penal para reunir pruebas sólidas y consistentes que llevaron al caso hasta esta etapa jurisdiccional.

Ya habría identificado del sicario

El general PNP Aldo Ulises Muñoz Ygal, Jefe del Frente Policial Ica, ha instado a que se continúe con las investigaciones para capturar al último coautor del ilícito penal, quien ya habría sido identificado por los detectives policiales, y se espera que sea detenido próximamente.

La población de Ica sigue conmocionada por este trágico suceso, mientras las autoridades judiciales y policiales continúan en el proceso. Los familiares, amigos y cercanos de este y otros casos salieron a las calles a protestar pidiendo celeridad. Anoche mientras dictaban la prisión preventiva permanecieron a exteriores del Poder Judicial en la Calle Chiclayo.

El alcalde de la ciudad de Ica, Carlos Reyes Roque, ha presentado una solicitud urgente al Ministro del Interior del Perú, Juan Pérez, en la que pide la declaratoria de Estado de Emergencia para la provincia de Ica. Esta solicitud se hace en respuesta a la creciente ola de crímenes que amenazan la seguridad ciudadana en la región. Puso énfasis particular en la participación de ciudadanos extranjeros en actividades delictivas como la prostitución, el proxenetismo y el sicariato.

El alcalde Reyes Roque expresó su preocupación en una carta dirigida al Ministro del Interior. Destacó el crecimiento del sector de agroexportación de la región y el consecuente aumento de la oferta laboral. Esto ha atraído a un gran número de ciudadanos extranjeros a la ciudad de Ica. Sin embargo, lamentablemente, esta situación ha venido acompañada de un aumento alarmante en la delincuencia.

En los últimos días, la ciudad ha sido testigo de un incremento significativo en los casos de homicidios vinculados al sicariato. Se ha identificado que los líderes de estas bandas criminales son en su mayoría ciudadanos extranjeros. Uno de los eventos más recientes y atroces ocurrió el viernes 22 de septiembre, cuando el cuerpo sin vida de Ericka Elizabeth Hernández Olivares, de 28 años, fue encontrado cerca del exfundo Arrabales de Subtanjalla, con un impacto de bala en la cabeza.

Secuestraron y asesinaron a enfermera

Según la investigación preliminar, este terrible incidente comenzó como un enfrentamiento entre la víctima y una prostituta venezolana, quien le había arrebatado el teléfono celular a una amiga de Ericka Elizabeth. Posteriormente, la situación se tornó aún más violenta cuando la mujer asesinada respondió con golpes, lo que llevó a la implicada a contactar a su pareja y otro individuo. Juntos secuestraron a la víctima en una mototaxi y, una hora después, se encontró su cuerpo sin vida en el exfundo El Arrabal.

El alcalde Carlos Reyes Roque ha instado al Ministro del Interior a tomar medidas inmediatas para garantizar el orden interno y preservar los derechos constitucionales de la población en la provincia de Ica. La declaración de Estado de Emergencia permitiría la implementación de acciones más efectivas para combatir la creciente ola de crímenes y brindar seguridad a los residentes locales.

El Ministerio del Interior aún no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud del alcalde, pero se espera que se realicen reuniones y consultas adicionales para abordar esta preocupante situación en la ciudad de Ica. Los iqueños continúan observando con aprehensión la evolución de estos acontecimientos y esperan una pronta solución a la crisis de seguridad que enfrenta la ciudad.

El congresista Jorge Marticorena utilizó su semana de representación de manera controvertida al intervenir en la Universidad Nacional «San Luis Gonzaga» (UNICA) en un intento de imponer autoridades académicas en un claro caso de conflicto de intereses.

Marticorena, quien anteriormente perteneció a Perú Libre y ahora forma parte del Bloque Multipartidario Pro Reforma Universitaria, en el Congreso de la República, se acercó a la Ciudad Universitaria de Ica y el rectorado exigiendo que el rector interino Jorge Moreno designe decanos y autoridades afines a él, a pesar de que estos no cuentan con representatividad en la institución.

Docentes han rechazado esta intervención afirmando que ha generado controversia, ya que se percibe como un intento del congresista por asegurar un espacio en la UNICA en caso de ser desaforado del Congreso, sin mostrar un genuino interés por la universidad como institución.

Dijeron que Marticorena no ha contribuido al proceso de licenciamiento de la UNICA, se opuso a la ley que buscaba proteger los derechos de los docentes afectados, y no ha promovido el fortalecimiento del presupuesto de la institución.

La comunidad universitaria ha rechazado esta intromisión oportunista, ya que es la primera vez que Marticorena visita los recintos universitarios y lo hace en beneficio de sus intereses personales, en detrimento de la integridad de la UNICA.

En un constante dilema que ha mantenido en vilo a Ica, la empresa encargada del alquiler de camiones compactadores de basura ha suspendido sus operaciones debido a una nueva deuda que mantiene con la Municipalidad de Ica desde hace varios meses. Esta situación ha llevado a que, en distintas zonas de la ciudad, se acumulen grandes cantidades de desechos, generando malestar.

La problemática comenzó a tomar forma a principios de año, cuando la Municipalidad anunció la licitación para adquirir compactadoras propias. El proceso de compra de estas máquinas terminó paralizado. La gestión de Carlos Reyes Roque, optó por alquilar el servicio para recoger más de 140 toneladas de residuos sólidos que se producen en Ica.

Esta medida, aunque necesaria, se ha vuelto insostenible en el tiempo. En mayo, la gestión de Carlos Reyes Roque adjudicó un contrato de alquiler por 90 días a la empresa Corporación Central Lima Perú SAC – Corcelip SAC, por un monto de S/1 millón 625 mil 040 soles. Cabe resaltar que esta adjudicación se dio de manera directa, y Corcelip SAC ya alquilaba 10 compactadoras a la municipalidad desde marzo de 2022.

Sin embargo, la luz al final del túnel parece vislumbrarse, ya que tras la reciente conformidad en la compra de las 10 compactadoras por casi 7 millones de soles, destinadas a la recolección de residuos sólidos, se espera que estas unidades vehiculares entren en funcionamiento en aproximadamente un mes, después de superar observaciones de la Contraloría General de la República.

Gerente municipal de Ica anuncia que compactadoras entraría a operar

El gerente de la Municipalidad Provincial de Ica, Mario López Saldaña, ha señalado que se han tomado las medidas necesarias, incluyendo la contratación de conductores y la administración completa del servicio de limpieza pública por parte del municipio iqueño.

En un afán de simpatizar con los iqueños, el gerente López Saldaña ha dicho que se prevé sancionar a la empresa proveedora (de la adquisición de compactadora) por no haber presentado la documentación requerida en los plazos estipulados, lo que ha contribuido a la prolongación de esta crisis. La certificación necesaria para el pesaje de las compactadoras fue entregada de manera tardía, lo que generó observaciones adversas de la Contraloría.

En una reciente investigación llevada a cabo por la Contraloría General de la República y publicada en su portal web, se han revelado prácticas irregulares en las adquisiciones de mascarillas N-95 por parte de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica durante el año 2020, en plena pandemia.

Según este informe, la entidad realizó tres compras directas de un total de 35,820 mascarillas a una empresa llamada Distribuidora de Suministros Médicos del Sur SRL, la cual carecía de experiencia en la provisión de estos productos. Lo más alarmante es que la DIRESA pagó hasta el doble del precio de mercado por estas mascarillas, lo que resultó en un perjuicio económico de 598,120 soles para la entidad.

Cada mascarilla a 35 soles

El informe detalla que en la primera adquisición, la empresa ganadora vendió cada mascarilla a 34 soles, a pesar de que las había comprado a su proveedor por solo 18 soles. En la segunda compra, la situación se repitió, con la misma empresa ofreciendo las mascarillas a 34 soles cada una, mientras que las había adquirido por 17 soles. Además, se señala que existieron contratistas que presentaron ofertas más favorables en estos procesos de compra, pero inexplicablemente no fueron seleccionados por la DIRESA.

En el tercer y último contrato, que incluía la compra de 25,000 mascarillas, la misma empresa nuevamente ofreció cada unidad a 34 soles, a pesar de que las había conseguido por 17 soles cada una. Sin embargo, esta vez, la contratista demoró cuatro días en entregar el lote requerido, incumpliendo así el plazo establecido en el contrato. A pesar de esta demora, la DIRESA no aplicó la penalidad por mora correspondiente, sino que simuló que la empresa había cumplido con el plazo, lo que resultó en una pérdida adicional de recursos públicos.

Este informe también ha identificado a tres funcionarios de la DIRESA con presunta responsabilidad penal y administrativa en estas transacciones irregulares. Además, se ha destacado que otras entidades públicas del país lograron adquirir mascarillas a precios más bajos en comparación con la DIRESA de Ica. Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia en las adquisiciones realizadas por la entidad.

Involucrados con responsabilidad penal y administrativa

• Otto Julio Chacaliaza Mendoza, jefe de logística
• José Armando Magallanes Navarro, jefe de obtención de información
• Wilmores Ramos Peña, responsable de almacén
• Rosario Marcilla Miranda, representante de Suministro Médicos del Sur S.R.L.