Según con información de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial han propuesto la la destitución de dos servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Ica por solicitar dinero a litigantes de procesos que se encontraban a sus cargos.
La destitución es para los servidores judiciales Carlos Manuel Salhuana Hernández (Especialista de Causas adscrito al Módulo Penal de Chincha), y Carlos Antonio Salcedo Injante (secretario judicial del Juzgado Mixto de Vista Alegre –Nasca) de la Corte Superior de Justicia de Ica por solicitar dinero a litigantes de procesos que se encontraban a sus cargos.
En el caso de Salhuana Hernández, ha quedado acreditado que solicitó la suma de S/ 10.000 soles a una denunciante para dilatar el trámite de envío de los oficios de captura de un procesado, y ante la imposibilidad de la denunciante en obtener el total del dinero requerido, le señaló que le entregue como adelanto S/ 3,000 soles.
Consideraron que la conducta del investigado Salhuana Hernández, sin lugar a dudas, desdice los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe que debe observar todo servidor judicial; señala una parte de la resolución sancionadora.
En la investigación relacionada con Salcedo Injante, está acreditado que requirió sumas de dinero a un interesado en un proceso judicial, el mismo que se hizo efectivo en tres depósitos bancarios con sumas de S/ 300.00 soles cada uno, realizado a la cuenta de la madre del procesado; hecho que también denota la gravedad en su accionar.
Pronunciamiento de la OCMA
La OCMA, en su resolución, rechaza ambos comportamientos de los investigados y considera que merecen el máximo reproche moral y disciplinario, al resultar inaceptable que, valiéndose de sus cargos en el Poder Judicial, hayan realizado de manera deliberada acciones notoriamente irregulares.
En este contexto, la jefa de la OCMA dictó una medida cautelar de suspensión preventiva en contra de los citados, para que no puedan ejercer cargo alguno en el Poder Judicial, hasta que la instancia correspondiente resuelva en definitiva la situación jurídica de ambos servidores.
