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Internacional

Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador: Manda a trasladar a miles de presos a una megacarcel

CECOT es la cárcel de alta seguridad más grande de Latinoamérica y albergará hasta 40.000 reclusos. Tiene muros electrificados, celdas de castigo y bloqueo de celulares.

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Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador: Manda a trasladar a miles de presos a una megacarcel

El traslado de 2.000 presuntos pandilleros a una nueva prisión en El Salvador es una noticia en tendencia en los últimos días. La medida la impulsa el presidente Nayib Bukele, quien señala que la nueva cárcel tendrá capacidad para alojar a 40.000 personas. Ese lugar será «su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población».

Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en El Salvador. La medida viene generándo controversia bajo crítica de la oposición, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. La construcción de esta nueva cárcel está bajo cuestionamientos por la falta de transparencia en su aprobación en la Asamblea Legislativa (Congreso). Dicen que el legislativo está bajo control del oficialismo y además que habría violación de los derechos de los detenidos.

El presidio fue erigido para alojar a una parte de los 62.975 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción controvertido instaurado por Nayib Bukele en respuesta a un aumento en la violencia que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo del año pasado.

Para la construcción de la prisión, el Estado adquirió 166 hectáreas de terreno, de las cuales 23 se destinaron a la construcción de ocho pabellones. Estos pabellones se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de longitud, que está protegido por alambradas electrificadas.

Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Fotografía: Gobierno.

Piden respetar los derechos humanos de los criminales en El Salvador

Amnistía Internacional expresó su preocupación por la nueva cárcel y advirtió que podría ser instrumento para «continuar y escalar los abusos» en el país. Desde que se implementó el régimen de excepción en marzo de 2021 para combatir la ola de asesinatos, llevan más de 64.000 detenciones, a la mayoría de las cuales se les acusa de ser pandilleros, y se han liberado a más de 3.300.

Sin embargo, organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría de las cuales son por detenciones arbitrarias. La situación genera preocupación sobre la posible violación de los derechos humanos bajo crítica de los organismos internacionales.

Por su parte, el gobierno defiende la medida como una forma de combatir la violencia y mejorar la seguridad en el país. Según las cuentas oficiales, la medida y el Plan Control Territorial han contribuido a reducir el número de homicidios en un 57% en 2022. A pesar de ello, la medida recibe críticas a falta de transparencia y por la posible violación de los derechos de los detenidos, lo que ha generado preocupación sobre la situación de los derechos humanos en el país.

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Corte Penal Internacional ordena detención contra Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania

La CPl anunció que emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania.

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Corte Penal Internacional ordena detención contra Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por el presunto crimen de guerra de deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia.

Estas órdenes de detención son las primeras emitidas por la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania. La acusación formal señala que Putin es presuntamente responsable de estos delitos que ocurrieron desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania».

La CPI considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual». Se trata de un presunto crimen de guerra que supone la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Vladímir Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros, como por no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva.

La respuesta de Rusia ha sido la de calificar de «nula jurídicamente» la orden de arresto del jefe del Kremlin. Argumenta que «Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional», por lo que, al respecto, «no tiene obligaciones».

El fiscal general ucraniano agradeció a la CPI la orden de arresto dictada contra Putin. Recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú. También ha compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos.

(Con información de EFE y AFP)

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Gobierno de Dina Boluarte propone reglamentar la cobertura periodística de las protestas en el Perú

Régimen tendría el control total de los periodista bajo pretextos de proteger su integridad con un protocolo de cómo se debe dar cobertura a las manifestaciones.

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Gobierno de Dina Boluarte propone reglamentar la cobertura periodística de las protestas en el Perú

En el día de hoy, el gobierno de Dina Boluarte ha dado a conocer un nuevo proyecto. Se denomina «Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público» y se publicó en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el gobierno «El propósito del Protocolo es establecer mecanismos de atención y coordinación para garantizar la seguridad, salud y defensa pública de los periodistas y comunicadores sociales que trabajan en medios de prensa e instituciones legales durante situaciones de alteración del orden público».

Sin embargo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), considera que el contenido de dicho proyecto del gobierno de Dina Boluarte es peligroso. Dicha organización considera que implica una regulación bajo supervisión policial de la cobertura periodística de las protestas. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Estado Mayor General de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Colegio de Periodistas son las entidades responsables de la creación del proyecto.

IPYS informó a través de un pronunciamiento que está en total desacuerdo con la regulación de la cobertura periodística de las manifestaciones sociales. Sostiene que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar enfocada en respetar la actuación de la prensa en las mismas.

Asimismo se ha instado a que se prohíba a los efectivos de fuerzas armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra periodistas. Ha pedido que se impongan sanciones en caso de incumplimiento. Además se recomienda que cada medio de comunicación cree sus propios protocolos de seguridad. También pide que se investiguen con diligencia las denuncias contra aquellos que agredan a la prensa mientras cubren protestas.

Periodistas en protestas. Foto: EFE.

LA LUPA: Dina Boluarte debe respetar las libertades (de prensa, información y expresión)

La libertad de prensa es crucial en una sociedad democrática y los periodistas deben informar sin miedo a la censura. La tecnología y las redes sociales han ampliado el acceso a la información por lo que la libertad de prensa es un derecho fundamental para la ciudadanía. La libertad de información y de expresión deben ser protegidos. El gobierno de Dina Boluarte y cualquier otro; no debe tener el poder de regular o censurar los medios.

Los periodistas deben tener la libertad de investigar y publicar información sin miedo. Esto garantiza la transparencia y la responsabilidad, además la libertad de prensa es un derecho humano inalienable. La libertad de prensa es esencial para una sociedad democrática justa y libre.

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Así fue la captura de Pamela Cabanillas en España: La «fugitiva de Perú» tuvo que ser enmarrocada

La detenida se vio reducida contra la pared y luego procedieron a trasladara con las esposas en las muñecas. Se anuncia su extradición al Perú.

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Así fue la captura de Pamela Cabanillas en España: La "fugitiva de Perú" tuvo que ser enmarrocada

Hoy en Madrid, España, se ha capturado a Pamela Soley Cabanillas Sánchez, la joven peruana sospechosa de haber clonado la página de Teleticket. Además de haber creado entradas virtuales falsas para varios conciertos en Lima. La Interpol de Perú, Italia y España trabajaron juntos para encontrar y detener a Cabanillas.

A Pamela Cabanillas; se le acusa de varios delitos, entre ellos estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos, cada uno de los cuales puede resultar en una sentencia de hasta ocho, cuatro y cinco años de prisión, respectivamente.

«Detenida una fugitiva de Perú por vender entradas de conciertos de música de manera fraudulenta. La hemos localizado en el distrito de Carabanchel. Se le imputan varios delitos, entre ellos estafa agravada y suplantación de identidad» reportó la Policía Nacional de España.

Una representante del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de España en Perú, informó que a la mujer se le venía siguiendo sus pasos y no fue difícil ubicarla. «La intervención fue pacífica y en la vía pública. Ya estaba siendo sometida aun seguimiento con vehículo policial discreto. Cuando los policías se acercaron a ella le pidieron la documentación para que se identificara» y se procedió con su captura.

Al localizar a Pamela Cabanillas, los efectivos policiales tuvieron que cachearla. En un clip de video de la propia policía española se ve cómo un personal femenino le inicia el procedimiento de hacerle el registro. La detenida se vio reducida contra la pared y luego procedieron a ponerle las esposas en las muñecas. Seguidamente la trasladaron a una dependencia.

¿Cuándo extraditarán a Pamela Cabanillas al Perú?

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que esto corresponde a un proceso de extradición. «Hay un procedimiento establecido. La policía comunica la captura. Aquí en el Perú se coordina con el equipo de cooperación internacional del Ministerio Público, Poder Judicial y Cancillería para que formulen el cuadernillo de extradición», informaron en una conferencia de prensa.

«Este caso es sometido a un control de identidad por las autoridades judiciales. En esas circunstancias el juez puede interrogar a la capturada a fin de que ella se pueda allanar al proceso de extradición. Si ella acepta el allanamiento; se realiza un proceso de extradición simplificado, en un espacio de dos hasta tres meses como máximo» puntualizaron.

El proceso contra Pamela Cabanillas

El 14 de febrero de este año, el Poder Judicial peruano ordenó la captura nacional e internacional de Cabanillas por su presunta participación en la venta de entradas falsas para conciertos de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Morat, Coldplay y varios partidos de fútbol.

Estas ventas ilegales ocurrieron sistemáticamente desde marzo hasta octubre de 2022 y generaron una ganancia ilícita de 85,957 soles.

Cabanillas utilizó las redes sociales para ofrecer las entradas y decía que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), lo que justificaba el bajo precio. También se reunía con los compradores, mostraba su identificación y los llevaba a su presunto domicilio para ganar su confianza. Después de realizar la transacción, bloqueaba a los agraviados para evitar cualquier reclamo posterior.

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Viva Air: La aerolínea de bajo costo está en quiebra y pasajeros quedan varados en Perú y Colombia

La aerolínea colombiana Viva Air está en la banca rota según comunicado de este lunes. Cientos de pasajeros piden «vuelos humanitarios» con urgencia.

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¿Por qué Viva Air suspendió sus operaciones en Perú y Colombia?

La aerolínea colombiana de bajo costo Viva Air ha anunciado la suspensión indefinida de sus operaciones. Esto debido a la crisis financiera que ha sufrido la compañía como resultado de la pandemia de covid-19. A pesar de haber buscado una fusión con Avianca para superar sus problemas financieros, el gobierno no ha autorizado la unión y ha permitido la intervención de otras aerolíneas en el proceso para proteger la libre competencia económica.

En un comunicado emitido en su sitio web, Viva Air anunció que la suspensión de sus operaciones sería efectiva de manera inmediata. Los tiquetes a sus destinos en Colombia, Argentina, Brasil y Perú ya no están disponibles, lo que deja a muchos pasajeros en una situación difícil. Con un 15% del mercado en Colombia y una filial en Perú, Viva Air se acogió a un proceso de insolvencia bajo la ley colombiana. Sin embargo, este proceso no ha sido suficiente para evitar que la aerolínea de bajo costo se declare en quiebra.

Desde abril del año pasado, Viva Air ha estado buscando su fisión con Avianca, la aerolínea más grande de Colombia con un 32% del mercado. La fusión se ha planteado como la «única forma» en que Viva Air puede superar los problemas financieros que ha arrastrado desde la pandemia. Sin embargo, el gobierno de Colombia aún no ha autorizado la fusión.

Este lunes la empresa admitió que un grupo de cinco compañías (Aerolíneas Argentinas, LATAM y la chilena JetSmart) intervendrán para proteger «la libre competencia económica». Esta decisión traerá «nuevos retrasos» a la eventual integración y obliga a Viva Air a suspender sus operaciones.

Viva Air: La aerolínea de bajo costo está en quiebra y pasajeros quedan varados en Perú y Colombia
Viva Air: La aerolínea de bajo costo está en quiebra y pasajeros quedan varados en Perú y Colombia

Quiebra de Viva Air deja pasajeros varados en Perú y Colombia

En consecuencia más de 100 peruanos se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá (Colombia). Esto sucedió luego de que la aerolínea colombiana Viva Air suspendiera sus operaciones. Paty Colán, con un vuelo programado en Viva Air, señaló que la aerolínea no ha dado respuesta ante la suspensión de operaciones, por lo que se comunicaron con el Consulado General del Perú en Bogotá para gestionar un vuelo humanitario. «Somos 101 peruanos empadronados, ayer hicimos la tarea de empadronar uno por uno a todos los afectados», afirmó.

En el Perú, la situación no es diferente. La aerolínea también suspendió sus operaciones en el país, dejando a varios pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Giovana Ormeño Soria, una de las pasajeras afectadas, relató que al llegar al counter de Viva Air, se encontró con que no había personal de la aerolínea y las pantallas estaban apagadas. La pasajera, que tenía un vuelo programado para las 6:35 de la mañana, afirmó que no había forma de viajar y que los aviones de Viva Air estaban varados.

Ante la falta de respuesta de la aerolínea, la pasajera acudió a las oficinas de Indecopi en el aeropuerto, donde le informaron que en el transcurso del día o de la semana tendrían una respuesta sobre su vuelo programado con Viva Air. La situación de incertidumbre e incomodidad para los pasajeros afectados ha generado un clima de tensión en los aeropuertos, donde muchos de ellos han tenido que pasar la noche en espera de una solución.

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Jueza de EE.UU. suspende temporalmente la extradición del expresidente Alejandro Toledo

La jueza aprobó la solicitud de la defensa legal de Alejandro Toledo para suspender la extradición hasta que el Tribunal de Apelaciones de San Francisco se pronuncie.

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Jueza de EE.UU. suspende temporalmente la extradición del expresidente Alejandro Toledo

La jueza estadounidense Laurel Beeler ha suspendido temporalmente la extradición del ex presidente peruano Alejandro Toledo, aprobada por el Departamento de Estado de EE.UU. La medida se ha tomado mientras se espera la resolución en segunda instancia de un habeas corpus presentado por la defensa de Toledo para anular el proceso en curso.

La jueza ha denegado la solicitud de Toledo para suspender la extradición. Sin embargo ha aprobado su pedido secundario de suspensión por siete días o hasta que el Noveno Circuito se pronuncie sobre el habeas corpus. (El Noveno Circuito de los Estados Unidos es una de las trece cortes de apelaciones federales en los Estados Unidos).

Toledo tiene hasta el 27 de febrero para presentar su requerimiento de suspensión en el Noveno Circuito. El proceso de extradición ha sido complicado. Aún más después de que un juez de San Francisco revocara el acuerdo de fianza que garantizaba el arresto domiciliario de Toledo.

Los fiscales estadounidenses han argumentado que el riesgo de fuga de Toledo ha aumentado. Esto sobre todo en las condiciones actuales y han pedido la revocación del acuerdo de fianza.

El proceso de extradición de Toledo se ha enfrentado a numerosos obstáculos. Los abogados de Toleado han argumentado que la crisis social y política en Perú impide su extradición. Sin embargo, el abogado Julio Rodríguez ha señalado que la magistrada «ya tiene definida la posición que tiene la justicia norteamericana que tiene un proceso de extradición cumplido» y que el debido proceso del sistema norteamericano «se respeta rigurosamente». Rodríguez ha asegurado que el resultado final será negativo para Toledo, ya que este es el caso más emblemático de corrupción.

A pesar de las complicaciones, el proceso de extradición sigue adelante, y los fiscales estadounidenses han pedido que Toledo sea presentado ante las autoridades. La situación sigue siendo incierta, pero es evidente que el proceso de extradición de Toledo ha encontrado varios obstáculos en el camino.

Por qué la justicia peruana requiere al expreisdente Alejandro Toledo en el país

El exmandatario deberá cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva en el Perú, donde se le acusa de recibir una coima de más de US$ 32 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la megaobra carretera Interoceánica SurToledo ya tiene dos acusaciones fiscales en su contra: una de 20 años y 6 meses de prisión y otra de 16 años y 08 meses de cárcel, por los casos Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3, además del caso ‘Ecoteva‘.

Toledo y su esposa Eliane Karp enfrentan también una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Ecoteva desde diciembre del 2019. El cuadernillo de extradición por Ecoteva se aprobó en el 2021 por el Consejo de Ministros, pero las autoridades norteamericanas todavía no se pronuncian al respecto, por lo que se deberá seguir un proceso.

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España suspende venta de material antidisturbios a Perú por violaciones a los derechos humanos

Organizaciones presionaron a España para que deje de proveer materiales al Perú al ser estos utilizados para violar derechos humanos durante protestas sociales.

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España suspende venta de material antidisturbios a Perú por violaciones a los derechos humanos durante las protestas
Foto: Aldair Mejía

En los últimos meses, las protestas sociales en Perú han sido noticia por la represión policial que se ha ejercido en contra de los manifestantes. En medio de este contexto, el gobierno de España decidió suspender la exportación de material antidisturbios para la represión policial. Esto en respuesta a reclamos de varias organizaciones de derechos humanos.

La empresa española Maxam, fabricantes de proyectiles que lanzaron los policías a manifestantes es el centro de la atención de las organizaciones pro derechos humanos. De hecho, Amnistía Internacional solicitó al gobierno español la suspensión de la venta de este material al Perú. Esto se dio luego de que se reportaran más de medio centenar de muertes a causa de la represión policial.

Ante las presiones de diversas bancadas parlamentarias, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, confirmó durante una intervención en el Congreso de España que el país no podrá volverle a comprar a España, por lo menos por ahora, más material antidisturbios para usar en las movilizaciones sociales organizadas en Perú.

España, principal suministrador de armas a Perú

Cabe destacar que España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Entre 2017 y junio de 2022, las autorizaciones de licencias de armas a Perú alcanzaron los 184 millones de euros. De ese total cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios. En este sentido, Amnistía Internacional señala que el gobierno de Pedro Sánchez estaba «legalmente obligado» a suspender el envío de armamento en este contexto represivo.

Las protestas en el Perú

Las protestas sociales en Perú iniciaron tras la vacancia de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte en la Presidencia de la República. El exmandatario terminó saliendo de Palacio de Gobierno luego de su fallido intento de golpe de Estado, y fue Boluarte, en ese entonces vicepresidenta, quien juró al cargo por sucesión presidencial.

Entre los pedidos de la población movilizada figuran la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso de la República, el llamado a nuevas elecciones generales, la liberación de Castillo y una nueva Constitución Política.

En definitiva, la decisión del gobierno español de suspender la exportación de material antidisturbios al Perú es una respuesta importante ante la preocupación por la violación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. A pesar de que el comercio de armas entre ambos países sigue siendo significativo, esta medida puede ayudar a reducir la violencia y a fomentar el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

Amnistía Internacional Internacional: «La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina»

Foto: Amnistía Internacional Internacional.

Amnistía Internacional. Desde diciembre de 2022, ha habido una serie de protestas masivas en las que la población indígena y campesina ha participado. Sin embargo, en lugar de escuchar y responder a las demandas de la población, el Estado ha recurrido a la represión violenta. Tanto el Ejército como la Policía Nacional han utilizado armas letales y otras armas en contra de la población. Estos ataques son generalizados y reflejan el desprecio del Estado hacia estas comunidades.

Amnistía Internacional ha documentado varios casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo la muerte de 12 personas a causa del uso de armas de fuego. Además, se han reportado 46 posibles violaciones de derechos humanos y fallas en la investigación y justicia en relación a estos incidentes.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas ha denunciado que las autoridades peruanas han respondido al clamor social de miles de comunidades con el uso excesivo y letal de la fuerza durante más de dos meses. Esto demuestra la falta de voluntad del gobierno para garantizar los derechos humanos de estas comunidades.

Las protestas comenzaron en las regiones más marginadas del país, como Apurímac, Ayacucho y Puno, donde la población indígena ha sido históricamente discriminada y ha luchado por acceder a derechos básicos. A medida que las protestas se han extendido a la capital y otras partes del país, la situación política se ha vuelto cada vez más incierta.

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