La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por el presunto crimen de guerra de deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia.

Estas órdenes de detención son las primeras emitidas por la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania. La acusación formal señala que Putin es presuntamente responsable de estos delitos que ocurrieron desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania».

La CPI considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual». Se trata de un presunto crimen de guerra que supone la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Vladímir Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros, como por no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva.

La respuesta de Rusia ha sido la de calificar de «nula jurídicamente» la orden de arresto del jefe del Kremlin. Argumenta que «Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional», por lo que, al respecto, «no tiene obligaciones».

El fiscal general ucraniano agradeció a la CPI la orden de arresto dictada contra Putin. Recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú. También ha compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos.

(Con información de EFE y AFP)

En el día de hoy, el gobierno de Dina Boluarte ha dado a conocer un nuevo proyecto. Se denomina «Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público» y se publicó en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el gobierno «El propósito del Protocolo es establecer mecanismos de atención y coordinación para garantizar la seguridad, salud y defensa pública de los periodistas y comunicadores sociales que trabajan en medios de prensa e instituciones legales durante situaciones de alteración del orden público».

Sin embargo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), considera que el contenido de dicho proyecto del gobierno de Dina Boluarte es peligroso. Dicha organización considera que implica una regulación bajo supervisión policial de la cobertura periodística de las protestas. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Estado Mayor General de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Colegio de Periodistas son las entidades responsables de la creación del proyecto.

IPYS informó a través de un pronunciamiento que está en total desacuerdo con la regulación de la cobertura periodística de las manifestaciones sociales. Sostiene que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar enfocada en respetar la actuación de la prensa en las mismas.

Asimismo se ha instado a que se prohíba a los efectivos de fuerzas armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra periodistas. Ha pedido que se impongan sanciones en caso de incumplimiento. Además se recomienda que cada medio de comunicación cree sus propios protocolos de seguridad. También pide que se investiguen con diligencia las denuncias contra aquellos que agredan a la prensa mientras cubren protestas.

LA LUPA: Dina Boluarte debe respetar las libertades (de prensa, información y expresión)

La libertad de prensa es crucial en una sociedad democrática y los periodistas deben informar sin miedo a la censura. La tecnología y las redes sociales han ampliado el acceso a la información por lo que la libertad de prensa es un derecho fundamental para la ciudadanía. La libertad de información y de expresión deben ser protegidos. El gobierno de Dina Boluarte y cualquier otro; no debe tener el poder de regular o censurar los medios.

Los periodistas deben tener la libertad de investigar y publicar información sin miedo. Esto garantiza la transparencia y la responsabilidad, además la libertad de prensa es un derecho humano inalienable. La libertad de prensa es esencial para una sociedad democrática justa y libre.

Hoy en Madrid, España, se ha capturado a Pamela Soley Cabanillas Sánchez, la joven peruana sospechosa de haber clonado la página de Teleticket. Además de haber creado entradas virtuales falsas para varios conciertos en Lima. La Interpol de Perú, Italia y España trabajaron juntos para encontrar y detener a Cabanillas.

A Pamela Cabanillas; se le acusa de varios delitos, entre ellos estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos, cada uno de los cuales puede resultar en una sentencia de hasta ocho, cuatro y cinco años de prisión, respectivamente.

«Detenida una fugitiva de Perú por vender entradas de conciertos de música de manera fraudulenta. La hemos localizado en el distrito de Carabanchel. Se le imputan varios delitos, entre ellos estafa agravada y suplantación de identidad» reportó la Policía Nacional de España.

Una representante del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de España en Perú, informó que a la mujer se le venía siguiendo sus pasos y no fue difícil ubicarla. «La intervención fue pacífica y en la vía pública. Ya estaba siendo sometida aun seguimiento con vehículo policial discreto. Cuando los policías se acercaron a ella le pidieron la documentación para que se identificara» y se procedió con su captura.

Al localizar a Pamela Cabanillas, los efectivos policiales tuvieron que cachearla. En un clip de video de la propia policía española se ve cómo un personal femenino le inicia el procedimiento de hacerle el registro. La detenida se vio reducida contra la pared y luego procedieron a ponerle las esposas en las muñecas. Seguidamente la trasladaron a una dependencia.

¿Cuándo extraditarán a Pamela Cabanillas al Perú?

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que esto corresponde a un proceso de extradición. «Hay un procedimiento establecido. La policía comunica la captura. Aquí en el Perú se coordina con el equipo de cooperación internacional del Ministerio Público, Poder Judicial y Cancillería para que formulen el cuadernillo de extradición», informaron en una conferencia de prensa.

«Este caso es sometido a un control de identidad por las autoridades judiciales. En esas circunstancias el juez puede interrogar a la capturada a fin de que ella se pueda allanar al proceso de extradición. Si ella acepta el allanamiento; se realiza un proceso de extradición simplificado, en un espacio de dos hasta tres meses como máximo» puntualizaron.

El proceso contra Pamela Cabanillas

El 14 de febrero de este año, el Poder Judicial peruano ordenó la captura nacional e internacional de Cabanillas por su presunta participación en la venta de entradas falsas para conciertos de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Morat, Coldplay y varios partidos de fútbol.

Estas ventas ilegales ocurrieron sistemáticamente desde marzo hasta octubre de 2022 y generaron una ganancia ilícita de 85,957 soles.

Cabanillas utilizó las redes sociales para ofrecer las entradas y decía que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), lo que justificaba el bajo precio. También se reunía con los compradores, mostraba su identificación y los llevaba a su presunto domicilio para ganar su confianza. Después de realizar la transacción, bloqueaba a los agraviados para evitar cualquier reclamo posterior.

La aerolínea colombiana de bajo costo Viva Air ha anunciado la suspensión indefinida de sus operaciones. Esto debido a la crisis financiera que ha sufrido la compañía como resultado de la pandemia de covid-19. A pesar de haber buscado una fusión con Avianca para superar sus problemas financieros, el gobierno no ha autorizado la unión y ha permitido la intervención de otras aerolíneas en el proceso para proteger la libre competencia económica.

En un comunicado emitido en su sitio web, Viva Air anunció que la suspensión de sus operaciones sería efectiva de manera inmediata. Los tiquetes a sus destinos en Colombia, Argentina, Brasil y Perú ya no están disponibles, lo que deja a muchos pasajeros en una situación difícil. Con un 15% del mercado en Colombia y una filial en Perú, Viva Air se acogió a un proceso de insolvencia bajo la ley colombiana. Sin embargo, este proceso no ha sido suficiente para evitar que la aerolínea de bajo costo se declare en quiebra.

Desde abril del año pasado, Viva Air ha estado buscando su fisión con Avianca, la aerolínea más grande de Colombia con un 32% del mercado. La fusión se ha planteado como la «única forma» en que Viva Air puede superar los problemas financieros que ha arrastrado desde la pandemia. Sin embargo, el gobierno de Colombia aún no ha autorizado la fusión.

Este lunes la empresa admitió que un grupo de cinco compañías (Aerolíneas Argentinas, LATAM y la chilena JetSmart) intervendrán para proteger «la libre competencia económica». Esta decisión traerá «nuevos retrasos» a la eventual integración y obliga a Viva Air a suspender sus operaciones.

Quiebra de Viva Air deja pasajeros varados en Perú y Colombia

En consecuencia más de 100 peruanos se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá (Colombia). Esto sucedió luego de que la aerolínea colombiana Viva Air suspendiera sus operaciones. Paty Colán, con un vuelo programado en Viva Air, señaló que la aerolínea no ha dado respuesta ante la suspensión de operaciones, por lo que se comunicaron con el Consulado General del Perú en Bogotá para gestionar un vuelo humanitario. «Somos 101 peruanos empadronados, ayer hicimos la tarea de empadronar uno por uno a todos los afectados», afirmó.

En el Perú, la situación no es diferente. La aerolínea también suspendió sus operaciones en el país, dejando a varios pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Giovana Ormeño Soria, una de las pasajeras afectadas, relató que al llegar al counter de Viva Air, se encontró con que no había personal de la aerolínea y las pantallas estaban apagadas. La pasajera, que tenía un vuelo programado para las 6:35 de la mañana, afirmó que no había forma de viajar y que los aviones de Viva Air estaban varados.

Ante la falta de respuesta de la aerolínea, la pasajera acudió a las oficinas de Indecopi en el aeropuerto, donde le informaron que en el transcurso del día o de la semana tendrían una respuesta sobre su vuelo programado con Viva Air. La situación de incertidumbre e incomodidad para los pasajeros afectados ha generado un clima de tensión en los aeropuertos, donde muchos de ellos han tenido que pasar la noche en espera de una solución.

El traslado de 2.000 presuntos pandilleros a una nueva prisión en El Salvador es una noticia en tendencia en los últimos días. La medida la impulsa el presidente Nayib Bukele, quien señala que la nueva cárcel tendrá capacidad para alojar a 40.000 personas. Ese lugar será «su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población».

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.

Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en El Salvador. La medida viene generándo controversia bajo crítica de la oposición, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. La construcción de esta nueva cárcel está bajo cuestionamientos por la falta de transparencia en su aprobación en la Asamblea Legislativa (Congreso). Dicen que el legislativo está bajo control del oficialismo y además que habría violación de los derechos de los detenidos.

El presidio fue erigido para alojar a una parte de los 62.975 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción controvertido instaurado por Nayib Bukele en respuesta a un aumento en la violencia que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo del año pasado.

Para la construcción de la prisión, el Estado adquirió 166 hectáreas de terreno, de las cuales 23 se destinaron a la construcción de ocho pabellones. Estos pabellones se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de longitud, que está protegido por alambradas electrificadas.

Piden respetar los derechos humanos de los criminales en El Salvador

Amnistía Internacional expresó su preocupación por la nueva cárcel y advirtió que podría ser instrumento para «continuar y escalar los abusos» en el país. Desde que se implementó el régimen de excepción en marzo de 2021 para combatir la ola de asesinatos, llevan más de 64.000 detenciones, a la mayoría de las cuales se les acusa de ser pandilleros, y se han liberado a más de 3.300.

Sin embargo, organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría de las cuales son por detenciones arbitrarias. La situación genera preocupación sobre la posible violación de los derechos humanos bajo crítica de los organismos internacionales.

Por su parte, el gobierno defiende la medida como una forma de combatir la violencia y mejorar la seguridad en el país. Según las cuentas oficiales, la medida y el Plan Control Territorial han contribuido a reducir el número de homicidios en un 57% en 2022. A pesar de ello, la medida recibe críticas a falta de transparencia y por la posible violación de los derechos de los detenidos, lo que ha generado preocupación sobre la situación de los derechos humanos en el país.

La jueza estadounidense Laurel Beeler ha suspendido temporalmente la extradición del ex presidente peruano Alejandro Toledo, aprobada por el Departamento de Estado de EE.UU. La medida se ha tomado mientras se espera la resolución en segunda instancia de un habeas corpus presentado por la defensa de Toledo para anular el proceso en curso.

La jueza ha denegado la solicitud de Toledo para suspender la extradición. Sin embargo ha aprobado su pedido secundario de suspensión por siete días o hasta que el Noveno Circuito se pronuncie sobre el habeas corpus. (El Noveno Circuito de los Estados Unidos es una de las trece cortes de apelaciones federales en los Estados Unidos).

Toledo tiene hasta el 27 de febrero para presentar su requerimiento de suspensión en el Noveno Circuito. El proceso de extradición ha sido complicado. Aún más después de que un juez de San Francisco revocara el acuerdo de fianza que garantizaba el arresto domiciliario de Toledo.

Los fiscales estadounidenses han argumentado que el riesgo de fuga de Toledo ha aumentado. Esto sobre todo en las condiciones actuales y han pedido la revocación del acuerdo de fianza.

El proceso de extradición de Toledo se ha enfrentado a numerosos obstáculos. Los abogados de Toleado han argumentado que la crisis social y política en Perú impide su extradición. Sin embargo, el abogado Julio Rodríguez ha señalado que la magistrada «ya tiene definida la posición que tiene la justicia norteamericana que tiene un proceso de extradición cumplido» y que el debido proceso del sistema norteamericano «se respeta rigurosamente». Rodríguez ha asegurado que el resultado final será negativo para Toledo, ya que este es el caso más emblemático de corrupción.

A pesar de las complicaciones, el proceso de extradición sigue adelante, y los fiscales estadounidenses han pedido que Toledo sea presentado ante las autoridades. La situación sigue siendo incierta, pero es evidente que el proceso de extradición de Toledo ha encontrado varios obstáculos en el camino.

Por qué la justicia peruana requiere al expreisdente Alejandro Toledo en el país

El exmandatario deberá cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva en el Perú, donde se le acusa de recibir una coima de más de US$ 32 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la megaobra carretera Interoceánica Sur. Toledo ya tiene dos acusaciones fiscales en su contra: una de 20 años y 6 meses de prisión y otra de 16 años y 08 meses de cárcel, por los casos Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3, además del caso ‘Ecoteva‘.

Toledo y su esposa Eliane Karp enfrentan también una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Ecoteva desde diciembre del 2019. El cuadernillo de extradición por Ecoteva se aprobó en el 2021 por el Consejo de Ministros, pero las autoridades norteamericanas todavía no se pronuncian al respecto, por lo que se deberá seguir un proceso.