Alrededor de 200 embarcaciones pesqueras asiáticas se encuentran en este momento frente a la costa, a la altura de los departamentos de Ica y Arequipa, alertó el presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur (Calamasur), Alfonso Miranda Eyzaguirre. Esta flota -agregó- todavía no es monitoreada por el Estado peruano.
“Esperamos que a partir del 01 de enero, las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos transzonales (como la pota) en alta mar y que ingresen a puertos peruanos, tengan operativo el Sistema de Seguimiento Satelital del Ministerio de la Producción y transmitan al centro de control, su posicionamiento de los últimos seis meses anteriores a su reporte de ingreso, tal como lo establece el Decreto Supremo 016-2020-Produce”, manifestó.
Añadió que son muy pocas las embarcaciones extranjeras que pescan pota las que han instalado el dispositivo satelital requerido.
“Estaremos atentos a que se cumpla este plazo final ya que hace años que venimos reclamando que se implemente el control. Ya no podemos esperar un solo día más”, expresó.
-Pérdidas económicas-
Anotó que entre el 21 de enero al 1 de febrero de 2021 se desarrollarán las reuniones anuales de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) que reglamenta la pesca de pota en aguas internacionales, fuera de las 200 millas.
Ante la cual, el gremio que lidera va a presentar propuestas para ejercer control de las embarcaciones poteras asiáticas que son subsidiadas y tienen una reiterada conducta infractora.
“Confiamos en que esta vez, el gobierno peruano apoyará estas propuestas y no permitirá que esta gigantesca flota siga siendo una amenaza para los países ribereños como el Perú, Chile y Ecuador. Vamos a coordinar con los tres gobiernos para tener una posición común”, agregó.
Precisó que la flota que pesca en aguas internacionales está sujeta a lo que se norme en la OROP-PS, por ello es de importancia que se ejerzan los controles correspondientes con observadores a bordo -suprimiendo los transbordos- así como denunciando a las naves con indicios reiterados de practicar pesca ilegal.
Finalmente, Miranda Eyzaguirre denunció que estas actividades prohibidas estarían generando pérdidas en el Perú por más de S/ 85 millones anuales y pone en riesgo a la principal pesquería peruana para consumo humano que es la primera actividad que desarrollan los pescadores artesanales del país.
