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Encuentran sin vida a veterinario iqueño en un hostal de Arequipa (video)

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Está tarde fue encontrado el cuerpo sin vida del joven veterinario Iqueño José Carlos Ruiz Laos (34). La familia del veterinario reporto su desaparición el día de ayer.

Informaron que el médico salió de su trabajo y recién el día de hoy fue ubicado sin vida dentro de la habitación del hostal «Teo» en el centro de la ciudad de Mollendo, región Arequipa

Fue su padre el profesor Emilio Ruiz, fue quién llegó a ubicar a su hijo dentro del hostal. En un primer momento la recepcionista del hostal se negó a permitirle el ingreso,

Aún se desconoce las causas de la triste tragedia. La fiscal que realizó la diligencias del levantamiento del cadáver a pedido la detención de la recepcionista del hostal.

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Cae mafia que estafó a miles de familias de Ica con el cuento de la «casa propia» (video)

Las personas de menos recursos de Ica, Cajamarca, Lima, Piura, entre otras regiones fueron engañadas y perdieron dinero

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La Policía Nacional capturó a trece integrantes de una presunta red criminal dedicada a estafar a personas de escasos recursos con el cuento de la casa propia. Estos mafiosos habrían engañado incluso hasta a alcaldes de varias provincias del país.

A ellos les habrían dado certificados de construcción de obras que les valió para ganar credibilidad y así ganar más víctimas. De esta manera habrían logrado reunir una fortuna de 10 millones de soles. 

Uno de los principales responsables sería David Plasencia Sánchez. Desde hace 7 años se presentaba en distintos lugares pobres del país y ofrecía techos dignos casi a donación. Encantaba a sus víctimas y les hacía creer que todo era real.

La organización criminal responde al nombre de CEUS. Plasencia, según los denunciantes, apareció un día asegurando que era gerente en Perú de esta ONG y que con donaciones de Europa construiría módulos de vivienda para los damnificados del terremoto de 2007 en Ica.

Las víctimas le depositaron lo poco que reunían para pagar los supuestos gastos en trámites y planos. Así fue captando incluso a 11 mil personas que con montos pequeños fueron sumando a las arcas de esta organización.

Incluso tenían en sus filas a tres españoles y se hicieron pasar como un grupo de ese país para captar la atención de quienes soñaban con su casa propia. Estos tenían antecedentes por estafa, según la Policía Nacional.

Este modus operandi se repitió en Chincha, Pisco, Ica, Cajamarca, Chimbote, Piura, Huancavelica, Lima y Callao. Al final en los terrenos donde supuestamente se iban a construir las casas no había ni una sola piedra.

Una vez que reunían el dinero se iban con este y de las obras, nada. En esta red ilícita hay contadores, representantes zonales, entre otros. El español Francisco del Molino Cartas también está comprendido en la investigación y es buscado por las autoridades.

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Por primera vez en Perú, el feminicidio se castiga con cadena perpetua

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Por primera vez en la historia de Perú, la justicia condenó a cadena perpetua a un hombre por el delito de feminicidio, en una sentencia que constituye un hito.

El crimen ocurrió el 28 de noviembre de 2018 en el distrito de Chorrillos, cuando Jean Piero Castro Gouveia, de 37 años, de nacionalidad venezolana, degolló a su pareja peruana Andrea Mercedes Rivera Sánchez, de 25 años, mientras dormía en su habitación, acompañada de sus hijos de 7 y 1 año.

La violencia ejercida contra esos niños, quienes tuvieron que ver a su madre debatirse entre la vida y la muerte mientras su agresor también intentaba quitarse la vida consumiendo veneno, fue precisamente el agravante que llevó a la Fiscalía y a la defensa de la víctima a solicitar la condena a cadena perpetua.

La abogada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Paola Onofre, explicó este jueves a EFE que en Perú está vigente, desde julio de 2018, una modificación del Código Penal que contempla agravantes al dictar las penas por violencia machista y violencia contra niños y adolescentes.

«Sabíamos que lo que correspondía era cadena perpetua por cómo se dieron los hechos y las agravantes que hubo, como que la comisión de los hechos se dio frente a los dos hijos de la víctima», señaló.

Onofre asumió en representación del MIMP la defensa de los deudos de la víctima en agosto último, cuando quedaban pocos días para que expire la prisión preventiva de nueve meses dictada contra el acusado.

«Conseguimos que se amplíe la prisión preventiva en cinco meses más y continuamos en ella hasta conseguir la sentencia», agregó la abogada, quien destacó el trabajo articulado de la Fiscalía y el Ministerio para también lograr una reparación civil de 172.800 soles (unos 51.000 dólares) en favor de los deudos.

«El MIMP tiene a cargo todos los casos de feminicidio para darle apoyo articulado, mediante el programa ´Te acompañamos’, para trabajar conjuntamente con las otras instituciones del Estado y brindar los servicios a personas que sufren este tipo de situaciones», aseveró Onofre.
La defensora agregó que este programa asiste también a los deudos de las víctimas, mediante apoyo legal y ayuda psicológica.

«Los niños, la madre y el hermano de la víctima están siendo asesorados psicológicamente para poder continuar con sus vidas. Es un tratamiento completo», agregó Onofre, quien destacó la pena obtenida por este feminicidio.

«Esta condena deja un mensaje a la sociedad, a las personas, que no deben callar, que deben denunciar, que los hechos de violencia no se pueden naturalizar. Y que el Ministerio está para cautelar los derechos», aseguró la abogada.

Si bien la sentencia dictada este miércoles por el colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur aún no ha sido apelada, Onofre aseguró que «de hacerlo, el MIMP continuará comprometido con el tema».

En lo que va del año, según cifras oficiales, unas 120 mujeres han sido asesinadas este año por motivos de género, mientras que en 2018 la cifra de feminicidios fue de 149.
Vía Andina

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Sunedu deniega licenciamiento a Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Tiene 16,650 estudiantes, de los cuales el 60% están inscritos en programas en modalidades presencial, mientras que el restante 40% cursa programas semipresenciales. Asimismo, cuenta con 570 docentes.

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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional solicitado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV).

“Esta universidad UIGV iniciará un proceso ordenado de cese de actividades, el cual no podrá exceder de dos años, contados a partir del próximo semestre académico. De inmediato, queda impedida de convocar admisiones por nuevos ingresantes, bajo cualquier modalidad”, detalla en un comunicado.

La decisión de denegar la licencia institucional obedece a que la UIGV no ha sido capaz de demostrar ante la Sunedu el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel universitario en el Perú.

La UIGV fundada en 1964 cuenta con trece facultades y una Escuela de posgrado. Su oferta educativa está conformada por 97 programas de estudio, 48 de pregrado, 38 maestrías y 11 doctorados además de 24 programas de segunda especialidad.

Además de Lima, en donde tiene nueve locales, cuenta con una filial en Chincha, Ica.
A la fecha tiene 16,650 estudiantes, de los cuales el 60% están inscritos en programas en modalidades presencial, mientras que el restante 40% cursa programas semipresenciales. Asimismo, cuenta con 570 docentes.

¿Qué fue lo que no cumplió?

Entre las principales deficiencias encontradas en la evaluación de la UIGV, cabe resaltar las siguientes:

  • La instancia encargada de la gestión de la calidad en la universidad no tiene una estructura organizacional definida ni cuenta con todo el personal a cargo requerido; además, sus instrumentos de gestión no están articulados entre sí.
  • La universidad no presentó planes de estudio para todos sus programas declarados y, en el caso de los planes que sí fueron remitidos, la información es inconsistente.
  • Durante el proceso, 82 documentos de planificación presentaron observaciones en su aprobación por autoridad competente; mientras que 22 no tuvieron documento de aprobación alguno, lo que evidencia desorden en la gestión institucional.
  • Se encontraron inconsistencias en la información del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la universidad, tanto en el presupuesto como en el plan y en la evidencia de lo ejecutado. Las inconsistencias halladas impactan en la operatividad del equipamiento de laboratorios y talleres y en la seguridad de los mismos; es decir, en la infraestructura general de la universidad.
  • Algunos locales conducentes a grado académico no cumplen con lo establecido en la normativa vigente (Reglamento Nacional de Edificaciones), lo cual incide directamente en la seguridad del estudiante y en el uso que se hace de su infraestructura.
  • La universidad no ha demostrado la implementación y gestión de actividades de investigación planificadas: no hay evidencia de que sus proyectos de investigación 2019 hayan pasado por un proceso de selección para la adjudicación de financiamiento, aunque así lo establece su propia normativa; ni que se hayan ejecutado capacitaciones para los investigadores.
  • La universidad no pudo demostrar que cuenta con personal responsable para todas las instancias que conforman el órgano de investigación, como es el caso de la Unidad de Investigación Formativa y Capacitación, o que cumplan con todos los requerimientos establecidos por la universidad. Además, desde el 2017-I hasta el 2019-I los docentes han incumplido los criterios establecidos en su propia normativa para ser considerados docentes investigadores en la universidad.
  • La universidad no demuestra la culminación de la mayoría de sus proyectos de investigación para el periodo 2017-2019. Además, los únicos proyectos culminados en este periodo no cumplen con criterios de integridad científica. Asimismo, para el 2019-I no tiene docentes vinculados a la investigación que se encuentren ejecutando proyectos para la Universidad.
  • Si bien la universidad presenta una plana docente que cumple con los grados académicos mínimos requeridos, durante el proceso no pudo demostrar el vínculo laboral del 40% de sus docentes. Tampoco ha podido asegurar su disponibilidad y solo ha evidenciado que el 11.22% del total de sus docentes tiene un régimen de dedicación a tiempo completo. De otro lado, y de acuerdo a la información recogida durante la evaluación se evidenció que la Universidad no ha ejecutado procesos de ordinarización desde el 2008, ni promoción docente desde el 2012.

Datos de interés

A la fecha, 99 universidades peruanas han concluido su proceso de licenciamiento. De ellas, 80 ha conseguido autorizaciones. La validez de las licencias otorgadas por la SUNEDU tienen una duración mínima de 6 años y máxima de 10.

Asimismo, la SUNEDU ha denegado el licenciamiento a 19 casas de estudio, debido a que no pudieron demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad.

Un total de 145 universidades se presentaron al proceso de licenciamiento institucional.

A la fecha, más 900 mil estudiantes cursan estudios superiores en universidades licenciadas.

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