Corte IDH: No se puede amnistiar ni eximir de responsabilidad a autores de desapariciones y torturas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lamentó la aprobación en primera votación de una nueva ley de amnistía para militares y policías implicados en graves violaciones a los derechos humanos, con sentencia o proceso judicial, como caos de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales o las torturas.  

La Corte afirmó que ninguna disposición de amnistía, prescripción o exclusión de responsabilidad puede impedir la investigación y sanción de quienes cometieron desapariciones forzadas, tortura o ejecuciones extrajudiciales.

El tribunal internacional dejó claro que las normas internas no deben obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas ni impedir que el Estado investigue, juzgue y sancione a los autores de crímenes de lesa humanidad. La Corte consideró inadmisibles los mecanismos legales que buscan proteger a personas involucradas en estos delitos, especialmente cuando se trata de hechos ocurridos durante contextos de conflicto o represión.

#Perú: #CIDH lamenta la aprobación en primera votación por el @congresoperu del Proyecto de Ley 7549/2023-CR que concede una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios de Estado que sean mayores de 70 años o que se… pic.twitter.com/d9FkkSQHXD

— CIDH – IACHR (@CIDH) June 13, 2025

El pronunciamiento coincide con la reciente aprobación, en primera votación, del Proyecto de Ley 7549/2023-CR en el Congreso de la República, que plantea conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado mayores de 70 años o sin sentencia firme por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por esta propuesta legislativa, puesto que pretende beneficiar a personas involucradas en crímenes graves, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, y representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.

Defensores de derechos humanos, organizaciones y víctimas del conflicto armado interno también rechazaron la iniciativa legislativa y advirtieron que su aprobación definitiva violaría los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y consolidaría la impunidad en casos emblemáticos aún no resueltos.

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