El exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres y sus cuentas pendientes con la justicia

Un lavadero mediático arrancó en favor de Elmer Cáceres Llica, con una de las gestiones regionales más polémicas en Arequipa. Es el único caso en el que ni pudo acabar su gestión acusado de corrupción. Pero el primero de enero de 2026, la exautoridad participó en el denominado “Gran cargo costumbrista” celebrado en el Círculo Social La Unión en la ciudad de Arequipa. Coreografió una huaylía, danza típica andina, ataviado de un cóndor con alas.

Las fotos e imágenes de su participación se difundieron por varias cuentas de redes sociales, principalmente Facebook. Sobre todo, un video editado en que los que participantes le agradecían su presencia. “El kuntur está de vuelta”, tituló una de las cuentas de Facebook. “El kuntur regresó con inusual baile”, enfatizó otra. “¿Votarías por él?”, lanzó sin reparos, otra más.

En campaña. Cuentas de redes sociales romantizan la figura de cuestionado exgobernador.

La aparición se dio a poco de cumplirse tres meses desde que el personaje dejó las rejas. Cumplía seis años de prisión en el penal de Socabaya por colusión, pena dispuesta por el Juzgado Personal Unipersonal Transitorio en octubre del 2023. El delito lo perpetró mientras fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma, durante su segundo periodo (2011-2014). La Fiscalía demostró que concertó con Antonia Lara Ibana, para que se le beneficie con la compra de butacas por S/ 21,460 para el Coliseo La Montera de Chivay que nunca se instalaron.

Dos años después, octubre 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia y ordenó que Cáceres sea liberado inmediatamente. El colegiado consideró que la inclusión por parte de la Fiscalía de una “acusación complementaria” no generó una nueva calificación del tipo penal y que no se acreditó el “hecho nuevo”. Y es que en las declaraciones de los testigos-acusados emergió el dato que la concertación con Antonia Lara Ibana se dio a través de Justina Jacobo Huamaní, un personaje que hasta ese momento no había sido incluida en las pesquisas. La Sala además ordenó un nuevo juicio oral.

Casación. La misma sentencia que revocó la pena señala que testigos incriminan directamente a Cáceres.

Cáceres no está absuelto por este hecho y aún no podría cantar victoria. Varios de los testimonios coinciden en señalar que él mismo dispuso favorecer a Lara Ibana en la adjudicación. Además, la propia Lara misma reconoció su responsabilidad penal. Pero no es el único caso que tiene pendiente Cáceres Llica con la justicia.

«Los hijos del cóndor»

El día que salió de prisión, un grupo de simpatizantes, junto a la prensa, lo esperó en las afueras del reclusorio. Le colocaron una corona de flores, una lliclla y lo envolvieron en serpentinas después que cruzó la reja. El exgobernador cumplía 36 meses de prisión preventiva, hasta octubre del 2024, mientras duraban las investigaciones por la acusación de liderar la organización criminal “Los hijos del Cóndor”. En ese lapso, se conoció la sentencia de seis años por el caso las butacas para el coliseo La Montera de Chivay en 2023.

Aun así, el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOP) de Arequipa, solicitó una ampliación de la medida por 12 meses más, ya que la sentencia por las butacas aún no estaba consentida. Pero el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria solo accedió por seis más.

Libre. Exgobernador está con comparecencia restringida, no puede salir de la provincia de Arequipa.

La liberación de Cáceres trajo un cargamontón contra la Fiscalía. Hasta el día que abandonó el penal, no culminaban las investigaciones por “Los Hijos del Cóndor”. En esta investigación imputan al exgobernador el hecho de liderar un grupo delictivo que se valió del aparato del gobierno regional para otorgar puestos de trabajo y terrenos de asociaciones, mediante testaferros, a un grupo de consejeros regionales, a cambio de votos. La agente encubierta “Samanta Miranda Tijeros”, se infiltró en la cúpula y proporcionó un centenar de audios con conversaciones, además de videos.

Transcurrieron casi cuatro años desde que Cáceres fuera detenido y sorprendido saliendo de su casa ebrio, la noche del viernes 22 de octubre del 2021. Se trató de un enorme operativo conformado por 37 fiscales, y un gran despliegue de agentes de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía, para intervenir a 25 implicados, entre consejeros, funcionarios y dirigentes de ese entonces.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el cuarto despacho, a cargo del fiscal Arturo Valencia Paiva, pidió sumar 18 meses más de prisión preventiva a los primeros 36 meses iniciales, para concluir las investigaciones. Esta última prórroga vence el 22 de abril del 2026. Hasta esa fecha, Valencia tiene tiempo para concluir las pesquisas. Entre ellas, recoger evidencia de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público en Lima y, sobre todo, de una labor clave: la reestructuración del caso.

Una ley pro crimen favorece a Cáceres Llica

Las leyes pro crimen aprobadas por este Congreso están afectando esta carpeta fiscal.  En octubre del 2024, el Ejecutivo publicó la Ley N°32138 que es la modificación de la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado (30077). La mayoría del Parlamento aprobó dicha norma haciendo más exigente la tipificación de organización criminal. Solo los delitos que superen los 5 años de pena privativa de libertad como mínimo pueden ser investigados bajo ese marco. Con ello, muchos delitos del catálogo ya no pueden ser vinculados a este tipo penal. Una norma exagerada que deja afuera a delitos graves como el tráfico de órganos, estafa, peculado, negociación incompatible, tráfico ilícito de migrantes, minería ilegal, entre muchos otros.

Ante la modificación penal, las defensas de los procesados interpusieron improcedencias de acción, pero fueron denegadas. El despacho fiscal insistirá en la existencia de la red criminal, pero con otros delitos vinculados. Por ejemplo, en el caso de Cáceres Llica, además del líder de organización criminal, es acusado de cohecho pasivo y activo, además de peculado. Estas serían modificadas en función de si cumplen la pena mínima.

Si bien Cáceres se encuentra libre, tiene medidas de restricción por esta investigación. No puede dejar la provincia de Arequipa sin previa solicitud y aprobación del Juzgado de Investigación Preparatoria.

Caso Jardín del Colca

 “Los Hijos del Cóndor” no es lo único que afrontará Cáceres con el Ministerio Público. El tercer despacho de la FECOP culminó en 2025, la investigación preparatoria por el caso “Jardín del Colca”.  Durante la gestión de Cáceres en el Gobierno Regional de Arequipa, se cometió un perjuicio económico de S/ 5,077,667 por la construcción de una plaza en la Asociación Jardín del Colca, ubicado en el distrito de Yura. En ese momento, un terreno sin saneamiento físico legal y considerado zona de alto riesgo no mitigable. Recientemente su hermano, Freddy Cáceres Llica, terminó elegido presidente de la asociación.

Vestido de cóndor. Cáceres durante celebración de Año Nuevo en el Círculo Social La Unión.

Están implicados más de una decena de exfuncionarios del GRA y de la Municipalidad Distrital de Yura. En las próximas semanas, el despacho a cargo de Manuel Aquino Flores emitiría un pronunciamiento para fijarse una fecha de audiencia: acusación o el sobreseimiento de la investigación. Luego, el Juzgado de Investigación Preparatoria fijará fecha de audiencia.

La defensa del cuestionado político evitó pronunciarse por las investigaciones en curso. “Respetamos la labor de la Fiscalía y esperaremos a que presenten sus acusaciones para pronunciarnos”, respondieron.

Construcción. Gestión de exgobernador levantó una plaza en un terreno invadido que carece de servicios básicos.

Así, resulta difícil encontrar un delito del que no se le haya acusado a Cáceres Llica. Desde violaciones hasta no cumplir medidas sanitarias durante la pandemia del COVID-19, pasos archivados por diversos motivos y circunstancias. Pero la exautoridad ya puedo saborear la amargura de las sentencias. Según su Hoja de Vida para las elecciones del 2018, ya contaban con dos sentencias condenatorias en su contra. Una de ellas de 1 año y 8 meses de prisión suspendida en 2016 por falsa declaración en proceso. ¿Serán las únicas por los siguientes años, o ese historial le impedirá postular nuevamente al sillon regional como parece estar decidido?

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