Minería informal iguala a la minería formal, ambos exportan por 12 mil millones de dólares
La minería informal se expande rápidamente en el Perú, impulsada por blanqueo de oro, escasa formalización y menor presupuesto estatal para controlar esta actividad.
Este 2025, Perú vive una situación inédita: las exportaciones de oro ilegal podrían igualar o incluso superar a las legales, alcanzando hasta 12 mil millones de dólares, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Este fenómeno es una clara evidencia del crecimiento de la minería informal, que ha ganado terreno en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad. El aumento de la informalidad genera un mercado paralelo que rivaliza con la minería formal.
La minería informal ha crecido rápidamente en los últimos años, impulsada por altos precios del oro y la falta de alternativas laborales en zonas rurales. Muchas operaciones se realizan sin permisos ni controles, lo que dificulta su regulación y aumenta los riesgos ambientales y sociales. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado hace más de una década, ha formalizado apenas al 2 % de los mineros inscritos, mostrando la dificultad del Estado para regularizar esta actividad.
El llamado «blanqueo de oro» es una práctica común en este sector. Plantas procesadoras informales permiten que el oro extraído ilegalmente ingrese al mercado formal sin ser detectado. Algunas de estas plantas figuran actualmente entre las principales productoras de oro del país, pese a no contar con minas propias, complicando los esfuerzos del Estado por diferenciar la minería ilegal de la formal.
El impacto ambiental de la minería informal es significativo. Según el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), más del 70 % del mercurio presente en la atmósfera de Madre de Dios proviene de la minería artesanal y de pequeña escala. La actividad también provoca deforestación, contaminación de ríos y lagunas, y pérdida de biodiversidad, afectando ecosistemas y comunidades locales.
En lo social, la minería informal ha generado conflictos y violencia. En Pataz, La Libertad, se reportan ataques armados y disputas entre bandas que controlan la minería ilegal y los trabajadores formales. Las mafias incluso utilizan registros oficiales como REINFO para dar apariencia legal a sus operaciones, mientras que la reducción del presupuesto estatal —de 90,8 millones de soles en 2024 a 70,6 millones en 2025— limita la capacidad del Estado para intervenir.
El desafío del gobierno peruano es enorme: fortalecer la formalización de mineros, aumentar la fiscalización y garantizar que la minería ilegal no siga creciendo a la par de la formal. Mientras tanto, el oro ilegal continúa fluyendo hacia mercados internacionales, amenazando la competitividad de la minería legal y la sostenibilidad de los recursos naturales del país.
Con información de: Instituto Peruano de Economía (IPE), Observatorio de Minería Ilegal (OMI), Reuters.
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