Piura: Comunidades campesinas refuerzan el rechazo al lote 208 y convocan asamblea de urgencia

Las comunidades campesinas del Bajo Piura reafirmaron su rechazo al lote 208. Este proyecto fue concesionado por Perú Petro para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Los dirigentes señalan que no hubo consulta previa y que la medida afecta su territorio y sus derechos colectivos.

Luis Inga, presidente de la Comisión de Defensa de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, indicó que las comunidades no fueron informadas ni consideradas. Para ellos, esta decisión vulnera normas nacionales e internacionales que protegen a los pueblos indígenas.

Las bases de Catacaos, Cura Mori y El Tallán también mostraron su preocupación. Sostienen que el Estado está imponiendo el proyecto sin escuchar a las poblaciones directamente afectadas.

Los dirigentes anunciaron que no permitirán mesas técnicas ni charlas de Perú Petro. Señalan que estas actividades solo buscan facilitar el ingreso de una empresa privada para operar el lote 208.

La preocupación aumenta porque la empresa Olympic es la única que ha manifestado su interés en este proyecto. Según los comuneros, la compañía ha sido cuestionada en otras regiones por presuntos impactos ambientales.

El lote 208 abarca más de 441 mil hectáreas. Esta superficie incluye zonas de Piura, Castilla, Sechura y Morropón. Además, contempla la perforación de más de 300 pozos exploratorios.

Ante esta situación, las comunidades convocaron una asamblea de urgencia. La reunión será este domingo 14, a las 9:00 a. m., en el caserío Nuevo Paraíso, en Catacaos. El objetivo es unificar posiciones y elaborar un pronunciamiento oficial.

Los dirigentes también enviarán documentos formales a instituciones del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo. Además, alertarán a organismos nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos indígenas.

Finalmente, las comunidades afirmaron que defenderán su territorio. Reiteraron que no permitirán acciones que vulneren su autonomía ni su propiedad comunal.

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