Finalmente el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, ha asumido el expediente del hábeas corpus en apoyo al exdictador Alberto Fujimori, remitido por el Tribunal Constitucional después de rechazar solicitudes de aclaración por parte de las partes involucradas.

Aunque la decisión del Tribunal Constitucional no hace mención de la ejecución de la sentencia de 2022, el presidente de esta entidad, el juez Francisco Morales Saravia, sostiene que el juez de primera instancia está obligado a liberar al exdictador, a pesar de la anulación del indulto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), medida que invalidó la restauración del indulto por la anterior configuración del TC.

Morales Saravia argumenta que las sentencias del TC tienen prioridad sobre las decisiones de la Corte IDH. Fernández Tapia, por su parte, enfrenta la encrucijada de liberar a Alberto Fujimori o llevar a cabo un control difuso de convencionalidad, respetando así la determinación de la Corte IDH de abstenerse de aplicar el perdón presidencial, cuestionado por haber sido otorgado como resultado de un supuesto soborno para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de una moción de vacancia.

El historial de Vicente Fernández Tapia, juez que verá el caso de Alberto Fujimori

En cuanto al historial de Fernández Tapia, este magistrado ha sido objeto de sanciones disciplinarias en la Oficina de Control de la Magistratura (ahora Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial). Una de estas sanciones se relaciona con la liberación indebida de un presunto miembro de «La Sagrada Casta de Ica», una organización criminal bajo investigación por diversos delitos, incluyendo homicidio, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, extracción ilegal de especies acuáticas y tráfico de drogas.

Se le acusó a Fernández Tapia de declarar procedente la cesación de la prisión preventiva para uno de los imputados. Juez valoró únicamente las declaraciones que favorecían al acusado, sin tener en cuenta las declaraciones de testigos protegidos de la Fiscalía que afirmaban su afiliación a «La Sagrada Casta de Ica».

La Oficina de Control de la Magistratura solicitó la destitución del magistrado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Caso terminó con su suspensión preventiva durante el proceso de investigación. La JNJ confirmó la falta grave de Fernández Tapia, señalando que había vulnerado el deber de impartir justicia y respetar el debido proceso.

Sin embargo, los consejeros de la JNJ concluyeron que, aunque el magistrado había omitido explicar el proceso mental detrás de la contradicción de los testimonios de los testigos protegidos, también consideró otros elementos de prueba, atenuando su grado de culpabilidad. Por lo tanto, sugirieron que la sanción sería por fallo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANCPJ), ex OCMA.

CIDH intervino hoy

Hoy, 30 de noviembre, la Corte IDH ha solicitado al Estado peruano un informe. Exactamente sobre el cumplimiento de la resolución del 7 de abril que prohíbe la liberación de Alberto Fujimori. Esto reafirma la vigencia de la decisión de 2022. La corte recuerda al Estado peruano su obligación de abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto otorgado por razones humanitarias a Fujimori en 2017.

En una jornada cargada de tensiones y expectativas, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Ica recibió un extenso expediente de 990 folios relacionado con la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori. El magistrado a cargo, Vicente Fernández Tapia, enfrenta la responsabilidad de resolver este caso en las próximas horas.

El frente del Poder Judicial se vio alterado con la llegada de un grupo de simpatizantes del exmandatario, quienes exigieron de manera enérgica la liberación inmediata de Fujimori. En medio de la multitud, el abogado defensor, Elio Riera, hizo acto de presencia para expresar la posición y las preocupaciones respecto al estado de salud de su defendido.

En declaraciones a los medios de comunicación congregados frente al Poder Judicial de la Calle Chiclayo, Riera manifestó: «He conversado telefónicamente hace breves minutos y se encuentra con mucha prudencia, con mucha expectativa, pero con mucha prudencia, con el estado de salud en verdad muy precario. El plazo es claro, es inmediato, es un tema de hábeas corpus. Debía haberlo hecho ya el día de ayer por eso venimos a conocer el estatus y el motivo por el cual hay una demora».

Abogado de Alberto Fujimori: «No puedo dejar morir a una persona en la cárcel»

El letrado argumentó que, según la normativa vigente, el juez a cargo debería haber resuelto la situación de Fujimori de manera inmediata, lo cual aún no ha sucedido. Riera enfatizó en la necesidad de que el magistrado acate el mandato del Tribunal Constitucional y resuelva conforme a la legalidad. «Soy abogado, tengo que luchar por esta justa causa», afirmó, añadiendo que cuestionará cualquier pronunciamiento que considere no ajustado al marco legal.

Riera subrayó la urgencia de la situación al afirmar: «No puedo dejar morir a una persona en la cárcel, no lo puedo hacer». Informó que el magistrado aún no ha tenido acceso físico ni digital al expediente, y debido a las diligencias pendientes, no ha podido atender el caso hasta el momento. No obstante, el abogado reconoció los esfuerzos de la judicatura por digitalizar el expediente página por página.

En cuanto al desarrollo futuro del caso, Riera señaló que, si todo sigue su curso normal, podrían tener un primer acercamiento a las 4 de la tarde, considerando el horario de atención de los magistrados, o incluso el día siguiente. La incertidumbre persiste en torno al destino legal de Alberto Fujimori, mientras sus partidarios y detractores aguardan ansiosos el desenlace de este controvertido episodio judicial.

Nota: La portátil fujimorista estuvo liderada por la excongresista de Ica por Fuerza Popular, Betty Ananculí, además del abogado Gregorio Parco, quien fue el que presentó el Hábeas Corpus clave en el año 2020 para que el Poder Judicial ordene la libertad del expresidente.

En una jornada marcada por la atención mediática, el juez Miguel Ángel Chirinos asume un papel crucial al encontrarse a cargo de la resolución del expediente del expresidente Alberto Fujimori en el Poder Judicial de Ica. Esta situación surge después de la emisión de una resolución por parte del Tribunal Constitucional, la cual busca aclarar el caso tras la solicitud de revisión realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La resolución del Tribunal Constitucional, que afirma no existir elementos adicionales que ameriten revisión, debe ser notificada a la Sala Suprema Superior de Ica. Posteriormente, la sala derivará la resolución a uno de los dos juzgados de investigación preparatoria de la región, siendo el juez Miguel Ángel Díaz Chirinos el encargado de tomar una decisión sobre la situación del expresidente Fujimori.

Cuestionado Juez de Ica, Miguel Díaz Ángel Chirinos

El caso del indulto de Alberto Fujimori, ahora bajo la jurisdicción del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica a cargo del juez Miguel Ángel Díaz Chirinos, se ve aún más complejo debido al proceso disciplinario que enfrenta el magistrado. La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) le inició dicho proceso en abril de este año, alegando que Díaz Chirinos habría afectado los deberes de imparcialidad en su desempeño judicial. Entre las acusaciones, se destaca que el juez dictó prisión preventiva contra un individuo y desestimó un habeas corpus en un caso en el que el mismo procesado estaba involucrado.

Abogado de Fujimori buscan la manera de promover la libertad del expresidente encarcelado por delitos de lesa humanidad

El abogado defensor de Fujimori, el doctor Elio Riera, informó que están revisando la documentación y esperan la recepción del documento del Tribunal Constitucional en la Corte Superior de Justicia de Ica. Por otro lado, Gregorio Parco Alarcón, abogado que presentó un Habeas Corpus en 2022 que condujo a la situación actual, no ha brindado declaraciones hasta el momento.

La resolución del Tribunal Constitucional indica que el Habeas Corpus regresa al juzgado de Ica para su trámite, sin que se prevea una audiencia o debate adicional. A pesar de la esperanza de Keiko Fujimori por la liberación de su padre, algunos expertos consideran un «imposible jurídico» que el juzgado de Ica decida su libertad.

El juez Miguel Ángel Chirinos enfrenta la delicada tarea de resolver este caso, teniendo en cuenta tanto la resolución del Tribunal Constitucional como la previa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló el indulto concedido anteriormente.

La Prefecta Regional de Ica, Peggy Arias Barrios, habría desempeñado un papel clave en la formación del partido político Ciudadanos por el Perú, liderado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, según revela un informe reciente. Este documento detalla que, durante el periodo comprendido entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, Arias logró obtener órdenes de servicio por un monto total de S/45,000 a través del programa Cuna Más.

La colaboración entre al menos cinco prefectos y subprefectos con Nicanor Boluarte en la creación de Ciudadanos por el Perú continúa siendo evidente, ya que permanecen en sus cargos, según la información disponible en la página web de la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior (Mininter). Este involucramiento se habría llevado a cabo en cooperación con individuos vinculados a los ministerios del Interior y Desarrollo e Inclusión Social, según una investigación realizada por el diario El Comercio.

Entre los prefectos vinculados al proyecto político del hermano de la presidenta Boluarte se encuentran Peggy Arias Barrios, Prefecta Regional de Ica, Misael Menéndez de Huancavelica y Noriel Chingay de Cajamarca. Además, se mencionan a las subprefectas distritales Dinela Canta de Puente Piedra y Diana Quispe de Independencia.

El congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular señaló que la permanencia de estos funcionarios en sus cargos sugiere un respaldo gubernamental, a pesar de las críticas en su contra. Este hecho plantea interrogantes sobre por qué los prefectos y subprefectos involucrados en actividades proselitistas continúan en funciones sin enfrentar consecuencias legales.

Fiscalía investiga al hermano de Dina Boluarte, pero prefectos y subprefectos siguen en los cargos

Aunque la Fiscalía ha iniciado una investigación contra Nicanor Boluarte y otros implicados por presuntos delitos como colusión agravada y tráfico de influencias, los prefectos y subprefectos siguen ocupando sus cargos sin enfrentar acciones por parte del Ejecutivo, la Fiscalía o el Congreso. La falta de reacción de las autoridades frente a estas acusaciones genera preocupación, ya que se espera que los responsables sean separados de sus cargos y enfrenten acciones legales.

En este contexto, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha destacado la necesidad de una investigación penal y sugiere que el Congreso revise la pertinencia de las funciones de estas autoridades. Mientras tanto, Peggy Arias Barrios, Prefecta Regional de Ica, quien asumió su cargo en enero de este año, sigue ocupando su posición sin que se haya tomado ninguna medida en su contra. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y la responsabilidad de las instituciones ante posibles actos de corrupción.

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en medio de una tormenta política tras su reciente viaje a Europa, que ha desencadenado la presentación de una moción de vacancia presidencial por parte de congresistas de izquierda.

La controversia se centra en su presunta violación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que regula la encargatura del despacho presidencial cuando el jefe de Estado sale del territorio nacional.

La moción, fundamentada en lo que algunos congresistas consideran una «incapacidad moral permanente», busca la destitución de Boluarte de su cargo como presidenta de la República. Según el documento, la mandataria habría incurrido en la causal de incapacidad moral al dejar el territorio nacional de manera inconstitucional, infringiendo así el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió la moción de vacancia y anunció que se debatirá en la próxima sesión del Pleno, cumpliendo con el reglamento del Congreso. Este desarrollo agrega más incertidumbre a un ya complicado escenario político en el país.

Rechazan a Dina Boluarte en Alemania

Boluarte, actualmente en Alemania, se encuentra bajo fuertes críticas y demandas de repatriación por parte de ciudadanos peruanos que quedaron varados en Israel debido a la reciente crisis provocada por los ataques terroristas de Hamas. Ante la creciente presión, la presidenta decidió enviar el avión presidencial de Perú a Israel para repatriar a sus compatriotas afectados.

Sin embargo, su presencia en Alemania ha generado un rechazo notable por parte de la comunidad peruana en el extranjero. Ciudadanos peruanos en Stuttgart la recibieron con pancartas que expresaban su descontento y acusaciones de que su gobierno estaba «matando gente».

En Berlín, se han programado manifestaciones en contra de la visita de Boluarte, en las cuales peruanos y peruanas residentes en la capital alemana se reunirán en el Palacio de Bellevue, el viernes 13 de octubre, para expresar su desaprobación. La polémica en torno al viaje y la moción de vacancia han puesto a la presidenta en una posición cada vez más frágil en la escena política peruana.

La historia comienza con Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín y actual líder del partido Perú Libre, quien se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción relacionado con la construcción de un aeródromo en la provincia de Concepción. La Fiscalía ha sostenido que el Gobierno Regional de Junín, bajo el mando de Cerrón, no tenía justificaciones válidas para llevar a cabo este proyecto, especialmente considerando la oposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ya contaba con un aeropuerto operativo en la región.

El contrato en cuestión, valorado en más de 326 millones de soles, fue adjudicado de forma directa y firmado por Cerrón un día antes de tomar licencia para postularse a la reelección en 2014. Además, Cerrón también habría firmado un contrato irregular con Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, ignorando las objeciones de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ya tuvo una condena en el caso, pero Vladimir Cerrón había apelado

En febrero de este año, el juez Guido Arroyo Ames condenó a Cerrón a 4 años de prisión efectiva, le impuso una inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos y determinó una reparación civil de más de 2 millones de soles. Sin embargo, esta sentencia fue apelada por Cerrón y, este viernes 6 de octubre, el colegiado integrado por los magistrados Walter Chipana, Julio Lagones y Carlos Carhuancho ratificaron su responsabilidad penal, aunque redujeron la pena a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. La inhabilitación para la función pública se mantuvo por el mismo período, y la reparación civil se redujo a 800 mil soles.

A pesar de los esfuerzos de la defensa de Cerrón para acogerse a la Ley 31751, también conocida como Ley Soto, que reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal, el tribunal rechazó esta solicitud. Según los cálculos de la sala penal, el delito de colusión habría prescrito recién a mediados de 2024.

Orden de captura para los sentenciados

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Anticorrupción de Junín ordenó la inmediata ejecución del fallo ratificatorio y dispuso la tramitación de los oficios necesarios para la captura de los sentenciados y su internamiento en un centro penitenciario de Junín. Sin embargo, el juez Carlos Carhuancho expresó su desacuerdo, argumentando que la sentencia debería ejecutarse solo una vez que sea declarada firme o consentida, es decir, cuando ya no sea posible presentar recursos de nulidad o casación ante la Corte Suprema.

Hasta el momento, Vladimir Cerrón no ha realizado declaraciones públicas sobre la sentencia en su contra y su cuenta de Twitter ha permanecido inactiva desde el 2 de octubre. En el pasado, tras conocerse la sentencia condenatoria en primera instancia, Cerrón afirmó que el Gobierno Regional de Junín «no invirtió un solo centavo» y que apelaría la decisión.