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Política

Congreso dispone archivar denuncia contra Manuel Merino por las muertes de Inti y Bryan

Ahora el Ministerio Público estará impedido de continuar con la investigación contra los tres acusados, quienes cuentan con el “beneficio de antejuicio”.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, quienes fueron acusados por por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez durante las manifestaciones en noviembre del 2020.

Inicialmente, hubo un empate entre los congresistas que estaban a favor y en contra del informe del congresista Alejandro Cavero (Avanza País), ponente del caso. Por esa razón, Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso) tuvo que dirimir en su condición de titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Con esta decisión, el Ministerio Público estará impedido de continuar con la investigación contra los tres acusados, quienes cuentan con el “beneficio de antejuicio”. Estos fueron acusados por haber cometido los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

Durante la sesión, el congresista Cavero desacreditó el informe de Luis Naldos, jefe de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, quien señaló que hubo violencia excesiva de la Policía Nacional durante las protestas de noviembre del 2020. Alegó como un argumento que Naldos era abogado y no contaba con alguna especialidad en operativos policiales.

En esa línea, el parlamentario enfatizó que la institucional policial no usa perdigones de goma hace más de 15 años, ni se ha encontrado evidencia de órdenes de compra de la institución en tal sentido. Además, agregó que los efectivos comenzaron a replegarse frente a los manifestantes. Indicó que no tendrían ninguna responsabilidad en el lanzamiento de los perdigones que impactaron contra los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes terminaron perdiendo la vida.

“Inti y Bryan fallecen en momentos distintos. La Policía se encontraba, en el caso de Inti, replegada a más de 40 metros de distancia. La distancia haría poco probable, además alegando que la Policía Nacional no cuenta con perdigones, que la Policía haya podido disparar”, sostuvo Cavero.

El integrante de Avanza País añadió que ni Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez carecían de información sobre lo que sucedía en el país cuando asumieron sus cargos. “¿Algunos de los tres imputados pudo haber ejercido una injerencia directa en la Policía? La respuesta es negativa. Los imputados no tuvieron control operativo. Esto ha sido ratificado por los comandantes que acudieron a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, agregó.

“No se ha encontrado evidencia que vincule a los imputados a un proceder indebido. No existe evidencia que las lesiones de los manifestantes fueran producidas por la Policía. Los imputados no podrían ser responsables”, finalizóCavero.

En respuesta, congresistas de otras bancadas hicieron notar las incongruencias en el informe del parlamentario de Avanza País. Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) enfatizó que existía un encubrimiento para Merino y, además, resaltó que no se valoraron las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Por su lado, Ruth Luque (Cambio Democrático) cuestionó que Cavero haya asumido un papel de juez para anular pruebas contra su informe. “Incluso determina qué pruebas valen, cuando es el Ministerio Público quien determina la validez. En el procedimiento ni siquiera los deudos de las víctimas fueron invitados”, mencionó.

Sigrid Bazán (Cambio Democrático) agregó que Cavero omitió en su informe que Merino y los altos mandos de la Policía Nacional se reunieron en la noche del 14 de noviembre. “Se está pasando por alto que hubo una reunión el 14 de noviembre donde asistieron altos mandos policiales. ¿De qué conversaron Merino, el ministro y los altos mandos policiales?”, apuntó.

FAMILIARES

Antes de que se diera el blindaje a Merino en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado rechazaron el informe de Alejandro Cavero. Por medio de un documento publicado por el estudio Arbizu & Gamarra, defensa de los familiares y víctimas del 14N, se exhortó al Estado y al Congreso a “respetar los derechos humanos y garantizar que los ejercicios de dichos derechos sean respetados”.

“Me permito recordar al Congreso las obligaciones adquiridas por el Estado en sede internacional y exhortar al cumplimiento de su deber de cooperación con la justicia, y señalar que compete a la autoridad facilitarme el acceso, oírme y permitir mi participación activa y eficaz en cuanta investigación o denuncia penal civil o congresal se genere”, se lee en el documento.

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Mujeres le jalaron de los cabellos a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho

Una de las viudas de las víctimas del 15 de diciembre del 2022 protagonizó el incidente. Con protestas recibieron a mandataria.

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Mujeres le jalaron de los cabellos a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue objeto de agresión por dos mujeres mientras participaba en una inauguración de obras en Ayacucho. El incidente ocurrió cuando Boluarte, acompañada del gobernador regional, Wilfredo Oscorima, lanzaba caramelos a los asistentes durante la ceremonia. Las agresoras, una identificada como Ruth Bárcena Loayza, lograron romper el cordón de seguridad y agarraron del cabello a la presidenta.

Este ataque se produce en un contexto de tensión en la región. Horas antes de la inauguración, la presencia de Boluarte ya había sido recibida con rechazo. En la mañana, durante su visita al distrito Andrés Avelino Cáceres para el inicio de obras de un sistema de agua potable, la presidenta enfrentó abucheos e insultos de los ciudadanos.

Ruth Bárcena, es viuda de una víctima del régimen de Dina Boluarte en Ayacucho

La situación en la inauguración de la carretera en Minascucho hacia el distrito de Paras escaló rápidamente. La intervención de la policía y del gobernador Oscorima fue necesaria para controlar el incidente. Como resultado, Ruth Bárcena Loayza solo fue retenida y no bajo detención, mientras la otra agresora permanece sin identificar.

Ruth Bárcena Loayza, la ciudadana detenida, es viuda de Leonardo David Hancco Chacca, quien falleció en las protestas contra la administración de Boluarte en Ayacucho en diciembre de 2022. Estas protestas han marcado un período de agitación social en la región, generando un ambiente de hostilidad hacia la figura presidencial.

«La presidenta Dina Boluarte tuvo una presentación abrupta en Ayacucho. A pesar del fuerte despliegue policial, manifestantes lograron ingresar, y la falta de entusiasmo de los asistentes fue evidente. El intento del gobernador Wilfredo Oscorima de mejorar la imagen de Boluarte resultó en un fracaso, ya que la recordaron por su presunta implicación en el asesinato de 10 personas el 15 de diciembre del 2022» fue el reporte del medio local Estación Wari.

La presidenta Boluarte logró reincorporarse tras el ataque y continuar con sus actividades programadas. No obstante, este evento subraya las crecientes tensiones en Ayacucho y plantea interrogantes sobre la seguridad y la aceptación pública de la mandataria en ciertas regiones del país.

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Patricia Chirinos amaneció en España tras ser alertada que iba ser detenida por la justicia peruana

Congresista tomó un vuelo rumbo a España luego de dejar un video en el que asegura que pedirían su detención luego de un allanamiento en su casa y en su vivienda.

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Patricia Chirinos amaneció en España tras ser alertada que iba ser detenida por la justicia peruana

La congresista Patricia Chirinos, miembro de la bancada Avanza País, ha salido del país rumbo a España en medio de controversias. Su viaje, registrado el 17 de diciembre, se produce tras publicar un video en sus redes sociales, donde afirma, sin presentar pruebas, que sería objeto de una detención preliminar y de allanamientos en su domicilio y oficina por parte del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía.

Chirinos ha respondido a las interrogantes sobre su abrupto viaje, alegando que fue informada por «fuentes del Ministerio Público» sobre la detención preliminar planeada en su contra. Esta salida se realizó durante una semana de representación y ha sido justificada por la legisladora como una visita anual programada a sus hijos. A pesar de esto, no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones de actos arbitrarios e ilegales por parte de las autoridades judiciales.

La situación de Chirinos está vinculada con investigaciones en curso contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, por liderar una presunta organización criminal desde el Ministerio Público. La parlamentaria ha sido señalada por su supuesta colaboración con esta red delictiva y enfrenta una denuncia constitucional presentada por la congresista Sigrid Bazán.

Patricia Chirinos en la cuerda floja

Las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) implican a Chirinos en la supuesta influencia sobre la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y la planificación para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Adicionalmente, Chirinos ha sido señalada por sus interacciones con Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides y principal operador de la mencionada organización criminal, ahora colaborador eficaz.

La congresista también ha estado involucrada en acciones contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional, quienes ordenaron suspender el proceso en el Congreso contra la JNJ. Chirinos presentó una denuncia contra estos magistrados por presunto abuso de autoridad y prevaricato. Además, presentó denuncias constitucionales contra los integrantes de la JNJ y solicitó medidas de acción del Ministerio Público y la Contraloría General de la República frente a presuntas irregularidades en la JNJ.

¿Será cierto? Patricia Chirinos asegura “Me han ofrecido asilo político de otros países”

Aunque no dice quiénes. A pesar de la complejidad y seriedad de las acusaciones, Chirinos ha reafirmado que no solicitará asilo político, alegando que no ha cometido actos ilegales. Sin embargo, ha indicado que recibió ofertas de asilo de varios países latinoamericanos. La congresista ha anunciado su intención de regresar a Perú en una semana, en medio de este escenario de acusaciones y controversias legales.

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Gobierno pone en la mira a fiscal que ordenó liberar a manifestantes de Barrio Chino

La presidenta Dina Boluarte se pronunció contra liberación, mientras en Ica ya presentaron quejas funcionales contra el fiscal Víctor Arias Torrejón.

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Gobierno pone en la mira a fiscal que ordenó liberar a manifestantes de Barrio Chino

La presidenta Dina Boluarte y su gobierno le han puesto el ojo encima al fiscal del Ministerio Público en Ica, Víctor Hugo Arias Torrejón, quien decidió liberar a tres manifestantes detenidos durante las protestas en Barrio Chino, Ica. Estos manifestantes, incluyendo un menor de edad, estaban bajo arresto por la «sospecha» de participar en los bloqueos y disturbios en la Panamericana Sur.

La presidenta Boluarte, refiriéndose a este incidente dijo esta mañana: “Lo que pasó en Barrio Chino (Ica), 18 policías heridos en el intento del 7 de diciembre de querer tomar y bloquear las carreteras. Han sido detenidas tres personas y han sido liberadas mucho antes del plazo que la ley determina para investigar y abrir carpetas fiscales, esto no puede seguir así”. Esta declaración refleja una postura crítica del Ejecutivo hacia la actuación del fiscal.

Gobierno los quería presos

Por las declaraciones; tanto Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola como el ejecutivo en general ha sugerido acusar a los detenidos para llevarlos presos. El fiscal de Ica, Arias, por su parte, basó su decisión en la evaluación de las pruebas presentadas. A pesar de la existencia de material como grabaciones y mensajes de WhatsApp, determinó que no eran suficientes ni sólidas para justificar una detención prolongada.

Fiscal de Ica bajo la mira

Tras esta decisión, el fiscal Víctor Hugo Arias Torrejón, ahora está en la mira. El general PNP José Zavala Chumbiauca, ha presentado una queja funcional desde el Frente Policial Ica. Por su parte la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, también ha presentado otra queja y esto podría pasarle factura al fiscal.

El procurador público en Ica, Luis Alberto Casaverde Reyna, elevó la queja ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno. En el documento señala que Arias Torrejón «ha incurrido en inconducta funcional y consideran una irregular actuación fiscal».

Este incidente en Barrio Chino destaca las tensiones entre el gobierno y el sistema judicial en el contexto de las protestas y la seguridad pública en Perú. Con el desarrollo de esta situación, se espera que surjan más detalles sobre las decisiones del fiscal y las respuestas del gobierno.

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Martín Vizcarra no puede viajar ni a Ica, Poder Judicial confirma negativa a permiso

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratifica la negativa de viaje por el interior del país al expresidente de Perú.

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Martín Vizcarra no puede viajar ni a Ica, Poder Judicial confirma negativa a pedido de permiso

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de Perú ha confirmado recientemente la prohibición de viaje al interior del país para el expresidente Martín Vizcarra. El exmandatario había solicitado permiso para viajar a varias regiones, incluyendo Loreto, Piura, Áncash e Ica. Su objetivo era realizar actividades políticas, tales como capacitar a los militantes de su partido «Perú Primero» y difundir sus ideas partidarias.

Sin embargo, el colegiado determinó que, debido a su inhabilitación política, Vizcarra no puede representar a ninguna organización política. Esta inhabilitación fue impuesta por el Congreso de la República por un periodo de 10 años, a raíz de su vacunación irregular contra el Covid-19, en un caso conocido como «Vacunagate«.

La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones señala que la inhabilitación política de Vizcarra le impide ejercer cualquier representación de un partido político, por lo que no se le puede autorizar los viajes que había solicitado. Esto representa un golpe significativo para las aspiraciones políticas de Vizcarra y su partido, ya que limita su capacidad de participación directa en la política peruana.

Vizcarra estaría esperando un golpe de suerte para que lo rehabiliten y postule en el 2026

Además de la confirmación de la prohibición de viaje para el expresidente Martín Vizcarra, el exmandatario ha estado activo en el ámbito digital, específicamente en TikTok. Desde que se unió a esta plataforma, ha ganado rápidamente casi medio millón de seguidores, hazaña que refleja su popularidad continua a pesar de los desafíos legales y políticos que enfrenta.

Vizcarra enfrenta una inhabilitación política por 10 años, impuesta por el Congreso debido a su participación en el caso «Vacunagate». Esta sanción limita severamente sus opciones para volver a la política activa, especialmente para una potencial candidatura en las elecciones de 2026. Con su presencia en redes sociales, Vizcarra estaría buscando un golpe de suerte para intentar volver al poder.

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Congresistas recibirán más de 43 mil soles por Navidad en plena recesión económica

Parlamentarios recibirán un sustancioso pago adicional en diciembre. Tan solo el aguinaldo y canasta navideña suman más de 17 mil soles.

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Congresistas recibirán más de 43 mil soles y otros 17 mil por aguinaldo y canasta navideña

La Mesa Directiva del Congreso, liderada por Alejandro Soto, ha determinado que tanto los congresistas como los trabajadores del Legislativo reciban un monto adicional en diciembre, a pesar de la actual recesión económica que atraviesa Perú. Se reveló que esta decisión fue resultado de un acuerdo suscrito el 17 de noviembre, que atiende a los requerimientos de varias direcciones y oficinas del Congreso, incluyendo la Dirección General de Administración y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Este acuerdo implica que los congresistas recibirán un aguinaldo navideño en forma de tarjetas electrónicas de consumo por un total de S/ 1,700, una medida que también beneficia a los trabajadores legislativos. Además, se otorgará el aguinaldo a la población laboral activa que no forma parte del Servicio Parlamentario, así como a los pensionistas, edecanes y el capellán de la institución.

En total, los parlamentarios percibirán alrededor de S/ 43,117.20 este mes, incluyendo su sueldo, asignación por desempeño laboral, compensación por semana de representación y el aguinaldo navideño dividido en gratificación y tarjeta electrónica.

  • Su sueldo (S/15,600)
  • Asignación por desempeño laboral (S/ 7,617.20)
  • Semana de representación (S/ 2,800)
  • Aguinaldo por navidad (gratificación + tarjeta electrónica (S/ 17,300).

En noviembre, también se había aprobado un «bono extraordinario» de casi 10 mil soles para el personal activo del Legislativo. Esta medida alcanzó a los congresistas y a los trabajadores de los sindicatos del Congreso.

Cabe mencionar que antes de que el Ministerio de Economía y Finanzas reconociera oficialmente la recesión económica el 20 de octubre, el Congreso continuó utilizando fondos públicos para gastos particulares, incluyendo la adquisición de equipos para la señal HD del canal congresal y la compra de pólizas de seguro.

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Ica: Juez que liberó a miembro de “La Sagrada Casta” ahora ve el caso de Alberto Fujimori

Finalmente expedientes llegaron a las manos del juez que alguna vez liberó a un miembro de la organización criminal más temible de Ica.

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Ica: Juez que liberó a miembro de “La Sagrada Casta” ahora ve el caso de Alberto Fujimori

Finalmente el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, ha asumido el expediente del hábeas corpus en apoyo al exdictador Alberto Fujimori, remitido por el Tribunal Constitucional después de rechazar solicitudes de aclaración por parte de las partes involucradas.

Aunque la decisión del Tribunal Constitucional no hace mención de la ejecución de la sentencia de 2022, el presidente de esta entidad, el juez Francisco Morales Saravia, sostiene que el juez de primera instancia está obligado a liberar al exdictador, a pesar de la anulación del indulto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), medida que invalidó la restauración del indulto por la anterior configuración del TC.

Morales Saravia argumenta que las sentencias del TC tienen prioridad sobre las decisiones de la Corte IDH. Fernández Tapia, por su parte, enfrenta la encrucijada de liberar a Alberto Fujimori o llevar a cabo un control difuso de convencionalidad, respetando así la determinación de la Corte IDH de abstenerse de aplicar el perdón presidencial, cuestionado por haber sido otorgado como resultado de un supuesto soborno para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de una moción de vacancia.

El historial de Vicente Fernández Tapia, juez que verá el caso de Alberto Fujimori

En cuanto al historial de Fernández Tapia, este magistrado ha sido objeto de sanciones disciplinarias en la Oficina de Control de la Magistratura (ahora Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial). Una de estas sanciones se relaciona con la liberación indebida de un presunto miembro de «La Sagrada Casta de Ica», una organización criminal bajo investigación por diversos delitos, incluyendo homicidio, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, extracción ilegal de especies acuáticas y tráfico de drogas.

Se le acusó a Fernández Tapia de declarar procedente la cesación de la prisión preventiva para uno de los imputados. Juez valoró únicamente las declaraciones que favorecían al acusado, sin tener en cuenta las declaraciones de testigos protegidos de la Fiscalía que afirmaban su afiliación a «La Sagrada Casta de Ica».

La Oficina de Control de la Magistratura solicitó la destitución del magistrado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Caso terminó con su suspensión preventiva durante el proceso de investigación. La JNJ confirmó la falta grave de Fernández Tapia, señalando que había vulnerado el deber de impartir justicia y respetar el debido proceso.

Sin embargo, los consejeros de la JNJ concluyeron que, aunque el magistrado había omitido explicar el proceso mental detrás de la contradicción de los testimonios de los testigos protegidos, también consideró otros elementos de prueba, atenuando su grado de culpabilidad. Por lo tanto, sugirieron que la sanción sería por fallo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANCPJ), ex OCMA.

CIDH intervino hoy

Hoy, 30 de noviembre, la Corte IDH ha solicitado al Estado peruano un informe. Exactamente sobre el cumplimiento de la resolución del 7 de abril que prohíbe la liberación de Alberto Fujimori. Esto reafirma la vigencia de la decisión de 2022. La corte recuerda al Estado peruano su obligación de abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto otorgado por razones humanitarias a Fujimori en 2017.

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