La vicepresidenta de la República y parlamentaria oficialista, Mercedes Aráoz, indicó que los sueldos de los congresistas se deberían actualizar de acuerdo al costo de vida del país porque «han pasado casi 15 años y no ha habido ningún ajuste».
«Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración, declaró a la prensa.
La legisladora oficialista evitó dar un monto para este incremento y en lugar de esto insistió en defender la labor parlamentaria y recordar «el incremento del costo de vida». Asimismo, negó tener «una ambición de querer ganar mucho dinero».
«(El congresista) está con un salario que podría ajustarse de acuerdo al costo de vida. Han pasado casi 15 años y no ha habido ningún ajuste con respecto al aumento del costo de vida y eso se podría analizar», señaló.
«Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbys. Es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración. Creo que está en un salario que podría ajustarse al costo de vida«, manifestó a la prensa.
«Lo que ha sucedido realmente es que han pasado casi 15 años y no ha habido ningún ajuste respecto al aumento de costo de vida. Eso se podría analizar«, agregó.
La Prefecta Regional de Ica, Peggy Arias Barrios, habría desempeñado un papel clave en la formación del partido político Ciudadanos por el Perú, liderado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, según revela un informe reciente. Este documento detalla que, durante el periodo comprendido entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, Arias logró obtener órdenes de servicio por un monto total de S/45,000 a través del programa Cuna Más.
La colaboración entre al menos cinco prefectos y subprefectos con Nicanor Boluarte en la creación de Ciudadanos por el Perú continúa siendo evidente, ya que permanecen en sus cargos, según la información disponible en la página web de la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior (Mininter). Este involucramiento se habría llevado a cabo en cooperación con individuos vinculados a los ministerios del Interior y Desarrollo e Inclusión Social, según una investigación realizada por el diario El Comercio.
Entre los prefectos vinculados al proyecto político del hermano de la presidenta Boluarte se encuentran Peggy Arias Barrios, Prefecta Regional de Ica, Misael Menéndez de Huancavelica y Noriel Chingay de Cajamarca. Además, se mencionan a las subprefectas distritales Dinela Canta de Puente Piedra y Diana Quispe de Independencia.
El congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular señaló que la permanencia de estos funcionarios en sus cargos sugiere un respaldo gubernamental, a pesar de las críticas en su contra. Este hecho plantea interrogantes sobre por qué los prefectos y subprefectos involucrados en actividades proselitistas continúan en funciones sin enfrentar consecuencias legales.
Fiscalía investiga al hermano de Dina Boluarte, pero prefectos y subprefectos siguen en los cargos
Aunque la Fiscalía ha iniciado una investigación contra Nicanor Boluarte y otros implicados por presuntos delitos como colusión agravada y tráfico de influencias, los prefectos y subprefectos siguen ocupando sus cargos sin enfrentar acciones por parte del Ejecutivo, la Fiscalía o el Congreso. La falta de reacción de las autoridades frente a estas acusaciones genera preocupación, ya que se espera que los responsables sean separados de sus cargos y enfrenten acciones legales.
En este contexto, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha destacado la necesidad de una investigación penal y sugiere que el Congreso revise la pertinencia de las funciones de estas autoridades. Mientras tanto, Peggy Arias Barrios, Prefecta Regional de Ica, quien asumió su cargo en enero de este año, sigue ocupando su posición sin que se haya tomado ninguna medida en su contra. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y la responsabilidad de las instituciones ante posibles actos de corrupción.
La presidenta Dina Boluarte se encuentra en medio de una tormenta política tras su reciente viaje a Europa, que ha desencadenado la presentación de una moción de vacancia presidencial por parte de congresistas de izquierda.
La controversia se centra en su presunta violación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que regula la encargatura del despacho presidencial cuando el jefe de Estado sale del territorio nacional.
La moción, fundamentada en lo que algunos congresistas consideran una «incapacidad moral permanente», busca la destitución de Boluarte de su cargo como presidenta de la República. Según el documento, la mandataria habría incurrido en la causal de incapacidad moral al dejar el territorio nacional de manera inconstitucional, infringiendo así el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió la moción de vacancia y anunció que se debatirá en la próxima sesión del Pleno, cumpliendo con el reglamento del Congreso. Este desarrollo agrega más incertidumbre a un ya complicado escenario político en el país.
Rechazan a Dina Boluarte en Alemania
Boluarte, actualmente en Alemania, se encuentra bajo fuertes críticas y demandas de repatriación por parte de ciudadanos peruanos que quedaron varados en Israel debido a la reciente crisis provocada por los ataques terroristas de Hamas. Ante la creciente presión, la presidenta decidió enviar el avión presidencial de Perú a Israel para repatriar a sus compatriotas afectados.
Sin embargo, su presencia en Alemania ha generado un rechazo notable por parte de la comunidad peruana en el extranjero. Ciudadanos peruanos en Stuttgart la recibieron con pancartas que expresaban su descontento y acusaciones de que su gobierno estaba «matando gente».
En Berlín, se han programado manifestaciones en contra de la visita de Boluarte, en las cuales peruanos y peruanas residentes en la capital alemana se reunirán en el Palacio de Bellevue, el viernes 13 de octubre, para expresar su desaprobación. La polémica en torno al viaje y la moción de vacancia han puesto a la presidenta en una posición cada vez más frágil en la escena política peruana.
La historia comienza con Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín y actual líder del partido Perú Libre, quien se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción relacionado con la construcción de un aeródromo en la provincia de Concepción. La Fiscalía ha sostenido que el Gobierno Regional de Junín, bajo el mando de Cerrón, no tenía justificaciones válidas para llevar a cabo este proyecto, especialmente considerando la oposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ya contaba con un aeropuerto operativo en la región.
El contrato en cuestión, valorado en más de 326 millones de soles, fue adjudicado de forma directa y firmado por Cerrón un día antes de tomar licencia para postularse a la reelección en 2014. Además, Cerrón también habría firmado un contrato irregular con Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, ignorando las objeciones de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ya tuvo una condena en el caso, pero Vladimir Cerrón había apelado
En febrero de este año, el juez Guido Arroyo Ames condenó a Cerrón a 4 años de prisión efectiva, le impuso una inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos y determinó una reparación civil de más de 2 millones de soles. Sin embargo, esta sentencia fue apelada por Cerrón y, este viernes 6 de octubre, el colegiado integrado por los magistrados Walter Chipana, Julio Lagones y Carlos Carhuancho ratificaron su responsabilidad penal, aunque redujeron la pena a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. La inhabilitación para la función pública se mantuvo por el mismo período, y la reparación civil se redujo a 800 mil soles.
A pesar de los esfuerzos de la defensa de Cerrón para acogerse a la Ley 31751, también conocida como Ley Soto, que reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal, el tribunal rechazó esta solicitud. Según los cálculos de la sala penal, el delito de colusión habría prescrito recién a mediados de 2024.
Orden de captura para los sentenciados
La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Anticorrupción de Junín ordenó la inmediata ejecución del fallo ratificatorio y dispuso la tramitación de los oficios necesarios para la captura de los sentenciados y su internamiento en un centro penitenciario de Junín. Sin embargo, el juez Carlos Carhuancho expresó su desacuerdo, argumentando que la sentencia debería ejecutarse solo una vez que sea declarada firme o consentida, es decir, cuando ya no sea posible presentar recursos de nulidad o casación ante la Corte Suprema.
Hasta el momento, Vladimir Cerrón no ha realizado declaraciones públicas sobre la sentencia en su contra y su cuenta de Twitter ha permanecido inactiva desde el 2 de octubre. En el pasado, tras conocerse la sentencia condenatoria en primera instancia, Cerrón afirmó que el Gobierno Regional de Junín «no invirtió un solo centavo» y que apelaría la decisión.
El expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Lima debido a su implicación en el caso Westfield Capital relacionado con Odebrecht, ha presentado una solicitud al Poder Judicial para obtener permiso de viaje.
Su intención es ausentarse de la capital durante un breve periodo, específicamente del 22 al 24 de septiembre, con el propósito de visitar una «Casa de Campo» en el distrito de El Carmen, situado en la provincia de Chincha, en la región de Ica.
La solicitud, formalizada a través de un documento presentado por su equipo legal el 28 de agosto, expone que el motivo del viaje es disfrutar de un fin de semana en la propiedad rural de la familia Vega Benavides. Sin embargo, este permiso requerirá la aprobación del juez encargado del caso, Jorge Chávez Tamariz. El magistrado ha programado una audiencia virtual para el próximo miércoles 20 de septiembre a las 3 de la tarde, en la que se evaluará detenidamente la solicitud de Kuczynski.
En la notificación emitida por el juez Chávez Tamariz, se subraya la importancia del principio de contradicción y del derecho a la defensa de todas las partes involucradas en este proceso legal. Por lo tanto, se considera adecuado convocar a esta audiencia, donde se permitirá a las partes presentar sus argumentos y fundamentos relacionados con la solicitud de autorización de viaje por parte del exmandatario.
No puede abandonar Lima
Es importante destacar que esta solicitud se enmarca en el contexto de la investigación en curso sobre el caso Westfield Capital y las acusaciones que pesan sobre Pedro Pablo Kuczynski. Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario y sujeto a restricciones, entre las cuales se incluye la prohibición de abandonar su residencia en Lima Metropolitana sin previa autorización judicial. La decisión del juez será clave para determinar si se le concede este permiso excepcional de viaje.
Fiscalía pidió 35 años de cárcel para PPK
El Ministerio Público de Perú ha solicitado una condena de 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesto lavado de activos relacionado con el caso de corrupción de Odebrecht. La acusación fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez, quien lidera la investigación del equipo especial Lava Jato.
Kuczynski, se encuentra bajo arresto domiciliario desde abril de 2019. El siguiente paso en este proceso será el control de acusación, que determinará si procede la solicitud de la Fiscalía.
La investigación se originó en diciembre de 2017 cuando se reveló una supuesta relación de Kuczynski con una consultora financiera vinculada a Odebrecht. Aunque el expresidente admitió haber asesorado a una empresa de Odebrecht en el pasado, este escándalo eventualmente condujo a su renuncia en marzo de 2018 y a la prohibición de salir de Perú durante 18 meses por parte del Poder Judicial.
Presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto plagió (copia y pega) más de la mitad de su tesis de doctorado
Se arrojó alarmantes cifras de similitud con otros textos, alcanzando un preocupante 67% de presunto plagio, según el software académico antiplagios Turnitin.
Alejandro Soto, actualmente en la mira como representante máximo del Congreso de la República, enfrenta un nuevo cuestionamiento que sacude los cimientos de su reputación académica. De acuerdo con un exhaustivo análisis, se ha revelado que su tesis de doctorado, titulada «La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia», arrojó alarmantes cifras de similitud con otros textos, alcanzando un preocupante 67% de presunto plagio, según el software académico antiplagios Turnitin.
Este impactante hallazgo, que arroja serias dudas sobre la integridad de Soto como legislador, se encuentra acompañado de errores ortográficos, deficiencias en la estructura sintáctica y una contribución insuficiente al corpus de conocimiento existente en el campo de estudio. Más aún, se ha corroborado que un 38% del contenido total de su tesis corresponde a plagios de artículos académicos, con un enfoque particular en los trabajos de los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino.
Presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto plagió (copia y pega) más de la mitad de su tesis de doctorado.
La obtención de este revelador informe se llevó a cabo mediante una solicitud de acceso a la información pública, ya que el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati) mantenía inaccesible la tesis en cuestión, y la universidad no respondió a las solicitudes por correo electrónico. En un pasaje de su tesis, específicamente en la página ocho, se constata cómo el congresista de Alianza por el Progreso (APP) recurrió a la copia literal de fragmentos sin la debida atribución a Carlos Urquizo, ni en notas al pie de página ni en la bibliografía. Además, omite el cierre de comillas, lo que aumenta la gravedad del plagio.
Presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto plagió (copia y pega) más de la mitad de su tesis de doctorado.
Este patrón de «copia-pega» se extiende a lo largo de varias páginas de la tesis de Soto, incluso replicando fragmentos extensos sin mencionar al autor original ni a las personas citadas en los trabajos académicos. Carlos Urquizo, uno de los afectados por el plagio, declaró: «Además de estar plagada de una serie de errores autográficos, que ninguna investigación seria puede tener, en efecto hubo ahí un tema de plagio».
Julio Cesar Castiglioni Ghiglino, exdirector de capacitaciones de la Asociación Municipalidades del Perú (AMPE), también sufrió las consecuencias de la falta de integridad académica de Soto. El congresista copió 28 páginas de su artículo sin atribuirle adecuadamente la autoría, alterando solo algunas palabras con errores ortográficos y eliminando un párrafo en la página 58 de su tesis. En otro punto crítico, Soto no cumplió con su promesa de abordar los fundamentos más invocados en las solicitudes de derecho de revocatoria de autoridades, dejando de mencionar cuáles son estos fundamentos, algo que Castiglioni sí había incluido en su artículo.
Presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto plagió (copia y pega) más de la mitad de su tesis de doctorado.
El alcance de este plagio es tan significativo que abarca una parte sustancial del marco teórico conceptual de la tesis, identificado como un 26% de similitud por Turnitin. Castiglioni comentó indignado: «¿Cómo es posible que un abogado, el presidente del Congreso, incurra en estas prácticas? Es un plagio burdo, yo estaría dispuesto a esclarecer públicamente y debatir con él sobre los alcances de la investigación que copia textualmente y, que yo sé, es mía. No hay mayor duda de que no existe ápice de su opinión, de un análisis propio».
Presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto plagió (copia y pega) más de la mitad de su tesis de doctorado.
Ante estas acusaciones, se espera que el Ministerio Público tome medidas y que el Parlamento considere la situación para su sanción correspondiente, ya que el plagio no solo representa un ataque a la integridad académica, sino que también puede tener consecuencias legales graves.
Presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto plagió (copia y pega) más de la mitad de su tesis de doctorado.
Este miércoles, 26 de julio, se llevará a cabo la elección para determinar la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, que dirigirá el Parlamento durante el periodo de sesiones 2023-2024. Dos listas de candidatos competirán por el puesto.
Alianza «FujiCerronista»
La primera lista está encabezada por Alejandro Soto, representante de Alianza para el Progreso, quien aspira a la presidencia del Congreso. Lo acompañan en la nómina Hernando Guerra García de Fuerza Popular, postulante a la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón de Perú Libre, candidato a la segunda vicepresidencia; y Roselli Amuruz de Avanza País, postulante a la tercera vicepresidencia.
La izquierda impulsa a Acción Popular
Por otro lado, la segunda lista tiene como candidato a la presidencia del Congreso al congresista Luis Aragón de Acción Popular. Lo acompañan en esta lista Edgard Raymundo de Cambio Democrático, Paul Gutiérrez Ticona del Bloque Magisterial y Elías Varas de Perú Bicentenario, como postulantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.
El congresista Luis Aragón lidera esta segunda lista en alianza con parlamentarios de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario, consolidando así su candidatura para presidir el Parlamento.
La elección se realizará de manera presencial en el Hemiciclo del Palacio Legislativo a partir de las 10:00 a.m., y los parlamentarios emitirán su voto mediante cédulas de votación. Es importante destacar que la plataforma virtual de sesiones del Congreso no será utilizada para este acto electoral.
La indignación de Renovación Popular en el Congreso
Por otro lado, la bancada de Renovación Popular ha decidido no presentar postulantes para la Mesa Directiva del Congreso. A través de un comunicado, explicaron que sostuvieron reuniones con diversas agrupaciones políticas en busca de acuerdos mínimos, pero se mantienen firmes en su decisión de no participar en ninguna lista que incluya a personas vinculadas a la izquierda local y al comunismo parlamentario.
Asimismo, expresaron su descontento por la «traición» e «incumplimientos» de los «compromisos adquiridos al llamado Bloque Democrático, por parte de la Bancada Parlamentaria de Fuerza Popular,» quienes presentaron una fórmula que, según ellos, congrega al cerronismo de Perú Libre y busca devolver el poder a dicha agrupación.
Lista 1: PRO DERECHA
Presidente del Congreso: Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).
Primera Vicepresidencia: Hernando Guerra García (Fuerza Popular).
Segunda Vicepresidencia: Waldemar Cerrón (Perú Libre).
