Renovación Popular, el partido político que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se encuentra envuelto en una nueva polémica tras descubrirse que pagó una suma considerable del estado al teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo.

Según información revelada por el dominical “Punto final”, en un principio se informó que la cantidad era de 20.000 soles, sin embargo, un recibo por honorarios emitido por Reggiardo revela que el monto ascendió a 250.000 soles. El partido de López Aliaga realizó dicho pago en concepto de “entrenamiento motivacional” durante la campaña electoral.

Lo más grave es que es dinero del estado, de todos los peruanos. Dicho dinero la desembolsó el partido de López Aliaga con el fondo que le asigna la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Como se sabe, el estado financia a los partidos políticos para sus campañas, pero deben justificarlos.

Dinero que se pagó a Reggiardo no se declaró ante la ONPE

La situación se complicó aún más cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detectó que Renovación Popular no había declarado transferencias a la cuenta de Reggiardo en su informe sobre el uso del financiamiento público directo recibido durante el primer semestre de 2022. Según el portal La Encerrona, esta omisión fue detectada por la ONPE, lo que ha generado mayores cuestionamientos sobre las prácticas financieras del partido.

Ante estas acusaciones, Renovación Popular respondió alegando que el contrato se rescindió y que la consultoría nunca se llevó a cabo. Además, afirmaron que Reggiardo se comprometió a devolver el 50% de la suma para el 31 de diciembre de 2022. Asimismo que el otro 50% para el 30 de junio de 2023. Sin embargo, aún se desconoce si se llegó a dar.

En medio de la controversia, Renzo Reggiardo, el teniente alcalde de Lima Metropolitana, se defendió y dijo que el servicio contratado no se brindó debido a la intensidad de la campaña electoral. Dijo que se llegó a un acuerdo de devolución y este ya se envió a la ONPE.

La líder máxima del país, Dina Boluarte, se encuentra bajo escrutinio en una investigación preliminar. Esto debido a acusaciones de genocidio relacionadas con las trágicas pérdidas de vidas durante las protestas en contra de su gobierno.

El Ministerio Público citó a la presidenta Dina Boluarte para comparecer el próximo 31 de mayo, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre las numerosas muertes ocurridas a nivel nacional durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.

El abogado Carlos Rivera Paz, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL) es defensor de los familiares de las víctimas de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco. El interrogatorio se llevará en las instalaciones del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay en Lima.

Estas investigaciones también involucran a miembros actuales y anteriores del gabinete de Boluarte. Entre ellos, Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa. También Pedro Ángulo, extitular de la PCM; Jorge Chávez Cresta, ministro actual de Defensa; y Víctor Rojas y César Cervantes, exministros del Interior.

¿Por qué no avanza el caso contra Dina Boluarte?

El 30 de enero pasado, se le solicitó a la jefa de Estado que declarara en persona, pero ella prefirió hacerlo de forma virtual. Posteriormente, se programó una nueva fecha para el 23 de febrero. Una vez más, desde la Presidencia se solicitó cambiar el formato para recoger las declaraciones de Boluarte. Argumentaron “riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su presencia en la fiscalía”. Sin embargo, el requerimiento tampoco fue atendido hasta el 25 de febrero.

Finalmente, el 7 de marzo, Boluarte acudió al Ministerio Público. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque el Poder Judicial aún no había resuelto una solicitud de protección de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado para anular la ampliación de la declaración ofrecida por el primer ministro, Alberto Otárola, el pasado 16 de febrero.

Además, la entidad también buscaba participar en el interrogatorio a Boluarte Zegarra. Días después, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria falló a favor de la mandataria. No obstante, la fiscal Patricia Benavides apeló esta decisión para excluir a la procuraduría. También se excluya a los abogados de las víctimas de las protestas de todas las diligencias que se realicen en contra de la presidenta.

La Fiscalía de la Nación presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 14 de marzo de 2023. Hasta ahora dicho recurso está pendiente de resolución. Por lo tanto, la Fiscalía decidió “programar las declaraciones indagatorias de los investigados en la presente carpeta fiscal, una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por este despacho fiscal contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el incidente de tutela de derechos”, antes de avanzar en el caso.

Aún más lento

Sin embargo, el avance en el caso es aún más lento. Según un informe del diario La República, el fiscal Marco Huamán, encargado de las investigaciones contra las mencionadas autoridades del Poder Ejecutivo, aún no ha citado a los mandos policiales y militares de Ayacucho y Puno, regiones del sur donde se registró la mayor cantidad de víctimas mortales, para que brinden sus declaraciones, a pesar de contar con sus nombres y direcciones.

Como se sabe en marzo pasado, la fiscal Patricia Benavides anunció la formación de un equipo especial de fiscales encargado de investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de este año. Sin embargo, el trabajo ha experimentado retrasos y no se vislumbran resultados a largo plazo.

Las fiscalías regionales, como las de Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho, donde se produjeron los enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están transfiriendo la información recopilada hasta el momento de manera muy lenta al equipo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez.

La Asociación de Familiares de las víctimas asesinadas y heridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ha expresado su preocupación y rechazo ante la decisión de la fiscal Patricia Benavides de trasladar todos los casos de muerte a Lima.

La presidenta Dina Boluarte no quiere dejar la presidencia ni un solo segundo. Esta semana un proyecto de Ley elaborado por su gobierno fue presentado ante el Congreso de la República. Se trata de una iniciativa que de aprobarse; le permitirá continuar ejerciendo funciones aún viaje al extranjero. Actualmente la constitución no se lo permite.

A pesar de las objeciones de un sector de parlamentarios, el texto se remitió a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para su análisis. El proyecto lleva las firmas de Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Lo han llamado “Gobierno por Zoom”.

Según el comunicado difundido, la iniciativa legislativa ingresó al Área de trámite documentario el pasado lunes 15 de mayo. De aprobarse se permitiría a la presidenta en funciones ejercer plenamente las facultades y responsabilidades que la Constitución le confiere en relación con la representación del Estado.

Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, perteneciente al partido Fuerza Popular, anunció que priorizará del debate en torno al mencionado proyecto de ley a favor de Dina Boluarte.

Guerra García destacó la urgencia de abordar esta cuestión en vista de la coyuntura internacional que atraviesa el país. Considera que se trata de un asunto de Estado y, por ende, es necesario otorgarle máxima prioridad. El presidente de la Comisión ha expresado su compromiso de trabajar de manera acelerada para emitir un dictamen y someterlo a votación en el menor tiempo posible.

Congresistas la cuestionan

La medida la cuestionan varios congresistas, entre ellos el presidente del Congreso, José Williams. Aunque no ha expresado una postura definitiva, Williams ha destacado que no es común que los gobernantes se reúnan con los responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores, como se había sugerido como alternativa. Afirmó que la iniciativa se evaluará en la Comisión de Constitución.

“Creo que hay aspectos que deben ser salvaguardados. Por un lado, tenemos la Constitución de la República y, por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahí radica el problema”, señaló Williams durante una conversación con los medios de comunicación. El presidente del Congreso espera que el grupo de trabajo encargado de analizar la medida evalúe todas las opciones para permitir que la presidenta pueda viajar al extranjero.

El Perú sigue en crisis con Dina Boluarte

Las bancadas de Cambio Democrático, Podemos Perú, Renovación Popular y Perú Bicentenario expresaron públicamente su rechazo a esta medida. Argumentan que Dina Boluarte debe permanecer en el Perú hasta que se supere la crisis actual. Por su parte, las bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular aún no definen su postura. Avanza País y Somos Perú ya manifestaron su apoyo al proyecto de ley.

Desde que asumió Dina Boluarte no ha podido viajar al extranjero debido a que, a diferencia de su predecesor, no cuenta con vicepresidentes que puedan asumir su cargo en ausencia. Es importante recordar que Pedro Castillo solo tuvo una candidata para la primera vicepresidencia, ya que Vladimir Cerrón, quien aspiraba a ser el segundo vicepresidente, no podía ejercer funciones en el sector público.

El congresista por la región Ica, Raúl Doroteo Carbajo se encuentra en el ojo mediático. Una vez más por el caso “Los Niños”. Pero en está oportunidad, ha sido la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha presentado una denuncia constitucional contra el parlamentario en mención. Además, de Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza. Los cuatro congresistas pertenecen a la bancada de Acción Popular.

A los parlamentarios, incluido el congresista Raúl Doroteo, de la región Ica. Se les acusa de haber cometido presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Actualmente, la Fiscalía de la Nación los está investigando por el caso “Los Niños”. Hoy en horas de la mañana, la fiscalía envió la denuncia al Presidente del Congreso de la República. El parlamento recepcionó el documento a través de mesa de partes.

En la acusación N° 375 que formula la Fiscalía de la Nación, indica, “Esta ala de la organización habría estado conformada. Entre otros, por los congresistas de la República del partido político Acción Popular Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Jhaec Darwin Espinoza Vargas. Quienes habrían sido denominados bajo el apelativo de “Los Niños”. Cuyo rol habría sido garantizar la permanencia del entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones. Y, en general, de los miembros de la organización criminal, en el Poder Estatal, votando en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitiendo votos a favor de las cuestiones de confianza que planteaba el Poder Ejecutivo”

Pleno del Congreso de la República evaluará la acusación contra los acusados por el caso “Los Niños”

El pleno del Congreso de la República tiene en su agenda para el día jueves 18 de mayo. La evaluación de acusación en contra de los congresistas Raúl Doroteo por Ica, y de Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza. Dicha imputación tiene semejanza con la denuncia presentada por la fiscal de la nación este martes 16 de mayo.

De igual forma, la Comisión Permanente del parlamento peruano, ha planteado la suspensión en contra del congresista Raúl Doroteo y los otros 3 parlamentarios de la bancada de Acción Popular. “Por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos”, señala el informe. La congresista Patricia Chirinos, presentó la denuncia constitucional en septiembre del 2022. Dicho documento se incorporó a la acusación de los cuatro congresistas de Acción Popular.

La Mesa Directiva del Congreso, liderada por José Williams, ha sorprendido a las mujeres congresistas. Se les regaló una billetera de la reconocida marca Renzo Costa como parte de la celebración del Día de la Madre. Esto se dio a través de una tarjeta enviada a las 47 parlamentarias.

El presidente del Congreso dice que destaca el “valioso sacrificio que realizan diariamente para sacar adelante a sus familias y trabajar por el Perú”. Sin embargo, el trato es significativamente diferente para las madres trabajadoras del Parlamento.

De acuerdo con la web de la empresa fabricante de las billeteras, el modelo más económico en su catálogo tiene un valor de 179 soles. La más costosa alcanza los 379 soles. Esto significa que el gasto destinado a la adquisición de más de 40 artículos oscilaría entre los 8,413 y los 17,813 soles. Hasta el momento, se desconoce la inversión exacta, pero se suma además el costo del desayuno ofrecido a las denominadas “madres de la patria”.

El agasajo a las congresistas fue diferente al que han recibido las trabajadoras del Congreso. Según una funcionaria; el miércoles 10 de mayo participaron en un homenaje organizado por el Área de Desarrollo y Bienestar del Congreso. En dicho evento estuvieron presentes el presidente del Congreso, José Williams, la primera vicepresidenta Martha Moyano, la congresista María del Carmen Alva, entre otros.

Durante el homenaje se realizaron sorteos de dos polos de la marca Pier, un hemograma básico en la Clínica Internacional, un pantalón Pier y cinco premios de 100 soles cada uno, otorgados por la Cooperativa La Portuaria. Además, se ofreció una merienda, una presentación artística a cargo de las trabajadoras del Congreso, declamaciones y la presencia de charros. Las funcionarias ahora esperan el homenaje que recibirán por parte del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) al día siguiente.

Los gastos millonarios e innecesarios del Congreso

Gastos excesivos fueron revelados durante el transcurso del 2023 en el Congreso de la República. Se ha informado que se destinaron 315,000 soles para adquirir 1,600 metros de alfombra, así como 138,350 soles para la compra de televisores. Además, en meses anteriores se instalaron dos pantallas LED gigantes en el salón Raúl Porras Barrenechea, con un costo total de 478,352 soles.

Con el fin de brindar comodidad a los congresistas al estacionar sus vehículos, el Parlamento ha adquirido un establecimiento valorado en más de un millón y medio de soles, ubicado a una cuadra del Palacio Legislativo. Además de contar con una capacidad para 200 autos, el lugar ofrece seguridad. A esto se suma el pago de 80 soles por cada buffet que los parlamentarios consumen durante los días de Pleno.

A principios de este mes, un reportaje de Panorama reveló una inversión de 13 millones de soles para la remodelación del Museo del Congreso y la Inquisición. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la fecha en la que se firmó el contrato con la empresa Qhapaq Ñam S.A. para comenzar las obras. Dicho documento se aprobó el 29 de diciembre de 2022, en medio de la crisis política y social que se vivía en ese momento.

Víctor Castillo, jefe del Área de Ingeniería del Congreso, ha expresado que los 13.220.000 soles invertidos en esta remodelación son una cantidad que no refleja la magnitud del trabajo realizado. Él ha resaltado que este proyecto ha sido impulsado desde los días en los que Luz Salgado, del partido fujimorista, ocupaba la presidencia del Congreso y finalmente ha recibido el respaldo de la actual Mesa Directiva liderada por José Williams.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien estuvo en el cargo desde 2016 hasta su dimisión en 2018, estaba bajo investigación por supuesto lavado de activos en la Fiscalía. El caso, llevado a cabo por el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, ha finalizado su fase de investigación y concluye que el exmandatario, junto con otros implicados, habría participado en una presunta organización criminal que recibió $12 millones de Odebrecht y otras empresas.

El Ministerio Público sostiene que estos pagos se realizaron a través de asesorías y consultorías en proyectos como Rutas de Lima, IIRSA y Olmos. Esta es la decimoquinta acusación presentada por el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por el fiscal Rafael Vela Barba. Dentro de los múltiples casos que involucran a ex altos funcionarios, como los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo.

Las investigaciones revelan presuntos pagos realizados por la constructora Odebrecht, ahora conocida como Novonor, a empresas como First Capital, Latin America Entreprise y Westfield Capital. Todas fueron propiedad de Kuczynski durante su mandato como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía entre 2002 y 2006.

La acusación también incluye a cuatro personas jurídicas y varios individuos, quienes podrían enfrentar penas privativas de libertad de entre 11 y 35 años. Recientemente, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó una extensión de tres meses para la orden de impedimento de salida del país contra Kuczynski. Argumentó que dicha medida violaría los derechos fundamentales del imputado.

Allanamiento a empresas vinculadas a PPK

Además, el pasado 17 de abril, la Fiscalía realizó un allanamiento en las instalaciones de First Capital y en el domicilio del testigo Andrés Milla Comitre, representante legal de dicha empresa. Según la hipótesis del Ministerio Público, Latin America Entreprise habría transferido sumas de dinero a First Capital procedentes de Rutas de Lima.

El expediente del caso también documenta otras presuntas transferencias a las tres empresas propiedad de PPK entre 2007 y 2015, provenientes de TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP, según sostiene el Ministerio Público. Estas transacciones se habrían llevado a cabo durante las dos campañas electorales del expresidente. Sobretodo cuando se enfrentó a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en su campaña a la presidencia.

Investigan a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela

Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, líderes del Equipo Especial Lava Jato, están siendo investigados preliminarmente por la Autoridad Nacional de Control (ANC). Esta instancia está presidida por el fiscal supremo Javier Luna García.

La investigación disciplinaria se inició debido a las declaraciones de los fiscales sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Criticaron su participación en las diligencias relacionadas con la extradición de Alejandro Toledo.

Después de que Benavides se presentara ante la Dirección Nacional de la Policía Aérea para “explicar sus derechos fundamentales”, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba cuestionaron la actuación de la alta funcionaria y afirmaron que no desempeña ningún papel en el caso.

“Quieren que me sometan a un proceso disciplinario en el Ministerio Público por señalar una conducta que no está dentro del marco legal”, declaró José Domingo Pérez, entre risas, al ser interrogado por la prensa acerca de la fiscal.