Chiclayo: Concejo suspende a alcaldesa por 30 días por árbol navideño

El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó la suspensión por 30 días de la alcaldesa Janet Cubas Carranza. La decisión fue unánime y se tomó en sesión extraordinaria el 18 de febrero, en segunda citación, con el voto de siete regidores. La medida responde a presuntas irregularidades en el decorado del parque principal durante las Fiestas Navideñas 2025, incluyendo el controversial «árbol de la vergüenza».

Según Jorge Arévalo Chilón, teniente alcalde, la convocatoria se realizó conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente los artículos 13, 75 y 78 del reglamento interno. Un notario, Carlos Caballero, certificó el desarrollo del procedimiento.

El acta será enviada al secretario general municipal para notificar formalmente a la alcaldesa, quien podrá ejercer su derecho de defensa. Posteriormente, el expediente se elevará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su evaluación y decisión final.

Arévalo indicó que, de no haber objeciones del JNE, él asumiría temporalmente la conducción del municipio durante la suspensión. La alcaldesa no asistió a la sesión ni envió representación legal, calificando públicamente la sesión de ilegal, aunque el concejo insiste en su apego a la ley.

Por su parte, la municipalidad emitió un comunicado oficial señalando que el regidor Arévalo Chilón carece de habilitación para convocar a la sesión extraordinaria. El pronunciamiento detalla que la alcaldesa sí había convocado el 22 de diciembre de 2025 a una sesión con agenda única sobre la suspensión, cumpliendo el artículo 13° de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que no existió omisión que justifique una nueva convocatoria.

El documento municipal sostiene que la citación de los siete regidores fue ilegal, ya que el Reglamento Interno de Concejo exige la presencia de la mitad más uno de los 16 integrantes (nueve miembros) para el quórum reglamentario.

Al asistir solo siete, no se alcanzó la mayoría necesaria para acuerdos válidos. También se cuestiona que se haya invocado la Ley General de Sociedades, una norma aplicable a entidades privadas y no a gobiernos locales. La municipalidad advirtió que todas las actuaciones derivadas de esa sesión carecen de legalidad, y serán remitidas al Ministerio Público y al JNE para revisión.