Finalmente el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, ha asumido el expediente del hábeas corpus en apoyo al exdictador Alberto Fujimori, remitido por el Tribunal Constitucional después de rechazar solicitudes de aclaración por parte de las partes involucradas.

Aunque la decisión del Tribunal Constitucional no hace mención de la ejecución de la sentencia de 2022, el presidente de esta entidad, el juez Francisco Morales Saravia, sostiene que el juez de primera instancia está obligado a liberar al exdictador, a pesar de la anulación del indulto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), medida que invalidó la restauración del indulto por la anterior configuración del TC.

Morales Saravia argumenta que las sentencias del TC tienen prioridad sobre las decisiones de la Corte IDH. Fernández Tapia, por su parte, enfrenta la encrucijada de liberar a Alberto Fujimori o llevar a cabo un control difuso de convencionalidad, respetando así la determinación de la Corte IDH de abstenerse de aplicar el perdón presidencial, cuestionado por haber sido otorgado como resultado de un supuesto soborno para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de una moción de vacancia.

El historial de Vicente Fernández Tapia, juez que verá el caso de Alberto Fujimori

En cuanto al historial de Fernández Tapia, este magistrado ha sido objeto de sanciones disciplinarias en la Oficina de Control de la Magistratura (ahora Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial). Una de estas sanciones se relaciona con la liberación indebida de un presunto miembro de «La Sagrada Casta de Ica», una organización criminal bajo investigación por diversos delitos, incluyendo homicidio, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, extracción ilegal de especies acuáticas y tráfico de drogas.

Se le acusó a Fernández Tapia de declarar procedente la cesación de la prisión preventiva para uno de los imputados. Juez valoró únicamente las declaraciones que favorecían al acusado, sin tener en cuenta las declaraciones de testigos protegidos de la Fiscalía que afirmaban su afiliación a «La Sagrada Casta de Ica».

La Oficina de Control de la Magistratura solicitó la destitución del magistrado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Caso terminó con su suspensión preventiva durante el proceso de investigación. La JNJ confirmó la falta grave de Fernández Tapia, señalando que había vulnerado el deber de impartir justicia y respetar el debido proceso.

Sin embargo, los consejeros de la JNJ concluyeron que, aunque el magistrado había omitido explicar el proceso mental detrás de la contradicción de los testimonios de los testigos protegidos, también consideró otros elementos de prueba, atenuando su grado de culpabilidad. Por lo tanto, sugirieron que la sanción sería por fallo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANCPJ), ex OCMA.

CIDH intervino hoy

Hoy, 30 de noviembre, la Corte IDH ha solicitado al Estado peruano un informe. Exactamente sobre el cumplimiento de la resolución del 7 de abril que prohíbe la liberación de Alberto Fujimori. Esto reafirma la vigencia de la decisión de 2022. La corte recuerda al Estado peruano su obligación de abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto otorgado por razones humanitarias a Fujimori en 2017.

En una jornada cargada de tensiones y expectativas, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Ica recibió un extenso expediente de 990 folios relacionado con la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori. El magistrado a cargo, Vicente Fernández Tapia, enfrenta la responsabilidad de resolver este caso en las próximas horas.

El frente del Poder Judicial se vio alterado con la llegada de un grupo de simpatizantes del exmandatario, quienes exigieron de manera enérgica la liberación inmediata de Fujimori. En medio de la multitud, el abogado defensor, Elio Riera, hizo acto de presencia para expresar la posición y las preocupaciones respecto al estado de salud de su defendido.

En declaraciones a los medios de comunicación congregados frente al Poder Judicial de la Calle Chiclayo, Riera manifestó: «He conversado telefónicamente hace breves minutos y se encuentra con mucha prudencia, con mucha expectativa, pero con mucha prudencia, con el estado de salud en verdad muy precario. El plazo es claro, es inmediato, es un tema de hábeas corpus. Debía haberlo hecho ya el día de ayer por eso venimos a conocer el estatus y el motivo por el cual hay una demora».

Abogado de Alberto Fujimori: «No puedo dejar morir a una persona en la cárcel»

El letrado argumentó que, según la normativa vigente, el juez a cargo debería haber resuelto la situación de Fujimori de manera inmediata, lo cual aún no ha sucedido. Riera enfatizó en la necesidad de que el magistrado acate el mandato del Tribunal Constitucional y resuelva conforme a la legalidad. «Soy abogado, tengo que luchar por esta justa causa», afirmó, añadiendo que cuestionará cualquier pronunciamiento que considere no ajustado al marco legal.

Riera subrayó la urgencia de la situación al afirmar: «No puedo dejar morir a una persona en la cárcel, no lo puedo hacer». Informó que el magistrado aún no ha tenido acceso físico ni digital al expediente, y debido a las diligencias pendientes, no ha podido atender el caso hasta el momento. No obstante, el abogado reconoció los esfuerzos de la judicatura por digitalizar el expediente página por página.

En cuanto al desarrollo futuro del caso, Riera señaló que, si todo sigue su curso normal, podrían tener un primer acercamiento a las 4 de la tarde, considerando el horario de atención de los magistrados, o incluso el día siguiente. La incertidumbre persiste en torno al destino legal de Alberto Fujimori, mientras sus partidarios y detractores aguardan ansiosos el desenlace de este controvertido episodio judicial.

Nota: La portátil fujimorista estuvo liderada por la excongresista de Ica por Fuerza Popular, Betty Ananculí, además del abogado Gregorio Parco, quien fue el que presentó el Hábeas Corpus clave en el año 2020 para que el Poder Judicial ordene la libertad del expresidente.

El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera reveló la próxima adquisición de 50 vehículos patrulleros y 200 motocicletas destinadas a fortalecer las operaciones de la Policía Nacional en la región. Esta iniciativa, llevada a cabo mediante el innovador mecanismo de Obras por Impuestos, se perfila como un paso crucial en la lucha decidida contra la creciente ola delictiva que afecta la tranquilidad de la zona.

Durante la solemne ceremonia con motivo del 84 aniversario del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil – CGTP Ica, el gobernador hizo hincapié en su compromiso con la seguridad ciudadana. «A los hermanos de Construcción Civil, les aseguro que defenderemos Ica para que se erija como una ciudad de paz», enfatizó Hurtado Herrera, destacando la importancia de la colaboración y la solidaridad en este empeño conjunto.

El general PNP José Zavala, jefe del Frente Policial Ica, participante destacado en la celebración, elogió el aporte significativo de la entidad regional para reforzar la labor contra la inseguridad ciudadana que amenaza con expandirse. Frente al preocupante aumento de la delincuencia en Ica, Pisco y Chincha en los últimos años, con asaltos violentos y crímenes interdiarios, la adquisición de estos recursos se presenta como una respuesta estratégica ante la urgencia de proteger a la comunidad.

El proceso de adquisición, enmarcado en la colaboración con el sector privado, promete avanzar con celeridad. Sin embargo, los resultados tangibles de esta inversión en seguridad se esperan para el próximo año, a medida que los procedimientos administrativos se desenvuelven. Vale la pena recordar que el Gobierno Regional de Ica había ejecutado en gestiones pasadas un proyecto de cámaras de seguridad por más de S/ 20 millones, el cual, lamentablemente, no ha logrado ponerse en funcionamiento hasta el momento.

El asesinato del apu Quinto Inuma, ocurrido este miércoles 29 de noviembre, ha sido condenado por organizaciones indígenas y especialistas en temas ambientales y de derechos humanos. Inuma, líder de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, recibió cuatro disparos por parte de sujetos encapuchados que interceptaron la embarcación en la que viajaba con su familia de regreso a su comunidad.

Días antes, Quinto Inuma había participado en un taller de defensores ambientales en Pucallpa, Ucayali.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó sus condolencias a la familia del apu Quinto Inuma y rechazó la inoperancia del Estado para implementar, de manera efectiva, mecanismos de protección que «realmente garanticen las vidas de los defensores y defensoras indígenas«.

Asimismo, recordó que el líder indígena «venía luchando para lograr la titulación colectiva» de Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito Huimbayoc. “Quinto se suma a la larga lista de más de 30 dirigentes indígenas asesinados por defender sus territorios y luchar contra las actividades ilegales que depredan» la Amazonía”, se lee en el comunicado público.

Por su parte, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam) y en extensión sus ocho federaciones, entre ellas la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de Chazauta (Fepikecha), responsabilizó al Estado peruano del asesinato, “al no ser capaz de atender la seguridad de una vida y la integridad de una familia”.

La organización indígena regional detalló que Quinto Inuma y los habitantes de Santa Rosillo habían acudido en repetidas ocasiones ante diversas autoridades para denunciar, en vano, la tala ilegal y el narcotráfico que acecha sus bosques comunales.

Entre las instituciones alertadas desde 2016 están el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, distintas comisiones del Congreso de la República y las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y Antidrogas.

Quinto Inuma: Responsables del crimen son buscados con helicóptero

El grupo multisectorial integrado por los ministerio de Justicia, Ambiente, Cultura e Interior; condenó el ataque contra el apu y señaló que «las causas de su fallecimiento vienen siendo materia de una minuciosa investigación por parte de la Policía Nacional».

En un comunicado, precisaron que se «ha dispuesto el envío de un helicóptero a la zona con un contingente policial, especializado en investigación de homicidios, a fin de realizar las labores de búsqueda, encontrar a los responsables en el más breve plazo, y ponerlos a disposición de la justicia».

Duras críticas al rol del Estado con los defensores ambientales

El exviceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro Sánchez-Moreno, actual director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), calificó de “abominable” el asesinato del defensor ambiental y enfatizó que las denuncias realizadas por el líder indígenas fueron reiteradas.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), atribuyó la muerte del líder indígena a la impunidad “con que opera la delincuencia y las mafias que destruyen la Amazonía peruana”, y a la indolente y criminal inacción del Estado.

Por otro lado, el sociólogo y exdirector general de Industrias Culturales y Artes Santiago Alfaro manifestó que «las economías ilegales avanzan junto con la ilegalidad en la política. La defensa que hacía el apu Quinto Inuma no solo era de su territorio sino de un bien público global. A más deforestación, más cambio climático, más daño para la humanidad». 

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A puertas del inicio de los “Juegos Bolivarianos del 2024”, se confirmó que la provincia de Huanta no tiene destinado ningún presupuesto para que pueda ser sede del evento deportivo que se llevará a cabo en Ayacucho el próximo año.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Huanta, Fredy Aguilar, aseguró que todos los rumores sobre la posibilidad de que la provincia sea sede de los juegos bolivarianos quedaron en eso.

“Todo fue una mentira, no se tiene nada concreto de que Huanta sea sede los juegos bolivarianos. No tenemos terrenos que están registrados y reglamentados a la municipalidad para que pueda ser parte de alguna inversión publica que pueda beneficiar a la población huantina”, precisó Aguilar.

Frente a la visita de la Comisión de Legado a la provincia de Huanta, se supo que fue para observar las instalaciones y ratificar que no podía ser sede de los Juegos Bolivarianos 2024, debido a la falta de terrenos saneados.

“Es necesario la descentralización de los juegos bolivarianos y Huanta fue parte de este plan, pero no tiene terrenos saneados y por ese motivo no fue considerado como parte de la inversión pública que mejoraría instalaciones deportivas”, precisó el regidor.

Huanta cuenta con un terreno de siete hectáreas que fue donado por el centro poblado de Qollana para la construcción de un centro de alto rendimiento, pero a la fecha no se tiene ningún documento reglamentado para la ejecución de una inversión por parte de la entidad municipal

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En los últimos 60 años el Perú perdió el 56% de sus glaciares, informó Yadira Curo, especialista en Glaciología en el área de Inventario de la Dirección de Investigación en Glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem).

Las regiones Áncash y Cusco han sufrido una mayor pérdida de glaciares a nivel nacional, añadió Curo en entrevista con Inforegión. Estas son algunas de las preocupantes cifras que se registran en Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar 2023 que elaboró el Inaigem. Sobre este informe, Curo Rosales nos detalló las principales causas y consecuencias que implican derretimiento para nuestro país.

Cambio climático y exposición al carbono negro

“La principal causa es el cambio climático. Perú alberga el 68% de los glaciares tropicales del mundo. Son un tipo de glaciar muy especial y que es muy susceptible a los efectos del cambio climático”, precisó.

Yadira Curo añadió que otra causa del derretimiento de glaciares es la exposición al carbono negro. Es decir, a unas partículas absorbentes de luz provenientes, sobre todo, del parque automotor y que se alberga sobre los glaciares. Estas llegan hasta ellos por acción del viento. Curo precisó que, producto de ello, los glaciares absorben más calor y así se desencadena su derretimiento.

Menor cantidad y calidad del recurso hídrico

Entre las principales consecuencias que generan el retroceso glaciar, la especialista del Inaigem citó la disminución de la cantidad de agua como recurso hídrico, ya que se pierde reservas. A ello se añade la calidad de esta agua porque el retroceso glaciar deja al descubierto rocas que (al estar expuestas al agua, al oxígeno) generan drenaje ácido de roca.

“Es decir, aparte de perder cantidad de agua, estamos perdiendo la calidad, porque este drenaje acido contamina las aguas provenientes de los glaciares”, resaltó Curo.

Otra consecuencia es la generación de peligros de origen glaciar: “Su retroceso hace que el glaciar se contraiga hacia zonas más escarpadas y lejanas. Y por ello la pendiente hace que haya desplomes de bloques glaciares”.

A ello se añade la formación de lagunas. Al respecto, muchas han sido catalogadas como peligrosas. “Estas nuevas lagunas pueden generar aluviones a partir de ciertos procesos. Entonces eso también es algo que nos preocupa especialmente en la región Ancash donde parte de la población se encuentra muy cercana a los glaciares”, alertó Curo Rosales.

Áncash y Cusco: Las regiones y cordilleras más afectadas

Las regiones Áncash y Cusco, donde se encuentran las cordilleras más grandes, son las que han perdido una mayor superficie glaciar. Sin embargo, en las cordilleras más pequeñas las pérdidas (en términos porcentuales) son más dramáticas. Es el caso de la cordillera Chila, en la región Arequipa, que ha perdido casi el 99% de sus glaciares libres y cubiertos por detrito.

“Prácticamente dentro de pocos años va a perder la totalidad de ese tipo de glaciares”, lamentó Yadira Curo.

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