SAN MARTÍN. A través de las redes sociales, se viene difundiendo una campaña solidaria para recaudar fondos en apoyo a la familia del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, asesinado el miércoles 29 de noviembre por la tarde, cuando viajaba de regreso, acompañado de familiares, a su comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, provincia y región San Martín. 

La presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas Chazuta (Fepikecha), Marisol García Apagüeño, señaló a Inforegión que lo recaudado permitirá cubrir pasajes de los habitantes de la comunidad de Santa Rosillo que están viniendo al ciudad de Tarapoto, para el velatorio y funeral del defensor ambiental. 

Asimismo, los fondos obtenidos servirán para contribuir con los pasajes y trámites que tiene que realizar Kevin Inuma, hijo mayor del dirigente, vinculados al sepelio de su padre. Marisol García detalló que también posibilitará que la familia directa del apu pueda sostenerse en Tarapoto.

Organizaciones indígenas y no indígenas comparten campaña de apoyo solidario para la familia del apu Quinto Inuma. El apu se suma a los 30 defensores indígenas asesinados por defender su territorio (foto: Difusión).

El apoyo económico es importante en este caso y otros similares, puesto que no solo se trata de retirar a las y los defensores ambientales y a sus familiares de sus territorios a causa de las amenazas que reciben por parte de actores vinculados a economías ilegales que ponen en riesgo su hogar y bosques, sino que deben poder solventar su permanencia y necesidades básicas. Varios líderes indígenas son sacados de sus comunidades, pero poco después regresan por cuestiones económicas. Así lo explicó García Apagüeño.

Exhortan al Estado brindar medidas de protección a la familia

El Fondo Socioambiental del Perú se sumó a los pronunciamientos sobre el asesinato de Quinto Inuma, condenando el crimen. «El apu Quinto era víctima de reiteradas amenazas y ataques por defender el territorio ancestral de su comunidad. La situación fue alertada en varias oportunidades frente a múltiples organismos estatales e internacionales. Además, el caso era de conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)», se lee en su comunicado.

En ese sentido, exhortó a las autoridades y organismos nacionales “a brindar medidas de protección efectivas para sus familiares y su comunidad, quienes también son objeto de amenazas por defender su territorio ancestral». Asimismo, se demandó garantizar justicia para su familia y comunidad. 

Organizaciones indígenas y no indígenas continúan condenando el asesinato del líder indígena QUinto Inuma (foto: X).

Lucha por la titulación de su territorio

Quinto Inuma luchaba desde hace años por la titulación de Santa Rosillo. En el camino, tuvo que enfrentarse con operadores de actividades ilegales que llegaron a su comunidad promoviendo la titulación individual del territorio para beneficio personal y de la tala ilegal y narcotráfico.

Este jueves 30 de noviembre por la tarde, se realizó una conferencia de prensa en la sede de la XI Macro Región Policial San Martín, en Tarapoto, para dar información sobre el caso. Al respecto, el comandante general de la PNP, General de Policía Jorge Angulo señaló a Inforegión que la primera hipótesis que manejan es que los responsables han sido dos personas aun no identificadas. «Todavía no se sabe a qué actividad ilícita están relacionados los responsables, pero deben haber intereses de las mafias detrás de este crimen», manifestó.

Conferencia de prensa por el caso del líder indígena asesinado Quinto Inuma (foto: Inforegión).

A esta breve reunión, también estuvieron el ministro del Interior, Víctor Torres, el jefe de la XI Macro Región Policial San Martín, el general Ulises Guillén; y la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Mariela Canepa. Asimismo, asistieron el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura (Mincul), José Carlos Rivadeneyra; el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luigino Pilotto, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina.  

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En medio de una serie de fenómenos climáticos extremos, Perú se enfrenta a una peligrosa ola de calor que, según expertos, alcanzará su punto más elevado en los últimos 100 años. Los fuertes rayos del sol que azotan diversas ciudades peruanas, los recientes sismos que han sacudido la región y la sequía que afecta al emblemático Lago Titicaca son solo algunos de los efectos palpables de un inminente impacto en el calendario climatológico del país.

La sensación de calor abrasador que se experimenta no es más que la consecuencia directa de la intensificación del calentamiento global, resultado tanto de la actividad humana como de la incapacidad de la Tierra para contrarrestar los efectos de la alteración climática en la que está inmersa.

Una de las señales más evidentes de la crisis climática en Perú es la ausencia de invierno este año. Este fenómeno puede atribuirse directamente a la emisión desmedida de gases de efecto invernadero, contribución de la humanidad que ha desconfigurado los patrones climáticos tradicionales y ha trastocado las estaciones del año.

El Dr. Paolo Amaya Alvarado, especialista en Ciencias Ambientales de la Universidad César Vallejo (UCV), advierte que en los primeros meses del 2024 se espera un aumento significativo de las temperaturas, especialmente desde la zona centro hacia el norte del país. «Las temperaturas podrían superar los 31° C en áreas septentrionales de Perú, lo cual es sumamente preocupante en un contexto de crisis hídrica», destacó el experto.

Los impactos socioambientales de esta peligrosa ola de calor son alarmantes. Se anticipa un aumento en la desesperación de la población debido al calor extremo, así como la presencia de angustia y estrés generalizados. Además, se prevé la pérdida de fauna que no puede adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, la proliferación de insectos que representan una amenaza para la salud pública y lluvias impredecibles.

En un llamado a la acción, el Dr. Amaya enfatiza que todos somos responsables de este cambio climático y destaca la necesidad de realizar esfuerzos integradores y organizados que aborden la adaptación y mitigación constante. Entre las medidas sugeridas se encuentran la creación de áreas verdes y la preservación de las existentes en el territorio peruano, así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Es crucial destacar que el cambio climático no se limita al aumento de las temperaturas; implica cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos y otros impactos ambientales. A nivel global, el año 2023 ha sido testigo de algunas de las jornadas más cálidas registradas según mediciones contemporáneas, subrayando la urgencia de abordar esta crisis a nivel mundial. Diversos informes de medios de comunicación han documentado que las temperaturas diarias han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos 100 años, subrayando la magnitud del desafío climático que enfrenta Perú y el mundo en su conjunto.

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De escándalo. Dos congresistas de La Libertad fueron incluidos en la investigación de la presunta red criminal dirigida por la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Se trata de Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso, y Roberto Kamiche de Cambio Democrático – Juntos Por el Perú.

Ambos legisladores liberteños están incluidos en el grupo de por lo menos 40 congresistas señalados de perseguir opositores a cambio de obtener favores en sus investigaciones pendientes en el Ministerio Público.

La ciudadana Liz Liberian Valencia denunció a Ruiz, Kamiche de La Libertad y otros 24 congresistas por cohecho pasivo propio. En este caso en particular, los legisladores liberteños son acusados de recibir pagos ilícitos para votar en contra de la interpelación del exministro Juan Silva el 18 de noviembre de 2021, durante el mandato del presidente Pedro Castillo.

De acuerdo al esquema de trabajo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, tanto Magaly Ruíz como Roberto Kamiche representantes en el Congreso por la Libertad, están incluidos en el grupo denominado ‘Niños 3’, parte de la presunta red criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, según las investigaciones en curso.

La acusación surge después de que el programa televisivo Panorama reveló que el colaborador eficaz Zamir Villaverde mencionó pagos de hasta US$ 3.500 a un grupo de congresistas con la finalidad de evitar la censura del ministro Silva, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

CAJEABAN VOTOS POR FAVORES EN INVESTIGACIONES FISCALES

Como parte de estas investigaciones de la presunta red criminal liderada por la fiscal de la nación, fue detenido el último lunes Jaime Villanueva, exasesor principal de la fiscal Benavides apodado “filósofo”. Según la Policía y la Fiscalía, él sería el responsable de coordinar con los congresistas para perseguir a opositores a cambio de obtener favores en sus investigaciones pendientes en el Ministerio Público.

Como se sabe, Magaly Ruíz congresista de APP por La Libertad tiene investigaciones en curso por retener parte del sueldo de sus excolaboradores del despacho congresal en el caso “mochasueldos”. Uno de los afectados es como Carlos Marina Puscán. En tanto, Roberto Kamiche de la misma región tiene un proceso porque habría contratado a su pareja como asesora parlamentaria, indica la Defensoría del Pueblo.

En total, son 42 congresistas los que están bajo investigación, divididos en tres grupos: ‘Niños 1’, con 5 legisladores acusados de organización criminal y tráfico de influencias; ‘Niños 2’, con 11 parlamentarios investigados por diversos delitos; y ‘Niños 3’, donde se encuentran Ruiz y Kamiche de La Libertad.

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Diversas autoridades se mostraron a favor de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1578, en la que se establece hasta 30 años de prisión efectiva para los delincuentes que persistan en el robo de celulares.

Wilmer Prado Estrella, alcalde del municipio distrital de San Juan Bautista, dijo que se necesitan leyes más severas para luchar contra la inseguridad en las calles, pues aseguró que muchos de los ladrones que son capturados por la Policía o serenos son liberados horas después por disposición del Ministerio Público.

“La municipalidad solo tiene 30 serenos que resguardan las calles para una población de más de 50 mil habitantes, lo cual es insuficiente para atender de manera oportuna las intervenciones”, comentó.

Explicó, además, que los delitos más comunes en su distrito son el arrebato de celulares, robo de autopartes, intervenciones a micro comercializadores de droga, violencia familiar y por alteración al orden público.

NORMATIVA

Desde su promulgación, el pasado 18 de octubre de 2023, la pena por robar un aparato móvil será no menor de 12 años ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad.

No obstante, si el robo se efectúa con el empleo de motos lineales o si se utilizan explosivos durante el asalto, las penas serán no menores de 20 años y podrían llegar has los 30 años.

Dicho decreto, asimismo, da cuenta que si una persona compra un celular robado podría ir a la cárcel de cuatro a seis años, y si proviene de un robo agravado la pena irá desde seis a 12 años de cárcel.

Respecto al tema, el alcalde de la municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres, Edwin Gavilán, refirió que hace días se aprobó Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2024-2027, donde se abordó las acciones urgentes a fin de reducir los índices delictivos en su jurisdicción.

La autoridad edil mencionó que una de las principales limitaciones para hacer frente a la delincuencia es el poco presupuesto que se destina en la contrata de serenos y la implementación logística (adquisición de vehículos y modernas cámaras de seguridad).

Agregó que la normativa legal ayuda en cierta medida a que se reduzca este tipo de delitos; no obstante, advirtió que aún falta mucho por trabajar en coordinación con las juntas vecinales, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los gobiernos locales.

Por su parte, el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Gustavo Pacheco- Villar, aseveró que una de las alternativas que permitirían reducir las cifras es intensificar los operativos en tiendas en donde se venden aparatoso móviles, en muchos casos, de dudosa procedencia.

En esa línea, refirió que estas acciones tendrían que ejecutarse en establecimientos comerciales, ferias y de comercio ambulatorio de venta de celulares, pues son los lugares a donde acuden los ladrones para vender todo lo sustraído.

De acuerdo a un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre seguridad ciudadana, se sabe que en Ayacucho 6 de cada 100 personas son víctimas de incidentes delictivos, donde los adolescentes, de 15 años, son un grupo vulnerable para los malhechores.

El informe precisa que no todos proceden a interponer una denuncia por diferentes razones; entre ellas porque lo consideran una pérdida de tiempo.

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La huelga indefinida que los trabajadores del sector salud emprendieron desde el 23 de noviembre, está generando mucho malestar entre la población puneña debido a la falta de atención en los hospitales, centros médicos y postas.

Madre de familia no pudo ingresar a pesar de tener cita médica| Difusión

El día de hoy se registraron altercados en la puerta del hospital regional Manuel Nuñez Butron, por la falta de atención médica. Una de las afectadas señaló que los huelguistas no les permiten ingresar al establecimiento médico para visitar a sus familiares. Mientras que una madre de familia, indicó entre sollozos que no puede asistir a su cita médica para tratar su diabetes.

Advierten al ejecutivo

Guido Machaca, uno de los dirigentes del sector salud, manifestó hace unos días que los 11 once gremios continuarán con su medida de lucha hasta que el gobierno acceda a sus reclamos. El dirigente anunció medidas mas radicales para que el gobierno escuche sus petitorio.

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la ejecución de la sentencia N° 78-2022, de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus.

Asimismo, dispone que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de hábeas corpus.

Nota en desarrollo…

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