La vicegobernadora regional de Ayacucho, Tania Vila Sosa, se encuentra, una vez más, en el ojo de la tormenta, al afrontar una investigación ante el Ministerio Público por la comisión del delito contra la administración pública de nombramiento indebido. Vila designó como gerente de Desarrollo Social a Richard Sarmiento Quinta.
Según advirtió la Contraloría, a través del Informe de Control N° 063-2023, Richard Sarmiento fue designado en el cargo sin tener la experiencia requerida. Además, la documentación que presentó genera dudas sobre su experiencia, ya que una constancia fue emitida por la vicegobernadora sin que el interesado lo solicitara por la vía regular.
El informe también indica que entre los documentos que acreditan la experiencia general y específica se advierte que el referido funcionario presentó una “constancia” con fecha 17 de julio de 2023, documento que acreditaría el desarrollo de labores como “coordinador general”, además como asesor de la vicegobernación, emitido y suscrito por la vicegobernadora Regional, Tania Vila.
Al respecto, la Contraloría verificó en el registro de documentos recibidos y emitidos, la solicitud de expedición de la constancia por parte de Richard Sarmiento Quinta, y no encontró algún documento de solicitud de emisión de la referida constancia, lo que significa que el gerente de Desarrollo Social nunca solicitó dicha constancia y se habría emitido dicha constancia irregularmente.
En tanto, la vicegobernadora regional, Tania Vila Sosa, señaló que este tema se encuentra en investigación en curso y será el Ministerio Público el que determine las responsabilidades del caso.
“Por mi parte no hubo ninguna injerencia en la designación del gerente Regional de Desarrollo Social, y lo vamos a demostrar en las instancias correspondientes”, precisó.
Cabe mencionar que la autoridad regional también es cuestionada por un presunto caso de nepotismo, debido a la contratación irregular de la su prima hermana en la Unidad de Coordinación de Lima, pese a los impedimentos legales.
La vicegobernadora, reconoció la contratación de su familiar, sin embargo refirió que ya fue retirada de esta entidad y justificó este tema indicando que sus ‘»amiliares tienen derecho a trabajar».
La denuncia contra la vicegobernadora regional fue presentada por el ciudadano Daniel Jaime Lazo De La Cruz ante el Ministerio Público por la comisión del delito contra la administración pública.
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El pasado domingo 3 de diciembre, se llevó a cabo el Examen Nacional de Medicina (ENAM) 2023, una jornada crucial para los estudiantes de medicina que cursan su último año en distintas universidades del país. Sin embargo, para la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) y la Universidad Privada San Juan Bautista, los resultados no fueron alentadores, ya que se ubicaron en los puestos 32 y 29, respectivamente, de un total de 34 universidades evaluadas.
La UNICA logró obtener un puntaje de 10.584, colocándose en el antepenúltimo lugar de la tabla de resultados. Por su parte, la Universidad Privada San Juan Bautista no logró destacar significativamente al obtener 10.876 puntos, ubicándose apenas en el puesto 29 de la clasificación general.
El Examen Nacional de Medicina (ENAM) 2023 evaluó a estudiantes que cursan el internado, así como a profesionales titulados tanto en el Perú como en el extranjero. La prueba es un requisito obligatorio para postular al Sistema Nacional de Residentado Médico y lleva 20 años siendo planificada, organizada y conducida por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam).
Además de su importancia para el residentado médico, el ENAM también influye en la distribución de plazas del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serums), siendo esta nota responsable del 70% de la calificación total.
A continuación, presentamos el ranking de las universidades en orden de mérito, donde la Universidad de Piura lidera con un puntaje de 14.697, seguida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia con 14.250 y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 13.862. Entre las primeras posiciones se encuentran reconocidas instituciones como la Universidad Nacional San Agustín, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Nacional de Piura.
La UNICA y la San Juan Bautista enfrentarán ahora el reto de mejorar sus estándares educativos en el área de Medicina, a fin de elevar su posición en futuras ediciones del ENAM y consolidar la calidad de sus programas académicos en el campo de la salud.
Ranking de Universidades según puntaje ENAM 2023:
Universidad de Piura – 14.697
Universidad Peruana Cayetano Heredia – 14.250
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 13.862
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – 13.763
Universidad Nacional San Agustín – 13.279
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – 13.087
Universidad Nacional de Piura – 13.084
Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco – 13.030
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 12.713
Universidad Nacional de Trujillo – 12.698
Universidad Hermilio Valdizán-Huánuco – 12.631
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 12.556
Universidad Nacional de Cajamarca – 12.410
Universidad Católica de Santa María – 12.386
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – 12.343
Universidad Peruana Unión – 12.214
Universidad Privada de Tacna – 12.074
Universidad Privada Antenor Orrego – 12.001
Universidad Nacional del Centro del Perú – 11.989
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – 11.750
Universidad Científica del Sur – 11.581
Universidad Ricardo Palma – 11.578
Universidad Andina del Cusco – 11.532
Universidad San Martín de Porres – 11.492
Universidad Nacional Federico Villareal – 11.422
Universidad Nacional del Altiplano – 11.328
Universidad Continental – 11.238
Universidad César Vallejo – 10.912
Universidad Privada San Juan Bautista – 10.876
Universidad Peruana Los Andes – 10.761
Universidad Nacional de Ucayali – 10.706
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica – 10.584
En medio de la conmemoración por el XXXV Aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la plaza de armas de Ica, el General PNP José Antonio Zavala Chumbiauca, jefe del Frente Policial Ica, generó controversia al hacer declaraciones acusatorias sobre el financiamiento de las recientes protestas en la región.
El alto oficial afirmó públicamente que existen individuos provenientes de Lima y Puno que están respaldando económicamente las manifestaciones, sin proporcionar nombres concretos.
Durante el evento, Zavala Chumbiauca expresó: «Hay gente que por intereses económicos, movilizan y utilizan a cierta parte de la población para que ocupen las vías, mientras ellos se llenan los bolsillos con el dinero que les llega desde las ciudades de Puno y Lima».
General de la PNP de Ica: «Desde Lima y Puno están financiando las protestas»
Al ser cuestionado por la prensa sobre la identidad de los presuntos financistas, el jefe policial evadió la pregunta, indicando que la información está actualmente bajo investigación. «Eso no lo puedo decir, esto está en investigación y yo no me puedo pronunciar, ya cuando se les capture ya ustedes seguro se van a enterar, estamos en investigaciones», declaró antes de retirarse del lugar.
Bloqueos en Ica previo a las protestas contra Dina Boluarte
Las declaraciones del general surgen en medio de una serie de protestas en la región en Ica, con bloqueos de la Panamericana Sur registrados la noche del 5 de diciembre y el pasado domingo 3 de diciembre en el sector conocido como Barrio Chino en el distrito de Salas Guadalupe.
Aunque los bloqueos duraron menos de una hora, el oficial aseguró que la Policía logró retomar el control y expresó su confianza en que se podrá gestionar la situación durante las movilizaciones convocadas para los días 7, 8 y 9 de diciembre, fecha en la que se espera una marcha nacional contra la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo hace un año tras el arresto del expresidente Pedro Castillo.
SAN MARTÍN. El asesinato del líder indígena Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, a manos de sujetos presuntamente vinculados al tráfico de madera, el pasado 29 de octubre, ha vuelto a poner de manifiesto la ineficacia del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”.
Esta herramienta, creada en abril del 2021, suponía la prevención, protección y acceso a la justicia de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, hombres y mujeres indígenas que protegen sus territorios de economías ilegales y mantienen la conservación de los bosques. Sin embargo, en casi tres años, no cumple esa función.
En agosto de 2020, Quinto y su hermano Manuel Inuma, entonces jefe de la comunidad de Santa Rosillo, solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjudh) la activación del Procedimiento de Alerta Temprana. Esta medida estaba prevista en el entonces Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras, aprobado en 2019, y que fue derogado tras la oficialización del “Mecanismo”.
Quinto Inuma denunciaba la presencia de taladores ilegales, traficantes de tierras y el narcotráfico en su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu (foto: Gtanw).
Mecanismo: Protección que termina solo en papel
La cartera de Justicia aprobó la alerta a favor de los dirigentes indígenas, seis meses después, en febrero de 2021. En su resolución, reconoció la situación de riesgo “asociada a la falta de seguridad jurídica del territorio de la comunidad […], así como a la lejanía de las dependencias policiales […] y las actividades relacionadas con la tala ilegal de recursos maderables”. Las amenazas físicas y de muerte contra el líder asesinado y su hermano datan desde el 2017, aproximadamente. En este periodo, han habido denuncias de agresiones físicas, incluso de un secuestro contra Manuel Inuma.
Cuando entró en vigencia el Mecanismo, éste absorbió los casos anteriores, como el de los hermanos Inuma Alvarado. Según resolución ministerial, al mes siguiente de la creación de esta herramienta, es decir, en mayo o junio del 2021, el Ministerio del Interior debió aprobar sus lineamientos de actuación para proteger la vida e integridad de las personas defensoras. Sin embargo, a la fecha, dichas directrices no han sido aprobadas.
Procedimiento de Alerta Temprana activado, en 2020, a favor de Quinto y Manuel Inuma. En 2021, el Mecanismo absorbió los casos (captura de pantalla).
Sin financiamiento e implementación efectiva
La abogada Cristina Gavancho, consultora del Instituto de Defensa Legal (IDL), en San Martín, y asesora legal de la familia de Quinto Inuma, explicó a Inforegión que cuando se aprobó la alerta temprana para Quinto y Manuel, en febrero de 2021, la resolución directoral activó medidas de protección policial y de seguridad jurídica, a través del proceso de titulación, y otras acciones que no fueron implementadas.
«El Ministerio de Justicia debió supervisar la ejecución de las medidas dispuestas, como el respaldo policial, el cual se realizó de forma parcial y solo por un tiempo. El problema de fondo es la falta de financiamiento y el ‘peloteo’ entre todas las instituciones para solucionar las carencias presupuestales. El apu Quinto pedía que lo visitaran, que se haga efectiva la resolución, pero solo después de su asesinato, mágicamente, consiguieron los recursos para intervenir. Desde nuestro punto de vista, este Mecanismo está diseñado para personas asesinadas y no para defensores, porque no es preventivo«, cuestionó.
El apu Quinto Inuma fue velado durante dos noches en la ciudad de Tarapoto (foto: Fepikecha).
El Mecanismo no consideró propuestas de comunidades
Por su parte, Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas Chazuta Amazonas (Fepikecha), señaló que el mencionado mecanismo, al igual que otras normas, no considera la realidad de los pueblos originarios, sus propuestas o procesos propios. Destacó que, según el marco legal, la comisaría más cercana debe atender a los defensores en el mecanismo y llevar a cabo patrullajes, pero esto no ocurre por las distancias con las oficinas policiales y la falta de presupuesto.
«La comisaría encargada de brindar protección a Santa Rosillo es la Chazuta, que está a tres horas de Huimbayoc en bote, a 60 km/h. En peque-peque, son casi ocho horas. De Huimbayoc, se viaja por una trocha carrozable hasta el centro poblado de Chimbana y, luego, se tiene que tomar otra embarcación. Son varias horas y, cuando el río está bajo, se tiene que caminar. Nosotros, los pueblos indígenas, no estuvimos de acuerdo con cómo se planteó el Mecanismo. Quienes rescatan a los defensores son las rondas comunales, las comunidades más cercanas, los familiares y vecinos. Son estos organismos los que hacen efectiva la protección y, por eso, deben ser reconocidos y fortalecidos«, afirmó.
Quint0 Inuma realizando un patrullaje territorial. La comunidad Santa Rosillo fue reconocida en 2015, sin embargo, la entrega de la titulación comunal de sus 23 000 hectáreas continúa pendiente (foto: Servindi/OjoPúblico).
Lucha comunal y otros defensores en peligro
García reiteró que el principal reclamo ante proyectos de ley y normativas aprobadas necesitan tener asegurado un financiamiento para su implementación y socialización en las comunidades. La dirigenta refirió que, si bien hay mesas técnicas sobre personas defensoras, los avances y acuerdos no se pueden replicar en los territorios por no contar con un presupuesto.
«Los movimientos indígenas deben ser considerados en el mismo nivel jerárquico de los ministerios, del Ejecutivo y del Congreso, respecto de normas que nos impactan. De este modo, podremos cerrar brechas y tener soluciones para prevenir estos asesinatos, sino seguirán en aumento, y nosotros nos queremos vivos. Si Quinto, que ha tenido visibilización a nivel nacional e internacional, fue asesinado con tanta facilidad e impunidad, ¿qué nos espera el resto de nosotros? En la zona del Bajo Huallaga, tenemos a otros defensores en peligro: en Santa Rosillo de Yanayacu, Anak Kurutuyacu, Atumpampa y en Túpac Amaru», expresó.
Por otro lado, añadió que otra falla grave del Mecanismo es que contempla la protección exclusiva de los dirigentes y deja de lado a sus familias, como hijos menores de edad. Sin embargo, para las comunidades indígenas, la lucha en defensa de sus territorios es colectiva y, por tanto, las medidas de protección deben ser aplicadas en esa magnitud.
Tala ilegal afecta desde el 2017 a la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu (foto: Ronda nativa Santa Rosillo de Yanayacu).
Indefensión de las y los defensores ambientales
Durante una entrevista anterior, Kevin Inuma, hijo mayor de Quinto Inuma, responsabilizó al Estado por la muerte de su padre al no haber tomado acción frente a las repetidas denuncias del apu y la comunidad. Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas, de San Martín, pospuso nueve veces una inspección en la zona para constatar la tala ilegal, alegando falta de seguridad y garantías, situación advertida por la Policía.
Cabe recordar que, en setiembre de 2022, se reportaron dibujos de revólveres en troncos de árboles en clara amenaza a los pobladores indígenas de Santa Rosillo. La denuncia pública sindicó a Jorge Segundo Ramírez Mandruma, a Julio Barbarán Ojana y a Limber Ríos como los posibles responsables de estos actos.
Otra amenaza de muerte fue dada a conocer en abril de 2023. En esa ocasión, según OjoPúblico que cita un informe de la organización Fondo Socioambiental del Perú, dos personas con armas de fuego, que habrían sido los hermanos Diego y Dedicación Vega Pardo, llegaron al lugar y preguntaron por Quinto. Esta acción fue reportada como un intento de ataque.
La sesión programada para discutir la solicitud de vacancia contra los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), presentada por Juan Félix Camino Alfaro (expediente 5530-2023-MPT), se pospuso por unanimidad y se llevará a cabo el 15 de diciembre a las 9:00 a.m.
En la sesión extraordinaria de hoy, el alcalde Arturo Fernández Bazán participó de manera virtual, continuando la tendencia virtual que predominó en las sesiones a lo largo del año.
Posible parcialización
Durante la sesión, el regidor Mario Reyna expresó su descontento con el asesor legal del Municipio, señalando una posible parcialización al no remitir documentos firmados en sesión de Concejo a las entidades correspondientes. Por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el caso de la suspensión contra el burgomaestre.
Respuesta del asesor legal
En respuesta, el asesor legal se desvinculó de las acusaciones, argumentando que se deben respetar ciertas instancias para elevar los documentos a las entidades correspondientes.
La sesión se reanudará el 15 de diciembre, ofreciendo la oportunidad de analizar detalladamente la situación y considerar los argumentos presentados en el expediente.
La congresista de Ayacucho, Margot Palacios Huamán, expresó su rechazo a través de sus plataformas de las redes sociales respecto a la liberación del expresidente Alberto Fujimori Fujimori, quien será excarcelado del penal de Barbadillo en cumplimiento de la orden emitida por el Tribunal Constitucional.
Además, la congresista Palacios exigió establecer una nueva Constitución Política, argumentando que la actual, promulgada en 1993, se encuentra debilitada y socavada debido a los recientes acontecimientos relacionados con Fujimori y la situación política nacional.
Por su parte, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado peruano que se abstenga de llevar a cabo la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Este requerimiento se produce después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera la orden de su inmediata excarcelación del penal de Barbadillo.
Ante la posibilidad de que inicie un nuevo período lluvioso a causa del fenómeno El Niño, la Municipalidad Provincial de Piura acelera las labores de mantenimiento de las calles y avenidas afectadas por las lluvias que se registraron a inicios de año. Actualmente, los trabajos se ejecutan en la Av. Loreto y Av. Grau.
Los trabajos comenzaron la semana pasada en la calle San Ramón. La inversión supera los 744 mil soles y beneficiará a 100 mil conductores y población en general.
En la Av. Loreto, las acciones han iniciado a la altura del cementerio San Teodoro. Desde este punto hasta el óvalo Grau se intervendrá alrededor de 2 kilómetros y medio. Aquí se utilizará concreto Fc=210kg/cm2 y concreto seco para el bacheo de esta vía.
Esta última técnica, que no requiere de grandes equipos ni de una gran cantidad de mano de obra, garantiza una resistencia de 210 kg por centímetro cuadrado. Con tecnología innovadora se procederá a realizar cortes geométricos.
Y en la Av. Grau, desde el óvalo Grau hasta la Av. Marcavelica, se ejecutan trabajos de trazado y perfilado. En esta arteria de la ciudad se procederá con el recapeo y bacheo de la pista, en un total de 7 kilómetros aproximadamente.
Por otro lado, personal y maquinaria de la empresa encargada de estas actividades desarrollará el vaciado de concreto en diversos puntos de la calle San Ramón.
A fines de diciembre se estima la culminación de estos trabajos, que tienen como objetivo principal restaurar y reforzar puntos estratégicos de las vías donde se han identificado un mayor desgaste y deterioro.
DATO:
Las vías de acceso a intervenir son: avenida Grau, entre el óvalo Grau y avenida Marcavelica; la avenida Loreto, entre el óvalo Grau y avenida Luis Antonio Eguiguren; avenida San Ramón, entre la avenida Luis Antonio Eguiguren y avenida Fortunato Chirichigno.
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