Archivan investigación contra el gobernador de Ica, Jorge Hurtado por falta de pruebas
Tras casi tres años y 47 investigados, se determina que los hechos no constituyeron delito y que no existe la denominada organización “Los Temibles del Sur”.
Una investigación que se extendió por casi tres años terminó en un sonoro archivamiento. El fiscal anticorrupción Alexander Pérez López dispuso cerrar el caso contra el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, luego de no hallar pruebas suficientes que lo vinculen con la supuesta red criminal denominada “Los Temibles del Sur”.
El proceso se inició en marzo de 2023, cuando un “testigo protegido” denunció presuntos actos de corrupción y acusó a Hurtado de liderar una organización criminal. Con esas declaraciones, Pérez López abrió una investigación encubierta contra 47 personas, solicitando incluso interceptaciones telefónicas, videovigilancia y levantamiento de comunicaciones.
Durante los primeros meses de la gestión regional, el expediente se convirtió en un instrumento de presión política. El fiscal buscaba sostener que Hurtado encabezaba una red destinada a beneficiarse de contratos y designaciones, mientras que en paralelo, versiones señalaron que la investigación buscaba favorecer al vicegobernador Luz Canales, quien no aparecía en las indagaciones.
El propio Poder Judicial observó en reiteradas oportunidades que las imputaciones se sostenían en rumores y comentarios sin sustento, lo que llevó a rechazar tres solicitudes del fiscal para profundizar la indagación. La debilidad probatoria fue tal que el caso se convirtió en un ejemplo de cómo no debe conducirse una investigación de alto impacto político.
La disposición N.° 32, emitida el 12 de septiembre de este año, determinó el archivamiento de las denuncias contra Jorge Hurtado y los demás implicados. En el documento se señala expresamente que “los hechos denunciados no constituyen delito de cohecho pasivo propio”, descartando así la existencia de una red criminal en el Gobierno Regional de Ica.
El desenlace coloca al Ministerio Público bajo la lupa, se muestra como evidencia que un testimonio carente de verificación puede desencadenar una persecución de gran magnitud. El archivo del caso es un revés para el fiscal Pérez López, cuyo papel ha sido duramente cuestionado por exponer a autoridades y ciudadanos en un proceso que terminó sin pruebas.
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