La Contraloría General de la República ha identificado posibles actos de corrupción en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, específicamente en la adquisición de bienes informáticos. El Informe de Control Específico N°017-2023-2-0208-SCE revela que los funcionarios involucrados optaron por una compra fraccionada injustificada, eligiendo a un único proveedor que carecía de experiencia en el área y cuyos productos no cumplían con las especificaciones solicitadas.
El monto total de la compra ascendió a S/ 116,600 e incluyó ocho laptops y una impresora multifuncional. Sin embargo, en lugar de agrupar los requerimientos en una sola compra, se realizaron cuatro órdenes de compra por montos de S/ 35,100, S/ 34,000, S/ 23,700, y S/ 23,800, en favor del único proveedor, Jorge Fernando Díaz Vargas. Este último, además de no contar con la experiencia necesaria, no estaba habilitado por la SUNAT para realizar este tipo de operaciones.
Las discrepancias no se detienen allí. Se constató que los equipos entregados no poseían todas las características técnicas especificadas. Por ejemplo, en el caso de la Dirección de Incubadora de Empresas, se recibieron dos laptops con procesador y modelo diferentes, y con tarjetas gráficas de menor capacidad. Situación similar ocurrió con las laptops de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, que presentaban discos duros de menor capacidad. Además, se adquirió un equipo multifuncional que no coincidía con lo solicitado.
Los implicados deben ser denunciados por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica
Los funcionarios implicados en este proceso son Roberto Angulo Quispe (jefe de Abastecimiento) y Gino Mora Castillo (director de Incubadora de Empresas). Asimismo Aristides Lara Pujaico (director de Producción de Bienes y Servicios) y Angelita Martínez Contreras (directora de Innovación y Transferencia Tecnológica).
A pesar de las irregularidades, no se contó con la opinión de un especialista para la compra de estos equipos. Además las órdenes de compra se aprobaron sin verificar previamente que el proveedor no cumplía con los requisitos de actividad económica necesarios para la contratación.
Los resultados de este informe fueron comunicados al rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. También se informó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción. Esto con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes y se determinen las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
