El gobernador regional Javier Gallegos Barrientos, recibió esta mañana a los representantes de laa familias que habitan en la Villa El Diluvio, zona que aún sigue en espera de concretarse el litigio con la Municipalidad Provincial de Ica.
Vecinos de la Asociación de Vivienda “Villa El Diluvio” le solicitó audiencia y expusieron su problemática. Su presidenta Verónica Ley Cordero, explicó que hace 20 años 88 familias están en posesión del terreno donde edificaron sus viviendas, pero no pueden acceder al título de propiedad.
El gobernador junto con el director regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Juan Orlando de la Cruz Hernández, se comprometieron a revisar su caso y ver la forma de poderlos ayudar dentro del marco legal.
Se sabe que la zona debía destinarse a un parque de dominio público, sin embargo los moradores invadieron como posesión. Hasta el momento la Municipalidad Provincial tiene el juicio ganado sin embargo no hay un orden de desalojo que concrete el proceso.
En el 2018, la Corte Suprema de Justicia, reconoció los terrenos como propiedad de la municipalidad y no del Gobierno Regional de Ica, por tanto ese era el propósito de un juicio que viene desde el 2008, cuando el GORE intervino argumentando que eran terrenos que le pertenecía.
Desde el 10 de julio del 2018, la Policía Nacional del Perú no ejecuta el desalojo solicitado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se requiere una orden judicial estrictamente para la recuperación de este sector.
La Municipalidad Provincial de Ica, ofreció terrenos públicos para reubicarlos, sin embargo aún no se define, al igual que la exgestión del gobernador Fernando Cillóniz Benavides, propuso llevarlos al parque Golda Mayer de Subranjalla o al costado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Los moradores debían presentar una petición formal sin embargo no lo hicieron. Fuentes indicaron que los vecinos de esta asociación tienen otras propiedades por lo que no estarían como «damnificados» siendo este el requisito indispensable para que el municipio y el gobierno regional les concedan terrenos por necesidad.
