En lo que va del año, a unas 37 personas le han quitado la vida sicarios en la ciudad de Pisco. Este panorama no solo es un indice de inseguridad en la provincia sino es una causante del temor en la población al salir a las calles y sentirse desprotegido.
En estos dos últimos días se reportaron tres asesinatos y usuarios de las redes sociales preocupados han solicitado abiertamente que las autoridades tomen medidas como declarar en Estado de Emergencia a la provincia de Pisco, para frenar la sangrienta realidad.
En su momento el jefe de la Defensoria del Pueblo en Ica, Jorge Luis Hernández, manifestó que el sicariato es consecutivo en Pisco, por lo que ha demandado que el Frente Policial refuerce las acciones de Inteligencia, a fin de que la Policía actúe de manera preventiva y no reaccione únicamente ante hechos consumados, como lo viene haciendo.
El pasado 10 de agosto, Hierald Rene Abanto Palomino, un hombre de 41 años de edad se encontraba conversando con su esposa en un paradero en el distrito de San Clemente, frente a la comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando un sujeto apareció en una moto lineal y lo ultimó a tiros.
El mismo día, más tarde, Carlos Medina Vilchez (23), un joven que trabajaba como colectivero se encontraba en el Grifo Petroamérica, cuando fue sorprendido por dos sujetos quienes también lo ultimaron a tiros. Investigaciones revelaron que la víctima era un testigo clave contra sicarios.
El 12 de agosto, GianCarlos Alexander Cruz Mariluz de 27 años de edad, fue sorprendido al interior de su vivienda ubicado en la cuarta cuadra de la calle Simón Bolivar, sector la Esperanza. Los sicarios ingresaron al domicilio y lo acabaron a tiros, dejándolo moribundo, sin embargo murió de camino al hospital.
¿Un estado de emergencia?
En el 2016, el gobierno declaró en estado de emergencia la provincia constitucional del Callao, por similar situación, debido a que una persona moría en manos de sicarios cada 48 horas. La emergencia tuvo 6 prórrogas que culminó el 15 de octubre de ese año.
En el 2015, Callao había registrado 254 muertos por hechos delictivos entre enero y noviembre; un promedio de 14 homicidios por mes. Según datos de la Región Policial Callao, desde que se implementó la medida, los delitos disminuyeron en un 43%, los homicidios en un 27,4% y hubo 60 detenidos vinculados al sicariato y homicidio.
La emergencia implicó suspender los derechos constitucionales de libertad, seguridad personal e inviolabilidad de domicilio. Es decir, la Policía pudo ingresar sin orden judicial a las casas y hacer detenciones sin permiso de un juez.
