Hacinamiento en cárceles del Perú llega al 147% y población penitenciaria supera las 103 mil personas

La situación en las cárceles peruanas se ha vuelto insostenible. Según el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez, al 14 de septiembre de 2025, la población privada de libertad asciende a 103,320 internos, mientras que 102,811 se encuentran en régimen extramuros, distribuidos en 69 establecimientos penitenciarios. Esto representa un hacinamiento del 147%, cifra que evidencia la crisis estructural del sistema penitenciario nacional.

El perfil de los internos muestra que el 95% son varones y el 5% mujeres. Además, el 63% cumple condena firme, mientras que el 37% aún espera sentencia. Preocupa especialmente la presencia de 78 jóvenes entre 16 y 17 años, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la rehabilitación juvenil y las políticas de prevención en el país.

Este hacinamiento vulneraría los derechos humanos de los internos y a su vez agrava la inseguridad ciudadana. Mientras el crimen organizado y la extorsión están en aumento, el colapso de los penales debilita la capacidad del Estado para mantener el orden y hacer cumplir la ley.

Informó que para enfrentar esta crisis, el Ministerio de Justicia ha reactivado proyectos de infraestructura penitenciaria que habían quedado paralizados. Entre ellos están los nuevos penales de Ancón (Lima), Ica y Colquepata (Cusco), que sumarán unas 9,000 plazas adicionales para aliviar el hacinamiento. Sin embargo, incluso con estas ampliaciones, el déficit seguirá siendo alto si no se adoptan penas alternativas, mejoras en el sistema judicial y una política integral de resocialización y reinserción laboral.

En cuanto a la seguridad, 27 de los 33 penales más grandes del país cuentan con sistemas de bloqueo de llamadas ilegales, aunque aún queda trabajo pendiente. Esto es crucial para combatir el uso de celulares dentro de las cárceles, usados para coordinar extorsiones, estafas y secuestros.

La situación actual muestra una clara necesidad de una verdadera reforma integral del sistema penitenciario, que incluya no solo la construcción de nuevas infraestructuras, sino también la implementación de nuevas políticas de rehabilitación efectiva de los internos, además de la reducción del uso de la prisión preventiva, que afecta a una parte significativa de la población carcelaria.