Megapenal de Ica: Gobierno vuelve a apostar por la escandalosa cárcel de S/ 600 millones

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) volvió a poner en la agenda nacional el polémico proyecto del Megapenal de Ica, una infraestructura valorizada en más de S/ 600 millones que promete acabar con el hacinamiento en las cárceles peruanas, pero que arrastra un historial de retrasos, contratos anulados y denuncias de abandono millonario.

El anuncio fue presentado como una obra “estratégica” para combatir la delincuencia y garantizar la reinserción social de los internos. El nuevo penal tendría capacidad para 3,168 reclusos, entre hombres y mujeres, distribuidos en 17 pabellones especializados, con talleres productivos, áreas deportivas, aulas de educación y un moderno sistema de vigilancia con inteligencia artificial, rayos X y cámaras de última generación. Todo en un terreno de 88 hectáreas en el distrito de Santiago, región Ica.

Pasó de costar 380 a 700 millones de soles

Sin embargo, la historia del megaproyecto está marcada por el fracaso. En 2018 se colocó la primera piedra con un presupuesto inicial de S/ 380 millones y la promesa de inaugurarlo en 2020. Nada de eso ocurrió. El contrato con el consorcio constructor fue anulado por disputas legales y desde entonces la obra quedó paralizada, con pabellones a medio levantar, muros deteriorados y materiales abandonados bajo el sol del desierto iqueño. El costo estimado hoy supera los S/ 700 millones.

Las críticas no tardaron en crecer. En cinco años de parálisis, el Congreso y la Contraloría advirtieron sobre el riesgo de pérdida de recursos y la evidente falta de gestión. Incluso, durante varios presupuestos anuales apenas se asignaron sumas simbólicas que no alcanzaban ni para mantener el terreno. El congresista Alejandro Muñante en su momento denunció que el Estado no puede seguir “botando dinero” en obras que nunca se terminan.

Mientras tanto, la crisis carcelaria en el Perú empeora. El hacinamiento supera el 130 % y las prisiones se han convertido en focos de violencia, motines y extorsión. El Megapenal de Ica se presenta como la gran solución, pero la población recuerda el historial de incumplimientos y teme que se repita la historia de millones invertidos sin resultados. El fantasma del abandono aún ronda los muros inconclusos que se levantan en el desierto iqueño.

Esta vez es en serio

El MINJUSDH insiste en que esta vez el proyecto sí se ejecutará. El jefe de Administración, Tiberio Cayo Robles, aseguró que se trata de una prioridad nacional y que habrá estricta supervisión de la OSCE para evitar nuevos tropiezos. La arquitecta Sheyla Morales, de la Oficina de Inversiones, confirmó que el contrato será bajo precios unitarios y con mecanismos de control reforzados.

Pero el panorama no está libre de polémica. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, está envuelto en escándalo de corrupción tras la difusión de audios que lo vinculan con presuntas gestiones a favor de un interno conocido como “El Diablo”. La sombra de estos escándalos amenaza con empañar la presentación del megaproyecto y causa dudas sobre la transparencia en un sector golpeado por la desconfianza ciudadana.

El Megapenal de Ica es, en la práctica, una obra símbolo: la mayor inversión penitenciaria del país, la más esperada por la población carcelaria y la más cuestionada por su accidentado historial. Para muchos, será la prueba definitiva de si el Estado peruano puede cumplir con sus compromisos o si seguirá atrapado en el círculo vicioso de proyectos millonarios que terminan siendo monumentos al abandono.