La Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público ordenar la interdicción de dragas que operan ilegalmente en la cuenca del río Tigre, en Loreto. 

El organismo señaló que la inacción estatal motivó el bloqueo de la vía fluvial por comunidades nativas desde el 16 de agosto, tras el acuerdo de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (Feconabat) de iniciar el control territorial como medida de protesta. 

De acuerdo con el Grupo Técnico Contra la Minería Ilegal de Loreto, la actividad ilícita genera ingresos superiores a S/ 108 millones mensuales y opera con unas 595 dragas en la región, siendo el río Alto Nanay la zona más afectada. 

La Defensoría planteó además la conformación de una comisión multisectorial con la participación de la Fiscalía Ambiental, la Marina de Guerra y la Policía Nacional, con el fin de establecer un plan integral que permita frenar el avance de la minería ilegal y restablecer la seguridad en las comunidades. 

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