Perú: Impunidad en trata de personas alcanza 98%, solo 2 de 100 denuncias sentenciadas

El X Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas, presentado por CHS Alternativo el 12 de marzo en Lima, revela que este delito en Perú mantiene altos niveles de impunidad. Solo dos de cada 100 denuncias terminan en sentencia.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, explicó que la inestabilidad política ha afectado la continuidad de las estrategias de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Advirtió sobre una brecha significativa entre los recursos requeridos para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas y los que realmente se asignan.

Esta situación tiene efectos directos en la protección de las víctimas. De los 17 servicios previstos en la política pública para la atención y reintegración, solo cuatro recibieron asignación presupuestal. A ello se suma la escasez de albergues y centros de acogida residencial para atender de manera diferenciada a mujeres, hombres y personas LGTBIQ+.

Como ejemplo de acción, una ciudadana ecuatoriana de 23 años, reportada como desaparecida, fue ubicada en Piura por agentes del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.

El informe también da cuenta de problemas de interoperabilidad entre los registros oficiales, lo que dificulta contar con cifras claras sobre el número real de víctimas.

Asimismo, se advierte sobre la creciente presencia de redes de explotación en el entorno digital, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes. El Ciberpatrullaje de CHS Alternativo evidenció que solo en 2024, alrededor de 700 mil menores de edad enfrentaron riesgos sexuales en internet, mientras se identificaron 1.6 millones de archivos vinculados a pornografía infantil.

Frente a este escenario, CHS Alternativo plantea la necesidad de fortalecer la respuesta institucional mediante una mayor asignación de recursos, la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N° 30925 (pendiente desde hace seis años) y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas en la lucha contra este delito.