Fiscal Incompetente: ¿Destitución o Ascenso? | El Ojo del Cuervo 11 de junio 2026
Percy Dueñas
11-06-2026
SE ENCIENDEN LAS ALARMAS.
Los organismos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas ya vienen coordinando acciones preventivas ante la posibilidad de que se produzcan disturbios si el resultado de la elección presidencial no favorece a Roberto Sánchez. Fuentes vinculadas al sistema de seguridad señalan que, en un eventual escenario de derrota, algunos sectores radicales que respaldaron su candidatura podrían promover protestas y actos de violencia en el sur del país, con el riesgo de que estos se extiendan posteriormente hacia la capital. Ayer por la mañana, en el distrito de Guadalupe, a pocos kilómetros del Barrio Chino, ya se observó la presencia de efectivos del Ejército realizando labores de vigilancia y control. Asimismo, las autoridades mantienen bajo estrecho seguimiento a Antauro Humala, debido a su capacidad de movilización y al historial de hechos por los que fue condenado.
LA LICENCIA. El consejero regional Rómulo Triveño García, conocido como “Romulito”, presentó su solicitud de licencia ante el pleno del Consejo Regional para poder dedicarse de forma exclusiva a su candidatura de cara a las elecciones de octubre. No obstante, esta medida no parece suficiente, ya que su aspiración política atraviesa un momento muy delicado: no logra generar entusiasmo ni siquiera en quienes antes lo respaldaban. Mientras otros postulantes recorren las calles y buscan conectarse a la población, Triveño mantiene una imagen apagada, distante y carente de liderazgo. Si no modifica radicalmente su actitud y abandona la pasividad que ha marcado su trayectoria, corre el riesgo de protagonizar una de las campañas con menor impacto de este proceso electoral. Según sus detractores, de continuar así, podría perder incluso el respaldo de su propio entorno cercano al momento de la votación
FISCAL INCOMPETENTE. La actuación de la fiscal Fiorela Huamaní Rupay es grave: no emitió pronunciamiento a tiempo sobre un detenido por extorsión, lo que provocó el vencimiento del plazo legal y su liberación; tampoco atendió los llamadas telefónicas de sus superiores, dañando la investigación y la imagen del Ministerio Público. Lo más preocupante resultan ser sus antecedentes: cuenta con 29 quejas (9 en trámite) y ya fue sancionada con amonestación, multa y suspensión. No es un error aislado, sino un patrón de incumplimiento de los deberes de diligencia y probidad que exige el cargo. Por ello, su separación no es la medida adecuada, con ese patrón de conducta en Nasca o en la cochinchina va ser lo mismo la sanción debió ser la destitución para liberarnos de fiscales que no quieren su trabajo.
JUEZ Y PARTE. Lo que parece una broma de mal gusto ha terminado convertido en un escándalo político. Una resolución de alcaldía emitida por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Heber González Arcos, "Gonzalito", incluiría entre los beneficiarios de nombramiento permanente al propio burgomaestre. La situación resulta aún más polémica porque el documento lleva la firma del mismo alcalde, es decir, habría autorizado una resolución en la que él mismo aparece como favorecido. El caso ha provocado indignación y serios cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en la gestión municipal. Para muchos vecinos, se trata de un hecho que vulnera los principios básicos de imparcialidad y buen gobierno que deben regir la administración pública. Ahora será tarea de los órganos de control y de las autoridades competentes determinar si la resolución se ajusta a la ley o si estamos ante un evidente conflicto de intereses que podría acarrear responsabilidades administrativas e incluso legales.
LA LICENCIA. El consejero regional Rómulo Triveño García, conocido como “Romulito”, presentó su solicitud de licencia ante el pleno del Consejo Regional para poder dedicarse de forma exclusiva a su candidatura de cara a las elecciones de octubre. No obstante, esta medida no parece suficiente, ya que su aspiración política atraviesa un momento muy delicado: no logra generar entusiasmo ni siquiera en quienes antes lo respaldaban. Mientras otros postulantes recorren las calles y buscan conectarse a la población, Triveño mantiene una imagen apagada, distante y carente de liderazgo. Si no modifica radicalmente su actitud y abandona la pasividad que ha marcado su trayectoria, corre el riesgo de protagonizar una de las campañas con menor impacto de este proceso electoral. Según sus detractores, de continuar así, podría perder incluso el respaldo de su propio entorno cercano al momento de la votación
FISCAL INCOMPETENTE. La actuación de la fiscal Fiorela Huamaní Rupay es grave: no emitió pronunciamiento a tiempo sobre un detenido por extorsión, lo que provocó el vencimiento del plazo legal y su liberación; tampoco atendió los llamadas telefónicas de sus superiores, dañando la investigación y la imagen del Ministerio Público. Lo más preocupante resultan ser sus antecedentes: cuenta con 29 quejas (9 en trámite) y ya fue sancionada con amonestación, multa y suspensión. No es un error aislado, sino un patrón de incumplimiento de los deberes de diligencia y probidad que exige el cargo. Por ello, su separación no es la medida adecuada, con ese patrón de conducta en Nasca o en la cochinchina va ser lo mismo la sanción debió ser la destitución para liberarnos de fiscales que no quieren su trabajo.
JUEZ Y PARTE. Lo que parece una broma de mal gusto ha terminado convertido en un escándalo político. Una resolución de alcaldía emitida por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Heber González Arcos, "Gonzalito", incluiría entre los beneficiarios de nombramiento permanente al propio burgomaestre. La situación resulta aún más polémica porque el documento lleva la firma del mismo alcalde, es decir, habría autorizado una resolución en la que él mismo aparece como favorecido. El caso ha provocado indignación y serios cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en la gestión municipal. Para muchos vecinos, se trata de un hecho que vulnera los principios básicos de imparcialidad y buen gobierno que deben regir la administración pública. Ahora será tarea de los órganos de control y de las autoridades competentes determinar si la resolución se ajusta a la ley o si estamos ante un evidente conflicto de intereses que podría acarrear responsabilidades administrativas e incluso legales.






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