La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado la licencia institucional a cuatro universidades peruanas debido a que no cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
La primera universidad a la que la Sunedu le denegó la licencia el 19 de octubre de este año fue a la Universidad Peruana de Arte Orval, ubicada en San Borja (Lima), cuya población educativa es de 176 alumnos.
Todas las universidades a las que la Sunedu le deniega la licencia institucional tienen un plazo de 2 años (hasta el ciclo 2020-2) para el cese de sus actividades. Estos centros de estudio que no cumplen con las CBC quedan automáticamente impedidos de realizar procesos de admisión y de matricular estudiantes nuevos.
Asimismo, a fines de octubre la Sunedu le denegó el licenciamiento a la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG), donde hay una población de 1.257 estudiantes.
Entre las razones por las que se le denegó la licencia son que no cuenta con laboratorios apropiadamente equipados y adecuados para las carreras que ofrece, no tiene un repositorio de investigaciones, no cuenta con mecanismos de apoyo a la inserción laboral, entre otros.
Por otro lado, el 30 de noviembre la Sunedu le denegó la licencia a la Universidad Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN), ubicada en el distrito de Jesús María.
Entre las deficiencias encontradas en el proceso de evaluación, la UPEIN desaprobó todos los indicadores relacionados con el desarrollo de actividades de investigación. Esto quiere decir que la universidad no pudo probar tener normatividad, docentes, repositorio institucional, ni proyectos destinados a la investigación académica.
Finalmente, este jueves 20 la Sunedu le denegó la licencia institucional a la Universidad de Lambayeque (UDL), la primera del interior del país a la que se le rechaza el licenciamiento.
La UDL queda inmediatamente impedida de convocar procesos de admisión o admitir estudiantes bajo cualquier modalidad. Asimismo, deberá ofrecer a sus estudiantes alternativas para que puedan continuar sus estudios en otras casas de estudio. Y, en un plazo máximo de dos años, deberá dejar de prestar el servicio educativo universitario de manera definitiva.
