A nueve días del cambio de Gobierno, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) da a conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y proclama a Pedro Castillo como el próximo presidente del Perú.
A través de Twitter el nuevo presidente manifestó : ¡Gracias pueblo peruano por este histórico triunfo! Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas.
Convocamos a los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia. (2/2)
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 20, 2021
A diferencia de estos comicios, las proclamas de resultados de las últimas dos décadas fueron realizadas, en promedio, un mes antes del cambio de mando. El 13 de junio del 2001, el JNE proclamó como ganador presidencial a Alejandro Toledo Manrique; mientras que el 15 de junio del 2006, lo mismo ocurrió con Alan García Pérez. El 23 de junio del 2011, Ollanta Humala Tasso fue proclamado como ganador, mientras que el 28 de junio del 2016, se dio como ganadora a la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.
Las elecciones del Bicentenario, precisamente, se diferenciaron por los intentos legales de Fuerza Popular para, primero, intentar revertir los resultados que daban la victoria a Castillo Terrones, y luego, para dilatar su proclamación final. En total, Fuerza Popular y sus aliados presentaron 945 recursos de nulidad, 370 apelaciones, y cinco impugnaciones contra las actas de proclamación de resultados de cada Jurado Electoral Especial (JEE); así como recursos de amparo y de habeas data ante el Poder Judicial.
Para la presentación de los recursos de nulidad, apelaciones e impugnaciones, Fuerza Popular tuvo que gastar alrededor de S/1 millón, debido a los costos establecidos por ley. Entre los financistas de estos recursos, OjoPúblico identificó a empresarios del sector de juegos de azar y abogados vinculados al fujimorismo. A la fecha, el Equipo Especial Lava Jato investiga estos aportes como una presunta modalidad de lavado de activos, debido a que el partido de Fujimori Higuchi está comprendido en una acusación por crimen organizado.
