La excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció ante la prensa sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordena abstenerse de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, que le restituye el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.
“Siempre guardábamos poquito de esperanza de que la Corte Internacional, tal como lo hizo la vez pasada mantuviera la libertad de mi padre. Esta es la segunda vez que le generan esta profunda desilusión”, dijo la lideresa de Fuerza Popular.
“Yo lo que siento es que todo lo que está pasando no ha sido casualidad. Esta demora en todo el trámite para que él finalmente salga en libertad parece que ha sido premeditado. Siento que esto no es justicia. Siento que estos no son derechos humanos. Siento que es absolutamente injusto para una persona enferma y que es un anciano de avanzada edad”, comentó.
En ese sentido, le pidió a Dios que le “dé mucha fuerza” al exmandatario Alberto Fujimori “para poder sobrevivir y resistir frente a esta desilusión”.
“Le pedimos a dios que perdone a todas las personas que se burlan del dolor de nuestra familia, no le deseamos el mal a nadie. Que dios los perdone”, indicó Keiko Fujimori.
[08/04/22 08:00 p.m.] Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular: Como familia hemos recibido esta noticia con muchísimo dolor por lo que le están haciendo a nuestro padre. Es la segunda vez que le generan esta profunda desilusión.
— Canal N (@canalN_) April 9, 2022
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CorteIDH ordena que no se acate fallo del TC para liberar al expresidente Alberto Fujimori
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Perú que no acate el fallo del Tribunal Constitucional a favor de que Alberto Fujimori sea liberado al restituir su indulto.
Esto significa que el expresidente permanecerá preso, cumpliendo sus sentencias por delitos de los casos Barrios Altos, La Cantuta, entre otros.
Este viernes 8 de abril, la Corte IDH publicó la resolución luego de evaluar el pedido de medidas provisionales por parte de los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y de llevar a cabo una audiencia el pasado 1 de abril en la que escuchó a las víctimas, al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La sentencia de la corte dispone, en primer lugar, que se llevará a cabo una labor de supervisión específica sobre el indulto humanitario que se le concedió a Alberto Fujimori en el 2017 y el cumplimiento de las sentencias en su contra, tal y como se dispuso el 30 de mayo del 2018.
“El Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre del 2017, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 30 de mayo de 2018″, sentenció la Corte IDH.
En su fallo, los magistrados de la corte internacional evalúan que el Tribunal Constitucional no valoró si había una “necesidad imperiosa” de que sea liberado por su estado de salud y las condiciones de su detención.
“El Tribunal Constitucional efectuó un pronunciamiento que restituyó los efectos de un indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado cuatro años atrás, sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado, atención médica y condiciones de cumplimiento de la pena privativa de libertad en el establecimiento penitenciario”, señala el documento.
Tampoco se consideró la posibilidad que pudiera seguir cumpliendo su sentencia en condiciones diferentes fuera del centro penitenciario sin recurrir a una extinción o perdón de pena, ni el hecho de que Fujimori Fujimori no haya realizado el pago de la reparación civil correspondiente a favor de las víctimas.
La Corte IDH pide al Perú que presente, a más tardar el 13 de mayo del 2022, un informe sobre el cumplimiento de su fallo del 2018 en lo referente al cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
También dispone que los representantes de las víctimas y la CIDH presenten observaciones al informe que presente el Estado peruano en un plazo de cuatro a seis semanas luego de haber sido notificados.
