De los 211 extranjeros intervenidos el último lunes 8 de agosto en la discoteca La Cabaña, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima, 205 serán expulsados del Perú durante las próximas horas los cuales serán embarcados en cuatro aviones.
Se trata de 131 ciudadanos foráneos (61 varones y 70 mujeres) ingresaron al país de forma irregular al país. Además, 44 extranjeros (29 hombres y 15 féminas) figuran con permanencia vencida. Uno de ellos contaba con requisitoria y otro tiene orden de captura por parte de la Interpol.
Jose Ortiz Mayta, extranjero que fue detenido en el referido operativo, contaba con requisitoria al haber asesinado a un hombre en la región de Satipo, mientras que Freddy Soto, el hombre que es buscado la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ya había sido expulsado del Perú el último 17 de enero del 2020 por haber estado involucrado en la fiesta realizada en Bunker de Punta Negra.
En total, cuatro aviones trasladarían a los extranjeros y la División de Extranjería resguardaría el interior del viaje.
En la mañana del lunes 8 de agosto, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a más de 200 jóvenes durante un operativo llevado a cabo en la discoteca La Cabaña, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.
En el lugar se hallaron 12 armas de fuego, drogas —la principal era la ‘tusi’ o cocaína rosada— y hasta un cráneo humano quemado.
Acuerdo de autoridades peruanas y venezolanas
La reunión entre las autoridades peruanas y venezolanas se da un día después de que el Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para aumentar las causales de expulsión del país de los extranjeros que no respeten a la autoridad o cometan faltas o delitos.
A través de una publicación en Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) detalló que los extranjeros fueron detenidos “en flagrancia” al estar implicados en los “delitos de alteración del orden público y contra la seguridad ciudadana”.
“Durante la reunión se buscó una solución a la situación de los infractores extranjeros, siempre velando por los derechos ciudadanos y actuando en el marco de la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, señaló el Mininter.
En la reunión también participaron la cónsul venezolana Vivian Alvarado; el comandante general de la Policía Nacional, Luis Vera; y el superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández.
