La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por el presunto crimen de guerra de deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia.
Estas órdenes de detención son las primeras emitidas por la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania. La acusación formal señala que Putin es presuntamente responsable de estos delitos que ocurrieron desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania».
La CPI considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual». Se trata de un presunto crimen de guerra que supone la deportación de menores.
La responsabilidad individual de Vladímir Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros, como por no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva.
La respuesta de Rusia ha sido la de calificar de «nula jurídicamente» la orden de arresto del jefe del Kremlin. Argumenta que «Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional», por lo que, al respecto, «no tiene obligaciones».
El fiscal general ucraniano agradeció a la CPI la orden de arresto dictada contra Putin. Recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú. También ha compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos.
(Con información de EFE y AFP)
