- Urgen medidas para mitigar el impacto por el cese de universidades.
- Cese de universidades públicas afecta derechos de estudiantes con menores recursos.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, reconoció la importancia de la reforma universitaria y del proceso de licenciamiento de las universidades, sin embargo observó que esta política pública adolece de un enfoque integral que garantice la continuidad de la educación de los alumnos.
Gutiérrez Camacho aseguró que la educación es un derecho humano y a la vez un servicio público esencial, pero que el Estado no lo ha entendido cabalmente así, incumpliendo su deber de garantizar una educación universitaria de calidad. Lo que se ha evidenciado en las últimas décadas con el crecimiento exponencial de universidades, sobre todo las privadas, que han triplicado su número, de 28 que existían en 1994 al 2014 que llegaron a 92, casi el doble de las universidades públicas que sumaban 49.
Con relación a las universidades públicas, el Defensor del Pueblo señaló que el Estado es el que debe garantizar el derecho a la educación gratuita, sobre todo a quienes mantienen un rendimiento satisfactorio y no cuentan con recursos económicos necesarios. Expresó su preocupación por las consecuencias de la denegatoria de licenciamiento a dichas universidades, en tanto, pudiera ocasionar el cese total de actividades.
Por ello, consideró que es urgente que el Ministerio de Educación implemente un Plan Integral de Contingencia y mitigación social para garantizar la continuidad de los estudios de las y los alumnos afectados por el cese de universidades.
Así también Gutiérrez cuestionó que las universidades, en proceso de licenciamiento, no hayan cumplido cabalmente con la obligación de informar a cada postulante acerca de las consecuencias de una eventual denegatoria. Del mismo modo observó que no se ha respetado el derecho de participación de los estudiantes en las instancias de decisión encargadas de velar por su continuidad educativa.
En esa misma línea, subrayó que no se ha creado un registro individualizado los estudiantes afectados, que suman más de 77 mil de las 25 universidades no licenciadas hasta el momento, en el que se detallen las intervenciones del Estado y la universidad, permitiendo con ello el seguimiento del acceso y continuidad del servicio educativo luego de la denegación del licenciamiento.
