Ica: Fiscalía incluye al rector de la Universidad San Luis Gonzaga en nueva investigación
Rector Dante Calderón Huamaní será citado junto a otros implicados desde el 3 de marzo ante el Ministerio Público.
El actual rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), Dante Fermín Calderón, ha sido incluido en una investigación por presunta usurpación de funciones. La investigación, la inició el Ministerio Público en enero de 2025 en base a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario de septiembre de 2023, en la que se decidió declarar la vacancia de la entonces rectora encargada, Ana María Kuroki de Kawata, sin tener la facultad legal para hacerlo.
En ese entonces, Dante Calderón ocupaba el cargo de vicerrector académico y, según las investigaciones, participó en la toma de decisiones que no contaban con la legitimidad necesaria, ya que la Asamblea Universitaria, que es el órgano competente para decidir sobre la vacancia del rector, no estaba constituida en ese momento. Este hecho habría vulnerado la Ley Universitaria, que otorga esa facultad exclusivamente a dicha Asamblea.
El caso involucra también a exdecanos de la universidad, como José Ernesto Rojas, Reymundo Calderón, Simón Pelayo, Roberto Fredy Serpa y Timoteo Torres, quienes, al igual que Calderón, habrían participado en la decisión sin contar con los requisitos legales. A medida que avanza la investigación, se ha ampliado para incluir a Cecilia Paquita Uribe, quien asumió el cargo de rectora interina de manera presuntamente ilegal, y a los entonces exvicerrectores, Manuel Antonio Acasiete y Dante Fermín Calderón.
Además, se investiga a Rolando Ruiz Llatance, jefe de la unidad de Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, por permitir el registro de autoridades sin los requisitos legales correspondientes. También está involucrada Marsha Kristy Ore Choque, quien asumió el cargo de secretaria general sin la resolución oficial que la acreditara para ese puesto.
Los investigados deberán declarar ante el Ministerio Público a partir del 3 de marzo de 2025. En caso de no asistir, podrían ser detenidos. La Fiscalía ha otorgado un plazo de 120 días para la investigación preparatoria, durante los cuales se recabarán pruebas y testimonios que permitirán determinar si las acciones de los implicados configuran delitos penales relacionados con la usurpación de funciones y otros delitos conexos, lo que podría tener repercusiones legales para los involucrados y afectar la legitimidad de las autoridades actuales de la universidad.