Como se recuerda, el juez Segundo Huamán Carrasco del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria (JIP) dio por cancelado el monto de la reparación civil impuesta al sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón y otros tres exfuncionarios condenados por el delito de negociación incompatible.

Con el pago de la reparación civil los sentenciados evitaron que se revoque el fallo de prisión suspendida que la fiscal anticorrupción de Junín Bonnie Bautista había solicitado ante el incumplimiento en el plazo otorgado por el juzgado.

Durante la audiencia judicial, la representante del Ministerio Público informó que había aceptado el pedido de la procuradora anticorrupción de Junín, Nora Flores, para incautar los fondos depositados por el líder de Perú Libre, ante la sospecha que éstos tendrían procedencia ilícita.

Según informaciones difundidas por el diario El Comercio, la medida de incautación fue presentada el viernes último por la abogada del Estado y se dio en el contexto de la investigación seguida por Bautista en el caso Los Dinámicos del Centros.

“Dicte la medida de incautación cautelar con fines de decomiso del total de dinero depositado en concepto de reparación civil realizados”, se señala en el pedido de la procuraduría según informaciones del diario El Comercio.

La fiscal Bautista declaró fundado el pedido de la procuraduría antes de derivar la carpeta fiscal a Lima y de los cuatro sentenciados, Vladimir Cerrón es el único comprendido en Los Dinámicos del Centro y no tiene la posibilidad de apelar la decisión fiscal.

Según los audios y testimonios de los colaboradores eficaces señalan que la presunta organización criminal recaudó fondos para la reparación y por ello, los otros condenados deberán demostrar ante el juez la procedencia del dinero depositado.

Como se recuerda, el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, el jueves 5 de agosto anunció a través de su cuenta de Twitter que había cumplido con el pago de la reparación civil.

“Terminamos de pagar la reparación civil que nos impusieron en una sentencia arbitraria y altamente politizada. El Perú está expectante para que el nuevo ministro de Justicia, Aníbal Torres, haga efectivo el cobro a los que se niegan a cumplir la ley”, escribió.

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