La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, ha decidido declarar compleja y formalizar la investigación contra el rector Anselmo Magallanes Carrillo y otros presuntos cómplices por contratos de familiares dentro de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Según los hechos en la denuncia, Magallanes actuó ilícitamente para la contratación de su cuñada Lourdes Cecilia Vera Cáceres, en complicidad con el decano de la facultad de Medicina Humana, Benito Freddy Díaz Lopez, quien también contrató a su propio hermano Juan Noel Díaz Lopez.
- Los delitos considerados para esta denuncia: Abuso de Autoridad, Omisión de Actos Funcionales, Colusión Simple y Agravada, Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de cargo, Tráfico de Influencias, Cobro Indebido, Nombramiento Indebido en agravio del Estado.
En el Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina, los docentes Walter Azula Aguinaga y Fermín Cáceres Bellido, solicitaron el contrato respectivo de Lourdes Vera (curso de: Anatomía Humana ) y Juan Díaz (Curso de: Fisionlogía) durante los ciclos 2017-I, 2017-II, 2018-I, 2018-II y 2019-I.
- Como se indica Lourdes Cecilia Vera Cáceres es la cuñada de Anselmo Magallanes Carrillo y Juan Noel Díaz Lopez es el hermano del decano de Medicina.
Por otro lado Carmen Rosario Vera Caceres, esposa del rector, en calidad de directora de investigación solicitó una resolución decanal al decano de Medicina Benito Freddy Díaz Lopez, para favorecer al mismo rector (esposo) y su cuañada, asimismo al hermano del decano.
La esposa solicitó designar en Investigación de CANCER a Anselmo Magallanes Carrilo (Titular), a Lourdes Cecilia Vera Cáceres (Suplente) y también a Juan Noel Díaz Lopez (Suplente) para investigación de Metaxenicas y Zootecas.
El decano de la facultad de Medicina Humana, Benito Freddy Díaz Lopez, firmó la resolución en enero del 2018, donde ambos se beneficiaron mutuamente para obtener los cargos bajo apercibimiento económico abusando del poder en dicha universidad.
La fiscalía ha determinado declarar complejo la investigación estableciendo un plazo entre cuatro y ocho meses, considerando también incluir a los miembros del Consejo Universitario quienes aprobaron las contrataciones bajo resolución rectoral.
