Fiscalía investiga a Llaxta por contaminación en Ica: vertía desagüe a los canales de riego

La Fiscalía Superior en Materia Ambiental de Ica ha ordenado reabrir el caso contra la empresa Llaxta SAC por el presunto delito de contaminación ambiental, dejando sin efecto el archivamiento emitido en marzo de este año. La medida responde a las denuncias de vecinos y dirigentes que acusan a la inmobiliaria de descargar aguas residuales en el canal “El Pero”, en el distrito de Los Aguijes, provincia de Ica.

El proceso se inició el 20 de enero de 2024, cuando Óscar Antonio Bohórquez Pezo, presidente del Comité de Emergencias de Yaurilla, denunció que la inmobiliaria vertía líquidos con olor fétido y color verdoso hacia el canal de regadío, afectando a agricultores y vecinos de la urbanización Las Piedras de Buena Vista. En la constatación policial también participaron Walter Jiménez Llamocca, vecino de la zona, y la subprefecta Gladys Elizabeth Rejas Espino, quienes confirmaron la presencia de aguas residuales usadas incluso para riego.

Pese a las evidencias, en marzo del 2025 la Fiscalía Provincial dispuso archivar el caso, argumentando que los hechos no configuraban un daño grave al ambiente y que debían resolverse en la vía administrativa. La decisión fue apelada por Bohórquez, quien sostuvo que no se realizaron pericias ambientales, ni se citó a los representantes de la empresa, ni se verificó si la cámara de rebombeo contaba con autorización.

Nuevas investigaciones

Tras la revisión, la Fiscalía Superior concluyó que la investigación fue incompleta y contradictoria. Mientras el acta policial registró vertimientos, un acta fiscal posterior no los encontró. Además, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no pudo inspeccionar la cámara porque estaba cerrada con candado, lo que dejó sin sustento técnico su informe.

La Municipalidad Distrital de Los Aguijes informó que Llaxta obtuvo en 2016 solo una licencia para instalar tuberías, pero nunca gestionó el permiso de funcionamiento de la cámara de bombeo ni el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), todo es ilegal, incluso el origen de la construcción de toda la urbanización como proyecto inmobiliario.

Con estos elementos, la Fiscalía Superior desaprobó el archivo y ordenó ampliar la investigación preliminar por 30 días. En ese plazo se deberán tomar declaraciones a vecinos y autoridades, citar al representante de Llaxta, revisar la documentación municipal y realizar una nueva inspección con peritos de Vivienda y la DIGESA.

El caso vuelve a ponerse sobre la mesa. Llaxta SAC deberá responder al Ministerio Público por las acusaciones de haber contaminado un canal agrícola.