OTASS organiza evento en Ica tras 12 años de la fracasada intervención del gobierno en las empresas de agua

El llamado Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) ha convocado un evento en Ica programado para el 30 de septiembre en una universidad privada. Este año se cumplen 12 años desde que el gobierno de turno decidió intervenir las empresas de agua potable y alcantarillado. La medida fue presentada como la solución a la corrupción, al desabastecimiento y a la mala gestión, pero los problemas siguen intactos y, en algunos casos, se han agravado.

Desde 2013, el Estado ha transferido presupuestos millonarios para proyectos de infraestructura, pero gran parte de estas inversiones no se reflejan en mejoras del servicio. Cortes, baja presión y falta de continuidad siguen siendo la rutina de miles de usuarios.

Corrupción, tarifas elevadas y conflictos internos en Emapica bajo la administración del OTASS

En Ica, los problemas financieros y de corrupción que justificaron la intervención siguen presentes. Antes de 2013, Emapica tenia un sonado caso de anticipos indebidos por millones de soles, que terminó con la sentencia de nueve exfuncionarios en 2019. Sin embargo, esa realidad no es distinta de lo que ocurre ahora bajo administración de OTASS: en los últimos años se han denunciado designaciones irregulares, comopor ejemplo la de una gerente de Administración y Finanzas, colocada por presuntos vínculos políticos en su contratación y otros.

Uno de los primeros problemas que hasta hoy sigue vigente es que OTASS trajo esa torpe idea de vender el agua mas caro y hasta hoy los vecinos se resisten a la instalación de medidores en distritos como La Tinguiña y Parcona. Con un servicio deficiente, muchos usuarios aseguran que desde el 2013 sus recibos se elevaron de 20 a 80 o hasta 100 soles mensuales. La Defensoría del Pueblo reportó varios casos.

Dentro de la empresa, los conflictos tampoco cesan. En 2022 se investigó el presunto robo de chatarra por parte del entonces gerente Jaime Fernández Garay, y ese mismo año se pidió indagar la contratación de una presunta familiar de una fiscal en Emapica, señalada por recibir un sueldo elevado en comparación con trabajadoras con más años de servicio.

Otro reclamo frecuente es que Emapica para el colmo; destruye pistas recién inauguradas para ejecutar obras de agua y desagüe. Tras la colocación de tuberías, muchas calles terminan hundidas o deterioradas, generando sobrecostos y malestar ciudadano. Esto hace eco a lo que irónicamente se dice «Primero la pista después el desagüe».

Una crisis que se repite en todo el país

En Pisco, los vecinos de San Clemente y Túpac Amaru Inca están cansados de denunciar por años el agua turbia tipo «chocolate» y constantes cortes prolongados, mientras que en el centro y en la urbanización San Miguel los problemas de alcantarillado generan olores fétidos y riesgos sanitarios. Nada ha cambiado.

En Chincha, distritos como Grocio Prado y Alto Larán viven con cortes constantes y fugas en la red. Muchas familias se ven obligadas a comprar agua de cisternas privadas para cubrir sus necesidades.

Los problemas tampoco se limitan a Ica. En Tumbes, barrios de Zarumilla y Aguas Verdes sufren agua con residuos de arena y tierra. En Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre padecen colapsos en el alcantarillado que inundan las calles con aguas servidas. En Tacna, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín reclaman la falta de presión y la demora en obras prometidas.

El evento que ahora organiza OTASS en Ica pretende mostrar una plataforma de diálogo. Sin embargo, para miles de familias en La Tinguiña, San Clemente, Grocio Prado, Zarumilla, Castilla o Ciudad Nueva, el balance de estos 12 años es claro: la intervención del gobierno a través del OTASS del Ministerio de Vivienda y Saneamiento fue fallida y el derecho básico al agua potable sigue sin garantizarse.