Alertan que el gobierno va permitir la pesca industrial dentro de la Reserva de Paracas
Diversas empresas que han explotado la pesca en plena reserva se verán favorecidos. Fueron multados con más de 12 millones de soles.
Un grupo de exministros y exviceministros ha emitido un comunicado donde advierten que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) del gobierno de Dina Boluarte, busca modificar la legislación vigente sobre la pesca en el Perú, lo que podría afectar gravemente la protección de las áreas naturales del país. La modificación propuesta al Reglamento de la Ley General de Pesca permitiría la pesca industrial en zonas protegidas, como la Reserva Nacional de Paracas, sin que esta actividad sea sancionada.
Favorecerá a empresas que fueron multados con más de 12 millones de soles por pescar ilegalmente en la reserva
Los exfuncionarios aseguran que la reforma impulsada por el Ministerio de la Producción, publicada bajo la Resolución Ministerial N° 481-2024-PRODUCE, eliminaría la sanción por la extracción de recursos en áreas restringidas, debilitando las medidas de conservación. Según señalan, esto favorece a empresas que han sido multadas por pescar ilegalmente en la Reserva Nacional de Paracas, sumando un total de más de 12 millones de soles en multas previas.
El grupo de exministros, entre los que se incluyen figuras como Albina Ruiz y Manuel Pulgar Vidal, hizo un llamado al Ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, para que priorice el interés nacional y refuerce las medidas de fiscalización en áreas de alto valor ecológico. Además, en su comunicado subrayan que la reforma propuesta podría generar impunidad en actividades ilegales que afectan gravemente el ecosistema marino.
El hecho coincide con las demandas de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que ha venido promoviendo la apertura de la Reserva Nacional de Paracas a la pesca industrial, una medida que ha suscitado gran polémica entre grupos ecologistas y ambientalistas. Los exministros concluyeron con un rechazo contundente a la reforma, argumentando que esta afectaría negativamente el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Una ley sin reglamentos
Mientras tanto continúa la demora en la implementación del reglamento de la Ley 31749, que reconoce y protege a los pescadores artesanales. La ley, que busca salvaguardar la pesca tradicional y sus recursos, aún no ha sido reglamentada a pesar de haber sido aprobada hace más de un año y medio, lo que ha aumentado la incertidumbre en las comunidades pesqueras.
La falta de un marco normativo claro ha generado preocupación en los gremios pesqueros, que advierten sobre la competencia desleal y la sobreexplotación de los recursos marinos. Los pescadores artesanales, dependientes de esta actividad para su sustento, se ven particularmente afectados por la ausencia de protección frente a las prácticas ilegales de pesca a gran escala.
En paralelo, algunos gremios pesqueros de diferentes regiones del país han demandado la aprobación inmediata del reglamento, solicitando medidas como el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) para combatir la pesca ilegal y garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Sin embargo, el retraso en esta normativa sigue siendo un tema de debate, ya que algunos actores políticos buscan modificar la ley en favor de intereses de la pesca industrial, lo que ha generado más controversia.
¿Qué es la Ley Nº 31749 de Pesca Tradicional?
La Ley Nº 31749, aprobada en 2023, reconoce y promueve la pesca tradicional ancestral y artesanal en el Perú, especialmente dentro de las cinco millas marítimas cercanas a la costa. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los pescadores, preservar sus prácticas culturales vinculadas al mar y proteger los recursos marinos mediante métodos pesqueros sostenibles.
La ley define claramente las actividades pesqueras tradicionales, como el uso de embarcaciones como el caballito de totora o canoas, y establece restricciones a las actividades de pesca industrial en áreas protegidas. Sin embargo, a pesar de su aprobación, la ley aún no ha sido reglamentada, lo que retrasa su implementación y deja a los pescadores sin una normativa clara que garantice su protección y desarrollo. Este retraso afecta la correcta regulación de la pesca y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos.