José Jerí impone estado de emergencia en Lima y Callao con el mismo plan de seguridad que usó Dina Boluarte

El Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, con participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno. La medida, presentada como una “guerra frontal contra la delincuencia”, repite la misma estrategia aplicada sin éxito por el gobierno de Dina Boluarte entre 2023 y 2024.

El decreto autoriza a militares y policías a patrullar las calles y coordinar intervenciones en zonas consideradas críticas. También dispone que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) entre en “sesión permanente”, pese a que durante gestiones anteriores esta figura no pasó de ser una formalidad sin resultados tangibles.

Expertos en seguridad recuerdan que medidas similares fracasaron en ciudades como Trujillo, donde el estado de emergencia se mantiene desde 2023 sin que se haya logrado reducir los asesinatos, las extorsiones ni los atentados con explosivos. En Lima y el Callao, la presencia militar ya fue ensayada durante el último mandato de Boluarte, con patrullajes en Miraflores, San Juan de Lurigancho y el Cercado, sin impacto visible en los índices delictivos.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, calificó la decisión como “una medida ineficaz y populista”. “Los gobernantes la aplican solo para decir que están haciendo algo”, declaró, subrayando que lo que el país necesita es inteligencia operativa, investigación criminal y un sistema judicial que funcione, no más uniformados en las calles.

El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, también criticó la disposición del Ejecutivo. Recordó que no existe un plan nacional de seguridad actualizado desde 2023 y que, sin metas ni coordinación efectiva, el estado de emergencia se convierte en una simple puesta en escena. “No hay estrategia, solo reacciones”, afirmó.

José Jerí, por su parte, defendió la decisión asegurando que “no se puede exigir seguridad sin ofrecer compromiso”. Sin embargo, el clima en las calles es de escepticismo. Los limeños y chalacos han visto pasar múltiples estados de emergencia que no lograron frenar el crimen. Esta nueva declaratoria, aunque busca transmitir firmeza, enfrenta el mismo reto que sus predecesoras: demostrar que el despliegue militar no será solo otra promesa vacía frente a una delincuencia cada vez más violenta y organizada.