El pleno del Congreso aprobó este miércoles 11 de mayo la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por supuestamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones.
Con esto la inhabilitación se extiende por cinco años. Acusación constitucional fue por el caso Obrainsa, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por infracción al articulo 126 de la Constitución Política del Perú.
Por 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe sustentado por la ponente del caso, la congresista Elizabeth Taipe (Perú Libre).
El mandatario acudió al Palacio Legislativo junto a su abogado, Jonathan Correa Arias, para ejercer su derecho a la defensa. Allí reiteró su inocencia y manifestó que la denuncia avanzó cuando hizo pública su decisión de postular como congresista en los comicios del año pasado.
“Es una acusación no con un carácter técnico o legal, sino para sacarme”, dijo al referir que la acusación de Vilcatoma estuvo “congelada” durante tres años y su trámite y aprobación se realizó en apenas 4 meses.
El informe parte de la acusación constitucional que presentó en el 2019 la exparlamentaria Yeni Vilcatoma, quien señaló que Vizcarra Cornejo habría tenido participación en la empresa Obrainsa.
Si bien la conclusión del informe es que no hay elementos suficientes para demostrar que el exmandatario realizó actos a favor de Obrainsa, se propone sancionarlo con la inhabilitación de la función pública por cinco años.
El documento aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluye que Vizcarra Cornejo cometió infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.
Yeni Vilcatoma sostuvo que el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S. A. C cuando cumplía sus funciones de ministro de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, el documento señala que el expresidente habría favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de obras públicas mientras desempeñaba el referido cargo.
El exmandatario ya había sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el caso de la vacunación irregular con dosis de Sinopharm, caso conocido como el ‘Vacunagate’. Debido a ello, no pudo recibir su credencial de congresista electo por Somos Perú.
