Congreso propone «legalizar la extorsión», que se pague a delincuentes con los impuestos

El Congreso evalúa un proyecto de ley que permitiría deducir del impuesto a la renta los pagos realizados a extorsionadores. La iniciativa fue presentada por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Somos Perú, el mismo partido del presidente José Jerí.

El texto plantea modificar el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta para que las víctimas puedan declarar los pagos de cupos como “pérdidas extraordinarias”. En la práctica, una empresa o persona podría informar a la SUNAT que pagó una extorsión y usar esa pérdida para pagar menos impuestos.

El proyecto exige una declaración jurada con huella digital, firma legalizada y medios probatorios, pero no explica cómo se comprobará que el delito ocurrió ni qué entidad verificará la información. Según la propuesta, la SUNAT podrá fiscalizar los casos y denunciar si detecta datos falsos.

Cordero Jon Tay justifica su propuesta señalando que busca “garantizar la transparencia” y evitar que las víctimas tributen sobre utilidades que no existen. Sin embargo, abogados y economistas advierten que el Estado estaría reconociendo el pago a delincuentes como un gasto legítimo y que la medida abriría espacio para fraudes y lavado de dinero.

El economista Jorge González Izquierdo calificó la iniciativa como “una barbaridad fiscal que legitima la extorsión”. Dijo que, de aprobarse, los empresarios podrían preferir deducir el pago antes que denunciar el delito, debilitando la lucha contra el crimen organizado.

Aunque el proyecto aún no se debate en comisión, ya ha provocado rechazo público. Especialistas y organizaciones advierten que normalizar el pago de cupos solo profundizaría la crisis de seguridad y la desconfianza en las instituciones.