No solo en las calles: Generación Z presentará leyes ciudadanas contra normas pro crimen del Congreso

La Generación Z prepara una ofensiva legal contra el Congreso. Jóvenes de distintos colectivos, junto con profesionales independientes, elaboran proyectos de ley ciudadana para derogar el paquete de normas que, según expertos, favorece la impunidad y debilita la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa busca convertir la protesta callejera en acción institucional.

El grupo mantiene reuniones con el Colegio de Abogados de Lima para afinar la propuesta, que podría dividirse en dos proyectos: uno para derogar las leyes procrimen y otro para restaurar principios democráticos anulados por el actual Parlamento, como el referéndum y la cuestión de confianza. “El objetivo es revertir el daño que estas leyes han hecho al país”, señalaron los impulsores.

Cabe indicar que volverán a las calles este sábado 25 de octubre desde la Plaza Francia en Lima, donde fue asesinado un joven manifestante en manos de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Congreso aprobó 8 leyes pro crimen

El Congreso aprobó en los últimos dos años ocho leyes que recortan herramientas del sistema de justicia, entre ellas las que limitan la colaboración eficaz, eliminan la detención preliminar y protegen a partidos políticos investigados. Todas fueron promulgadas por insistencia pese a las advertencias del Ministerio Público.

Juristas y fiscales advierten que el paquete legislativo favorece a redes criminales y políticos investigados. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo Rabanal, respaldó el movimiento juvenil y señaló que el Congreso “desmanteló la política anticorrupción y favoreció a las mafias”. Añadió que el CAL ofrecerá apoyo técnico para redactar las propuestas.

Los jóvenes planean recolectar firmas y presentar las leyes ante el Congreso. Consideran que la movilización no debe quedarse en las calles, sino trasladarse al terreno institucional. “Queremos demostrar que la generación que protesta también puede proponer leyes y defender la democracia desde dentro” informó Jorge Calmet, vocero de uno de los colectivos.

Coinciden en que la raíz de la inseguridad no son los operativos ni los estados de emergencia, sino leyes aprobadas por el Congreso que favorecen la impunidad y limitan la acción de la justicia. Entre sus objetivos también está derogar la norma que reinstauró la bicameralidad pese a que un referéndum consultó a la población y la mayoría dijo no, mostrando que el Congreso actúa al margen de la voluntad ciudadana.

Proyectos de ley ciudadanos según la Constitución

Los jóvenes buscan convertir su descontento en acción institucional mediante proyectos de ley ciudadana. La Constitución peruana, en el artículo 107, reconoce el derecho de iniciativa legislativa a los ciudadanos, permitiéndoles presentar proyectos al Congreso si reúnen el 0.3% de la población electoral, unas 74,000 firmas aproximadamente. La verificación corre a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.

Los colegios profesionales, como el Colegio de Abogados de Lima, también pueden presentar proyectos de ley en materias de su especialidad. El Tribunal Constitucional respalda este derecho, permitiendo que adviertan vacíos normativos y propongan legislación adecuada.

Generación Z y el Colegio de Abogados

Representantes de la Generación Z y estudiantes de universidades como Lima, UNFV, UNMSM y UNALM se reunieron con el decano del CAL, Dr. Raúl Canelo Rabanal, para apoyar el Proyecto de Ley N.° 12158/2025. La iniciativa busca derogar normas que favorecen al crimen organizado y restaurar la acción plena del Estado en defensa del derecho y la justicia.

Los jóvenes pidieron incluir la derogación de leyes que limitan la libertad de expresión y fortalecen la impunidad. Canelo destacó la importancia de la participación juvenil: “La defensa del Estado de Derecho exige la participación de todos los sectores, con especial protagonismo de las nuevas generaciones”. También respaldaron el Acuerdo Histórico Ciudadano contra la Criminalidad, que busca unir a ciudadanos, gremios e instituciones en la lucha contra la inseguridad y la corrupción.